Investidura sin ancla fiscal

Por Wens Silvestre

La investidura del gabinete Álvarez llega con la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” y un reconocimiento explícito de la crisis de confianza. Bien; era indispensable decirlo. Pero el contexto exige más que frases: exige reglas. Porque el mismo día en que el país escucha la oferta de puentes y diálogo, el Gobierno decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, habilitando empleo de FF. AA. junto a la PNP, restricciones a reunión y desplazamiento, y una gradación de medidas que ya conocimos —con resultados pobres— bajo la gestión previa. El mensaje político es inequívoco: la autoridad se quiere afirmar desde la excepción antes que desde la gestión. 

Ahora bien, la emergencia no es en sí misma un pecado institucional. Lo problemático es con qué control y para qué. Si no hay protocolo público de uso de la fuerza, cadena de mando identificada y metas operativas (extorsión a la baja, 911 con tiempos de atención, cámaras efectivas), la medida corre el riesgo de ser un atajo para contener protesta en lugar de abatir crimen. La lectura no es paranoica: así lo advierten crónicas internacionales y locales al notar que las mismas recetas se repiten y que el objetivo real podría ser neutralizar la calle tras los hechos del 15 de octubre.

Con todo, el eje seguridad tiene espacio para políticas que sí ayudan: flagrancia afinada para extorsión, cooperación regulada con operadoras, inteligencia penitenciaria y trazabilidad financiera. Pero ese menú cabe en leyes específicas y protocolos ejecutivos; no exige un cheque en blanco de delegación legislativa por 90 días “con todas las herramientas del derecho”. En un gobierno interino y con déficit de legitimidad, las herramientas extraordinarias deben ser excepcionales, acotadas y auditables; de lo contrario, el costo reputacional supera la ganancia táctica.

Mientras tanto, la otra emergencia —la fiscal— no admite más dilación. El Consejo Fiscal documentó una oleada de 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y octubre de 2025; 101 de ellas por insistencia, con un costo anual superior a S/ 36 mil millones. Solo cinco normas aprobadas desde agosto de 2024 suman ≈S/ 22 mil millones al año (1,8% del PBI): FONCOMUN (Ley 32387), capacitaciones SUNAT para microempresas (Ley 32335), amnistía IR por rentas no declaradas (Ley 32201), homologación del CAFAE 276 (Ley 32424) y negociación colectiva descentralizada con incidencia económica (Ley 32216). El trazo grueso es brutal: sin corrección, el déficit se separa de la trayectoria del MMM y la deuda pública podría trepar hacia ≈70% del PBI en 2036, devorando espacio para salud, seguridad y agua.

Aquí conviene hablar claro de responsabilidades recientes. Bajo la presidencia parlamentaria de José Jerí, el Congreso promulgó por insistencia la Ley 32424 (homologación del CAFAE 276) el 20 de agosto de 2025, pese a observaciones de sostenibilidad; además, en septiembre de 2025 se aprobó por insistencia la Ley 32448, que elimina el requisito de opinión favorable del MEF para convenios colectivos centralizados y permite indexaciones, abriendo una compuerta de gasto rígido. Son decisiones populistas por su efecto permanente y su baja calidad de diseño; y, sí, ocurrieron ya en la actual conducción congresal. Un Ejecutivo serio que hoy pide “confianza” debería deslindar y proponer su corrección.

No es menor que el gabinete evite pronunciarse sobre Petroperú —¿habrá más rescates?— ni ancle sus anuncios a una regla PAYGO (“no gasto sin fuente”). Pedir facultades y activar emergencias sin decir cómo se financiarán operativos, tecnología, horas-policía o medicamentos es una asimetría peligrosa. Y lo mismo ocurre con REINFO: bien que el premier advierta que ampliarlo incentiva la ilegalidad; falta el paquete operativo (control de combustibles, explosivos y flujos de dinero) con fechas, responsables y coordinación fiscal-policía.

¿Qué sería, entonces, una investidura adecuada al momento? Primero, autoridad con reglas: protocolo de uso de la fuerza, cadena de mando y meta de cero fallecidos en control de multitudes; emergencia focalizada con revisión semanal del Congreso y prohibición expresa de usarla para limitar protesta pacífica; y cualquier delegación acotada (extorsión/INPE/empresas de telecomunicaciones) con cláusula de caducidad y control judicial para vigilancia. Segundo, gestión con métricas: plan de 100 días con indicadores públicos (extorsión, Central de Emergencias 911, % cámaras operativas, 100 hospitales con ≥80% de stock). Tercero, disciplina fiscal: corregir las leyes más costosas aprobadas por insistencia en 2024–2025 (empezando por CAFAE 32424 y el “efecto MEF” de 32448), y congelar exoneraciones y beneficios de baja calidad. Cuarto, neutralidad electoral: mesa ONPE–JNE–Defensoría con protocolo de seguridad electoral no militarizada.

De lo contrario, el cuadro es conocido: más excepcionalidad, menos legitimidad, más intereses y menos servicios. El discurso puede sonar conciliador; la práctica, en cambio, teje un andamiaje de emergencia y delegación sin candados y una coartada fiscal para no corregir la herencia populista —incluida la que el propio Jerí convalidó desde la presidencia del Congreso. La transición necesita gobernar con reglas, no sobre-atenderse con poderes extraordinarios; y necesita contabilidad honesta, no magia.

En suma: la investidura será creíble si el gobierno ata sus anuncios a protocolos, metas y financiamiento, y si rectifica el curso fiscal que el Consejo Fiscal ha puesto en rojo. Si no, la autoridad que dice recuperar será apenas un paraguas político para llegar a abril; y la factura —en deuda, en derechos y en confianza— la pagará el siguiente gobierno.

Transición entre promesas y confrontaciones

Por Wens Silvestre

La última sucesión constitucional devuelve a nuestro país a un punto ya conocido: legitimidad de origen suficiente para gobernar, pero legitimidad de desempeño aún por construir. El gabinete encabezado por Ernesto Álvarez se presenta como “de transición y reconciliación”, aunque su coherencia interna dependerá de si la conducción política modera el tono y ordena prioridades en tres frentes que se cruzan esta semana: la calle (protesta del 15 de octubre), el Congreso (donde se define la gobernabilidad efectiva) y la economía (sensibilidad de ingresos y empleos a cualquier shock de incertidumbre).

