La Cumbre de Impacto de la IA en India 2026

Por Wens Silvestre

La Cumbre de Impacto de la IA en India 2026 cerró su semana ampliada el 21 de febrero con un logro diplomático que, en el tablero internacional, no es menor: una Declaración de Nueva Delhi sobre Impacto de la IA respaldada por 91 países y organizaciones. Sin embargo, el mismo cierre que celebra cooperación y bienestar deja al descubierto el límite central del encuentro: la arquitectura del impacto se diseñó como cooperación voluntaria, no como obligación pública.

La paradoja es nítida. India reunió a líderes políticos y a quienes hoy dirigen el desarrollo de la IA —Altman, Hassabis, Pichai, entre otros— y logró ordenar el debate en “chakras” comprensibles: recursos, confianza, ciencia, capital humano, eficiencia, inclusión y bien social. Pero la cumbre evitó un chakra decisivo para cualquier democracia que se tome en serio el progreso: IA para decisiones públicas trazables y para la lucha anticorrupción, es decir, IA para integridad del Estado.

Lo más valioso del cierre no fue la retórica, sino el paquete de instrumentos que la Declaración enumera: una carta para ampliar acceso a recursos básicos de IA, una plataforma para replicar casos de uso, un repositorio técnico de confianza, una red para ciencia, una plataforma de empoderamiento social, una guía para capacidades laborales y principios de eficiencia y resiliencia.

Eso suena técnico, pero es política pura: la cumbre apostó por una gobernanza “por infraestructuras compartidas” (repositorios, guías y plataformas) más que por tratados. Y ahí aparece el talón de Aquiles: el propio documento repite que varios de esos marcos son “voluntarios y no vinculantes”. En otras palabras: se construyó un andamiaje para cooperar… sin herramientas para exigir.

La cumbre también fue una fotografía del nuevo consenso industrial: democratizar el acceso, acelerar la adopción y, al mismo tiempo, prometer seguridad. Nadie quiere quedar como el freno; nadie quiere cargar con el próximo accidente.

Pichai: infraestructura y brecha como amenaza política

Sundar Pichai puso la tesis más ambiciosa —y más conveniente para un gigante de infraestructura digital— cuando afirmó: “Es el mayor cambio de plataforma de nuestras vidas” (traducción del original en inglés). Pero su frase más política fue otra: “No podemos permitir que la brecha digital se convierta en una brecha de IA” (traducción del original en inglés).

Ahí está el corazón “gente–planeta–progreso” en clave de poder: si la IA es el nuevo sistema operativo del mundo, el riesgo mayor no es solo técnico; es geográfico y social. El mensaje de Pichai fue claro: sin cómputo, conectividad y confianza, el Sur global no “adopta” la IA; la padece.

Altman: democratizar… pero con regulación urgente

Sam Altman defendió el mismo horizonte de acceso, pero con una advertencia doble. Dijo: “La democratización de la IA es la mejor manera de asegurar que la humanidad florezca” y, a la vez: “Necesitamos regulación, con urgencia, como con otras tecnologías poderosas” (traducciones del original en inglés).

Este doble movimiento —abrir y regular— es coherente si se lo lee como geopolítica: abrir para que el poder no se concentre en pocos, y regular para que nadie pague el costo social de una catástrofe prevenible. Pero también es una confesión: la industria sabe que sin Estado (o sin coordinación internacional efectiva) el “impacto” puede convertirse en “daño”.

Hassabis: el riesgo no es abstracto, es uso indebido y autonomía

Demis Hassabis, más que vender un destino, describió una frontera: la del uso indebido y la autonomía creciente. En un tramo muy citado, advirtió: “A medida que los sistemas se vuelven más autónomos y más independientes, serán más útiles… pero también tendrán más potencial de riesgo y de hacer cosas que quizá no pretendíamos cuando los diseñamos” (traducción del original en inglés).

Y cuando el foco fue la seguridad, puso nombre a los peligros concretos: “Tenemos que preocuparnos por riesgos biológicos y cibernéticos en IA muy pronto… y asegurarnos de que las defensas sean más fuertes que los ataques” (traducción del original en inglés). El punto es decisivo para la agenda pública: el riesgo no llega solo por “modelos malvados”, sino por sistemas útiles que, por diseño, actúan con más independencia. En el mundo real, esa independencia choca con normas, incentivos… y corrupción.

Amodei: el examen real es la difusión… y un Estado capaz

Dario Amodei bajó el debate al terreno donde la tecnología suele fracasar: implementación y distribución de beneficios. En una frase que sintetiza la apuesta por el Sur global, afirmó: “La IA tiene grandes riesgos y grandes beneficios, pero aquí la ganancia puede ser incluso mayor que en otros lugares” (traducción del original en inglés).

La trampa está en la condición: difusión institucional, no solo demostraciones. Incluso si la capacidad técnica crece, si la adopción pública ocurre con reglas débiles, la IA puede convertirse en multiplicador de arbitrariedad.

Lo que faltó: cuando “gobernar” no significa integridad

La Declaración enumera siete chakras y llama a cooperación entre múltiples actores. También incluye, de forma explícita, la idea de formar capacidades en el sector público, mencionando el entrenamiento de funcionarios como parte del desarrollo de capital humano. Pero esto es todavía gobierno como aspiración de eficiencia, no como control del poder.

Lo más revelador es lo que no está: al revisar el texto, no aparece referencia a “corrupción”, ni a “contratación pública” (licitaciones), ni a “transparencia” como eje de acción. Y ese silencio no es un detalle: es la ausencia de un chakra que, en muchas democracias, decide si la IA mejora la vida o moderniza redes clientelares.

Porque el Estado no solo “entrega servicios”: compra, licita, prioriza, audita, sanciona, recauda, subsidia, asigna obras. