miércoles, 6 de marzo de 2024

Reflexiones constitucionales y perspectivas democráticas en el Perú: La bicameralidad en debate


Por: Wens Silvestre

En los últimos años, el Perú ha experimentado una constante crisis política que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La caída del presidente Pedro Castillo y las subsiguientes acciones del Congreso han evidenciado desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, responsabilidad y respeto por los principios democráticos fundamentales.

La baja aprobación del Congreso peruano, como reflejo de la falta de confianza ciudadana en sus representantes, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en el país. La serie de escándalos y la impunidad de los miembros del Congreso han alimentado un clima de descontento y frustración entre la población. La vulneración de procesos legislativos, como el intento de adelanto de elecciones revertido mediante estrategias legales, ha socavado la confianza en la capacidad del sistema político para responder a las demandas y expectativas del pueblo.

En este escenario, la reciente aprobación en segunda votación de la ley que propone la reintroducción de la bicameralidad en el Congreso merece un análisis detenido. Esta reforma constitucional, que pretende establecer la bicameralidad, se presenta como una respuesta a la necesidad de mejorar la representatividad y la participación política en el país.

El objeto de la ley es claro: reformar la Constitución Política del Perú para instaurar la bicameralidad en el Congreso de la República. Se argumenta que esta medida busca propiciar una mejor representación regional. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso plantea preguntas sobre la legitimidad y transparencia de la decisión, especialmente en lo que respecta a las restricciones sobre quiénes pueden acceder a cargos de senador, condicionando la elegibilidad a experiencia previa como congresistas o diputados, generando interrogantes sobre la renovación y diversidad en la representación política.

La propuesta detalla la composición de la Cámara de Diputados y Senadores, estableciendo que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes, mientras que la Cámara de Senadores tendrá 60 miembros. La inclusión de la garantía de elegir al menos un senador por cada circunscripción electoral y por cada una de las regiones busca asegurar una representación más equitativa y descentralizada en el Senado y la duración de los mandatos de cinco años. La garantía de que la implementación de la bicameralidad no aumentará el gasto público, es clave, financiándose con el mismo presupuesto de la institución, es una medida tranquilizadora. Sin embargo, la clave está en la efectividad de estas disposiciones y su capacidad para lograr los objetivos declarados.

El proceso de aprobación, al superar más de dos tercios del número legal de congresistas requeridos en segunda votación se excepcionó del referéndum constitucional, destaca la importancia de la aceptación en el Congreso. No obstante, la ciudadanía debe estar alerta y participar activamente para asegurar que estas decisiones reflejen verdaderamente los intereses del pueblo.

En síntesis, la reintroducción de la bicameralidad en el Parlamento peruano se presenta como una medida para fortalecer la representatividad y participación política. Sin embargo, la implementación de esta reforma debe ser vigilada de cerca para evitar abusos y asegurar que realmente contribuya a la consolidación de una democracia más fuerte y representativa en el Perú. La participación ciudadana, la transparencia y el escrutinio constante serán fundamentales para el éxito y la legitimidad de este proceso.

viernes, 16 de febrero de 2024

El desempeño económico y del mercado laboral en Perú (2023)

Por Wens Silvestre

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el desempeño económico y el nivel de empleo en Perú (2023) proporciona una visión detallada que, merece un análisis cuidadoso. La economía peruana, si bien enfrenta desafíos, presenta oportunidades para la implementación de políticas que fomenten el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.

Desempeño económico: La reducción del 0,55% en la producción nacional es motivo de preocupación, destacando la necesidad de abordar las contracciones en sectores clave como manufactura, construcción, financiero, telecomunicaciones, agropecuario y pesca. Desde mi perspectiva, propongo incentivar la competitividad y eficiencia en estos sectores mediante la promoción de la inversión privada y la eliminación de barreras regulatorias. 

En sectores como el agropecuario y pesca, se sugiere gestionar riesgos climáticos y promover prácticas sostenibles para garantizar la resiliencia ante condiciones adversas. El crecimiento en minería e hidrocarburos es positivo, pero es esencial garantizar una explotación responsable de los recursos naturales, considerando aspectos ambientales y sociales.

En la manufactura, la reducción del 6,65% destaca la importancia de políticas que impulsen la competitividad e innovación, alentando la inversión en tecnología y mejorando la capacidad productiva. En el sector construcción, la contracción del 7,86% subraya la necesidad de abordar barreras que afectan la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

El crecimiento del 2,36% en el sector comercio indica un buen desempeño y respalda la idea de promover un entorno empresarial favorable, reduciendo trámites burocráticos y facilitando la actividad comercial.

