La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

Inseguridad sin freno, un país sin liderazgo

Por Wens Silvestre

La inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles intolerables. Hoy, vivimos bajo el asedio del crimen organizado, con un Estado paralizado que no solo ha fracasado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que ha permitido el avance del sicariato, las extorsiones y el terrorismo urbano.

Las cifras lo confirman: según Sinadef, el 2024 cerró con 2,057 homicidios, un aumento del 36.6% respecto al 2023, mientras que en lo que va del 2025, hasta el 17 de marzo, ya se han registrado 459 asesinatos. La violencia se ha apoderado de las calles y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y su equipo ministerial ha sido tan deficiente como desesperante. 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, en un violento ataque a su bus, así como la ola de extorsiones a colegios privados y públicos, donde las mafias imponen cuotas a los padres de familia bajo amenaza de explosivos, son apenas los últimos eslabones de un fenómeno que está devorando la tranquilidad de los peruanos. ¿Y qué hace el gobierno? Militarizar las calles y prolongar estados de emergencia ineficaces. 

La realidad es que la política de seguridad ha fracasado. La militarización sin estrategia no resuelve el problema, solo lo posterga. No hay inteligencia operativa, no hay acciones preventivas contundentes, no hay liderazgo. 

El premier Gustavo Adrianzén, en lugar de asumir su responsabilidad y tomar medidas drásticas, ha optado por ser un escudero de ministros inoperantes, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya ineficacia y falta de liderazgo han llevado a que la criminalidad aumente sin control. Mientras el Perú se desangra, Santiváñez viajó al extranjero, evita responder por su pésima gestión y sigue en el cargo con la venia del Ejecutivo. 

Su incapacidad queda en evidencia con la baja ejecución presupuestaria en seguridad del Ministerio del Interior: de los S/ 250.4 millones asignados a inversiones en el 2024, solo ejecutó el 74.5%, dejando S/ 63.8 millones sin gastar, cuando el país necesita patrulleros, tecnología e inteligencia policial para combatir el crimen.

Y no olvidemos el papel de una mayoría en el Congreso, aliada el Ejecutivo. Tardaron más de 1,800 muertos en reunir las firmas para la censura de Santiváñez. Su falta de acción convirtió la inseguridad en un problema de cálculo político, en lugar de un tema de supervivencia nacional. 

Cada vez que el Ejecutivo es confrontado con los fracasos de su gestión, responde con las mismas excusas gastadas: 

✔ "Estamos evaluando medidas" 

✔ "Hemos declarado estado de emergencia"

✔ "La criminalidad es un problema estructural"

✔ "La prensa no nos deja trabajar"

Lo que no dicen es que su falta de liderazgo ha paralizado la lucha contra el crimen. Que sus estados de emergencia no han reducido los homicidios ni las extorsiones. Que, no hay un plan integral de seguridad ciudadana. Y, que sus prioridades están en defender ministros inoperantes en vez de garantizar la vida y tranquilidad de los ciudadanos.

Nuestro país necesita acción inmediata. No basta con discursos y medidas populistas, se requiere una reforma integral en la seguridad del país. 

·         Cambio inmediato del ministro del Interior: Santiváñez ha demostrado ser un fracaso rotundo y su permanencia es una ofensa a los miles de víctimas del crimen organizado. 

·         Reestructuración de la Policía Nacional del Perú (PNP): Sin inteligencia operativa ni tecnología, la lucha contra la delincuencia está perdida. Urge dotar a la PNP de recursos, entrenamiento especializado y una reestructuración profunda. 

·         Coordinación real entre Poderes del Estado: El Ejecutivo, Legislativo y el sistema de justicia deben trabajar juntos en una política de seguridad nacional unificada. Hoy, cada uno actúa por su lado, con resultados casi nulos. 

·         Fin del uso político de la inseguridad: La crisis no puede ser una herramienta electoral ni una excusa para medidas improvisadas. Se requiere liderazgo técnico, no propaganda ni cálculos políticos. 

Nuestro país no puede permitirse más excusas, ni ministros inoperantes, ni gobiernos indolentes. Si este gobierno no actúa ahora, el crimen organizado terminará tomando el control del país, como ya ocurre en Ecuador y México. 

El pueblo peruano exige seguridad, justicia y cambios reales. Es hora de que el gobierno reaccione o se haga a un lado.

Corrupción y crisis climática: El caso peruano desde una perspectiva global

 Por Wens Silvestre

La crisis climática constituye uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo. Sin embargo, un obstáculo crítico, aunque a menudo ignorado, es la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International (TI, 2025), la corrupción no solo socava el desarrollo sostenible, sino que también profundiza la crisis climática, desviando recursos y debilitando políticas fundamentales.

A nivel global, la corrupción afecta particularmente los fondos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático. Se estima que entre 82 y 238 mil millones de dólares anuales se pierden debido a prácticas corruptas en proyectos ambientales (TI, 2025). La falta de transparencia facilita la malversación y el cabildeo indebido, especialmente en países con instituciones débiles o capturadas por intereses privados. 

