Democracias a la deriva y ciudadanía ausente

Por Wens Silvestre

Desde inicios del siglo XXI, pero con especial intensidad en el último quinquenio, las democracias del mundo han enfrentado una creciente erosión. Autocracias electas, liderazgos populistas, manipulación de información mediante tecnologías digitales y polarización social han debilitado los fundamentos del gobierno representativo. Informes como los de Freedom House, V-Dem y The Economist Democracy Index coinciden: hay más retrocesos que avances. Y lo más preocupante es que estos procesos no solo se dan en regímenes frágiles, sino en democracias consolidadas como Estados Unidos, Israel, India y Brasil.

En este escenario global, la apatía ciudadana y el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios entre el poder y la población explican, en parte, por qué se eligen líderes autoritarios, ineficientes o corruptos. No es solo un fracaso de las élites; es también una falla colectiva de la ciudadanía global por no asumir un rol activo y deliberativo. 

En el caso peruano, la crisis democrática ha sido aún más aguda. Entre 2016 y 2025, el país ha tenido seis presidentes en menos de diez años, y un Congreso que, lejos de representar al pueblo, ha actuado como un órgano de blindaje, cooptación institucional y producción legislativa arbitraria.

El Congreso ha utilizado su poder para aprobar leyes por insistencia, incluso contra la opinión técnica del Ejecutivo y de organismos autónomos. Se ha fortalecido su control indirecto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y ha intentado socavar la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, ha promovido leyes abiertamente inconstitucionales o regresivas: la contrarreforma universitaria, la eliminación de detención preliminar, leyes punitivas contra adolescentes, restricciones al referéndum y leyes anti-ONG.

Lo más alarmante es que este copamiento se ha hecho sin una ciudadanía vigilante ni activa. La pasividad ha sido funcional al deterioro democrático.

¿Y el ciudadano? ¿Elector o cómplice?

La última encuesta de Datum (junio 2025) revela un dato estructuralmente preocupante: el 63 % de peruanos no simpatiza con ningún partido político y el 68 % prefiere votar por partidos nuevos (Congreso) antes que conocidos. Aunque esto refleja una legítima desilusión, también denota una ciudadanía que no ha desarrollado criterios sólidos de deliberación ni exigencia institucional.

Ø  El 53 % de encuestados prefiere un candidato "nuevo" en política frente a uno con experiencia (38%), incluso si eso implica mayor improvisación.

Ø  El 70 % decide su voto evaluando tanto al candidato como al partido, pero el 15 % lo hace solo por el candidato, sin importar el grupo que lo respalde.

Ø  Los atributos más valorados para el próximo presidente son sus propuestas (39 %) y su experiencia laboral (22 %), mientras que solo el 12% valora su trayectoria política.

La consecuencia es que figuras mediáticas o antisistema ganan protagonismo: Carlos Álvarez lidera la simpatía con 39 %, seguido por López Aliaga (29 %) y Yonhy Lescano (22 %). Paradójicamente, muchos de estos candidatos no tienen un proyecto institucional serio, y algunos acumulan altos niveles de rechazo (más del 30 % en varios casos).

Opciones rumbo a 2026: ¿refundar o repetir?

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 con un ecosistema político devastado:

Ø  Los partidos tradicionales han perdido arraigo y credibilidad.

Ø  El Congreso continúa aprobando normas que debilitan la democracia y los derechos fundamentales.

Ø  El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido cómplice por omisión o conveniencia, prefiriendo sobrevivir al costo de abdicar del control constitucional.

Sin embargo, la encuesta de Datum también muestra que la ciudadanía quiere un cambio: exige seguridad (46 %), economía (41 %), y lucha contra la corrupción (39 %) como prioridades para el próximo gobierno. El problema es que no encuentra a quién confiarle esa tarea.

O elegimos mejor, o dejamos de ser democracia

Las democracias no mueren de un golpe. Mueren de apatía, improvisación y elecciones sin memoria. El Perú es hoy un espejo de lo que ocurre a nivel global: la democracia está siendo vaciada desde dentro, no solo por los políticos, sino también por una ciudadanía que elige sin evaluar, que vota sin exigir, que observa sin participar.

Si 2026 se convierte en una repetición de los errores del pasado —eligiendo figuras sin equipos, partidos sin principios o candidatos sin trayectoria ni visión de país— entonces el país seguirá descendiendo en su espiral autoritaria. La oportunidad aún existe. Pero no es tarea solo de los políticos. Es, sobre todo, tarea de los ciudadanos.

El populismo previsional amenaza el futuro del país

Por Wens Silvestre

A pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó la Ley 32123, que prohíbe nuevos retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y establece una reforma integral del sistema previsional, el Congreso de la República ha optado nuevamente por ignorar la evidencia técnica y ceder a la presión populista. Al 26 de mayo de 2025, ya se han presentado 25 proyectos de ley que buscan permitir un octavo retiro de fondos previsionales, siendo 16 de ellos idénticos en el pedido: autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas administradas por las AFP.

Uno de los más recientes incluso propone que ese retiro se efectúe en tiempo récord -en apenas 30 días- y amplía el alcance al retiro total del 100% de fondos para personas diagnosticadas con enfermedades graves o condiciones patológicas avanzadas.

En un país con baja cultura previsional y alta informalidad laboral, seguir debilitando el sistema de pensiones no es solo irresponsable: es una amenaza directa al bienestar de millones de peruanos que necesitarán ingresos en la vejez. La justificación política -acceder a recursos inmediatos para aliviar situaciones personales- es comprensible, pero el costo estructural de estas decisiones es gigantesco y, peor aún, nadie lo está calculando seriamente.

Las propuestas actuales carecen de estudios actuariales, análisis costo-beneficio, y ni siquiera proyectan el impacto fiscal de mediano plazo. Se trata de decisiones improvisadas, hechas al calor del oportunismo político, con fines de popularidad y reelección encubierta.