El sector electricidad, gas y agua muestra un crecimiento del 3,68%, señalando la salud de la infraestructura básica. Desde mi perspectiva, se podría respaldar la participación del sector privado en la expansión y modernización de la infraestructura, promoviendo la eficiencia y la inversión.

Desempeño del mercado laboral: En cuanto al mercado laboral, la disminución del 0,9% en la población ocupada y el aumento de la tasa de desempleo al 5,4% plantean desafíos económicos. Desde mi perspectiva, recomiendo la implementación de políticas que fomenten la creación de empleo formal y brinden oportunidades de trabajo digno.

La reducción del 8,4% en la población ocupada menor de 25 años subraya la necesidad de abordar las dificultades de entrada al mercado laboral para los jóvenes. El aumento del 5,6% en la población ocupada con educación superior indica la importancia de promover la formación académica, mientras que la reducción del 4,8% en aquellos con educación secundaria señala la necesidad de mejorar la formación para esta población.

La disminución en empresas de 1 a 10 trabajadores y el aumento en empresas de 11 a 50 trabajadores indican la necesidad de políticas que impulsen la inversión y el desarrollo empresarial. La contracción en el empleo en el sector de construcción destaca la importancia de abordar barreras para la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

En resumen, abogo por políticas que fomenten la competitividad, la inversión privada y la eficiencia en diversos sectores económicos para estimular el crecimiento y la estabilidad a largo plazo en la economía peruana. Además, la diversificación económica y la descentralización de políticas laborales podrías ser claves para abordar las disparidades regionales. La implementación de reformas basadas en estos principios puede allanar el camino para un futuro económico próspero y sostenible en el país.

martes, 13 de febrero de 2024

Perú: Crisis política y cuestionamientos al liderazgo de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

Evaluación presidencial

En el transcurso de los últimos catorce meses, la presidencia de Dina Boluarte ha enfrentado una serie de desafíos que han dejado una huella indeleble en la percepción pública. La más reciente encuesta de Ipsos revela una aprobación del 8%, marcando el nivel más bajo desde su asunción al cargo, planteando preguntas inquietantes sobre la eficacia de su liderazgo y la capacidad del gobierno para abordar los problemas clave del país.

La actual situación se inserta en un contexto más amplio de transformaciones históricas y desafíos estructurales. La complejidad para entender y resolver la crisis política se ve exacerbada al considerar eventos importantes como el fallido golpe de Estado de  Pedro Castillo, la renuncia de Manuel Merino, la vacancia de Martín Vizcarra y la forzada dimisión de  Pedro Pablo Kuczynski. Estos eventos,  que resultaron en la sucesión de presidentes en tan solo cuatro  años (de julio de 2016 a septiembre de 2020), indican la profundidad de la crisis cuyas raíces pueden remontarse aún más atrás en el tiempo.  La complejidad y la falta de un punto de inicio claro para la crisis reflejan las transformaciones sustanciales en el marco político peruano.

Uno de los aspectos críticos es la aparente falta de liderazgo directo por parte de Boluarte.    La decisión de delegar la comunicación gubernamental a su primer ministro puede interpretarse como una estrategia eficiente para dividir responsabilidades, pero también como una percepción de falta de liderazgo directo que ha contribuido a la disminución de su nivel de aprobación.

La baja legitimidad de Boluarte, surgida de su posición como vicepresidenta en la lista electoral y posiblemente por su condición de mujer en un entorno social marcado por complejidades, se destaca como un desafío adicional. Además, la falta de reconocimiento de las inquietudes del público, especialmente en relación a las trágicas muertes ocurridas en las movilizaciones posteriores a la caída de Castillo, ha tenido un impacto negativo en el inicio de su mandato.

La crisis política en Perú se remonta a cambios fundamentales en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La desaparición de marcos ideológicos y fuerzas políticas tradicionales ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Nuevos actores, representando a profesionales de origen popular, empresarios exitosos surgidos desde abajo, provincianos en altos cargos públicos y mujeres líderes, han surgido en un escenario político que carece de la pureza ideológica de partidos pasados. En ese contexto, el populismo emerge y se fortalece ofreciendo soluciones inmediatas a las demandas populares, cuyo impacto económico generalmente es perjudicial.

La dificultad para representar políticamente a la sociedad peruana es un tema clave. La presión por definir ideológicamente y mantener la pureza en la conducta ha debilitado a los nuevos partidos políticos, mientras que las expectativas de diversos sectores plantean un dilema sobre cómo abordar estas realidades heterogéneas de manera efectiva.

La polaridad política mundial y su reflejo en Perú, manifestada en empates electorales, plantea la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del país, con la elección presidencial del 2026 como una oportunidad para reflexionar y discutir las demandas y aspiraciones de los diversos sectores emergentes.

La gestión de Boluarte se enfrenta no solo a problemas inmediatos, sino también a raíces históricas y estructurales que requieren soluciones profundas y una visión de largo plazo. El país se encuentra en una encrucijada donde la capacidad de reconocer, entender y abordar estas complejidades determinará su futuro político y social. La ciudadanía, ávida de respuestas y acciones concretas, exige un liderazgo que comprenda la magnitud de la crisis y que ofrezca soluciones innovadoras y efectivas. La creciente inestabilidad política y la debilidad institucional reflejan tensiones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la consolidación democrática y fomentar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. La necesidad de políticas económicas basadas en fundamentos sólidos y una gestión institucional fortalecida se vuelve imperativa para mitigar los riesgos económicos asociados con el auge del populismo en el Perú.


jueves, 1 de febrero de 2024

Desafiando la sombra de la corrupción global

Por: Wens Silvestre

El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, revela un sombrío panorama en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Este índice, que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países y territorios, pone de manifiesto la estrecha conexión entre la injusticia y la propagación de prácticas corruptas en todo el mundo.

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, subraya la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia como un paso esencial para frenar la corrupción. Sin embargo, los resultados del IPC 2023 indican que la mayoría de los países han experimentado mínimos avances en esta batalla fundamental, con un promedio global estancado en 43 puntos durante los últimos doce años.

Entre los destacados globales, Dinamarca lidera el IPC, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda. Estos países evidencian la correlación positiva entre eficientes sistemas de justicia y bajos niveles de corrupción. En el otro extremo, naciones como Somalia, Venezuela y Siria ocupan las posiciones más bajas, víctimas de prolongadas crisis y conflictos armados que han socavado sus estructuras institucionales.

En las tendencias regionales, Europa Occidental y la Unión Europea, a pesar de tener el mayor puntaje, experimentan una preocupante caída debido al debilitamiento de controles y equilibrios. África subsahariana mantiene el promedio más bajo, enfrentando desafíos en democracia y estado de derecho. Europa del Este y Asia Central luchan contra un estado de derecho disfuncional y corrupción sistémica. Oriente Medio, África del Norte y Asia Pacífico muestran escasas mejoras, mientras que las Américas enfrentan impunidad debido a la falta de independencia judicial.

Perú, al descender tres niveles con 33 puntos, revela un ligero incremento en prácticas corruptas, indicando nulos avances en su lucha anticorrupción en el sector público. Esta situación se agrava al considerar que, en la última década, Perú ha disminuido su índice de corrupción de 38 a 33 puntos, señalando un fracaso en su combate anticorrupción.

La influencia de la corrupción en la justicia es evidente en casos como la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea desafíos a la gobernanza e infraestructura. Sin embargo, Ucrania mejora en el IPC al enfocarse en reformas judiciales. Por otro lado, Guatemala sufre un declive debido a gobiernos corruptos que han debilitado las instituciones judiciales.

Ante este panorama desolador, Transparencia Internacional emite un llamado urgente a los gobiernos para garantizar la independencia, recursos y transparencia en los sistemas de justicia. Daniel Eriksson destaca la necesidad de eliminar barreras para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia, enfatizando que la corrupción, la injusticia y el debilitamiento de la justicia forman un círculo vicioso que afecta desproporcionadamente a los vulnerables.

Como ciudadanos globales, debemos exigir a nuestros líderes un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la justicia son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro más equitativo y transparente para todos. Es hora de desafiar la sombra de la corrupción global y trabajar juntos para garantizar que la luz de la verdad y la integridad prevalezca.

viernes, 5 de enero de 2024

Desempeño y Perspectivas en la Ejecución Presupuestaria del Sector Público para el Año Fiscal 2023

Por: Wens Silvestre

El cierre del año fiscal 2023 ha dejado a la vista un panorama interesante y prometedor en lo que respecta a la ejecución presupuestaria del sector público en Perú. Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó la cifra de S/ 249.7 mil millones, evidenciando un sólido incremento del 4.9% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Este aumento, sin duda, refleja la voluntad gubernamental de impulsar inversiones y programas estratégicos para el desarrollo del país.