En este contexto global, Perú enfrenta desafíos aún más complejos. Según el CPI 2024, Perú obtuvo un puntaje de 31 sobre 100, situándose entre los países con una percepción elevada de corrupción. Esta situación tiene consecuencias directas y devastadoras en las políticas climáticas nacionales.

La corrupción en Perú se manifiesta de manera crítica en cuatro dimensiones:

1.    Influencia indebida en la toma de decisiones ambientales: Las industrias extractivas, especialmente mineras y petroleras, ejercen una fuerte presión política y económica que obstaculiza la implementación de regulaciones ambientales y climáticas efectivas. Este tipo de captura regulatoria ha llevado a la aprobación de proyectos con altos costos ambientales, como ha sucedido recurrentemente en la Amazonía peruana.

2.    Malversación de fondos climáticos: Perú muestra serios antecedentes de corrupción en la administración de fondos públicos. Esto representa un riesgo significativo en la gestión de los fondos internacionales destinados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha facilitado la desviación de recursos críticos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

3.    Débil protección ambiental: La corrupción también ha debilitado notablemente la capacidad de fiscalización ambiental. Casos recurrentes de sobornos y colusión entre empresas y autoridades locales han facilitado actividades ilegales como la minería informal y la tala ilegal, agravando los efectos del cambio climático y generando conflictos sociales que erosionan aún más la gobernabilidad.

4.    Amenazas contra activistas ambientales: En Perú, como en otros países con altos niveles de corrupción, los defensores ambientales enfrentan amenazas constantes y violencia física. Esta violencia se ve facilitada por la impunidad generada por un sistema judicial debilitado por la corrupción, que desprotege a los activistas ambientales e indígenas que defienden sus territorios.

Para enfrentar estos desafíos, nuestro país necesita urgentemente priorizar la lucha contra la corrupción como eje central de sus políticas climáticas. Se requieren medidas concretas que incluyan la creación de mecanismos transparentes para el manejo de fondos ambientales, la implementación efectiva de registros de cabildeo, fortalecimiento de sistemas anticorrupción independientes y mecanismos de rendición de cuentas claros que involucren activamente a las comunidades locales.

En síntesis, mientras el mundo lidia con la crisis climática, Perú debe entender que combatir la corrupción es esencial no solo para su desarrollo económico y social, sino también para su supervivencia ambiental. La lucha contra la corrupción debe ser integral y decidida si se busca proteger efectivamente a las generaciones futuras de los devastadores efectos del cambio climático.

Referencias:

Transparency International (2025). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.

Disponible en:

https://images.transparencycdn.org/images/Report-CPI-2024-English.pdf

Un huésped peligroso en la Casa Blanca

Por Wens Silvestre

La política estadounidense ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia, pero pocas veces ha estado tan expuesta a la irracionalidad, la impulsividad y el populismo extremo como bajo la administración de Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca ha significado un golpe a la estabilidad global, a las relaciones con los aliados históricos de Estados Unidos y a la economía mundial, colocando al país en una espiral de proteccionismo destructivo, aislamiento diplomático y vulnerabilidad estratégica.

Este nuevo periodo de gobierno no solo reafirma su tendencia a la desinformación y la manipulación, sino que, además, su gestión errática y caótica está debilitando a Estados Unidos desde dentro mientras fortalece a sus principales adversarios: Rusia, China y otros regímenes autoritarios.

Para empezar, uno de los pilares de la política económica de Trump ha sido el anuncio de la imposición de aranceles descontrolados a socios comerciales clave como México, Canadá y China. Con su decisión de aplicar un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses (probablemente en vigencia a partir de marzo) y un 10% a las chinas, el presidente ha desatado una guerra comercial innecesaria que, lejos de beneficiar a EE.UU., está encareciendo los bienes de consumo, afectando la competitividad de las empresas estadounidenses y disparando la inflación.

El mismo Wall Street Journal advierte que estas medidas están creando una crisis en las cadenas de suministro, aumentando los costos de producción en sectores clave como la industria automotriz y la manufactura. La teoría de que estos aranceles impulsarán la reindustrialización estadounidense es una falacia: las empresas no pueden simplemente trasladar sus fábricas de la noche a la mañana, y las alternativas son demasiado costosas en términos de tiempo y capital.

Como consecuencia, el resultado será un golpe directo al bolsillo de los consumidores estadounidenses, que verán precios más altos en productos básicos, mientras la inflación sigue presionando la economía.

Por otro lado, más preocupante aún es la nueva doctrina de política exterior de Trump, que mina la seguridad nacional de EE.UU. y traiciona a sus aliados históricos. Su deseo de reintegrar a Rusia en el G7, su insistencia en negociar unilateralmente la paz en Ucrania (imponiendo condiciones favorables a Putin) y su estrategia de confrontación con la OTAN han generado una ruptura en la confianza internacional en Estados Unidos.

El hecho de que Trump haya calificado a Zelensky de “dictador” y haya sugerido que Ucrania debe aceptar las condiciones de paz impuestas por EE.UU. y Rusia, demuestra su desprecio por la soberanía de un país invadido y su predisposición a complacer a Putin. En lugar de reforzar el liderazgo estadounidense en la seguridad global, está cediendo terreno a los autoritarismos que buscan debilitar el orden internacional.

En cuanto a China, sus amenazas de imponer aranceles del 150% a los países BRICS y cortar relaciones comerciales con ellos, son una demostración de ignorancia económica. Los BRICS representan una parte fundamental del comercio global, y una ruptura con ellos significaría un colapso en las exportaciones agrícolas estadounidenses, un encarecimiento extremo de la energía y la exclusión de EE.UU. de mercados clave.

Si Trump realmente estuviera interesado en el bienestar económico de su país, buscaría acuerdos estratégicos en lugar de aplicar medidas extremas que solo aíslan a EE.UU.

En el ámbito institucional, más allá de la economía y la política exterior, Trump ha dado pasos peligrosos en la erosión de las instituciones democráticas. Su decisión de suspender la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que evita que empresas estadounidenses sobornen a funcionarios de otros países, envía un mensaje de impunidad a las corporaciones y refuerza la corrupción global.

Con esta medida, Trump no solo destruye años de lucha anticorrupción en el mundo, sino que también debilita la credibilidad de EE.UU. como defensor de la transparencia y la ética en los negocios internacionales.

A esto se suma su insistencia en desmantelar el Estado federal, promoviendo despidos masivos en la administración pública bajo la excusa de la “eficiencia gubernamental”, mientras otorga poderes a multimillonarios como Elon Musk para reestructurar el aparato estatal.

Este enfoque autoritario pone en peligro los servicios públicos esenciales y genera un modelo de gobierno basado en el caos, la corrupción y el nepotismo, con decisiones tomadas por capricho en lugar de políticas fundamentadas.

Aún más preocupante, uno de los aspectos más alarmantes de la presidencia de Trump es su impulsividad y falta de previsión estratégica. Un líder con acceso al arsenal nuclear de EE.UU., que se deja guiar por emociones y decisiones improvisadas, representa una amenaza real para la estabilidad mundial.

Sus ataques a la OTAN, su retórica agresiva y su desprecio por el multilateralismo podrían desencadenar conflictos innecesarios o debilitar alianzas estratégicas en un momento donde las tensiones globales están en su punto más alto.

Las acciones impredecibles de Trump crean un escenario donde aliados históricos como Europa buscan independizarse de EE.UU. en materia de defensa, mientras adversarios como Rusia y China capitalizan el vacío de liderazgo estadounidense.

En síntesis, Donald Trump no es solo un presidente populista. Es un líder desconectado de la realidad, guiado por su ego y carente de visión estratégica. Sus políticas económicas son irracionales y dañinas para su propio país, sus acciones en política exterior traicionan a sus aliados y fortalecen a regímenes autoritarios, y su desprecio por las instituciones pone en riesgo el futuro de la democracia estadounidense.

Cada día que pasa, su presencia en la Casa Blanca se convierte en un peligro latente no solo para EE.UU., sino para el mundo entero. Su legado, lejos de hacer a América “grande otra vez”, está dejando una nación más aislada, vulnerable y debilitada en el escenario internacional.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que el liderazgo irresponsable siempre tiene un alto costo. Y en el caso de Trump, ese costo podría ser el colapso del orden global tal como lo conocemos. ¿Cuánto más puede resistir el mundo las consecuencias de un liderazgo impulsivo y destructivo antes de que el daño sea irreparable?

Trump y su guerra comercial contra sus vecinos

Por Wens Silvestre 

La decisión del presidente Donald Trump de lanzar una ofensiva comercial contra México y Canadá, sus socios más cercanos, imponiendo aranceles del 25% a sus productos y del 10% a China, es un acto de irresponsabilidad económica y geopolítica que desafía toda lógica racional. En un mundo interconectado, donde las cadenas de suministro son fundamentales para la competitividad de cualquier nación, iniciar una guerra comercial sin una estrategia clara es más un ejercicio de estupidez que de protección económica. 

Lo paradójico es que esta embestida no solo dañará a México y Canadá, sino que Estados Unidos será el primer país en sentir los efectos negativos. Lejos de fortalecer su industria, Trump ha encendido una bomba de tiempo que traerá inflación, pérdida de empleos y debilitamiento del liderazgo global de EE.UU. ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan errónea? La respuesta no está en la economía ni en la política comercial, sino en la psicología de Trump: el narcisismo, la obsesión por el poder y una percepción errónea de la realidad han convertido su segundo mandato en una receta para el desastre. 

México y Canadá no solo son los principales socios comerciales de EE.UU., sino que también forman parte de una economía norteamericana interdependiente. Las industrias manufactureras de los tres países están tan integradas que imponer aranceles del 25% es un golpe directo a las empresas estadounidenses, que dependen de insumos y productos intermedios provenientes de estos países.

- Más del 75% de los vehículos ensamblados en México y Canadá contienen partes estadounidenses. Encarecer esas piezas hará que los autos fabricados en EE.UU. sean menos competitivos y más caros para los consumidores, afectando seriamente al sector automotriz.

- El comercio con México y Canadá no solo implica manufactura; EE.UU. importa alimentos, medicamentos y materias primas esenciales de sus vecinos. Los costos más altos de importación se trasladarán a los consumidores, aumentando la presión inflacionaria.

- Canadá y México ya han anunciado que responderán con aranceles a productos estadounidenses. Esto golpeará a los agricultores y exportadores de EE.UU., que dependen de estos mercados.

En lugar de proteger la economía estadounidense, Trump está saboteándola desde dentro.

Curiosamente, el arancel a China es solo del 10%, una medida mucho menos agresiva que contra México y Canadá. Esto sugiere que, pese a su retórica contra Beijing, Trump sabe que cortar la dependencia de productos chinos es más complicado que destruir la relación con sus vecinos.

- Aunque Trump intenta forzar a las empresas a trasladar su producción fuera de China, la realidad es que los costos y la capacidad de producción en el país asiático siguen siendo esenciales para sectores como la tecnología y la industria farmacéutica, por tanto, EE.UU. sigue dependiendo de la manufactura china.

- Beijing no se quedará de brazos cruzados, aunque anunció acudir a la OMC, puede tomar represalias contra empresas estadounidenses o limitar la exportación de materias primas clave, como tierras raras, utilizadas en tecnología avanzada y defensa.

- Mientras EE.UU. se pelea con sus socios, China fortalece sus lazos con la Unión Europea, el Sudeste Asiático y América Latina, erosionando aún más la influencia de Washington en el comercio global.

Si la intención de Trump era debilitar a China, su estrategia es demasiado tibia y mal diseñada. En cambio, lo único que ha logrado es aislar a EE.UU. de sus aliados y fragmentar el comercio global sin ningún beneficio claro.

EE.UU. se aísla y pierde liderazgo

Más allá del daño económico, la guerra comercial contra México y Canadá socava la posición de Estados Unidos en el escenario mundial.

- México y Canadá han sido aliados históricos de EE.UU. Iniciar un conflicto comercial sin una razón válida envía un mensaje de que Trump está dispuesto a traicionar a sus socios más cercanos, esto implica una pérdida de confianza entre aliados.

- La OMC ya está recibiendo denuncias sobre la legalidad de estos aranceles. Si EE.UU. sigue ignorando las reglas del comercio global, otros países podrían hacer lo mismo, generando una fragmentación del sistema comercial que beneficiará a economías emergentes y reducirá el peso de Washington en las decisiones globales. La crisis en el sistema multilateral se agudizará.

- Mientras Trump aleja a sus aliados, China se posiciona como un socio comercial más confiable. Si México y Canadá buscan diversificar su comercio para no depender de EE.UU., Beijing será el principal beneficiado. Sin duda.

La estrategia de Trump no tiene ninguna ganancia diplomática. Al contrario, debilita su liderazgo y crea una oportunidad para que otras potencias reemplacen a EE.UU. en el comercio internacional.

¿Por qué Trump toma decisiones tan destructivas?

Para entender por qué Trump insiste en políticas autodestructivas, hay que analizar su perfil psicológico.

- Trump no tolera la crítica ni la oposición. Su guerra comercial no responde a una estrategia racional, sino a un impulso de demostrar poder sin importar las consecuencias.

- Trump no piensa en el futuro de EE.UU., sino en cómo sus acciones afectan su imagen política a corto plazo. Prefiere imponer aranceles hoy para vender una falsa narrativa de "protección nacional", aunque el costo a largo plazo sea catastrófico.

- Trump cree que el comercio internacional es un juego de suma cero, donde un país solo gana si el otro pierde. No entiende que EE.UU. depende de sus socios comerciales tanto como ellos dependen de EE.UU. hay un claro desconocimiento de los principios básicos de la economía.

- Trump ha construido un discurso de "América Primero" basado en la idea de que EE.UU. puede prosperar solo. Pero, en la era de la globalización, un país no puede ser económicamente fuerte aislándose del mundo.

Su toma de decisiones no responde a un análisis económico sólido, sino a impulsos emocionales y una necesidad patológica de reafirmar su poder.

En síntesis, la ofensiva arancelaria de Trump contra México y Canadá no tiene sentido económico, político ni estratégico. En lugar de fortalecer a EE.UU., sus medidas provocarán inflación, pérdida de empleos y de confianza en su política exterior.

- Los aranceles afectan más a las empresas y consumidores estadounidenses que a los países sancionados.

- China es el gran beneficiado de la fractura comercial de EE.UU. con sus aliados.

- México y Canadá no se quedarán de brazos cruzados y podrían buscar nuevos socios, debilitando aún más a EE.UU. 

- El liderazgo global de EE.UU. se erosiona, mientras Trump refuerza su imagen de "traidor" ante sus propios aliados.

Lo más preocupante no es la política en sí, sino la falta de racionalidad y estrategia detrás de estas decisiones. La administración de Trump no solo está jugando con la estabilidad económica de EE.UU., sino con su posición en el mundo.

Si su primer mandato estuvo marcado por la improvisación y el caos, su segundo mandato parece definido por un proteccionismo irracional que acelerará el declive de EE.UU. como potencia económica global.

Donald Trump y su laberinto de decisiones

Por Wens Silvestre

Desde su regreso al poder hace una semana, Donald Trump ha demostrado ser, una vez más, un presidente impulsivo, inconsistente y peligroso para la estabilidad global. Su estilo de liderazgo, basado en decisiones improvisadas, retaliaciones personales y retórica populista, no solo afecta a Estados Unidos, sino que tiene repercusiones profundas en la economía mundial, las relaciones internacionales y el equilibrio geopolítico. En este artículo, analizaré cómo sus decisiones, lejos de fortalecer la posición de EE.UU. como líder global, lo están llevando hacia un aislamiento peligroso con consecuencias impredecibles. 

Política comercial: el proteccionismo disfrazado de estrategia

Trump ha retomado su cruzada proteccionista, imponiendo aranceles unilaterales que afectan tanto a socios comerciales como a consumidores estadounidenses. Su reciente anuncio de gravar con un 25% las importaciones desde Colombia, como represalia por la negativa de su gobierno a aceptar vuelos militares con migrantes deportados, es un ejemplo claro de cómo utiliza el comercio como arma política.

Los aranceles elevan los costos de bienes básicos como el café, las flores y los bananos, afectando directamente a los consumidores estadounidenses y presionando aún más la inflación. Las empresas importadoras también enfrentan pérdidas al tener que absorber estos costos o trasladarlos a los consumidores.

Este tipo de medidas no solo violan acuerdos comerciales como el TLC entre EE.UU. y Colombia, sino que envían un mensaje alarmante a otros socios comerciales. Si Trump está dispuesto a romper reglas con aliados estratégicos, ¿qué pueden esperar sus otros socios en acuerdos como el USMCA o las negociaciones con la Unión Europea?

El proteccionismo de Trump, disfrazado de "América Primero", no es más que un retroceso económico que socava el principio de ventajas comparativas, un pilar fundamental del comercio internacional. En lugar de fomentar el crecimiento global, estas políticas generan tensiones que podrían desencadenar una nueva era de guerras comerciales.

Política exterior: la diplomacia del conflicto

La política exterior de Trump sigue el mismo patrón: priorizar el espectáculo y la confrontación sobre la cooperación y el diálogo. Su decisión de imponer sanciones diplomáticas y económicas a Colombia no solo erosiona las relaciones bilaterales, sino que debilita la capacidad de EE.UU. para construir alianzas en temas clave como la migración, la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático.

Más preocupante aún, su retirada del Acuerdo de París por segunda vez y su desdén hacia la Organización Mundial de la Salud (OMS) envían una señal clara de que EE.UU. ya no está dispuesto a liderar en cuestiones globales. Esta abdicación de responsabilidad ha permitido que otras potencias, como China y la Unión Europea, llenen el vacío, lo que a largo plazo debilita la influencia estadounidense en el mundo.

Migración y derechos humanos: políticas de fuerza, no de justicia

La obsesión de Trump con la "seguridad fronteriza" lo ha llevado a implementar políticas migratorias que violan principios básicos de derechos humanos. Deportar migrantes en aviones militares y tratarlos como amenazas criminales no solo deshumaniza a las personas, sino que ignora las raíces de la migración: pobreza, violencia y falta de oportunidades en los países de origen. En lugar de abordar estos problemas mediante cooperación internacional, Trump opta por medidas unilaterales que agravan la situación.

Al cerrar las puertas al diálogo con países latinoamericanos como Colombia, Trump pierde una oportunidad clave para abordar la migración de manera estructural, dejando claro que su prioridad no es resolver problemas, sino alimentar el miedo entre su base electoral.

Populismo y su impacto en la economía global

El populismo de Trump, aunque efectivo para movilizar a su base, es profundamente dañino para la estabilidad económica global. Su retórica simplista y sus políticas improvisadas generan incertidumbre en los mercados, desincentivan la inversión y erosionan la confianza en EE.UU. como líder económico.

- Inflación y desaceleración económica: Las decisiones de Trump, como imponer aranceles o desregular el mercado energético en favor de los combustibles fósiles, aumentan los costos de producción y contribuyen a la inflación global.