El daño ya está hecho... y empeora, basta con observar el desempeño de la cartera administrada por las AFP para dimensionar el deterioro. Un reciente informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que entre 1999 y 2019, el fondo de pensiones creció sostenidamente, alcanzando cerca de S/ 130 mil millones, lo que representaba aproximadamente el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). Era una cifra saludable que reflejaba el rol clave de las AFP como inversionistas institucionales, canalizando recursos hacia infraestructura, bonos soberanos, empresas, y otros activos productivos. Sin embargo, tras los múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso entre 2020 y 2023, la situación cambió radicalmente. Al cierre de marzo de 2025, la cartera cayó a menos de S/ 107.6 mil millones, representando apenas 9,9% del PBI. Esta es una pérdida de más de la mitad en su participación en la economía nacional en solo seis años. Más allá de los números, esto implica que el Perú ha dejado de tener un motor importante de inversión interna, de estabilización financiera y, sobre todo, de garantía de ingresos para sus adultos mayores. 

La función del sistema previsional es clara: proporcionar una pensión digna a quienes dejan de trabajar. Transformarlo en una cuenta de ahorros para uso libre y sin restricciones lo desnaturaliza completamente. ¿Qué ocurrirá con los millones de afiliados que ya han retirado gran parte o la totalidad de sus fondos? ¿Qué pensión recibirán en 10, 15 o 20 años? ¿Quién asumirá esa carga? La respuesta es clara: el Estado. Es decir, usted, yo, todos los contribuyentes.

La Ley 32123 fue un intento serio, aunque perfectible, de modernizar el sistema. Estableció un esquema multipilar, con aportes obligatorios, componentes solidarios y mecanismos innovadores como la pensión por consumo. También prohibió nuevos retiros no previsionales, precisamente para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta ley ha sido saboteada políticamente antes de consolidarse, y lo más grave es que no hay consecuencias políticas por este saboteo institucional.

Es urgente recuperar la sensatez. La ciudadanía necesita saber que el sistema previsional no puede sobrevivir si cada año el Congreso decide desmantelarlo un poco más. Si de verdad se quiere ayudar a las personas en situaciones de emergencia, existen otras vías más técnicas y focalizadas: autopréstamos previsionales con devolución, fondos solidarios por enfermedad grave, o incluso programas de asistencia directa desde el Tesoro Público. Seguir utilizando los fondos previsionales como un paliativo social solo agrava el problema estructural y profundiza la precariedad del sistema.

Este artículo no es una defensa de las AFP ni del statu quo. El sistema debe mejorar, ser más transparente, más competitivo, y ofrecer mejores pensiones. Pero la solución no es vaciar las cuentas. La solución es construir, no destruir. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones basadas en evidencia y no en encuestas. Necesita legisladores que piensen en el largo plazo, y no en la próxima elección. Necesita ciudadanía que entienda que la vejez también requiere planificación y esfuerzo, no solo promesas. Porque destruir un sistema de pensiones puede tomar una ley. Pero reconstruir la confianza y la sostenibilidad puede tomar una generación entera.

La economía de la reconciliación en un mundo al borde del colapso

Por: Wens Silvestre

Vivimos en un mundo que, pese a su desarrollo tecnológico sin precedentes, parece olvidar los fundamentos más simples y poderosos de la vida: amor, libertad, paz y bien. Estas cuatro palabras, que algunos desdeñan por considerarlas ingenuas, son en realidad las claves perdidas para restaurar un orden mundial justo, sostenible y verdaderamente humano. Hoy, más que nunca, urge recordar que la economía sin ética, la política sin verdad y la libertad sin amor son caminos seguros hacia la destrucción.

En este contexto, la reciente elección del Papa León XIV —Robert Francis Prevost, teólogo austero y pastor de periferias (nacionalizado peruano)— no solo simboliza un cambio de rostro en la Iglesia, sino también una señal del tiempo. Su mensaje inaugural, lleno de humildad y llamado a la unidad, ha sido una ráfaga de aire limpio en un clima geopolítico intoxicado por la guerra, el odio y el cinismo institucional. Mientras los políticos de las naciones se blindan en trincheras ideológicas, este nuevo líder espiritual llama a "construir puentes" con una voz que no busca imponerse, sino sanar.

No obstante, a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han confundido poder con control y libertad con dominio. En nombre de la seguridad o el progreso, se han construido muros, se han endurecido fronteras, se han promovido guerras. Hoy, según el Institute for Economics and Peace (2025), hay más de 50 conflictos armados activos y 114 millones de personas desplazadas por la violencia o el clima. ¿Es este el precio de la modernidad?

Asimismo, la economía —que debería estar al servicio del interés general— ha sido capturada por la lógica del beneficio inmediato. La inversión global en armas superó los 2,2 billones de dólares en 2024 (SIPRI, 2025), mientras más de 820 millones de personas pasan hambre. En este absurdo moral, ¿qué tipo de humanidad estamos modelando? ¿Dónde quedó la economía del bien?

A ello se suma la dimensión ineludible de la crisis climática, que no es una amenaza futura, sino una realidad presente que actúa como multiplicador de pobreza, migraciones forzadas y conflictos sociales. Sequías prolongadas, fenómenos extremos, pérdida de cosechas y desplazamientos masivos están alterando las bases materiales de la vida y restringiendo el horizonte del desarrollo humano. El Banco Mundial estima que más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050 por razones climáticas y podría sumir en la pobreza a 132 millones de personas para 2030. Si no respondemos con visión y justicia ambiental, la sostenibilidad será una quimera.

Por tanto, no habrá paz verdadera ni prosperidad duradera sin un perdón sincero. No me refiero únicamente al perdón individual o confesional, sino un perdón político, estructural, que reconozca errores históricos, pida perdón a los pueblos olvidados, y apuesta por la reconciliación como política pública. En ese sentido, los políticos, especialmente quienes conducen naciones en guerra o sumidas en la desigualdad, deben reconciliarse entre ellos antes de exigir sacrificios a sus pueblos. La rivalidad entre bloques, la lógica de "amigo-enemigo", ha llevado al mundo al borde del abismo. La paz debe dejar de ser un discurso de protocolo para convertirse en un proyecto económico y político viable, basado en la confianza mutua, el diálogo valiente y la reconstrucción de la dignidad general.

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible pensar en una economía sustentada en valores trascendentes: amor por el prójimo, libertad interior, paz social, y bien integral. No se trata de romanticismo, sino de realismo radical. Estudios del Banco Mundial han demostrado que las sociedades con mayor cohesión social y menor desigualdad tienden a tener mayor crecimiento económico sostenible. Y es que donde hay paz sincera, hay inversión; donde hay amor social, hay innovación; donde hay libertad auténtica, florece la creatividad.

Además, amar, en términos políticos, significa poner al ser humano al centro. Liberar, en términos económicos, significa romper con el yugo del miedo, del hambre, de la exclusión. La paz no es la ausencia de balas, sino la presencia de justicia. Y el bien no es un ideal lejano, sino un horizonte que da sentido a cada política pública.

En consecuencia, el Papa León XIV, aunque no sea un actor político tradicional, representa una de las pocas voces globales con autoridad moral suficiente para despertar conciencias. Precisamente por no estar vinculado al poder terrenal, su mensaje tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. Él ha recordado que la historia no está escrita, que aún hay tiempo para la conversión social, y que los liderazgos futuros no se medirán por el PIB ni por el poderío militar, sino por su capacidad para sanar, unir y cuidar. Su mensaje no es solo para católicos, sino para todo ser humano que aún crea en la posibilidad de un mundo reconciliado.

En definitiva, el mundo no necesita más tratados comerciales sin alma ni más pactos militares sin razón. Lo que necesita con urgencia son hombres y mujeres capaces de amar con inteligencia, de liberar sin destruir, de pacificar sin someter y de hacer el bien sin esperar aplausos. Tal vez todo empiece por asumir que las cuatro palabras que cambiaron la historia —amor, libertad, paz y bien— no son solo un ideal, sino la única economía viable para que la humanidad tenga futuro.

Desgobierno y cinismo: la república que se desangra en silencio

Por Wens Silvestre

Nuestro país atraviesa un momento crítico. No es una crisis más en la larga sucesión de inestabilidades que nos han marcado como país. Es una fractura profunda, un desgobierno estructural, una violencia que se ha vuelto sistemática, normalizada, aceptada por omisión. Una nación que se desangra en silencio mientras los políticos -los del Ejecutivo y una mayoría del Congreso- observan desde su burbuja de privilegios, más preocupados por blindar su poder que por defender la vida, la justicia o la esperanza de los peruanos.

La muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz no es una anécdota. Es el síntoma más desgarrador de un Estado que ha cedido su autoridad a las mafias. Secuestrados, asesinados, enterrados en el silencio oficial. El premier Gustavo Adrianzén, lejos de liderar una respuesta decidida, deslizó inicialmente que “no tenía noticia de que el suceso fuera veraz”. ¿Qué mayor prueba de la bancarrota de nuestro sistema de inteligencia? ¿Cómo puede un jefe de gabinete que ignora una masacre nacional seguir en su cargo?

Y mientras tanto, el crimen organizado se fortalece. Las bandas vinculadas a la minería ilegal controlan territorios, financian sicariato, corrompen autoridades locales y extienden sus redes con absoluta impunidad. El REINFO -un registro creado para formalizar la pequeña minería- se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de actividades ilícitas. Una mayoría del Parlamento, lejos de enmendar este desastre, aprobaron en diciembre de 2024 una nueva ampliación del proceso, cediendo una vez más al chantaje de los intereses ilegales disfrazados de “formalización”.

Desde marzo, el gobierno de Dina Boluarte ha acumulado una cadena de escándalos, mentiras y fracasos. El premier Adrianzén mintió descaradamente al Congreso al afirmar que Petroperú se encontraba en vías de recuperación, cuando ya se conocían -aunque no públicamente- las pérdidas por más de US$111 millones en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Qué valor tiene la palabra de un funcionario que falsea cifras frente al Parlamento?

Tampoco es menor la propuesta de obligar a los medios a transmitir propaganda oficial durante estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sugirió modificar la Ley de Radio y Televisión para que los canales cumplan con “una franja informativa” del Ejecutivo. ¿Esto en un país donde la libertad de prensa ha sido clave para destapar escándalos de corrupción e ineficiencia? Esta pretensión es, sin duda, un atentado contra la democracia liberal.

 El Congreso: un reflejo deformado de la ciudadanía

Por su parte, el Parlamento no es menos culpable. Con 2% de aprobación, ha alcanzado mínimos históricos, y no por azar. La desconexión con la ciudadanía es total. Los discursos incendiarios, las alianzas hipócritas con el gobierno, el encubrimiento sistemático de ministros incompetentes o cuestionados, revelan una institución vaciada de propósito. No representan a nadie más que a sí mismos.

Mientras tanto, el país sangra. La inseguridad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Extorsiones, homicidios, toques de queda, zonas enteras controladas por mafias. En vez de presentar reformas estructurales, los poderes del Estado responden con medidas efectistas, declaraciones vacías y una inercia que ofende.

El pueblo, cansado, observa. Marcha. Grita. Pide cambios. Pero nadie escucha. Los gobernantes han optado por la indiferencia, una forma de violencia simbólica que es aún más dolorosa: la de saberse ignorado por quienes juraron defender la patria. Este desgobierno es más que una mala gestión. Es la negación del contrato social. Es el triunfo del cinismo sobre la ética. Es la política reducida al cálculo de la supervivencia en el poder.