El elenco ministerial confirma una apuesta tecnocrática: perfiles con experiencia en cargos medios -viceministerios, direcciones, asesorías- capaces de ejecutar procesos y destrabar expedientes. Eso acorta la curva de aprendizaje y reduce el riesgo de escándalos, pero trae dos límites: baja densidad política para negociar con bancadas y regiones, y vocerías frágiles ante la conflictividad social. El nodo es la PCM: Álvarez llega con capital jurídico, pero con un marco discursivo sobre la protesta que, si no se corrige, contamina la promesa de reconciliación.

Lo que dejó el 15 de octubre confirma ese dilema. La movilización convocada por colectivos juveniles derivó en choques en el Centro de Lima con un saldo de un fallecido --identificado como Eduardo Ruiz, de 32 años- y decenas de heridos; los reportes oscilan entre 80 y 89 policías lesionados y 20 o más civiles, además de periodistas heridos y detenidos. La Fiscalía abrió investigación por muerte causada por arma de fuego; el Ejecutivo lamentó el deceso y habló de “infiltración de delincuentes”, mientras la Defensoría y medios internacionales registraron un uso intensivo de gases y proyectiles durante los enfrentamientos cerca del Congreso. El cuadro es nítido: la protesta no fue un mero “acto subversivo”, pero tampoco un día sin violencia; fue, sobre todo, un test fallido de gestión del conflicto por parte del Estado.

Las consecuencias de corto plazo son previsibles y exigentes. Primero, estándares: el Gobierno queda obligado a publicar protocolos de uso de la fuerza, partes diarios y rutas de investigación sobre el deceso, con monitoreo de la Defensoría y acceso a peritajes independientes.  Segundo, el Congreso cumplió su rol de control invitando al ministro del Interior y este acudió hoy, jueves 16 de octubre, al mediodía, para informar sobre los hechos del 15/10. No obstante, el debate no exigió un deslinde explícito frente a la estigmatización de la protesta -instalada desde la PCM- y terminó enfatizando casi exclusivamente la victimización de un solo lado (lesionados PNP), dejando en segundo plano el derecho a la protesta, los estándares de uso de la fuerza y la investigación independiente y con plazos por la muerte reportada. Ese encuadre erosiona la promesa de ‘reconciliación’ del Ejecutivo y vacía de contenido la función garantista del Congreso. Tercero, economía política: los ministerios “operativos” verán ralentizada su agenda si la PCM insiste en un registro punitivo; sin un giro inmediato -reconocer protesta pacífica, separar violentistas, concertar con juventudes y mujeres-, la narrativa de reconciliación se vacía y la incertidumbre se encarece. 

Orden y derechos no son bienes rivales. Pensar que la única manera de recuperar confianza es elevando el umbral represivo ignora que el costo-país también sube cuando hay lesiones a derechos y crisis reputacionales. Una transición se mide por 100 días: medicinas disponibles, patrullaje efectivo, agua y saneamiento que avanzan, trámites que se acortan. El resto es agenda para el siguiente ciclo. Sin correlación en el Pleno, la gestión deriva en interpelaciones y fuego amigo; la política parlamentaria no se terceriza a voceros: la PCM debe negociar todos los días.

Las convocatorias del 15/10 no son un referéndum sobre el gobierno en su conjunto; son un termómetro de rechazo acumulado al Congreso y a la sucesión, de agendas específicas (derechos de las mujeres, juventudes, seguridad, etc.) y de la respuesta estatal. Si el gobierno diferencia con precisión entre violentistas y ciudadanía, baja la temperatura; si persevera en rótulos estigmatizantes, incentiva la escalada. El indicador clave no es el número de marchantes, sino la gestión del conflicto: cero fallecidos, cero lesiones graves, protocolos transparentes y vocería única.

A 30–90 días, el escenario base es un gabinete operativo con plan de 100 días y conflictividad intermitente si la PCM corrige el tono. El escenario de riesgo combina narrativa punitiva, nuevos incidentes y paros regionales con ventana de interpelaciones; la economía entra en modo cautela. La oportunidad exige diálogo con plataformas juveniles, de mujeres y de otros sectores afectados por la inseguridad, publicación de protocolos y entregables rápidos (medicamentos, seguridad focalizada, destrabe de 20 obras) para reposicionar la palabra “reconciliación” como política pública.

La oposición responsable debe ejercer control político firme y cauces de salida: exigir protocolos, metas y cronograma no debilita al gobierno, lo ordena. Tres líneas rojas razonables: no estigmatizar la protesta, transparencia total en intervenciones y compras, y priorizar servicios al ciudadano por encima de reformas polarizantes. Si el Ejecutivo cumple, se viabiliza su agenda básica; si incumple, interpelaciones en 30 días y recomposición de lo que no funciona.

En síntesis, este gabinete tiene capacidad operativa para una transición eficaz, pero su éxito descansa en un giro inmediato de la PCM: de la lógica de la sospecha a la gestión con reglas. El 15 de octubre dejó un costo humano y una agenda institucional: sin estándares y sin diálogo, la promesa de reconciliación se convierte en un multiplicador de conflicto.

Hambruna en Gaza nos concierne a todos

Por Wens Silvestre

No basta con pedir un alto el fuego. La ética mínima, hoy, es abrir rutas, financiar y asegurar —ya— un salvavidas humanitario verificable para una población que se está muriendo de hambre a la vista del mundo.

Para empezar, conviene nombrar el problema. En Gaza, la guerra entró en su fase más indecente: la del hambre administrada. El 22 de agosto de 2025, la autoridad técnica mundial en seguridad alimentaria (IPC) confirmó hambruna (Fase 5) en la Gobernación de Gaza y advirtió una expansión inminente si no se restablecen flujos sostenidos de alimentos, agua, salud y protección. No es un adjetivo; es un umbral científico que implica muertes por inanición prevenibles.

Además, el terreno se ha vuelto impracticable para quienes intentan ayudar. Tres días antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendió temporalmente sus operaciones en Gaza Ciudad por la intensidad de las hostilidades. Cuando hasta los humanitarios más prudentes deben replegarse, el mensaje es inequívoco: el riesgo para civiles y trabajadores de ayuda es extremo.

Ahora bien, los números son toscos, pero necesarios para pensar con rigor. Según la ONU (citando al Ministerio de Salud de Gaza), más de 66 mil personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023; los heridos superan los 168 mil; y ya se documentan centenares de muertes por malnutrición, incluidos niños. La magnitud es tal que ninguna causa política puede convertirla en aceptable. 

A estas alturas, reducir el debate a “pro-Israel” vs. “pro-Palestina” es quedarse sin categorías. Lo que emerge, más bien, es un fallo de sistema. Por un lado, un Consejo de Seguridad que demandó alto el fuego (Resolución 2728) sin capacidad de ejecución. Por otro, medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia con cumplimiento selectivo. Y, además, órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y de Hamas cuya eficacia depende de la cooperación estatal. La ley existe; lo que falta es poder para aplicarla.

Dicho esto, conviene subrayar lo esencial: la hambruna es, en rigor, una falla logística y de gobernanza inducida por decisiones humanas. No hay déficit global de alimentos. Lo que hay son cierres, restricciones, inseguridad y trámites imposibles que impiden que camiones, convoyes y equipos lleguen adonde deben. Abrir cruces y asegurar corredores no es caridad; es tecnología institucional básica aplicada a una emergencia compleja.

Frente a una realidad tan cruda, sólo cabe un principio operativo: primero, la vida. Y eso exige pasar de la consigna al diseño de políticas esta misma semana. En concreto, propongo seis decisiones que pueden ejecutar Estados y organismos sin esperar una “solución final”:

1. Cese del fuego verificable e inmediato. Alineado con la Resolución 2728, con ventanas horarias protegidas para la entrada diaria de convoyes y equipos médicos. La verificación debería recaer en un mecanismo tripartito (ONU–CICR–Media Luna Roja) con reportes públicos diarios.

2. Apertura sostenida de pasos terrestres. Incluidos Kerem Shalom y Rafah, bajo monitoreo internacional con escaneo no intrusivo y listas blancas dinámicas de insumos críticos (agua, alimentos terapéuticos, combustible hospitalario). La experiencia comparada es clara: un corredor terrestre estable salva más vidas que cualquier pasarela marítima.

3. Protocolos de no ataque. Mapas de no-golpe (no-strike lists) vinculantes para hospitales, almacenes y panaderías; comunicación táctica 24/7 entre mandos militares y clústeres humanitarios. La suspensión del CICR en Gaza Ciudad demuestra que, sin esto, no habrá operación posible.

4. Condicionalidad en las transferencias de armas. Los Estados exportadores deben exigir cumplimiento ex ante del Derecho Internacional Humanitario como requisito de suministro y revisar ex post con trazabilidad. La disuasión funciona también en clave humanitaria cuando eleva costos a quien obstruye la ayuda o emplea tácticas prohibidas. La Resolución 2728 ya fijó el marco político; toca hacerlo exigible.

5. Paquete financiero puente. Desembolsos semanales para alimentación y salud primaria (UNRWA, PMA/WFP, OMS), con cuentas escrow, auditoría independiente y compras locales o regionales para acelerar entregas. Prioridad a alimentos listos para usar (RUTF) y potabilización de agua.

6. Rendición de cuentas. Cooperación con la CPI (órdenes de arresto vigentes), activación de jurisdicción universal en Estados Parte y sanciones selectivas (visas, activos) contra individuos que bloqueen corredores o ataquen personal humanitario. La impunidad no es una ley natural; es un incentivo que puede y debe alterarse.

A quienes sostienen que “no hay manera segura de operar” en Gaza Ciudad, la respuesta es amarga pero simple: si la guerra impide alimentar a los niños, esa guerra —en esos términos— no es defendible. Y si la operación militar hace imposible la operación humanitaria, la ética pública obliga a ajustar la operación militar.

Mientras tanto, el liderazgo político en Israel carga con una responsabilidad histórica. Gobernar no es sólo derrotar a un enemigo; es no destruir la base moral y estratégica de la convivencia futura. Ninguna victoria militar compensará una derrota civilizatoria. La hambruna confirmada es exactamente eso.

También corresponde interpelar a Hamas. Su estrategia de supervivencia militante, el uso de rehenes y el operar entre civiles violan el derecho de la guerra y agravan el costo humano. Pero la ética liberal no es un juego de espejos: los crímenes de unos no absuelven las violaciones de otros. Para eso existe el derecho penal internacional, con nombres y apellidos.

En síntesis, alto el fuego sí, pero alto el hambre primero. No hay disyuntiva. Abrir pasos, blindar convoyes, financiar la canasta de emergencia, proteger hospitales y panaderías, y condicionar armas no requiere esperar un plan político maximalista. Es una agenda de 48–72 horas y de semanas, no de años. Cada día que pasa, el costo humano y moral —y la fractura del orden internacional— se vuelven más difíciles de reparar. Actuar ahora no es sólo urgente: es lo mínimo que nos debemos como comunidad humana.

Presupuesto 2026: más planilla, menos futuro

 Por Wens Silvestre

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 confirma una tendencia incómoda: gastamos cada vez más en sostener el aparato estatal y menos en crear capacidades para que la gente salga de la pobreza por vías permanentes—empleo, infraestructura básica y servicios públicos que funcionen.

La aritmética que no cierra

Los totales crecen apenas 2,3% versus 2025, pero el gasto corriente sube 5,9% y absorbe todo el incremento, mientras el gasto de capital cae 13,0%. Dentro del corriente, el gasto en personal escala 13,8% (≈ S/ 11,3 mil millones adicionales), sin exigencia explícita de productividad, resultados ni mejoras verificables en la calidad del servicio al ciudadano. En paralelo, el servicio de la deuda salta 18,7%, presionando aún más un presupuesto que ya luce rígido.

En inversión, el indicador operativo por excelencia —Adquisición de Activos No Financieros— se contrae 15,9%. El golpe es particularmente duro en gobiernos locales (caída cercana a S/ 5,2 mil millones), justo donde se ejecuta el agua y saneamiento, caminos vecinales, pistas y veredas que cambian la vida cotidiana.

Productividad laboral estatal: el gran ausente

El Estado incrementa planillas y obligaciones sin atarlas a productividad ni a estándares de servicio. No hay metas de tiempo de atención, resolución de trámites, reducción de colas o satisfacción ciudadana asociadas al crecimiento de personal. Tampoco vemos reformas de gestión (meritocracia, movilidad lateral, despidos por bajo desempeño con debido proceso) que justifiquen remuneraciones crecientes.

Un presupuesto responsable no paga capacidades nominales, paga resultados: atenciones efectivas en salud, aprendizajes medibles en educación, tiempos de permiso de construcción reducidos, trámites 100% digitales, homicidios y robos a la baja con patrullaje inteligente. Nada de eso aparece como condición para expandir el gasto corriente.

La cuenta de la deuda: más grande y más cerca

El alza de servicio de deuda (≈ S/ 5,2 mil millones adicionales) se come una parte sustancial del espacio fiscal. Si el Ejecutivo no disciplina el corriente y no relanza inversión con alto retorno social, el país se encamina a un presupuesto crecientemente cautivo: más intereses, menos margen para cerrar brechas.

Pobreza e infraestructura: prioridades invertidas

Reducir pobreza sosteniblemente exige crecimiento y productividad; ambas dependen de infraestructura básica y servicios públicos de calidad. Pero estamos haciendo lo contrario: recortar inversión y engordar costos fijos. Este sesgo:

• retrasa metas de agua y saneamiento, energía confiable, conectividad vial y digital;
•  ahoga la operación y mantenimiento (se degrada lo ya construido);
• expulsa inversión privada al mantener un entorno de servicios estatales impredecibles.

Política y economía política del presupuesto

Con un Ejecutivo débil y un Congreso populista, el menú de leyes favorece a servidores del propio Estado —nombramientos automáticos, aumentos de sueldos, bonificaciones, beneficios, rigideces—, no a la ciudadanía. Se legisla mirando la nómina pública más que la misión del Estado: seguridad, justicia y servicios básicos de calidad. Es el camino más corto hacia el despilfarro: gastar mucho y lograr poco.

Agenda mínima para corregir el rumbo (todavía en 2026)

1. Regla de planilla: tope de crecimiento del gasto en personal ≤ (inflación + crecimiento potencial) y condicionado a metas de productividad por sector (KPIs verificables de servicio).

2. Cero nuevas plazas netas y reordenamiento por movilidad interna; concursos meritocráticos y salida por desempeño deficiente con debido proceso.

3. Presupuesto por Resultados 2.0: metas trimestrales públicas (salud, educación, seguridad, trámites). Sin cumplimiento, congelamiento de créditos para bienes y servicios no esenciales.

4. Regla de “oro” operativa: endeudamiento solo para inversión con evaluación costo-beneficio y mantenimiento garantizado; prohibido financiar gasto corriente con deuda.

5. Reasignación inmediata (modificatorias) hacia agua y saneamiento, conectividad vial y digital, y mantenimiento en gobiernos locales y regionales, donde el retorno social es más alto y rápido.

6. Revisión independiente del gasto (spending review) enfocada en duplicidades, subsidios regresivos y programas sin impacto; cada punto de S/ ahorrado debe ir a inversión y servicios esenciales.

7. Compras públicas pro-productividad: contratos de servicio con SLA (acuerdos de nivel de servicio), penalidades por incumplimiento y licitaciones que ponderen calidad (no solo precio).

8. Digitalización total de trámites masivos con metas de reducción de tiempos y costos para empresas y ciudadanos; auditoría externa de experiencia usuaria.

9. Transparencia radical: tablero mensual por pliego con ejecución, hitos de inversión y métricas de servicio; premios y sanciones institucionales.

En conclusión, presupuestar no es “hacer caja” para la planilla; es asignar poder público a aquello que genera libertad económica y oportunidades para la gente. El proyecto 2026, tal como está, rigidiza el gasto, expande el gasto corriente (personal sube 13.8% sin anclajes de productividad), sacrifica inversión y agranda la bola de nieve de la deuda (+18.7%) y erosiona el espacio fiscal. Si el Ejecutivo no reasigna hacia inversión con retorno social y no ata planilla a resultados, el presupuesto 2026 será otra capitulación ante la inercia. El Estado existe para servir al ciudadano -no para servirse a sí mismo. Corregir no requiere magia: se necesita voluntad política para pagar resultados, priorizar infraestructura y devolverle al presupuesto su razón de ser: servir al ciudadano, no al aparato estatal.

Crecer no es decretar: el MMM 2026-2029 y el optimismo que nos puede salir caro

Por Wens Silvestre

Por más que el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 (MMM) ordene cifras y certezas, 2026 no se juega en el Excel sino en la ejecución. El MEF proyecta un crecimiento cercano al 3,2%, desinflación dentro del rango meta y consolidación fiscal gradual. Compartimos el rumbo, pero como economista veo dos fisuras que pueden desalinear el guion: (i) excesivo optimismo en inversiones concentradas en sectores altamente sensibles (minería y APP de infraestructura) y (ii) permisividad frente a un gasto tributario que erosiona la base sin evaluación rigurosa. A eso se suma un gasto público que vuelve a crecer sin una brújula clara de resultados en pobreza y calidad de servicios.

El vaso medio lleno… y el talón de Aquiles

El MMM descansa en que 2026 consolidará el rebote de 2025 por tres vías: normalización del crédito, cartera minera en construcción y APP “destrabadas”. Es una narrativa posible, pero frágil. La inversión privada que sostiene la proyección está hipersensible a cuatro cuellos de botella que no se resuelven con supuestos: cierre financiero, predios, permisos y arbitrajes y conflictividad en corredores logísticos y mineros. Si uno de esos engranajes se traba, el multiplicador esperado no llega. Una brecha de ejecución de apenas medio punto del PBI puede tirar abajo la elasticidad recaudatoria y tensar la trayectoria fiscal. 

El problema no es apostar por minería e infraestructura —es racional—, sino sobre-depender de ellas en el corto plazo y subestimar los plazos reales. Un MMM responsable debería mostrar, además del escenario base, escenarios contingentes (con retrasos de 6–12 meses) y gatillos de corrección en gasto y financiamiento. Crecer requiere productividad y confianza jurídica, no “wishful thinking”.

Gasto tributario: la renuncia silenciosa que achica el Estado útil

Para 2026, el gasto tributario bordea algo más del 2.16% del PBI y aumenta respecto de 2025. El Ejecutivo ha sido permisivo: mantiene y amplía beneficios sin un pay-go estricto, sin sunset clauses y sin evaluaciones costo-beneficio independientes. Resultado: menos base imponible hoy, más presión para subir tasas mañana o recortar inversión pública de calidad.

