El reto de diseñar e implementar una política general de Gobierno responsable

Por: Wens Silvestre

En medio de la incertidumbre política y al margen de los resultados finales del proceso electoral, es necesario que el régimen de Gobierno que asuma el próximo 28 de julio, busque, a través del diálogo sincero, la unidad y reconciliación entre peruanos, con la finalidad de enfocar sus esfuerzos en continuar con el proceso de vacunación contra la COVID-19, la reactivación económica y la recuperación de empleo, que permita reducir la pobreza a nivel pre-pandemia. Estos objetivos sólo serán posibles, si el Gobierno es capaz de armonizar  sus políticas con el  sector empresarial y la sociedad en su conjunto.  En tanto, a mediano y largo plazo, los objetivos están ligados a mejorar la seguridad ciudadana, consolidar el dinamismo económico descentralizado, lucha anticorrupción y reforma del Estado camino a mejorar su eficacia y eficiencia.

Sin duda, un Gobierno responsable, en principio, debe velar por conservar y mejorar la estabilidad política y macroeconómica (económico y financiero). Esta condición es importante porque genera confianza para que los agentes económicos tomen decisiones a largo plazo. Además, es importante porque ayuda en la estrategia para atraer inversión privada y generar mayores recursos fiscales, necesarios para financiar el presupuesto del sector público. En efecto, una economía sana propenderá a contar con unidades económicas rentables, el mismo permitirá una mayor recaudación tributaria, elevando la presión tributaria. Asimismo, garantizará tener una buena calificación riesgo país que permite acceder a créditos a tasas muy bajas.

En otro escenario, un Gobierno irresponsable hará todo lo contrario y afectará de manera distinta a todos los peruanos, a corto, mediano y largo plazo.

La pandemia impactó a nuestra economía, registrando una caída de 12,9% durante el 2020 y, en consecuencia, también se ha visto afectado las cuentas fiscales, el nivel de empleo, entre otras variables. 

En relación al impacto fiscal, por ejemplo, el presupuesto del sector público ha sido financiado en parte con endeudamiento público, debido a una caída en la recaudación tributaria. Así, durante el 2020 el déficit fiscal llegó a 10,7% del PBI y para el presente año se pretende reducir a 6,2%, teniendo como resultado un incremento del saldo de deuda pública como porcentaje del PBI, pasando de 26,8% a 37,5% (2020). En este proceso de reactivación económica, el gobierno  ha venido implementando una política fiscal expansiva. Sin embargo, esa política no puede ser permanente en la medida que es financiado en parte con endeudamiento. Recordemos que tenemos una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aunque se relajó durante el 2020 para atender esta emergencia, es necesario retornar paulatinamente a los niveles pre-pandemia, con la finalidad de recuperar la confianza en los mercados internacionales y nos permita tener financiamiento a bajas tasas de interés, y no afectar la estabilidad de precios interés.

Por otro lado, en relación al empleo, durante el 2020, según el INEI, 2.2  millones de peruanos perdieron su empleo. En ese sentido, el objetivo social fundamental a corto plazo, es recuperar los niveles de empleo pre-Covid-19, y reducir el nivel de pobreza que pasó de 20,2% (2019) a 30,1% (2020). Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana crecerá 10,3% durante el 2021. Empero, lograr alcanzar dicha estimación dependerá del control de la pandemia,  de la sostenibilidad fiscal y de las medidas que adopta el Gobierno entrante que recupere la confianza en la viabilidad del país. De allí, la importancia de contar con estabilidad política-social y macroeconómica.

Además, es necesario no perder de vista los elementos de un creciente riesgo sobre la  estabilidad política-social y el crecimiento económico. La disipación de estos riesgos, dependerá de quién asuma la conducción del Poder Ejecutivo y de la política general de Gobierno que anuncie y ejecute durante su gestión.

Finalmente, es necesario reiterar la necesidad de ejercer una gestión responsable, cuya política de Gobierno se oriente a consolidar el proceso de reactivación económica, consolidar la disciplina fiscal y regulaciones que no afecte el funcionamiento de los mercados y con reformas que no involucre cambios en el capítulo económico de la Constitución. Un escenario contrario, como mencioné, generarán resultados adversos que impactará directamente a la población de distinta manera, a lo largo del tiempo. En ese sentido, es importante recuperar la certidumbre y confianza en los agentes económicos.