Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.