Por Wens Silvestre
No
basta con pedir un alto el fuego. La ética mínima, hoy, es abrir rutas,
financiar y asegurar —ya— un salvavidas humanitario verificable para una
población que se está muriendo de hambre a la vista del mundo.
Para
empezar, conviene nombrar el problema. En Gaza, la guerra entró en su fase más
indecente: la del hambre administrada. El 22 de agosto de 2025, la autoridad
técnica mundial en seguridad alimentaria (IPC) confirmó hambruna (Fase 5) en la
Gobernación de Gaza y advirtió una expansión inminente si no se restablecen
flujos sostenidos de alimentos, agua, salud y protección. No es un adjetivo; es
un umbral científico que implica muertes por inanición prevenibles.
Además,
el terreno se ha vuelto impracticable para quienes intentan ayudar. Tres días
antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendió temporalmente
sus operaciones en Gaza Ciudad por la intensidad de las hostilidades. Cuando
hasta los humanitarios más prudentes deben replegarse, el mensaje es
inequívoco: el riesgo para civiles y trabajadores de ayuda es extremo.
A
estas alturas, reducir el debate a “pro-Israel” vs. “pro-Palestina” es quedarse
sin categorías. Lo que emerge, más bien, es un fallo de sistema. Por un lado,
un Consejo de Seguridad que demandó alto el fuego (Resolución 2728) sin
capacidad de ejecución. Por otro, medidas provisionales de la Corte
Internacional de Justicia con cumplimiento selectivo. Y, además, órdenes de
arresto de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y de Hamas
cuya eficacia depende de la cooperación estatal. La ley existe; lo que falta es
poder para aplicarla.
Dicho
esto, conviene subrayar lo esencial: la hambruna es, en rigor, una falla
logística y de gobernanza inducida por decisiones humanas. No hay déficit
global de alimentos. Lo que hay son cierres, restricciones, inseguridad y
trámites imposibles que impiden que camiones, convoyes y equipos lleguen adonde
deben. Abrir cruces y asegurar corredores no es caridad; es tecnología
institucional básica aplicada a una emergencia compleja.
Frente
a una realidad tan cruda, sólo cabe un principio operativo: primero, la vida. Y
eso exige pasar de la consigna al diseño de políticas esta misma semana. En
concreto, propongo seis decisiones que pueden ejecutar Estados y organismos sin
esperar una “solución final”:
1.
Cese del fuego verificable e inmediato. Alineado con la Resolución 2728, con
ventanas horarias protegidas para la entrada diaria de convoyes y equipos
médicos. La verificación debería recaer en un mecanismo tripartito
(ONU–CICR–Media Luna Roja) con reportes públicos diarios.
2.
Apertura sostenida de pasos terrestres. Incluidos Kerem Shalom y Rafah, bajo
monitoreo internacional con escaneo no intrusivo y listas blancas dinámicas de
insumos críticos (agua, alimentos terapéuticos, combustible hospitalario). La
experiencia comparada es clara: un corredor terrestre estable salva más vidas
que cualquier pasarela marítima.
3.
Protocolos de no ataque. Mapas de no-golpe (no-strike lists) vinculantes
para hospitales, almacenes y panaderías; comunicación táctica 24/7 entre mandos
militares y clústeres humanitarios. La suspensión del CICR en Gaza Ciudad
demuestra que, sin esto, no habrá operación posible.
4.
Condicionalidad en las transferencias de armas. Los Estados exportadores deben
exigir cumplimiento ex ante del Derecho Internacional Humanitario como
requisito de suministro y revisar ex post con trazabilidad. La disuasión
funciona también en clave humanitaria cuando eleva costos a quien obstruye la ayuda
o emplea tácticas prohibidas. La Resolución 2728 ya fijó el marco político;
toca hacerlo exigible.
5.
Paquete financiero puente. Desembolsos semanales para alimentación y salud
primaria (UNRWA, PMA/WFP, OMS), con cuentas escrow, auditoría
independiente y compras locales o regionales para acelerar entregas. Prioridad
a alimentos listos para usar (RUTF) y potabilización de agua.
6.
Rendición de cuentas. Cooperación con la CPI (órdenes de arresto vigentes),
activación de jurisdicción universal en Estados Parte y sanciones selectivas
(visas, activos) contra individuos que bloqueen corredores o ataquen personal
humanitario. La impunidad no es una ley natural; es un incentivo que puede y
debe alterarse.
A
quienes sostienen que “no hay manera segura de operar” en Gaza Ciudad, la
respuesta es amarga pero simple: si la guerra impide alimentar a los niños, esa
guerra —en esos términos— no es defendible. Y si la operación militar hace
imposible la operación humanitaria, la ética pública obliga a ajustar la
operación militar.
Mientras
tanto, el liderazgo político en Israel carga con una responsabilidad histórica.
Gobernar no es sólo derrotar a un enemigo; es no destruir la base moral y
estratégica de la convivencia futura. Ninguna victoria militar compensará una
derrota civilizatoria. La hambruna confirmada es exactamente eso.
También
corresponde interpelar a Hamas. Su estrategia de supervivencia militante, el
uso de rehenes y el operar entre civiles violan el derecho de la guerra y
agravan el costo humano. Pero la ética liberal no es un juego de espejos: los
crímenes de unos no absuelven las violaciones de otros. Para eso existe el
derecho penal internacional, con nombres y apellidos.
En
síntesis, alto el fuego sí, pero alto el hambre primero. No hay disyuntiva.
Abrir pasos, blindar convoyes, financiar la canasta de emergencia, proteger
hospitales y panaderías, y condicionar armas no requiere esperar un plan
político maximalista. Es una agenda de 48–72 horas y de semanas, no de años.
Cada día que pasa, el costo humano y moral —y la fractura del orden
internacional— se vuelven más difíciles de reparar. Actuar ahora no es sólo
urgente: es lo mínimo que nos debemos como comunidad humana.
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