En términos generales, la ejecución presupuestaria del sector público experimentó un crecimiento considerable, situándose en un destacado 89.8% al cierre del año 2023, lo que representa un aumento del 1.9% respecto al año anterior. Estos números son indicativos de una gestión financiera más eficiente, aunque esperamos un compromiso firme con el manejo responsable de los recursos públicos.

Al analizar el desempeño a nivel nacional, observamos que las entidades gubernamentales alcanzaron un avance promedio del 94%, apenas ligeramente inferior al 94.5% registrado en 2022. Este ligero descenso no debe opacar el logro general, ya que demuestra una constancia en la ejecución de los presupuestos a pesar de las limitaciones persistentes.

En el ámbito de los Gobiernos Regionales, destaca el aumento significativo del 5.3% en la ejecución presupuestaria, alcanzando un meritorio 92.9% en 2023. Especialmente digno de mención es el excepcional desempeño del Gobierno Regional de Junín, con un significativo avance del 99.4%, seguido por Amazonas y Ayacucho con 99.0% y 95.7%, respectivamente. Estos resultados reflejan un enfoque sólido en la implementación de inversiones y proyectos clave a nivel regional.

El análisis de la ejecución de adquisición de activos no financieros, es decir, las inversiones, nos revela que los Gobiernos Regionales han canalizado eficientemente sus recursos hacia el desarrollo. Amazonas encabezó la lista con un 99.3%, seguido por Junín y Ayacucho con un destacado 99.0% y 97.4%, respectivamente.

Por otro lado, a nivel de Gobiernos Locales, la ejecución presupuestaria del 73.9% supera en 2.5% el nivel alcanzado en 2022, mostrando un esfuerzo conjunto por parte de las municipalidades para traducir los recursos en beneficios palpables para la comunidad. Las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao lideraron con un 83.6%, seguidas por Lima y San Martín con un 81.7% y 80.9%, respectivamente.

Las municipalidades del departamento de Ayacucho, aunque superaron el promedio nacional con una ejecución del 73.1%, han mostrado una mejora del 2.9% en comparación con el año anterior. Huanta lidera con un impresionante 86.9%, evidenciando una gestión efectiva de los recursos para el desarrollo local. Las municipalidades de la provincia de Cangallo ocuparon el segundo luchar con una ejecución de 81,7% y en tercer lugar las municipalidades de Parinacochas con una ejecución de 79,8%.

El caso de las municipalidades de la provincia de Huamanga, con una ejecución promedio del 75.3%, refleja un avance positivo respecto al 2022 (72.1%), contribuyendo a la dinámica positiva del conjunto.

Resulta especialmente relevante destacar el aumento del 116% en el presupuesto de los municipios del departamento de Ayacucho a lo largo de 2023. Estos recursos, que ascendieron a S/ 1 460.7 millones al cierre del año, representan un compromiso sustancial para fortalecer la provisión de servicios básicos y fomentar el desarrollo económico y social en la región.

En resumen, el informe de ejecución presupuestaria del sector público para el año fiscal 2023 revela un desempeño positivo, destacando la eficiencia en la gestión de recursos y la implementación de proyectos estratégicos. Estos resultados sientan las bases para un 2024 prometedor en términos de desarrollo sostenible y bienestar social. Es fundamental que las autoridades continúen fortaleciendo estas prácticas, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones financieras que impactan directamente en el progreso del país.

viernes, 22 de diciembre de 2023

De promesas a hechos: desafiando al Cambio Climático después de la COP28

 Por Wens Silvestre

La reciente COP28, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos, ha dejado un rastro de esperanza en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la transición desde compromisos retóricos hasta acciones concretas plantea desafíos cruciales que no debemos pasar por alto. En este artículo, examinaremos los puntos críticos y las cifras comprometidas, evaluando si son suficientes para llevar a cabo la transformación necesaria.

Uno de los aspectos más destacados de la COP28 fue la movilización de más de 85 mil millones de dólares en financiamiento climático. Aunque esta cifra parece impresionante, debemos cuestionarnos si es suficiente para abordar la magnitud del desafío. El lanzamiento del fondo de inversión climática del mercado privado más grande del mundo es positivo, pero ¿se traducirán estas inversiones en proyectos concretos que impulsen la transición hacia energías sostenibles?

Además, la duplicación del financiamiento para la adaptación es un paso necesario, pero ¿es realmente proporcional a las necesidades actuales? La realidad es que enfrentamos un déficit financiero significativo en este frente. La reforma de la arquitectura financiera global, aunque mencionada, debe ser implementada de manera urgente para garantizar que los países más vulnerables reciban el apoyo necesario.