Un enfoque liberal serio no demoniza los incentivos; los mide. Tres reglas simples:

1. Techo plurianual al gasto tributario como % del PBI.

2. Sunset máximo de 3 años y renovación solo con evidencia de impacto neto positivo (empleo formal, productividad, exportaciones).

3. Sustitución de exoneraciones mal focalizadas por transferencias directas y transparentes cuando el objetivo sea social (por ejemplo, Amazonía).

Mientras el Congreso agrega gastos tributarios y el Ejecutivo no observa, la consolidación fiscal reposa peligrosamente en el ciclo, no en la estructura.

Más gasto, mismos resultados: la trampa de la inercia

Para 2026 se proyecta un crecimiento real del gasto público de 0,5%, es decir, S/ 6,7 mil millones adicionales respecto de 2025, cifra similar al promedio 2015-2019 (S/ 6,1 mil millones). La pregunta liberal es obvia: ¿qué compramos con eso? Si no movemos la aguja de pobreza, aprendizajes, seguridad y salud, estamos financiando insumos, no resultados.

Necesitamos pasar del “presupuesto por resultados” retórico a una versión 2.0, vinculante:

• Contratos-programa con metas trimestrales y cláusulas de penalidad y premio para sectores y gobiernos subnacionales.
• Revisiones de gastos anuales que identifiquen y reubiquen gasto corriente de baja eficacia hacia mantenimiento e inversión con alto retorno social (agua, logística, primera infancia).
• Topes de crecimiento para gasto administrativo y compras no críticas; prioridad a mantenimiento antes que a nuevas obras.
• Transparencia radical: tableros públicos con colas de cirugía, horas de clase efectivas, homicidios por distrito y continuidad de agua. Si no mejora, no hay ampliación.
• Gastar un poco más puede ser defendible solo si se acompaña de incentivos y accountability que aseguren impacto medible en bienestar.

Política monetaria: ancla firme, no bálsamo de crecimiento

El MMM asume desinflación y costos de financiamiento a la baja. Bien. Pero al BCRP no hay que pedirle crecimiento, sino estabilidad de precios y expectativas ancladas. Si reaparecen choques de energía o alimentos, la respuesta debe ser data-dependent, con comunicación clara y, si corresponde, un sesgo hawkish para evitar que la inflación total se meta en el núcleo. La dominancia fiscal hoy no es un riesgo inminente —la deuda está mayoritariamente en soles, a tasa fija y con vida media larga—, pero podría reaparecer si seguimos cediendo terreno vía gasto tributario y gasto corriente inercial.

Siete movimientos para que 2026 no sea otra promesa:

1. Regla pay-go para beneficios tributarios: toda renuncia nueva exige financiamiento permanente o caducidad; inventario y evaluación pública anual.

2. Simplificar regímenes MYPE y converger gradualmente al régimen general; e-factura total y control de economía digital para ampliar base sin subir tasas.

3. Fast-track regulatorio acotado con plazos preclusivos (no eternos), silencio positivo en trámites no ambientales y ventanilla única verdadera.

4. Seguridad y Estado de derecho en corredores productivos: unidades policiales especializadas y protocolos de prevención de conflictos con metas públicas.

5. Spending reviews con metas de reasignación: congelar gasto administrativo no prioritario y proteger mantenimiento e inversión de alto retorno social.

6. Consejo Fiscal fortalecido y metodología de PBI potencial/saldo estructural actualizada vía proceso técnico y abierto.

7. Escenarios de riesgo obligatorios en el MMM y en el PL de Presupuesto: si APP/minería se retrasan 6-12 meses, ¿qué se ajusta y cuándo?

En síntesis, el MMM 2026 luce ordenado sobre el papel, pero crecer no es decretar. Si insistimos en proyecciones sensibles sin planes de contingencia, toleramos un gasto tributario sin control y aumentamos el gasto sin medir resultados, corremos el riesgo de repetir la historia: más soles, pocos logros. La salida no es recortar por recortar: es priorizar, medir y rendir cuentas. Productividad, reglas claras y un Estado que hace menos cosas, pero mejor. Solo así las cifras del MMM dejarán de ser promesas y se convertirán en progreso tangible en 2026.

Nueva Ley Agraria: inversión con apellido y factura al erario

 Por: Wens Silvestre

El Congreso ha aprobado este 14 de agosto, en segunda votación, la Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, con protección social hacia la agricultura moderna. Con ello, se inaugura un nuevo capítulo en la historia de los incentivos tributarios al agro peruano, que ya acumulan más de dos décadas de vigencia. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una política de desarrollo bien enfocada o ante la reedición de un beneficio concentrado que se paga con recursos de todos?

Para empezar, el corazón de la norma es la reducción del Impuesto a la Renta al 15 % para las empresas agrarias hasta 2035, así como una escala reducida para pequeños productores. Además, se mantienen incentivos como la depreciación acelerada para obras de riego, la recuperación anticipada del IGV, la deducción especial por compras a pequeños productores y el drawback. Sobre el papel, se plantea un esquema progresivo: alivios más intensos para unidades pequeñas y medianas, y una tasa preferencial amplia para el resto del sector. El discurso oficial lo presenta como una fórmula para atraer inversiones, generar empleo formal y fomentar prácticas sostenibles.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que este paquete tributario podría costar entre S/ 1,850 y S/ 2,000 millones anuales —más de S/ 20,000 millones en la década—. La evidencia recogida en estudios oficiales muestra que menos del 0,2 % de las unidades productivas agrarias concentra la mayoría de estos beneficios, lo que significa que buena parte del gasto tributario se dirige a un puñado de empresas agroexportadoras ya consolidadas. No se trata de cuestionar a la agroexportación como motor económico, pues sería desconocer su contribución a la diversificación exportadora y a la inversión privada, sino de llamar la atención sobre la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Un incentivo mal focalizado termina premiando inversiones que probablemente se habrían realizado igual, lo que en economía se llama “windfall”: gasto público sin efecto adicional significativo.

De esta manera, el país enfrenta un dilema fiscal y una oportunidad perdida. Perú tiene demandas crecientes en salud, educación, seguridad ciudadana y adaptación al cambio climático, con un margen presupuestal cada vez más estrecho. Mantener por diez años un régimen tributario preferente tan amplio para un sector que ya goza de ventajas competitivas es, como mínimo, discutible desde la perspectiva de responsabilidad fiscal. La oportunidad estaba en rediseñar el beneficio para que funcione como incentivo condicional: que la tasa reducida se otorgue solo a quienes demuestren inversión nueva y comprobable, generación neta de empleo formal, encadenamientos reales con la agricultura familiar y mejoras verificables en productividad hídrica y sostenibilidad ambiental.