Una salida

Desde una perspectiva republicana, el país necesita recuperar el Estado. No uno burocrático e ineficiente, sino uno meritocrático, transparente, con límites al poder y con capacidad de proteger derechos y vidas. Se requiere una reforma política profunda, que elimine el caudillismo y la informalidad partidaria; una reforma del Estado, que recupere la eficiencia sin ceder a la captura corporativa; y un nuevo pacto social, que devuelva a la ciudadanía su voz.

Hoy el Perú no se descompone por falta de leyes, sino por la ausencia de virtudes cívicas. No es la pobreza lo que nos destruye, sino el oportunismo, la cobardía y la mentira institucionalizada.

Censurar al premier es solo un primer paso. Lo que se necesita es un verdadero acto de reparación: rescatar la política del fango en el que ha sido arrojada y devolverla a su noble propósito de servir al bien común. Porque si no se actúa ahora, el Perú no será solo un país fallido: será una promesa traicionada.

 

La emergencia es climática, pero el colapso es político

 Por Wens Silvestre

Ya no son proyecciones, ni escenarios hipotéticos, ni simulaciones de laboratorio. Son datos. Son muertes. Son miles de millones en pérdidas. Es el calor abrasador que azota ciudades. Es el deshielo que arrastra vidas. Es el océano cada vez más caliente que asfixia ecosistemas y altera sistemas climáticos enteros. El 2024 fue el año más cálido jamás registrado. El planeta, oficialmente, ya ha cruzado el umbral de +1,5 °C en promedio global. El Acuerdo de París, hasta ayer un horizonte preventivo, hoy parece un punto de referencia superado.

Y, sin embargo, el negacionismo climático —tanto el burdo como el disfrazado— sigue presente en las cumbres políticas, en los escritorios de decisión y, lo más preocupante, en la mente de líderes que deberían guiar al mundo. En pleno 2025, Donald Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos retirando nuevamente al país del Acuerdo de París y prohibiendo a científicos federales colaborar con el IPCC. No es solo negación: es obstrucción deliberada al conocimiento, al multilateralismo y a la esperanza de un mundo habitable.

La evidencia que desborda la indiferencia

En Europa, según el informe State of the Climate 2024, la temperatura media ha superado los +2,4 °C respecto a la era preindustrial. Más del 30% de los ríos europeos experimentaron inundaciones por encima de sus umbrales críticos. En Svalbard, el verano fue +2,58 °C más cálido que la media histórica. El Mediterráneo registró su temperatura superficial más alta en la historia. Más de 335 personas perdieron la vida solo por eventos extremos en el continente.

A nivel global, el Global Energy Review 2025 de la Agencia Internacional de Energía deja una paradoja brutal: récord de instalaciones renovables (más de 700 GW), pero también récord de emisiones de CO₂ (37,8 Gt). ¿La razón? Seguimos sumando renovables, pero no restamos fósiles. Agregamos lo nuevo sin desmantelar lo viejo. Una transición energética que no desplaza, solo decora.

La política del "mientras tanto"

Mientras la ciencia avanza y la naturaleza responde con creciente violencia, la política global se divide entre el coraje y la conveniencia. En Europa, la narrativa climática está siendo capturada por disputas internas y populismos de corto aliento. En China e India, la velocidad del crecimiento fósil sigue superando a la expansión de las renovables. En América Latina y África, las promesas se estrellan contra realidades presupuestarias y estructuras de poder fósil dependientes.

Y mientras tanto, los líderes negacionistas alimentan una falsa seguridad. Dicen que el cambio climático no es urgente, que la ciencia exagera, que la economía no puede soportar la transición. Pero ¿cuánto cuesta no hacer nada? Según la ONU, el costo de los desastres climáticos superó los 300.000 millones de dólares en 2023. Y sigue creciendo.

Adaptar, mitigar y anticipar: las tres claves de la coherencia climática

La solución existe. Tiene nombre y tiene respaldo técnico. Se llama mitigación, se llama adaptación, se llama cambio estructural. No es retórica. Es planificación urbana con infraestructura verde, donde las ciudades no solo crecen, sino que respiran: techos verdes que reducen el efecto isla de calor, corredores ecológicos que conectan biodiversidad con calidad de vida, calles rediseñadas para peatones y ciclistas antes que para autos. Es gestión integral de residuos, donde la economía circular deja de ser una promesa para convertirse en una práctica masiva: menos vertederos, más compostaje, más reciclaje real, más innovación para evitar que lo desechado termine degradando ecosistemas.

Es abandonar progresivamente el carbón, el gas y el petróleo, no como un acto simbólico, sino con calendarios vinculantes, planes de cierre programado y transición justa para los trabajadores y las regiones dependientes de la industria fósil. Es electrificar la movilidad, no solo en los centros urbanos privilegiados, sino también en zonas rurales, con transporte público eficiente, infraestructura de recarga distribuida y acceso equitativo a tecnologías limpias.

Es reformar los sistemas fiscales para que quien contamina pague más y quien protege reciba incentivos: subsidios a energías limpias en lugar de a combustibles fósiles, impuestos al carbono con criterios redistributivos, y beneficios reales para quienes apuestan por la eficiencia energética, la restauración ecológica o la innovación climática. 

Y, por encima de todo, es reducir desigualdades estructurales, porque el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia. Los más pobres, que menos han contribuido al problema, son quienes más lo sufren. Adaptarse, entonces, no es solo prepararse para el cambio; es garantizar que ninguna comunidad, ningún territorio, ningún niño quede atrás cada vez que una sequía extrema, un huracán o una inundación nos recuerdan que el clima ya cambio.