Los compromisos ambiciosos de reducción de emisiones para toda la economía suenan alentadores, pero la implementación efectiva de estas metas es esencial. La reciente decisión sobre el Balance Global (GST) es un paso en la dirección correcta, pero la pregunta persiste: ¿están los Estados dispuestos a tomar las medidas necesarias para cerrar la brecha entre los objetivos y la realidad?

El informe destaca la necesidad de mitigar entre 22 y 25 GtCO2e de emisiones para 2030, pero las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) apuntan solo a reducciones de 4 a 5 GtCO2e. La brecha es evidente y requerirá un esfuerzo global sin precedentes para cerrarla. Aquí radica uno de los mayores desafíos: traducir las promesas en acciones tangibles.

La participación activa de las compañías petroleras en objetivos de descarbonización es un avance significativo. Sin embargo, debemos ser cautelosos y asegurarnos de que estas promesas se traduzcan en acciones concretas, y no en tácticas de relaciones públicas. La historia nos ha enseñado que la alineación de los intereses corporativos con los objetivos climáticos puede ser un terreno resbaladizo.

El compromiso del sector privado, particularmente a través de iniciativas como el fondo catalítico climático ALTÉRRA, es alentador. No obstante, debemos mantenernos vigilantes para garantizar que estas inversiones no solo generen retornos financieros, sino también beneficios tangibles para la mitigación del cambio climático.

La verdadera prueba para los Estados que participaron en la COP28 está en la implementación efectiva de los compromisos asumidos. El paso de las palabras a las acciones concretas determinará el éxito de esta conferencia histórica. La presión ahora recae en los gobiernos para elevar la ambición del GST y abordar los desafíos económicos y sociales de manera integral.

En conclusión, la COP28 ha sentado las bases para un cambio transformador, pero ahora debemos convertir las promesas en resultados. La urgencia de la crisis climática no tolera demoras, y la sociedad mundial está observando de cerca para asegurarse de que los líderes mundiales estén a la altura de las expectativas. La acción decisiva es la única respuesta aceptable cuando se trata del futuro de nuestro planeta.

martes, 28 de noviembre de 2023

Priorizando la prudencia económica en el Presupuesto Público para el 2024

Por: Wens Silvestre

El análisis en torno al Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 ha suscitado una serie de reflexiones y evaluaciones cruciales. El dictamen del proyecto de ley presupuestaria para el 2024 establece un límite de gasto de 240.8 mil millones de soles para los tres niveles de gobierno, representando un incremento proyectado del 12.1% con respecto al año actual. Este aumento ha generado debates acerca de la viabilidad y pertinencia de estas cifras en un contexto económico global y local caracterizado por la incertidumbre y desafíos significativos. 

Es imperativo reconocer que la aprobación de este presupuesto, cuya ratificación por el Parlamento peruano se espera antes del 30 de noviembre, se produce en un momento crítico marcado por una crisis política multifacética que involucra a los tres poderes del Estado. Este escenario interno se entrelaza con un entorno económico global que, si bien proyecta un modesto crecimiento del 2.7% para el 2024, se ve afectado por diversos factores, incluyendo la desaceleración económica en China, uno de los pilares comerciales del país.

    Comportamiento del Presupuesto 2021-2024
Fuente: Dictamen de la Ley de Presupuesto 2024
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

La volatilidad en los precios de las materias primas agrega una capa adicional de incertidumbre. Aunque estos precios han mantenido niveles relativamente altos en los últimos años, debemos ser conscientes de la posibilidad de ajustes significativos, potencialmente superiores a las estimaciones del Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027 (MMM).

A nivel local, los desafíos son igualmente desalentadores. Desde el riesgo latente de un Fenómeno El Niño, que amenaza al sector pesquero y agrícola, hasta la falta de dinamismo en la inversión privada y los persistentes conflictos socioambientales en el sector extractivo minero, el panorama no respalda el crecimiento proyectado del 3% establecido en el MMM. Esta situación cuestiona aún más el aumento del presupuesto público en un 12.1% para el próximo año.

Desaceleración estructural de la economía peruana

La correlación directa entre los ingresos fiscales y el crecimiento económico no se puede pasar por alto. Es previsible que el objetivo de déficit fiscal del 2.0% para el 2024 se vuelva inalcanzable debido a las proyecciones de un menor crecimiento a corto plazo. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben sopesar cuidadosamente los riesgos al considerar la introducción de nuevos gastos que podrían comprometer aún más la situación fiscal. El proyecto de presupuesto presentado ya evidencia cierta desfinanciación, posiblemente requiriendo un aumento del déficit fiscal y, por consiguiente, un endeudamiento adicional no previsto.

El reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que revela una demanda del Congreso por inversiones 27 veces mayor al promedio de la última década, es representativo de un contexto en el que las necesidades regionales están en primer plano. No obstante, en un escenario económico poco propicio, aumentar significativamente el gasto público puede tener repercusiones negativas.

La prudencia fiscal y la evaluación exhaustiva de cada gasto propuesto deben ser pilares fundamentales en la toma de decisiones sobre el presupuesto público. Es fundamental ponderar la necesidad de cada inversión propuesta con la realidad económica actual y la posibilidad de comprometer aún más la estabilidad financiera del país.

En conclusión, la situación económica compleja y los riesgos potenciales en el horizonte demandan una gestión responsable de los recursos públicos. Ante la incertidumbre global y los desafíos locales, la moderación en el gasto público y la priorización de inversiones estratégicas son fundamentales para salvaguardar la estabilidad fiscal y fomentar un crecimiento económico sostenible en el país.

viernes, 24 de noviembre de 2023

Eficiencia en la inversión pública: Análisis del desempeño nacional y el caso de Ayacucho

Por: Wens Silvestre

En el dinámico escenario de la inversión pública en el Perú, el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI) al tercer trimestre del 2023 ha emergido como una herramienta fundamental para evaluar el desempeño de las regiones del país en la gestión de proyectos de infraestructura. Este índice, que considera diez indicadores clave, proporciona una visión holística de la eficiencia en la inversión pública, desde la programación hasta la ejecución y el cierre de proyectos.

A nivel nacional, el análisis del IREI entre 23 regiones revela una realidad compleja y heterogénea. Mientras algunas regiones muestran avances significativos en la eficiencia de la inversión pública, otras enfrentan desafíos considerables en distintas etapas de la gestión de proyectos.

En este contexto, destaca el caso del Gobierno Regional de Ayacucho, una región que ha experimentado resultados contrastantes en el IREI. A nivel global, Ayacucho ocupa el puesto 21 en el índice, lo que refleja un desempeño por debajo del promedio en comparación con otras regiones. Sin embargo, al analizar sus puntajes por etapas específicas, se evidencian claras disparidades en su desempeño.

En la fase de Programación y Formulación, Ayacucho se ubica en el puesto 22, revelando dificultades en la planificación inicial de proyectos. Factores como el incumplimiento en la programación, la sobrecarga de proyectos y aquellos bajo administración directa han contribuido a este posicionamiento desfavorable.

Por otro lado, en la etapa de Ejecución, Ayacucho muestra una mejora considerable, alcanzando el puesto 9 en el IREI. Este avance indica un manejo más efectivo en aspectos como la transparencia y rendición de cuentas, control de sobrecostos, reducción de retrasos y obras paralizadas, así como un buen avance y cierre de proyectos.

No obstante, resulta preocupante que, a pesar del progreso en la ejecución, al comparar la posición de Ayacucho en este aspecto con su posición global en el IREI, la región retrocede 18 posiciones. Esta discrepancia sugiere que, si bien ha habido mejoras en la ejecución, otras regiones han experimentado avances más notables en aspectos adicionales evaluados por el índice, relegando a Ayacucho en la clasificación general.

Para mejorar el desempeño en la inversión pública, es fundamental abordar los desafíos identificados en la fase de Programación y Formulación en Ayacucho. Se requiere una planificación más rigurosa, priorización efectiva de proyectos y una gestión adecuada de la carga de trabajo para optimizar los recursos disponibles.

Asimismo, es esencial mantener y fortalecer los aspectos positivos observados en la fase de Ejecución. El énfasis en la transparencia, control de costos, gestión ágil de proyectos y cierre efectivo de obras debe mantenerse como pilares fundamentales en la gestión pública de la región.

En conclusión, el análisis detallado del desempeño de Ayacucho en el IREI subraya la importancia de una gestión integral en la inversión pública. La combinación de una planificación efectiva y una ejecución eficiente es fundamental para garantizar el máximo valor para la sociedad y el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos en la región y, por ende, en todo el país.


miércoles, 15 de noviembre de 2023

Balance económico de Perú en septiembre: Luces y sombras en sectores clave

Por: Wens Silvestre

El último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente a septiembre de 2023, profundiza aún más en las preocupaciones económicas que se ciernen sobre Perú. Esta lectura se vuelve aún más inquietante cuando se contrasta con los datos recopilados en agosto del mismo año, reflejando una persistente tendencia negativa y desafiante en la economía nacional.

