Por Wens Silvestre
La
inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles intolerables. Hoy, vivimos bajo el
asedio del crimen organizado, con un Estado paralizado que no solo ha fracasado
en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que ha permitido el avance
del sicariato, las extorsiones y el terrorismo urbano.
Las cifras lo confirman: según Sinadef, el 2024 cerró con 2,057 homicidios, un aumento del 36.6% respecto al 2023, mientras que en lo que va del 2025, hasta el 17 de marzo, ya se han registrado 459 asesinatos. La violencia se ha apoderado de las calles y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y su equipo ministerial ha sido tan deficiente como desesperante.
El
asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, en un violento ataque a su
bus, así como la ola de extorsiones a colegios privados y públicos, donde las
mafias imponen cuotas a los padres de familia bajo amenaza de explosivos, son
apenas los últimos eslabones de un fenómeno que está devorando la tranquilidad
de los peruanos. ¿Y qué hace el gobierno? Militarizar las calles y prolongar
estados de emergencia ineficaces.
La
realidad es que la política de seguridad ha fracasado. La militarización sin
estrategia no resuelve el problema, solo lo posterga. No hay inteligencia
operativa, no hay acciones preventivas contundentes, no hay liderazgo.
El
premier Gustavo Adrianzén, en lugar de asumir su responsabilidad y tomar
medidas drásticas, ha optado por ser un escudero de ministros inoperantes, como
el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya ineficacia y falta de
liderazgo han llevado a que la criminalidad aumente sin control. Mientras el
Perú se desangra, Santiváñez viajó al extranjero, evita responder por su pésima
gestión y sigue en el cargo con la venia del Ejecutivo.
Su
incapacidad queda en evidencia con la baja ejecución presupuestaria en
seguridad del Ministerio del Interior: de los S/ 250.4 millones asignados a inversiones en el 2024, solo
ejecutó el 74.5%, dejando S/ 63.8 millones sin gastar, cuando el país necesita
patrulleros, tecnología e inteligencia policial para combatir el crimen.
Y
no olvidemos el papel de una mayoría en el Congreso, aliada el Ejecutivo.
Tardaron más de 1,800 muertos en reunir las firmas para la censura de
Santiváñez. Su falta de acción convirtió la inseguridad en un problema de
cálculo político, en lugar de un tema de supervivencia nacional.
Cada
vez que el Ejecutivo es confrontado con los fracasos de su gestión, responde
con las mismas excusas gastadas:
✔
"Estamos evaluando medidas"
✔
"Hemos declarado estado de emergencia"
✔
"La criminalidad es un problema estructural"
✔
"La prensa no nos deja trabajar"
Lo
que no dicen es que su falta de liderazgo ha paralizado la lucha contra el
crimen. Que sus estados de emergencia no han reducido los homicidios ni las
extorsiones. Que, no hay un plan integral de seguridad ciudadana. Y, que sus
prioridades están en defender ministros inoperantes en vez de garantizar la
vida y tranquilidad de los ciudadanos.
Nuestro
país necesita acción inmediata. No basta con discursos y medidas populistas, se
requiere una reforma integral en la seguridad del país.
·
Cambio
inmediato del ministro del Interior: Santiváñez ha demostrado ser un fracaso
rotundo y su permanencia es una ofensa a los miles de víctimas del crimen
organizado.
·
Reestructuración
de la Policía Nacional del Perú (PNP): Sin inteligencia operativa ni
tecnología, la lucha contra la delincuencia está perdida. Urge dotar a la PNP
de recursos, entrenamiento especializado y una reestructuración profunda.
·
Coordinación
real entre Poderes del Estado: El Ejecutivo, Legislativo y el sistema de
justicia deben trabajar juntos en una política de seguridad nacional unificada.
Hoy, cada uno actúa por su lado, con resultados casi nulos.
·
Fin
del uso político de la inseguridad: La crisis no puede ser una herramienta
electoral ni una excusa para medidas improvisadas. Se requiere liderazgo
técnico, no propaganda ni cálculos políticos.
Nuestro
país no puede permitirse más excusas, ni ministros inoperantes, ni gobiernos
indolentes. Si este gobierno no actúa ahora, el crimen organizado terminará
tomando el control del país, como ya ocurre en Ecuador y México.
El
pueblo peruano exige seguridad, justicia y cambios reales. Es hora de que el
gobierno reaccione o se haga a un lado.
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