Adaptar no es rendirse; es prepararse. Mitigar no es un lujo verde; es supervivencia.

El conocimiento acumulado en informes científicos, como los del IPCC, el Copernicus Climate Change Service (C3S) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), no deja espacio a la interpretación ideológica ni al relativismo interesado. Estos documentos no son meras recomendaciones: son el resultado de décadas de observación sistemática, modelos validados, consenso científico global y evidencia empírica replicada. Negarlos o relativizarlos es tan absurdo como negar la gravedad o la circulación del sistema cardiovascular. El clima no negocia, ni espera a que el péndulo político se acomode.

Lo que sí permiten estos informes es actuar con inteligencia estratégica, sentido de justicia y visión de largo plazo. Permiten diseñar políticas públicas basadas en datos, no en ocurrencias ni en cálculos electorales. Nos dicen dónde están los mayores focos de vulnerabilidad, qué sectores deben priorizarse, qué tecnologías están listas para escalarse y qué costos —sociales, financieros, ecológicos— implica no actuar. 

En ese sentido, las políticas climáticas ya no son una cuestión de sensibilidad ambiental o buena voluntad ética, aunque también lo sean. Son la única estrategia racional de supervivencia económica, de sostenibilidad fiscal, de estabilidad geopolítica y de paz social. Negarse a reducir emisiones hoy es comprometer la seguridad alimentaria, energética y sanitaria de mañana. Ignorar la adaptación es dejar indefensas a millones de personas ante el colapso de sus territorios. Postergar la transición justa es sembrar frustración, desempleo estructural y migraciones forzadas que luego alimentan discursos extremistas.

La ciencia ha entregado el mapa. La política tiene que decidir si quiere navegar hacia un futuro habitable o estrellarse contra el muro de su propia ceguera. Y lo más grave: ya no se trata de evitar el impacto, sino de decidir cuán profundo, duradero e injusto queremos que sea.

La urgencia de liderazgos valientes

Lo que falta no es evidencia, sino voluntad. El verdadero déficit climático es de liderazgo. Se necesitan gobiernos capaces de decir verdades incómodas, de asumir costos políticos temporales para evitar colapsos permanentes. Se necesitan medios que dejen de presentar “ambos lados” del debate cuando uno de ellos ya ha sido invalidado por la física, la química y la vida misma. Y se necesita una ciudadanía informada, activa, vigilante.

¿Qué más hace falta para actuar? ¿Un año más caluroso? ¿Un océano más ácido? ¿Otro millón de desplazados por sequías e inundaciones? No deberíamos necesitar más tragedias para entender lo obvio. El planeta ya gritó. La ciencia ya escribió. Ahora, la historia —nuestra historia— espera ser decidida.

Nota: Este artículo refleja la opinión del autor, con base en evidencia científica de los informes “Global Energy Review 2025” de la AIE y “State of the Climate 2024” del C3S.

La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

Inseguridad sin freno, un país sin liderazgo

Por Wens Silvestre

La inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles intolerables. Hoy, vivimos bajo el asedio del crimen organizado, con un Estado paralizado que no solo ha fracasado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que ha permitido el avance del sicariato, las extorsiones y el terrorismo urbano.

Las cifras lo confirman: según Sinadef, el 2024 cerró con 2,057 homicidios, un aumento del 36.6% respecto al 2023, mientras que en lo que va del 2025, hasta el 17 de marzo, ya se han registrado 459 asesinatos. La violencia se ha apoderado de las calles y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y su equipo ministerial ha sido tan deficiente como desesperante. 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, en un violento ataque a su bus, así como la ola de extorsiones a colegios privados y públicos, donde las mafias imponen cuotas a los padres de familia bajo amenaza de explosivos, son apenas los últimos eslabones de un fenómeno que está devorando la tranquilidad de los peruanos. ¿Y qué hace el gobierno? Militarizar las calles y prolongar estados de emergencia ineficaces. 

La realidad es que la política de seguridad ha fracasado. La militarización sin estrategia no resuelve el problema, solo lo posterga. No hay inteligencia operativa, no hay acciones preventivas contundentes, no hay liderazgo. 

El premier Gustavo Adrianzén, en lugar de asumir su responsabilidad y tomar medidas drásticas, ha optado por ser un escudero de ministros inoperantes, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya ineficacia y falta de liderazgo han llevado a que la criminalidad aumente sin control. Mientras el Perú se desangra, Santiváñez viajó al extranjero, evita responder por su pésima gestión y sigue en el cargo con la venia del Ejecutivo. 

Su incapacidad queda en evidencia con la baja ejecución presupuestaria en seguridad del Ministerio del Interior: de los S/ 250.4 millones asignados a inversiones en el 2024, solo ejecutó el 74.5%, dejando S/ 63.8 millones sin gastar, cuando el país necesita patrulleros, tecnología e inteligencia policial para combatir el crimen.

Y no olvidemos el papel de una mayoría en el Congreso, aliada el Ejecutivo. Tardaron más de 1,800 muertos en reunir las firmas para la censura de Santiváñez. Su falta de acción convirtió la inseguridad en un problema de cálculo político, en lugar de un tema de supervivencia nacional. 

Cada vez que el Ejecutivo es confrontado con los fracasos de su gestión, responde con las mismas excusas gastadas: 

✔ "Estamos evaluando medidas" 

✔ "Hemos declarado estado de emergencia"

✔ "La criminalidad es un problema estructural"

✔ "La prensa no nos deja trabajar"

Lo que no dicen es que su falta de liderazgo ha paralizado la lucha contra el crimen. Que sus estados de emergencia no han reducido los homicidios ni las extorsiones. Que, no hay un plan integral de seguridad ciudadana. Y, que sus prioridades están en defender ministros inoperantes en vez de garantizar la vida y tranquilidad de los ciudadanos.