Además, la ley introduce disposiciones que pueden abrir la puerta a la transacción de excedentes de agua sin una regulación eficaz de la Autoridad Nacional del Agua. Ello tensiona el principio de que el recurso hídrico es patrimonio de la Nación y debe ser gestionado de forma equitativa y sostenible. Sin un marco claro, podríamos estar ante una privatización encubierta de un bien público crítico.

Por todo lo anterior, lo aprobado no está escrito en piedra: el reglamento de la ley será la última trinchera para corregir omisiones y cerrar vacíos. Allí debería incorporarse un sistema de evaluación intermedia en 2029-2030, cláusulas de caducidad y mecanismos de transparencia que permitan conocer, empresa por empresa, cuánto recibe y qué resultados genera.

En definitiva, la nueva Ley Agraria podía haber sido el vehículo para transitar de un beneficio tributario generalizado a un verdadero instrumento de desarrollo inclusivo, fiscalmente sostenible y ambientalmente responsable. En lugar de ello, corre el riesgo de convertirse en un incentivo con apellido, que asegura rentabilidad a unos pocos y deja la factura al conjunto de los contribuyentes. Si el objetivo es que el agro moderno sea también un agro justo, la discusión no termina hoy: recién empieza, y se jugará en el terreno del reglamento, la fiscalización y la capacidad del Estado de hacer que cada sol de incentivo se traduzca en productividad, empleo digno y sostenibilidad.

Crédito suplementario con letras pequeñas: implicancias jurídicas y fiscales

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación, por mayoría, del dictamen en la Comisión de Presupuesto del Congreso, referido al Proyecto de Ley 11923/2024-PE, suscita profundas preocupaciones desde las perspectivas constitucional, parlamentaria y fiscal. Este dictamen no solo contiene disposiciones no contempladas en el proyecto de ley originalmente presentado por el Poder Ejecutivo, sino que además plantea serios cuestionamientos en torno a su oportunidad y al respeto de los procedimientos parlamentarios establecidos.

En primer lugar, es necesario subrayar la particularidad en los tiempos de presentación del proyecto. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto el pasado 15 de julio, un mes después de la conclusión del periodo legislativo regular 2024-2025, que terminó el 15 de junio. Esta tardía presentación parecería orientada a lograr la aprobación exclusiva por parte de la Comisión Permanente, evitando así un debate amplio, transparente y democrático en el Pleno del Congreso, práctica que resulta altamente cuestionable desde el punto de vista institucional y democrático.

A ello se suma otro dato alarmante: el dictamen aprobado no solo conserva los 17 artículos propuestos originalmente, sino que multiplica exponencialmente el contenido normativo, incorporando 50 disposiciones complementarias finales, 7 disposiciones complementarias modificatorias y 1 disposición complementaria derogatoria, frente a las 9 disposiciones finales, 2 modificatorias y 1 derogatoria planteadas inicialmente por el Ejecutivo. Esta alteración en la densidad normativa del texto configura, sin lugar a dudas, un exceso legislativo que desborda el marco presupuestario, desnaturaliza el proyecto original y vulnera el principio de unidad de materia previsto en la Constitución.

Pero lo más grave es la forma en que se aprobó: la Comisión de Presupuesto convocó a una sesión extraordinaria el día 16 de julio —es decir, apenas un día después de recibida la propuesta del Ejecutivo— y aprobó el dictamen en mayoría con escaso o nulo debate sobre el nuevo contenido agregado. En términos técnicos, este procedimiento impide que se ejerzan adecuadamente las funciones deliberativas, de control político y de representación parlamentaria, dejando a la ciudadanía sin la posibilidad de conocer, debatir o cuestionar normas que afectan de forma directa la estructura institucional del Estado y los recursos públicos.

Además, el dictamen introduce modificaciones sustanciales a leyes existentes, entre ellas la Ley Universitaria y la Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), alterando funciones, reglas de nombramiento y condiciones institucionales que deberían ser debatidas en comisiones especializadas y a través de proyectos independientes, no en una ley presupuestaria.

En cuanto a la Ley Universitaria, la inclusión de una disposición que reinicia el cómputo del período del Consejo Directivo y del Superintendente de la SUNEDU favorece de forma directa y específica a sus actuales integrantes, desconociendo el tiempo ya cumplido en el ejercicio de sus cargos. Esta situación podría vulnerar principios fundamentales como la no retroactividad de las normas y la estabilidad jurídica, generando incertidumbre sobre la autonomía universitaria y el adecuado gobierno del sistema educativo superior.

Respecto a la Ley ANIN, el dictamen plantea cambios fundamentales en la naturaleza institucional y operacional de esta entidad. Se eliminan criterios objetivos para la selección e inclusión de proyectos estratégicos de infraestructura, así como requisitos claros en la designación y permanencia del jefe institucional. Estas modificaciones implican una clara expansión de la discrecionalidad política y administrativa, poniendo en riesgo la transparencia, la eficiencia y la autonomía técnica de la ANIN, con serias consecuencias en la planificación y ejecución eficiente de la infraestructura pública nacional.

Desde la perspectiva fiscal, resulta alarmante que se introduzcan compromisos permanentes de gasto —como incrementos salariales o beneficios laborales— sin un análisis riguroso de sostenibilidad fiscal. En un contexto de debilidad económica y recaudación limitada, esta práctica evidencia la continuidad de una política fiscal improvisada y populista que compromete seriamente la estabilidad macroeconómica del país.

En definitiva, la aprobación de este dictamen refleja una preocupante combinación de irresponsabilidad fiscal, vulneración de principios constitucionales y una deficiente técnica legislativa. Corresponde al Congreso -y en particular a los integrantes de la Comisión Permanente- actuar con responsabilidad y rectificar estas decisiones, garantizando que todas las iniciativas presupuestarias sean debatidas de manera abierta, transparente y con la profundidad técnica que el país exige.