En el informe de septiembre, se aprecia una caída continua en la producción nacional, con un decrecimiento acumulado de 0,63% en el periodo enero-setiembre 2023. Si bien el reporte menciona incrementos notables en sectores como Pesca y Minería e Hidrocarburos, cuyos aumentos del 16,92% y 8,82% respectivamente representan una faceta alentadora, no se pueden ignorar las contracciones significativas en áreas cruciales como el agropecuario, la manufactura, la construcción y los servicios financieros.

El sector agropecuario, por ejemplo, ha enfrentado una disminución del 8,78%, continuando una tendencia preocupante desde agosto, cuando ya había registrado una caída del 4,05%. Este declive, atribuido en parte a factores climáticos adversos, plantea desafíos serios para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. A su vez, la manufactura sufrió una contracción del 9,3%, mostrando una mayor debilidad en la industria no primaria. Este fenómeno subraya la imperiosa necesidad de diversificar y fortalecer el tejido productivo.

No obstante, las señales positivas provenientes de la pesca y la minería no pueden ser pasadas por alto. Estos sectores, con incrementos del 16,92% y 8,82% respectivamente, han demostrado su resiliencia y capacidad para contribuir al crecimiento económico. El sector Pesca, especialmente, refleja la importancia de aprovechar los recursos naturales de manera sostenible para diversificar la economía.

A pesar de estas luces intermitentes, otros sectores esenciales muestran preocupantes señales de debilitamiento. El sector Financiero y Seguros, por ejemplo, enfrenta una contracción del 8,93%, lo que sugiere una disminución en la circulación crediticia y la confianza en el sistema bancario. Esta situación plantea desafíos para el acceso al financiamiento, elemento crucial para la inversión y el crecimiento económico.

Asimismo, la construcción, un motor clave para la expansión económica, evidencia un retroceso del 9,41%. La falta de inversión en infraestructura y el estancamiento en el mercado inmobiliario y comercial requieren una atención inmediata. La inversión en este sector no solo estimula el crecimiento económico a corto plazo, sino que también sienta las bases para el desarrollo a largo plazo.

En el ámbito de los servicios, la contracción en sectores como Alojamiento y Restaurantes (-0,51%) y Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (-4,57%) refleja la lucha de la industria turística y de servicios, así como la menor demanda en tecnología y comunicaciones. Estos sectores son fundamentales para la economía y la creación de empleo, y su declive debe abordarse estratégicamente.

El informe del INEI en comparación con meses anteriores subraya la necesidad urgente de implementar medidas económicas sólidas y enfocadas. La diversificación económica, el estímulo a la inversión y la adaptación a los desafíos específicos de cada sector son esenciales para revertir esta tendencia declinante. El Ministerio de Economía y Finanzas debe liderar estrategias integrales que promuevan un crecimiento sostenible, abordando las vulnerabilidades identificadas en el informe.

El panorama económico actual del Perú, con sus altibajos sectoriales, exige una acción decidida y coordinada. Restaurar la confianza en la economía, estimular la inversión productiva y priorizar la diversificación económica deben ser los pilares de las políticas económicas venideras. Solo a través de una planificación estratégica a largo plazo y medidas efectivas se podrá abrir el camino hacia una recuperación económica sólida y sostenible para el país.

domingo, 12 de noviembre de 2023

Desafíos de la economía peruana: Más allá del Plan Unidos


Por: Wens Silvestre

En el complejo escenario económico peruano, el reciente anuncio del Plan Unidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca ser una respuesta a los desafíos que aquejan al país. Sin embargo, un análisis más profundo revela que, si bien estas medidas son un paso en la dirección correcta, enfrentan barreras significativas que podrían mermar su eficacia.

El avance económico registrado en las últimas dos décadas se encuentra amenazado por la persistencia de desigualdades, una estructura económica dependiente de recursos naturales y, más recientemente, por factores climáticos que han impactado sectores clave como la agricultura. La dependencia de megaproyectos vinculados a recursos naturales, como la minería, añade una dimensión de vulnerabilidad.

El Plan Unidos aborda algunos de estos problemas, como el impulso a la diversificación económica y la inversión en infraestructura, pero se enfrenta a un desafío crucial: la capacidad de ejecución del Estado. La burocracia, la complejidad administrativa y las denuncias de corrupción han frenado históricamente la implementación efectiva de proyectos de inversión.