Nuestro país necesita acción inmediata. No basta con discursos y medidas populistas, se requiere una reforma integral en la seguridad del país. 

·         Cambio inmediato del ministro del Interior: Santiváñez ha demostrado ser un fracaso rotundo y su permanencia es una ofensa a los miles de víctimas del crimen organizado. 

·         Reestructuración de la Policía Nacional del Perú (PNP): Sin inteligencia operativa ni tecnología, la lucha contra la delincuencia está perdida. Urge dotar a la PNP de recursos, entrenamiento especializado y una reestructuración profunda. 

·         Coordinación real entre Poderes del Estado: El Ejecutivo, Legislativo y el sistema de justicia deben trabajar juntos en una política de seguridad nacional unificada. Hoy, cada uno actúa por su lado, con resultados casi nulos. 

·         Fin del uso político de la inseguridad: La crisis no puede ser una herramienta electoral ni una excusa para medidas improvisadas. Se requiere liderazgo técnico, no propaganda ni cálculos políticos. 

Nuestro país no puede permitirse más excusas, ni ministros inoperantes, ni gobiernos indolentes. Si este gobierno no actúa ahora, el crimen organizado terminará tomando el control del país, como ya ocurre en Ecuador y México. 

El pueblo peruano exige seguridad, justicia y cambios reales. Es hora de que el gobierno reaccione o se haga a un lado.

Corrupción y crisis climática: El caso peruano desde una perspectiva global

 Por Wens Silvestre

La crisis climática constituye uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo. Sin embargo, un obstáculo crítico, aunque a menudo ignorado, es la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International (TI, 2025), la corrupción no solo socava el desarrollo sostenible, sino que también profundiza la crisis climática, desviando recursos y debilitando políticas fundamentales.

A nivel global, la corrupción afecta particularmente los fondos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático. Se estima que entre 82 y 238 mil millones de dólares anuales se pierden debido a prácticas corruptas en proyectos ambientales (TI, 2025). La falta de transparencia facilita la malversación y el cabildeo indebido, especialmente en países con instituciones débiles o capturadas por intereses privados. 

En este contexto global, Perú enfrenta desafíos aún más complejos. Según el CPI 2024, Perú obtuvo un puntaje de 31 sobre 100, situándose entre los países con una percepción elevada de corrupción. Esta situación tiene consecuencias directas y devastadoras en las políticas climáticas nacionales.

La corrupción en Perú se manifiesta de manera crítica en cuatro dimensiones:

1.    Influencia indebida en la toma de decisiones ambientales: Las industrias extractivas, especialmente mineras y petroleras, ejercen una fuerte presión política y económica que obstaculiza la implementación de regulaciones ambientales y climáticas efectivas. Este tipo de captura regulatoria ha llevado a la aprobación de proyectos con altos costos ambientales, como ha sucedido recurrentemente en la Amazonía peruana.

2.    Malversación de fondos climáticos: Perú muestra serios antecedentes de corrupción en la administración de fondos públicos. Esto representa un riesgo significativo en la gestión de los fondos internacionales destinados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha facilitado la desviación de recursos críticos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

3.    Débil protección ambiental: La corrupción también ha debilitado notablemente la capacidad de fiscalización ambiental. Casos recurrentes de sobornos y colusión entre empresas y autoridades locales han facilitado actividades ilegales como la minería informal y la tala ilegal, agravando los efectos del cambio climático y generando conflictos sociales que erosionan aún más la gobernabilidad.

4.    Amenazas contra activistas ambientales: En Perú, como en otros países con altos niveles de corrupción, los defensores ambientales enfrentan amenazas constantes y violencia física. Esta violencia se ve facilitada por la impunidad generada por un sistema judicial debilitado por la corrupción, que desprotege a los activistas ambientales e indígenas que defienden sus territorios.

Para enfrentar estos desafíos, nuestro país necesita urgentemente priorizar la lucha contra la corrupción como eje central de sus políticas climáticas. Se requieren medidas concretas que incluyan la creación de mecanismos transparentes para el manejo de fondos ambientales, la implementación efectiva de registros de cabildeo, fortalecimiento de sistemas anticorrupción independientes y mecanismos de rendición de cuentas claros que involucren activamente a las comunidades locales.

En síntesis, mientras el mundo lidia con la crisis climática, Perú debe entender que combatir la corrupción es esencial no solo para su desarrollo económico y social, sino también para su supervivencia ambiental. La lucha contra la corrupción debe ser integral y decidida si se busca proteger efectivamente a las generaciones futuras de los devastadores efectos del cambio climático.

Referencias:

Transparency International (2025). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.

Disponible en:

https://images.transparencycdn.org/images/Report-CPI-2024-English.pdf

Un huésped peligroso en la Casa Blanca

Por Wens Silvestre

La política estadounidense ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia, pero pocas veces ha estado tan expuesta a la irracionalidad, la impulsividad y el populismo extremo como bajo la administración de Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca ha significado un golpe a la estabilidad global, a las relaciones con los aliados históricos de Estados Unidos y a la economía mundial, colocando al país en una espiral de proteccionismo destructivo, aislamiento diplomático y vulnerabilidad estratégica.

Este nuevo periodo de gobierno no solo reafirma su tendencia a la desinformación y la manipulación, sino que, además, su gestión errática y caótica está debilitando a Estados Unidos desde dentro mientras fortalece a sus principales adversarios: Rusia, China y otros regímenes autoritarios.

Para empezar, uno de los pilares de la política económica de Trump ha sido el anuncio de la imposición de aranceles descontrolados a socios comerciales clave como México, Canadá y China. Con su decisión de aplicar un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses (probablemente en vigencia a partir de marzo) y un 10% a las chinas, el presidente ha desatado una guerra comercial innecesaria que, lejos de beneficiar a EE.UU., está encareciendo los bienes de consumo, afectando la competitividad de las empresas estadounidenses y disparando la inflación.