- Desglobalización: Trump ha adoptado una postura de "nosotros contra ellos" que debilita el comercio multilateral y fomenta la fragmentación económica. Esto no solo afecta a EE.UU., sino que también amenaza la recuperación económica mundial tras los impactos de la pandemia.

La irresponsabilidad de un líder al mando de una potencia global

Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica y militar del mundo, lo que implica una responsabilidad que Trump parece ignorar. Su enfoque errático no solo pone en riesgo la economía estadounidense, sino que también amenaza la estabilidad geopolítica. Desde sanciones improvisadas hasta indultos controvertidos a responsables del asalto al Capitolio, Trump utiliza su poder de manera caprichosa, demostrando una falta de visión estratégica.

Un líder de una superpotencia no puede permitirse el lujo de gobernar impulsivamente. Sus decisiones tienen consecuencias globales: afectan mercados, alianzas estratégicas y la seguridad internacional. La combinación de un poder inmenso con una falta de autocontrol es una receta para el desastre.

¿Qué podemos esperar?

Si Trump continúa por este camino, el mundo enfrentará una era de mayor inestabilidad económica, fragmentación política y polarización social. Las guerras comerciales, el deterioro de las relaciones diplomáticas y el debilitamiento de las instituciones internacionales podrían desencadenar crisis económicas y conflictos que afecten a millones de personas.

Es urgente que los líderes globales y los ciudadanos estadounidenses comprendan las implicaciones de tener a un presidente que prioriza el populismo sobre la racionalidad, el conflicto sobre la cooperación y el espectáculo sobre los resultados reales. Estados Unidos no solo necesita un liderazgo responsable, el mundo entero depende de ello.

En síntesis, Donald Trump está atrapado en un laberinto de decisiones impulsivas y peligrosas que reflejan su incapacidad para liderar con visión y responsabilidad. Su estilo de gobierno no solo socava la estabilidad económica y política de Estados Unidos, sino que pone en riesgo el equilibrio global. En lugar de fortalecer la posición de su país como líder mundial, está acelerando su declive. El costo de estas decisiones no será solo estadounidense; lo pagará el mundo entero.

Riesgos globales 2025 y su impacto en el Perú

Por Wens Silvestre

El Global Risks Report 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, dibuja un panorama inquietante para el presente año: conflictos armados, tensiones geoeconómicas, desinformación, polarización social y desastres climáticos dominan las preocupaciones globales. Estas tendencias, lejos de ser abstractas, tienen repercusiones concretas en economías emergentes como Perú, donde los riesgos globales se interconectan con vulnerabilidades estructurales, exacerbando los desafíos económicos, sociales y ambientales.

Top 10 - Riesgos Globales 2025

El informe destaca tres grandes bloques de riesgos. En primer lugar, el 23% de los expertos identifica los conflictos armados estatales como el principal riesgo inmediato. La persistencia de tensiones en Ucrania, Oriente Medio, Asia y África crea un entorno de inestabilidad geopolítica que impacta en el comercio global y las cadenas de suministro. En segundo lugar, los eventos climáticos extremos ocupan el segundo lugar en la lista de preocupaciones, con el 14% de los expertos identificándolos como amenazas críticas para 2025. Además, la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los ecosistemas se proyectan como los mayores riesgos para 2035. Finalmente, la desinformación, alimentada por la inteligencia artificial, es el riesgo más crítico a corto plazo. La manipulación informativa afecta decisiones políticas, fomenta la desconfianza en las instituciones y amplifica las divisiones sociales. 

Estos riesgos, además de amenazar la estabilidad global, tienen efectos sistémicos que influyen directamente en países en desarrollo como Perú, donde las capacidades estatales para mitigar los impactos de estas amenazas son limitadas. En el plano económico, el comercio exterior peruano está profundamente ligado a China, principal destino del 36% de las exportaciones, y Estados Unidos, con el 14%. Las tensiones geoeconómicas globales podrían reducir la demanda de cobre y productos agrícolas, sectores que representan más del 60% de las exportaciones nacionales. Aunque la inflación global está disminuyendo, Perú sigue vulnerable a aumentos en los precios de alimentos y combustibles debido a su alta dependencia de importaciones. Este efecto amplifica la desigualdad económica en un país donde el 1% más rico concentra casi el 30% de los ingresos. Además, con un 70% de informalidad, la economía peruana carece de los amortiguadores necesarios para resistir choques globales, mientras que las pequeñas empresas no pueden adaptarse rápidamente a las disrupciones tecnológicas o a la volatilidad comercial. 

En el ámbito social, la desinformación exacerba los conflictos socioambientales, especialmente en torno a proyectos mineros y energéticos. Regiones como Loreto y Puno enfrentan altos niveles de conflictividad social, sumando un total de 196 conflictos a nivel nacional, reportados por la Defensoría del Pueblo a diciembre de 2024. Además, los 1.5 millones de migrantes venezolanos y desplazados internos está saturando servicios públicos en ciudades como Lima y Trujillo, generando tensiones entre locales y migrantes e intensificando las divisiones sociales. 