El uso político del servicio civil y el aumento salarial de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió aprobar, a través del Decreto Supremo Nº 136-2025-EF, un aumento de más del 128% en su propia compensación económica, pasando de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, en medio de una de las etapas más críticas del Perú en términos fiscales, políticos y sociales. Este acto, revestido de tecnocracia pero fundado en intereses políticos, expone un fenómeno recurrente en los regímenes latinoamericanos: la captura del aparato institucional para beneficio propio. Esta vez, la herramienta ha sido el sistema de servicio civil, representado por SERVIR.

La Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) fue concebida para profesionalizar al Estado, garantizar meritocracia, equidad y eficiencia en el aparato público. No obstante, lo ocurrido en este caso demuestra una instrumentalización perversa del marco legal para validar un aumento salarial injustificable desde la óptica de los principios que rigen dicha ley: mérito, transparencia, equidad, austeridad, legalidad y responsabilidad fiscal. 

Según el propio texto de la norma, el artículo 52 permite la aprobación de escalas de compensación para cargos dentro del régimen del servicio civil, siempre que estos estén debidamente registrados en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por SERVIR. Ni la presidenta ni los ministros están comprendidos en ese régimen. Por tanto, el uso del artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2025 para justificar el aumento no solo es legalmente forzado, sino también políticamente irresponsable.

Un gobierno sin respaldo, pero con privilegios

A julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte se mantiene en el poder con menos del 4% de aprobación ciudadana, según las últimas encuestas nacionales. Es considerada una de las presidentas más impopulares de América del Sur, incluso por medios internacionales como BBC Mundo y Reuters, que reflejan el sentimiento ciudadano de indignación y rechazo.

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana, un déficit fiscal que supera el 3.2% del PBI, y regiones con niveles alarmantes de pobreza e informalidad, el gobierno decide duplicar el sueldo de la mandataria sin evaluación pública, sin transparencia y sin legitimidad social. Este es un acto que revela la profunda desconexión entre el poder y la realidad del país.

SERVIR como escudo tecnocrático

Lo más preocupante es que este aumento ha sido justificado por informes técnicos del MEF y SERVIR que no han sido publicados ni debatidos públicamente. Esto debilita la confianza ciudadana en instituciones que, como SERVIR, fueron creadas para promover la transparencia y la profesionalización del Estado, y no para validar decisiones autocomplacientes.

La credibilidad institucional no solo se erosiona cuando los políticos abusan del poder, sino también cuando los órganos técnicos se pliegan a intereses de coyuntura. En este caso, SERVIR ha perdido la oportunidad de ejercer su rol de garante del principio de austeridad y legalidad en el servicio público.

El impacto político y económico del privilegio

El costo fiscal de esta medida es mínimo comparado con el impacto en la moral pública y la credibilidad del Estado. Lo que está en juego no es solo una planilla, sino el principio de que nadie debe legislar o ejecutar en beneficio propio, mucho menos cuando se es percibido como una autoridad ilegítima. Este tipo de decisiones afianzan la cultura del privilegio, profundizan la brecha entre ciudadanos y autoridades y deterioran la calidad de la democracia.

Como bien advirtió Milton Friedman:

“Lo que realmente importa es controlar cómo y en qué gasta el gobierno. El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos.”

Cuando un gobierno que no representa ni el 5% de la voluntad popular aumenta sus propias remuneraciones en medio de un clima de pobreza y crisis fiscal, no solo está violando el principio de austeridad, sino enterrando cualquier legitimidad para exigir sacrificios al resto del país.

En síntesis, este aumento, más allá de su legalidad discutible, es éticamente inaceptable y políticamente corrosivo. En un país que necesita reconstruir su institucionalidad y restablecer la confianza ciudadana, utilizar al sistema de servicio civil como coartada para otorgarse beneficios personales es una traición al espíritu republicano. Corresponde al Congreso derogar este decreto supremo, restablecer el principio de legalidad y asegurar que el servicio civil no se convierta en un instrumento al servicio del poder, sino en la columna vertebral de un Estado justo y eficiente.

Democracias a la deriva y ciudadanía ausente

Por Wens Silvestre

Desde inicios del siglo XXI, pero con especial intensidad en el último quinquenio, las democracias del mundo han enfrentado una creciente erosión. Autocracias electas, liderazgos populistas, manipulación de información mediante tecnologías digitales y polarización social han debilitado los fundamentos del gobierno representativo. Informes como los de Freedom House, V-Dem y The Economist Democracy Index coinciden: hay más retrocesos que avances. Y lo más preocupante es que estos procesos no solo se dan en regímenes frágiles, sino en democracias consolidadas como Estados Unidos, Israel, India y Brasil.

En este escenario global, la apatía ciudadana y el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios entre el poder y la población explican, en parte, por qué se eligen líderes autoritarios, ineficientes o corruptos. No es solo un fracaso de las élites; es también una falla colectiva de la ciudadanía global por no asumir un rol activo y deliberativo. 

En el caso peruano, la crisis democrática ha sido aún más aguda. Entre 2016 y 2025, el país ha tenido seis presidentes en menos de diez años, y un Congreso que, lejos de representar al pueblo, ha actuado como un órgano de blindaje, cooptación institucional y producción legislativa arbitraria.

El Congreso ha utilizado su poder para aprobar leyes por insistencia, incluso contra la opinión técnica del Ejecutivo y de organismos autónomos. Se ha fortalecido su control indirecto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y ha intentado socavar la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, ha promovido leyes abiertamente inconstitucionales o regresivas: la contrarreforma universitaria, la eliminación de detención preliminar, leyes punitivas contra adolescentes, restricciones al referéndum y leyes anti-ONG.

Lo más alarmante es que este copamiento se ha hecho sin una ciudadanía vigilante ni activa. La pasividad ha sido funcional al deterioro democrático.

¿Y el ciudadano? ¿Elector o cómplice?

La última encuesta de Datum (junio 2025) revela un dato estructuralmente preocupante: el 63 % de peruanos no simpatiza con ningún partido político y el 68 % prefiere votar por partidos nuevos (Congreso) antes que conocidos. Aunque esto refleja una legítima desilusión, también denota una ciudadanía que no ha desarrollado criterios sólidos de deliberación ni exigencia institucional.

Ø  El 53 % de encuestados prefiere un candidato "nuevo" en política frente a uno con experiencia (38%), incluso si eso implica mayor improvisación.

Ø  El 70 % decide su voto evaluando tanto al candidato como al partido, pero el 15 % lo hace solo por el candidato, sin importar el grupo que lo respalde.