El mismo Wall Street Journal advierte que estas medidas están creando una crisis en las cadenas de suministro, aumentando los costos de producción en sectores clave como la industria automotriz y la manufactura. La teoría de que estos aranceles impulsarán la reindustrialización estadounidense es una falacia: las empresas no pueden simplemente trasladar sus fábricas de la noche a la mañana, y las alternativas son demasiado costosas en términos de tiempo y capital.

Como consecuencia, el resultado será un golpe directo al bolsillo de los consumidores estadounidenses, que verán precios más altos en productos básicos, mientras la inflación sigue presionando la economía.

Por otro lado, más preocupante aún es la nueva doctrina de política exterior de Trump, que mina la seguridad nacional de EE.UU. y traiciona a sus aliados históricos. Su deseo de reintegrar a Rusia en el G7, su insistencia en negociar unilateralmente la paz en Ucrania (imponiendo condiciones favorables a Putin) y su estrategia de confrontación con la OTAN han generado una ruptura en la confianza internacional en Estados Unidos.

El hecho de que Trump haya calificado a Zelensky de “dictador” y haya sugerido que Ucrania debe aceptar las condiciones de paz impuestas por EE.UU. y Rusia, demuestra su desprecio por la soberanía de un país invadido y su predisposición a complacer a Putin. En lugar de reforzar el liderazgo estadounidense en la seguridad global, está cediendo terreno a los autoritarismos que buscan debilitar el orden internacional.

En cuanto a China, sus amenazas de imponer aranceles del 150% a los países BRICS y cortar relaciones comerciales con ellos, son una demostración de ignorancia económica. Los BRICS representan una parte fundamental del comercio global, y una ruptura con ellos significaría un colapso en las exportaciones agrícolas estadounidenses, un encarecimiento extremo de la energía y la exclusión de EE.UU. de mercados clave.

Si Trump realmente estuviera interesado en el bienestar económico de su país, buscaría acuerdos estratégicos en lugar de aplicar medidas extremas que solo aíslan a EE.UU.

En el ámbito institucional, más allá de la economía y la política exterior, Trump ha dado pasos peligrosos en la erosión de las instituciones democráticas. Su decisión de suspender la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que evita que empresas estadounidenses sobornen a funcionarios de otros países, envía un mensaje de impunidad a las corporaciones y refuerza la corrupción global.

Con esta medida, Trump no solo destruye años de lucha anticorrupción en el mundo, sino que también debilita la credibilidad de EE.UU. como defensor de la transparencia y la ética en los negocios internacionales.

A esto se suma su insistencia en desmantelar el Estado federal, promoviendo despidos masivos en la administración pública bajo la excusa de la “eficiencia gubernamental”, mientras otorga poderes a multimillonarios como Elon Musk para reestructurar el aparato estatal.

Este enfoque autoritario pone en peligro los servicios públicos esenciales y genera un modelo de gobierno basado en el caos, la corrupción y el nepotismo, con decisiones tomadas por capricho en lugar de políticas fundamentadas.

Aún más preocupante, uno de los aspectos más alarmantes de la presidencia de Trump es su impulsividad y falta de previsión estratégica. Un líder con acceso al arsenal nuclear de EE.UU., que se deja guiar por emociones y decisiones improvisadas, representa una amenaza real para la estabilidad mundial.

Sus ataques a la OTAN, su retórica agresiva y su desprecio por el multilateralismo podrían desencadenar conflictos innecesarios o debilitar alianzas estratégicas en un momento donde las tensiones globales están en su punto más alto.

Las acciones impredecibles de Trump crean un escenario donde aliados históricos como Europa buscan independizarse de EE.UU. en materia de defensa, mientras adversarios como Rusia y China capitalizan el vacío de liderazgo estadounidense.

En síntesis, Donald Trump no es solo un presidente populista. Es un líder desconectado de la realidad, guiado por su ego y carente de visión estratégica. Sus políticas económicas son irracionales y dañinas para su propio país, sus acciones en política exterior traicionan a sus aliados y fortalecen a regímenes autoritarios, y su desprecio por las instituciones pone en riesgo el futuro de la democracia estadounidense.

Cada día que pasa, su presencia en la Casa Blanca se convierte en un peligro latente no solo para EE.UU., sino para el mundo entero. Su legado, lejos de hacer a América “grande otra vez”, está dejando una nación más aislada, vulnerable y debilitada en el escenario internacional.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que el liderazgo irresponsable siempre tiene un alto costo. Y en el caso de Trump, ese costo podría ser el colapso del orden global tal como lo conocemos. ¿Cuánto más puede resistir el mundo las consecuencias de un liderazgo impulsivo y destructivo antes de que el daño sea irreparable?

Trump y su guerra comercial contra sus vecinos

Por Wens Silvestre 

La decisión del presidente Donald Trump de lanzar una ofensiva comercial contra México y Canadá, sus socios más cercanos, imponiendo aranceles del 25% a sus productos y del 10% a China, es un acto de irresponsabilidad económica y geopolítica que desafía toda lógica racional. En un mundo interconectado, donde las cadenas de suministro son fundamentales para la competitividad de cualquier nación, iniciar una guerra comercial sin una estrategia clara es más un ejercicio de estupidez que de protección económica. 

Lo paradójico es que esta embestida no solo dañará a México y Canadá, sino que Estados Unidos será el primer país en sentir los efectos negativos. Lejos de fortalecer su industria, Trump ha encendido una bomba de tiempo que traerá inflación, pérdida de empleos y debilitamiento del liderazgo global de EE.UU. ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan errónea? La respuesta no está en la economía ni en la política comercial, sino en la psicología de Trump: el narcisismo, la obsesión por el poder y una percepción errónea de la realidad han convertido su segundo mandato en una receta para el desastre. 