En cuanto a los riesgos ambientales, aunque el último reporte de Enfen descartó El Niño Costero y La Niña hasta agosto de 2025, el país no está exento de fenómenos meteorológicos que pueden generar riesgos asociados. Esto se traduce en pérdidas económicas debido a inundaciones, deslizamientos y sequías focalizadas que impactan la agricultura, la infraestructura y la salud pública. Por otro lado, la Amazonía peruana pierde alrededor de 150,000 hectáreas anuales debido a la minería ilegal y la agricultura extensiva, poniendo en riesgo ecosistemas clave y generando conflictos con comunidades indígenas. Al mismo tiempo, las principales ciudades enfrentan una creciente crisis de residuos sólidos. En Lima, menos del 50% de los desechos son gestionados adecuadamente, lo que contribuye a problemas de salud y degradación ambiental. 

El impacto de los riesgos globales en Perú subraya la necesidad de una respuesta estratégica. Es imperativo reducir la dependencia del sector minero y fomentar industrias como la agroindustria sostenible y el turismo ecológico, lo cual fortalecería la resiliencia económica y generaría empleos en áreas rurales. A la par, se deben implementar políticas participativas y transparentes para resolver conflictos sociales, especialmente en zonas extractivas, y combatir la desinformación mediante campañas de alfabetización digital. Perú también debe priorizar proyectos resilientes al clima, como sistemas de riego eficientes y defensas contra inundaciones, para proteger a las comunidades más vulnerables, además de invertir en tecnologías de ciberseguridad y fomentar la adopción tecnológica en pequeñas y medianas empresas para integrarlas en las cadenas de valor globales. 

El 2025 será un año determinante para Perú. Los riesgos globales, amplificados por las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la polarización social, representan desafíos que trascienden las fronteras. Sin embargo, también ofrecen una oportunidad para transformar las vulnerabilidades estructurales en resiliencia, siempre que el país adopte una estrategia inclusiva, sostenible e innovadora. En este mundo interconectado, la capacidad de anticipar y adaptarse a los riesgos será el verdadero indicador del progreso.

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.

Demagogia y populismo: el balance crítico de una gestión de gubernamental

Por: Wens Silvestre 

La gestión de Dina Boluarte, estrechamente ligada al Congreso —representado por bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y otras—ha sido un terreno fértil para desaciertos que han impactado no solo en la estabilidad política del país, sino también en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Este artículo busca ofrecer un balance crítico de su administración, destacando los efectos nocivos de la demagogia y el populismo que predominan en el Ejecutivo y el Legislativo, y que ponen en peligro el futuro del país. 

Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha acumulado un largo historial de cuestionamientos. Las investigaciones judiciales relacionadas con su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y casos emblemáticos como el “Rolexgate” han debilitado su ya frágil credibilidad. A esto se suma una preocupante inacción en 2024: Boluarte no registró actividades oficiales en 106 días, casi un tercio del año, lo que evidencia una desconexión preocupante con las necesidades urgentes del país. 

El Congreso, por su parte, ha demostrado ser un aliado estratégico en esta dinámica. Con su respaldo, Boluarte ha sobrevivido a múltiples intentos de vacancia. Sin embargo, este blindaje político no está exento de costos: perpetúa un Ejecutivo carente de visión y refuerza la percepción de un Parlamento más preocupado por intereses partidarios que por el bienestar colectivo. Los efectos de estas decisiones populistas—como leyes que aumentan el gasto sin sustento técnico—se sienten en la economía y en la confianza ciudadana. 

La crisis fiscal del Perú es uno de los puntos más preocupantes de la actual gestión. El déficit fiscal superó el 3% del PBI en 2024, encendiendo alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este desequilibrio no es casualidad: la administración ha priorizado medidas populistas, como bonos masivos y subsidios, en lugar de focalizar el gasto en inversiones estratégicas en infraestructura, salud o educación. 

En este contexto, resuena la advertencia de Milton Friedman: "Concéntrese en una sola cosa: ¿Cuánto gasta el gobierno? Porque ese es el verdadero impuesto... El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos."

Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, los ciudadanos terminan pagando el precio, ya sea mediante inflación, deuda o recortes en servicios esenciales. Perú está hipotecando su futuro con decisiones que no solo desestabilizan la economía, sino que también siembran incertidumbre entre inversionistas y actores internacionales.

El Congreso no ha sido un contrapeso adecuado frente a los errores del Ejecutivo; por el contrario, ha fomentado la crisis. Desde la aprobación de leyes que limitan el rol de los organismos fiscalizadores hasta propuestas que desincentivan la inversión privada, el Parlamento parece haber abandonado su rol fiscalizador para convertirse en un bastión de medidas populistas que erosionan la democracia.

