Por: Wens SilvestreDesde que se tiene registro de la existencia del hombre, éste ha sido una historia de violencia del hombre por el hombre y del hombre por el control de su entorno. El avance tecnológico ayuda al hombre, pero está resultando más perjudicial para la convivencia entre sociedades, y puede ser reconocido en los hechos más violentos desde la existencia de la humanidad. Las dos grandes guerras mundiales con el empleo de la energía atómica para causar la muerte de otros seres humanos o el holocausto judío, los genocidios en los Balcanes y en Africa, las guerras de descolonización o las de Corea y Vietnam y las recientes en Irak, Afganistán, Israel y Líbano, así lo atestiguan.
En el caso peruano, también hemos visto y vivido una escalada en otras formas de violencia como consecuencia de la lucha contra el terrorismo que cobró miles de vidas durante las décadas del 80 y 90 del pasado siglo, el aumento de la delincuencia exacerbada por la pobreza en la que están sumidos miles de ciudadanos, la acción violenta del narcoterrorismo y la convulsión social manifestada en marchas, paros, bloqueos de carreteras y otras medidas de fuerza que han dejado una lamentable secuela de víctimas.
Pero, existen otras formas de violencia que atentan contra la construcción de una cultura de paz, entendida esta última como los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que la conforman. Estas manifestaciones de violencia constituyen prácticas injustas y desiguales en campos como el económico y financiero, de los ingresos, cultural, sanitario, ambiental, político y comunitario. Dicha violencia no es exclusiva de un solo sector, sino que de ella participan todos los actores del mundo moderno, Estado, empresa y sociedad civil.
Estamos viviendo el día de hoy, el cierre de las principales carreteras, por problemas internos de la empresa minera Doe Run y reclamos en otras regiones del sur. Es inconcebible esta forma de manifestación. No se puede poner en jaque a la población mayoritaria que pregona la PAZ, por problemas privados y de caracter local o regional. El jaque a una democracia joven, de un país como el Perú, requiere el apoyo de todos los ciudadanos para salvaguardarlo de tentaciones golpistas y autoritarias. En democracia tenemos que aprender a vivir, respetando lo que la mayoría decidió, y no tratando de imponer posiciones que se quedaron en una minoría intolerante. El gobierno puede estar equivocado en muchos aspectos de la vida política del país, pero eso no justifica la reacción temeria insostenible de cierto grupo de ciudadanos azuzados por líderes con valores equivocados.
Las instituciones del Estado tienen el deber y la obligación de hacer prevalecer el estado de derecho. Tiene que recuperar la autoridad que se le dio en elecciones universales. El país no puede parar por posiciones intransigentes. El gobierno del Sr. García tiene el deber de corregir su postura soberbia e intolerante y redireccionar su política con más sabiduría que decisiones efectivistas, observando los intereses de la nación y no como lo viene haciendo. Tiene la obligación de defender la democracia, antes de fraccionar al país. Necesitamos un rol más activo del sector privado (empresarial) en la construcción de una cultura de paz en el Perú, no sólo hay que ser activos para pedir beneficios tributarios y vivir a costa del erario, sino hay que cumplir con el rol social. La época de los explotadores irracionales debe acabar en éste país.
Los empresarios también tiene su cuota de responsabilidad en los últimos sucesos violentos en el país, las más visibles de violencia empresarial son aquellas que tienen que ver con las prácticas laborales. Así las condiciones de empleo y trabajo indignas o violadoras de los derechos humanos y la ley de Dios. como el acoso, las amenazas, salarios injustos, horarios de trabajo excesivos, atentados contra la salud y seguridad por falta de adecuados procedimientos de trabajo; actos de discriminación en las oportunidades de contratación o promoción, no respeto a la cultura de las comunidades del entorno, contaminación descontrolada del ambiente constituyen maneras de fomentar los antivalores de la desconfianza, el temor, la renuencia al diálogo y uso de la violencia en vez de la tolerancia, el diálogo, la justicia y los actos pacíficos. Al final, todas estas prácticas y otras más, sólo contribuyen a profundizar aún más la pobreza y la desigualdad fomentando más temprano que tarde el reclamo, muchas veces violento de las personas afectadas.
Debemos recordar que no es posible construir una democracia sin equidad social y que para ello es indispensable erradicar la pobreza, lo cual no es sólo responsabilidad del Estado, sino que constituye en la actualidad un imperativo para las empresas desde el punto de vista ético, social y ambiental. Para ello, es necesario que la actividad empresarial garantice que su accionar no afecte el derecho al agua, al aire y suelos no contaminados y que actúe de una manera socialmente responsable.
Para superar estas situaciones existe el diálogo, utilizando esta herramienta es que podremos transitar de una cultura de violencia, imposición y conflicto a una cultura de paz, conciliación y tolerancia y ello implica un cambio radical de conducta y hábitos que solo mediante la educación en valores podremos inculcar.
Entendamos que la paz es un comportamiento que significa traducir a la práctica los valores y principios morales renunciando a la imposición y a la fuerza para lograr nuestros fines, mal podemos esperar la paz sino ayudamos a corregir las causas de la violencia, la principal de ellas la pobreza.