Ø  Los atributos más valorados para el próximo presidente son sus propuestas (39 %) y su experiencia laboral (22 %), mientras que solo el 12% valora su trayectoria política.

La consecuencia es que figuras mediáticas o antisistema ganan protagonismo: Carlos Álvarez lidera la simpatía con 39 %, seguido por López Aliaga (29 %) y Yonhy Lescano (22 %). Paradójicamente, muchos de estos candidatos no tienen un proyecto institucional serio, y algunos acumulan altos niveles de rechazo (más del 30 % en varios casos).

Opciones rumbo a 2026: ¿refundar o repetir?

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 con un ecosistema político devastado:

Ø  Los partidos tradicionales han perdido arraigo y credibilidad.

Ø  El Congreso continúa aprobando normas que debilitan la democracia y los derechos fundamentales.

Ø  El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido cómplice por omisión o conveniencia, prefiriendo sobrevivir al costo de abdicar del control constitucional.

Sin embargo, la encuesta de Datum también muestra que la ciudadanía quiere un cambio: exige seguridad (46 %), economía (41 %), y lucha contra la corrupción (39 %) como prioridades para el próximo gobierno. El problema es que no encuentra a quién confiarle esa tarea.

O elegimos mejor, o dejamos de ser democracia

Las democracias no mueren de un golpe. Mueren de apatía, improvisación y elecciones sin memoria. El Perú es hoy un espejo de lo que ocurre a nivel global: la democracia está siendo vaciada desde dentro, no solo por los políticos, sino también por una ciudadanía que elige sin evaluar, que vota sin exigir, que observa sin participar.

Si 2026 se convierte en una repetición de los errores del pasado —eligiendo figuras sin equipos, partidos sin principios o candidatos sin trayectoria ni visión de país— entonces el país seguirá descendiendo en su espiral autoritaria. La oportunidad aún existe. Pero no es tarea solo de los políticos. Es, sobre todo, tarea de los ciudadanos.

El populismo previsional amenaza el futuro del país

Por Wens Silvestre

A pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó la Ley 32123, que prohíbe nuevos retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y establece una reforma integral del sistema previsional, el Congreso de la República ha optado nuevamente por ignorar la evidencia técnica y ceder a la presión populista. Al 26 de mayo de 2025, ya se han presentado 25 proyectos de ley que buscan permitir un octavo retiro de fondos previsionales, siendo 16 de ellos idénticos en el pedido: autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas administradas por las AFP.

Uno de los más recientes incluso propone que ese retiro se efectúe en tiempo récord -en apenas 30 días- y amplía el alcance al retiro total del 100% de fondos para personas diagnosticadas con enfermedades graves o condiciones patológicas avanzadas.

En un país con baja cultura previsional y alta informalidad laboral, seguir debilitando el sistema de pensiones no es solo irresponsable: es una amenaza directa al bienestar de millones de peruanos que necesitarán ingresos en la vejez. La justificación política -acceder a recursos inmediatos para aliviar situaciones personales- es comprensible, pero el costo estructural de estas decisiones es gigantesco y, peor aún, nadie lo está calculando seriamente.

Las propuestas actuales carecen de estudios actuariales, análisis costo-beneficio, y ni siquiera proyectan el impacto fiscal de mediano plazo. Se trata de decisiones improvisadas, hechas al calor del oportunismo político, con fines de popularidad y reelección encubierta.

El daño ya está hecho... y empeora, basta con observar el desempeño de la cartera administrada por las AFP para dimensionar el deterioro. Un reciente informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que entre 1999 y 2019, el fondo de pensiones creció sostenidamente, alcanzando cerca de S/ 130 mil millones, lo que representaba aproximadamente el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). Era una cifra saludable que reflejaba el rol clave de las AFP como inversionistas institucionales, canalizando recursos hacia infraestructura, bonos soberanos, empresas, y otros activos productivos. Sin embargo, tras los múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso entre 2020 y 2023, la situación cambió radicalmente. Al cierre de marzo de 2025, la cartera cayó a menos de S/ 107.6 mil millones, representando apenas 9,9% del PBI. Esta es una pérdida de más de la mitad en su participación en la economía nacional en solo seis años. Más allá de los números, esto implica que el Perú ha dejado de tener un motor importante de inversión interna, de estabilización financiera y, sobre todo, de garantía de ingresos para sus adultos mayores. 

La función del sistema previsional es clara: proporcionar una pensión digna a quienes dejan de trabajar. Transformarlo en una cuenta de ahorros para uso libre y sin restricciones lo desnaturaliza completamente. ¿Qué ocurrirá con los millones de afiliados que ya han retirado gran parte o la totalidad de sus fondos? ¿Qué pensión recibirán en 10, 15 o 20 años? ¿Quién asumirá esa carga? La respuesta es clara: el Estado. Es decir, usted, yo, todos los contribuyentes.

La Ley 32123 fue un intento serio, aunque perfectible, de modernizar el sistema. Estableció un esquema multipilar, con aportes obligatorios, componentes solidarios y mecanismos innovadores como la pensión por consumo. También prohibió nuevos retiros no previsionales, precisamente para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta ley ha sido saboteada políticamente antes de consolidarse, y lo más grave es que no hay consecuencias políticas por este saboteo institucional.

Es urgente recuperar la sensatez. La ciudadanía necesita saber que el sistema previsional no puede sobrevivir si cada año el Congreso decide desmantelarlo un poco más. Si de verdad se quiere ayudar a las personas en situaciones de emergencia, existen otras vías más técnicas y focalizadas: autopréstamos previsionales con devolución, fondos solidarios por enfermedad grave, o incluso programas de asistencia directa desde el Tesoro Público. Seguir utilizando los fondos previsionales como un paliativo social solo agrava el problema estructural y profundiza la precariedad del sistema.

Este artículo no es una defensa de las AFP ni del statu quo. El sistema debe mejorar, ser más transparente, más competitivo, y ofrecer mejores pensiones. Pero la solución no es vaciar las cuentas. La solución es construir, no destruir. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones basadas en evidencia y no en encuestas. Necesita legisladores que piensen en el largo plazo, y no en la próxima elección. Necesita ciudadanía que entienda que la vejez también requiere planificación y esfuerzo, no solo promesas. Porque destruir un sistema de pensiones puede tomar una ley. Pero reconstruir la confianza y la sostenibilidad puede tomar una generación entera.