La falta de un liderazgo responsable en el Legislativo agrava la percepción de un sistema político fallido. Esta complicidad entre Ejecutivo y Congreso no solo daña la imagen institucional, sino que alimenta un círculo vicioso de desconfianza ciudadana y apatía hacia la política. 

Nuestro país necesita abandonar el ciclo de demagogia y populismo que domina tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La crisis actual no se resolverá con parches ni discursos grandilocuentes, sino con reformas profundas que prioricen la transparencia, la eficiencia y el interés público. 

El control del gasto público debe ser una prioridad. Sin una gestión responsable, cualquier medida será insuficiente para garantizar el crecimiento económico sostenible que el país necesita. Además, es imperativo reconstruir la institucionalidad para que las decisiones políticas reflejen los intereses de los ciudadanos y no de grupos de poder. 

Milton Friedman tenía razón: lo que importa no es la deuda per se, sino cómo y en qué se gasta el dinero público. El Perú está en un punto de inflexión, y sus líderes tienen la oportunidad de corregir el rumbo o condenar al país a un estancamiento perpetuo. 

El balance de la gestión de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso no deja lugar a dudas: el populismo y la demagogia han debilitado las bases de nuestra democracia. Sin embargo, también es un llamado a la reflexión y a la acción. El Perú no puede permitirse más demoras ni excusas. 

Es hora de que los líderes políticos miren más allá de sus intereses particulares y trabajen en reformas estructurales que fortalezcan la democracia, recuperen la confianza ciudadana y garanticen un futuro más justo y próspero para todos. 

Porque al final del día, la política no debería ser un juego de poder, sino un instrumento para construir un país mejor.

Bakú: ¿El inicio del cambio real o más promesas vacías?

 Por Wens Silvestre

Mientras el planeta enfrenta temperaturas récord y fenómenos climáticos extremos, la COP29 en Bakú culminó con aplausos y titulares esperanzadores. Sin embargo, la historia nos enseña que las promesas climáticas no siempre se traducen en acciones tangibles. ¿Serán estos compromisos la base de un cambio real o se quedarán en otro ejercicio de diplomacia estéril? Ante una crisis climática que no da tregua, no hay espacio para demoras. Es hora de convertir palabras en hechos.

Entre los anuncios destacados de Bakú, los países desarrollados prometieron aumentar la financiación climática a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Aunque a primera vista la cifra resulta alentadora, no debemos pasar por alto que las estimaciones del Climate Policy Initiative (2024) sitúan las necesidades reales en 4.3 billones de dólares anuales. Esta brecha abismal deja en evidencia que seguimos respondiendo con soluciones parciales mientras el calentamiento global avanza implacable. Si bien estos recursos son un paso adelante, la clave será su movilización efectiva y equitativa, evitando que la burocracia y la ineficiencia diluyan su impacto. 

El Fondo de Pérdidas y Daños, una de las victorias más celebradas de la COP29, tiene el potencial de marcar un antes y un después para los países más vulnerables. Pero el éxito dependerá de su implementación. El caso del Fondo Verde para el Clima nos recuerda que los recursos prometidos pueden quedarse en el limbo si no hay gobernanza clara ni mecanismos transparentes. Más que movilizar fondos, el verdadero reto es asegurarse de que lleguen a quienes más los necesitan, como las comunidades insulares y las regiones del Amazonas, donde los efectos del cambio climático ya son devastadores.

En el ámbito de los mercados de carbono, Bakú avanzó con la regulación del comercio global de créditos, bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. Si bien un mercado bien estructurado podría movilizar inversiones significativas hacia proyectos sostenibles, hay un riesgo latente: el “lavado verde” o greenwashing, donde las empresas maquillan sus emisiones reales con créditos de dudosa calidad. Países como Suiza y Ghana ya han implementado acuerdos bilaterales que priorizan la integridad ambiental; este enfoque debería servir como modelo para evitar que los mercados de carbono pierdan credibilidad.

No basta con identificar las carencias de los acuerdos climáticos. Debemos reflexionar sobre cómo convertir estas promesas en acciones reales. Tres pilares resultan esenciales: transparencia, para garantizar que los recursos lleguen a su destino; rendición de cuentas, para evaluar los avances con métricas claras; y voluntad política, sin la cual cualquier compromiso será inútil. Un ejemplo claro es el caso de Dinamarca, que ha integrado los acuerdos climáticos internacionales en su legislación nacional, asegurando metas vinculantes y resultados concretos.

Estamos ante una oportunidad única. Bakú podría ser recordado como el punto de inflexión en la lucha climática, pero solo si asumimos la responsabilidad de implementar sus acuerdos con urgencia y eficacia. Esto requiere un esfuerzo colectivo que involucre a gobiernos, empresas y ciudadanos.

¿Será Bakú el inicio del cambio real o solo otro hito de buenas intenciones? Dependerá de nuestra capacidad para exigir más, actuar con rapidez y pensar a largo plazo. La crisis climática no nos permitirá fallar, y la historia no perdonará la inacción.