México y Canadá no solo son los principales socios comerciales de EE.UU., sino que también forman parte de una economía norteamericana interdependiente. Las industrias manufactureras de los tres países están tan integradas que imponer aranceles del 25% es un golpe directo a las empresas estadounidenses, que dependen de insumos y productos intermedios provenientes de estos países.

- Más del 75% de los vehículos ensamblados en México y Canadá contienen partes estadounidenses. Encarecer esas piezas hará que los autos fabricados en EE.UU. sean menos competitivos y más caros para los consumidores, afectando seriamente al sector automotriz.

- El comercio con México y Canadá no solo implica manufactura; EE.UU. importa alimentos, medicamentos y materias primas esenciales de sus vecinos. Los costos más altos de importación se trasladarán a los consumidores, aumentando la presión inflacionaria.

- Canadá y México ya han anunciado que responderán con aranceles a productos estadounidenses. Esto golpeará a los agricultores y exportadores de EE.UU., que dependen de estos mercados.

En lugar de proteger la economía estadounidense, Trump está saboteándola desde dentro.

Curiosamente, el arancel a China es solo del 10%, una medida mucho menos agresiva que contra México y Canadá. Esto sugiere que, pese a su retórica contra Beijing, Trump sabe que cortar la dependencia de productos chinos es más complicado que destruir la relación con sus vecinos.

- Aunque Trump intenta forzar a las empresas a trasladar su producción fuera de China, la realidad es que los costos y la capacidad de producción en el país asiático siguen siendo esenciales para sectores como la tecnología y la industria farmacéutica, por tanto, EE.UU. sigue dependiendo de la manufactura china.

- Beijing no se quedará de brazos cruzados, aunque anunció acudir a la OMC, puede tomar represalias contra empresas estadounidenses o limitar la exportación de materias primas clave, como tierras raras, utilizadas en tecnología avanzada y defensa.

- Mientras EE.UU. se pelea con sus socios, China fortalece sus lazos con la Unión Europea, el Sudeste Asiático y América Latina, erosionando aún más la influencia de Washington en el comercio global.

Si la intención de Trump era debilitar a China, su estrategia es demasiado tibia y mal diseñada. En cambio, lo único que ha logrado es aislar a EE.UU. de sus aliados y fragmentar el comercio global sin ningún beneficio claro.

EE.UU. se aísla y pierde liderazgo

Más allá del daño económico, la guerra comercial contra México y Canadá socava la posición de Estados Unidos en el escenario mundial.

- México y Canadá han sido aliados históricos de EE.UU. Iniciar un conflicto comercial sin una razón válida envía un mensaje de que Trump está dispuesto a traicionar a sus socios más cercanos, esto implica una pérdida de confianza entre aliados.

- La OMC ya está recibiendo denuncias sobre la legalidad de estos aranceles. Si EE.UU. sigue ignorando las reglas del comercio global, otros países podrían hacer lo mismo, generando una fragmentación del sistema comercial que beneficiará a economías emergentes y reducirá el peso de Washington en las decisiones globales. La crisis en el sistema multilateral se agudizará.

- Mientras Trump aleja a sus aliados, China se posiciona como un socio comercial más confiable. Si México y Canadá buscan diversificar su comercio para no depender de EE.UU., Beijing será el principal beneficiado. Sin duda.

La estrategia de Trump no tiene ninguna ganancia diplomática. Al contrario, debilita su liderazgo y crea una oportunidad para que otras potencias reemplacen a EE.UU. en el comercio internacional.

¿Por qué Trump toma decisiones tan destructivas?

Para entender por qué Trump insiste en políticas autodestructivas, hay que analizar su perfil psicológico.

- Trump no tolera la crítica ni la oposición. Su guerra comercial no responde a una estrategia racional, sino a un impulso de demostrar poder sin importar las consecuencias.

- Trump no piensa en el futuro de EE.UU., sino en cómo sus acciones afectan su imagen política a corto plazo. Prefiere imponer aranceles hoy para vender una falsa narrativa de "protección nacional", aunque el costo a largo plazo sea catastrófico.

- Trump cree que el comercio internacional es un juego de suma cero, donde un país solo gana si el otro pierde. No entiende que EE.UU. depende de sus socios comerciales tanto como ellos dependen de EE.UU. hay un claro desconocimiento de los principios básicos de la economía.

- Trump ha construido un discurso de "América Primero" basado en la idea de que EE.UU. puede prosperar solo. Pero, en la era de la globalización, un país no puede ser económicamente fuerte aislándose del mundo.

Su toma de decisiones no responde a un análisis económico sólido, sino a impulsos emocionales y una necesidad patológica de reafirmar su poder.

En síntesis, la ofensiva arancelaria de Trump contra México y Canadá no tiene sentido económico, político ni estratégico. En lugar de fortalecer a EE.UU., sus medidas provocarán inflación, pérdida de empleos y de confianza en su política exterior.

- Los aranceles afectan más a las empresas y consumidores estadounidenses que a los países sancionados.

- China es el gran beneficiado de la fractura comercial de EE.UU. con sus aliados.

- México y Canadá no se quedarán de brazos cruzados y podrían buscar nuevos socios, debilitando aún más a EE.UU. 

- El liderazgo global de EE.UU. se erosiona, mientras Trump refuerza su imagen de "traidor" ante sus propios aliados.

Lo más preocupante no es la política en sí, sino la falta de racionalidad y estrategia detrás de estas decisiones. La administración de Trump no solo está jugando con la estabilidad económica de EE.UU., sino con su posición en el mundo.

Si su primer mandato estuvo marcado por la improvisación y el caos, su segundo mandato parece definido por un proteccionismo irracional que acelerará el declive de EE.UU. como potencia económica global.