Un aspecto particularmente preocupante es la baja ejecución de recursos destinados a proyectos, reflejada en el limitado avance del 52.2% (al 12 de noviembre) registrado en el presente año fiscal. Este bajo ritmo de ejecución no solo genera ineficiencias, sino que también tiene implicaciones directas en el crecimiento económico, estimándose una pérdida entre el 2.5% a 3% del PBI.

Para fortalecer la efectividad del Plan Unidos y superar estos obstáculos, se requiere un enfoque integral:

1. Reformas administrativas profundas: Simplificar los sistemas administrativos, principalmente, una reforma del sistema de inversiones y contrataciones, y establecer mecanismos de evaluación del rendimiento para funcionarios públicos, incentivando la eficiencia y la responsabilidad.

2. Mejora en la calidad de los expedientes técnicos: Implementar políticas para mejorar la calidad de los expedientes técnicos de los proyectos, lo que podría incluir estándares más rigurosos y revisiones periódicas por expertos independientes.

3. Fortalecimiento de la transparencia: Implementar medidas adicionales para garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos, con auditorías gubernamentales e independientes y participación ciudadana activa.

4. Incentivos a la inversión privada: Ampliar las asociaciones público-privadas (APP) para involucrar al sector privado en la ejecución de proyectos, aprovechando su eficiencia y experiencia.

5. Estabilidad y desarrollo en la gestión pública: Dada la alta rotación de personal en las unidades cruciales de las entidades gubernamentales, es esencial abordar no solo la capacitación continua, sino también la estabilidad laboral de los funcionarios. Se recomienda una inversión significativa en programas de capacitación y retención del talento, proporcionando a los empleados las habilidades necesarias para una gestión de proyectos efectiva y, al mismo tiempo, creando un entorno laboral que fomente la permanencia y el desarrollo profesional a largo plazo.

6. Evaluación rigurosa de contratistas: Establecer criterios más rigurosos para evaluar la solidez financiera y capacidad de ejecución de las empresas contratistas, reduciendo el riesgo de insolvencia y retrasos.

En suma, mientras que el Plan Unidos presenta medidas positivas, su éxito dependerá en gran medida de abordar los problemas sistémicos que han lastrado la ejecución de proyectos en el pasado. Perú tiene el potencial de superar estos desafíos, pero la clave reside en la implementación efectiva de reformas estructurales que impulsen la eficiencia y la transparencia en todos los niveles del gobierno.

La necesidad de una política fiscal y monetaria equilibrada

En el contexto de la reciente decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de reducir la tasa de referencia de 7.25% a 7.00%, es evidente que la entidad busca hacer frente a un marcado descenso de la inflación y apoyar la actividad económica en un entorno desafiante.

La tasa de referencia real, ajustada a la inflación, se sitúa en 3.67%, reflejando un terreno restrictivo que busca mantener cierto control sobre la inflación. Sin embargo, el BCRP ha destacado la tendencia decreciente de la inflación, atribuyéndola a la disipación de efectos transitorios vinculados a restricciones en la oferta de alimentos.

Es crucial notar que, a pesar de la posición actual de política monetaria restrictiva, el BCRP ha dejado abierta la posibilidad de implementar nuevos recortes en la tasa de política en el futuro, especialmente dado el contexto de la debilidad en la actividad económica. Este enfoque sugiere una postura pragmática, donde la entidad está dispuesta a ajustar sus políticas según evolucione la situación económica.

La expectativa del BCRP de que la inflación se ubique cerca del rango meta (2% +/- 1%) al finalizar el año y que lo alcance a inicios del próximo refleja la confianza en su capacidad para gestionar la estabilidad de precios. Sin embargo, las expectativas de inflación a doce meses disminuyeron ligeramente de 3.4% a 3.3%, indicando cierta cautela y vigilancia por parte del banco central.

En el marco de la discusión sobre las medidas económicas anunciadas y su posible impacto, la coordinación entre la política fiscal y monetaria se vuelve crucial. La flexibilidad del BCRP para ajustar las tasas de interés según sea necesario proporciona un instrumento adicional para respaldar la economía en momentos de retos significativos.

En este panorama, la clave reside en una gestión equilibrada de las políticas fiscales y monetarias, trabajando de la mano para estimular la actividad económica mientras se mantiene un control prudente sobre la inflación. La complementariedad de estas medidas puede ser esencial para brindar estabilidad y fomentar el crecimiento sostenible en el Perú.