No constituye excusa para apartar la vista del problema principal la magnitud de las necesidades y lo escaso de los recursos con que contamos que puede tentarnos a desistir. Somos como una gota en un vaso de agua, pero si todas las gotas se retiraran, el vaso quedaría vacío.
Pero, existen otras formas de violencia que atentan contra la construcción de una cultura de paz, entendida esta última como los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que la conforman. Estas manifestaciones de violencia constituyen prácticas injustas y desiguales en campos como el económico y financiero, de los ingresos, cultural, sanitario, ambiental, político y comunitario. Dicha violencia no es exclusiva de un solo sector, sino que de ella participan todos los actores del mundo moderno, Estado, empresa y sociedad civil.
Estamos viviendo el día de hoy, el cierre de las principales carreteras, por problemas internos de la empresa minera Doe Run y reclamos en otras regiones del sur. Es inconcebible esta forma de manifestación. No se puede poner en jaque a la población mayoritaria que pregona la PAZ, por problemas privados y de caracter local o regional. El jaque a una democracia joven, de un país como el Perú, requiere el apoyo de todos los ciudadanos para salvaguardarlo de tentaciones golpistas y autoritarias. En democracia tenemos que aprender a vivir, respetando lo que la mayoría decidió, y no tratando de imponer posiciones que se quedaron en una minoría intolerante. El gobierno puede estar equivocado en muchos aspectos de la vida política del país, pero eso no justifica la reacción temeria insostenible de cierto grupo de ciudadanos azuzados por líderes con valores equivocados.
Las instituciones del Estado tienen el deber y la obligación de hacer prevalecer el estado de derecho. Tiene que recuperar la autoridad que se le dio en elecciones universales. El país no puede parar por posiciones intransigentes. El gobierno del Sr. García tiene el deber de corregir su postura soberbia e intolerante y redireccionar su política con más sabiduría que decisiones efectivistas, observando los intereses de la nación y no como lo viene haciendo. Tiene la obligación de defender la democracia, antes de fraccionar al país. Necesitamos un rol más activo del sector privado (empresarial) en la construcción de una cultura de paz en el Perú, no sólo hay que ser activos para pedir beneficios tributarios y vivir a costa del erario, sino hay que cumplir con el rol social. La época de los explotadores irracionales debe acabar en éste país.
Los empresarios también tiene su cuota de responsabilidad en los últimos sucesos violentos en el país, las más visibles de violencia empresarial son aquellas que tienen que ver con las prácticas laborales. Así las condiciones de empleo y trabajo indignas o violadoras de los derechos humanos y la ley de Dios. como el acoso, las amenazas, salarios injustos, horarios de trabajo excesivos, atentados contra la salud y seguridad por falta de adecuados procedimientos de trabajo; actos de discriminación en las oportunidades de contratación o promoción, no respeto a la cultura de las comunidades del entorno, contaminación descontrolada del ambiente constituyen maneras de fomentar los antivalores de la desconfianza, el temor, la renuencia al diálogo y uso de la violencia en vez de la tolerancia, el diálogo, la justicia y los actos pacíficos. Al final, todas estas prácticas y otras más, sólo contribuyen a profundizar aún más la pobreza y la desigualdad fomentando más temprano que tarde el reclamo, muchas veces violento de las personas afectadas.
Debemos recordar que no es posible construir una democracia sin equidad social y que para ello es indispensable erradicar la pobreza, lo cual no es sólo responsabilidad del Estado, sino que constituye en la actualidad un imperativo para las empresas desde el punto de vista ético, social y ambiental. Para ello, es necesario que la actividad empresarial garantice que su accionar no afecte el derecho al agua, al aire y suelos no contaminados y que actúe de una manera socialmente responsable.
Para superar estas situaciones existe el diálogo, utilizando esta herramienta es que podremos transitar de una cultura de violencia, imposición y conflicto a una cultura de paz, conciliación y tolerancia y ello implica un cambio radical de conducta y hábitos que solo mediante la educación en valores podremos inculcar.
Entendamos que la paz es un comportamiento que significa traducir a la práctica los valores y principios morales renunciando a la imposición y a la fuerza para lograr nuestros fines, mal podemos esperar la paz sino ayudamos a corregir las causas de la violencia, la principal de ellas la pobreza.
No constituye excusa para apartar la vista del problema principal la magnitud de las necesidades y lo escaso de los recursos con que contamos que puede tentarnos a desistir. Somos como una gota en un vaso de agua, pero si todas las gotas se retiraran, el vaso quedaría vacío.
Gran parte de los problemas y conflictos que enfrentamos proceden de carencias en la comunicación y fallas en la interacción con los demás actores, en no entender que se tiene un destino común que solo puede darse en un ambiente de libertad, respeto y participación cívica en las decisiones de interés que afectan a la sociedad.
Los ciudadanos tenemos la obligación moral de cuidar la democracia. No perdamos la perspectiva de una nación libre y democrática para nuestros hijos. La prevalencia de la paz y la libertad es imperativo para construir una nación más equitativa y con mejores niveles de desarrollo económico y social. No es el momento de abandonar la democracia, es hora de edificarla para la satisfacción de las generaciones venideras.
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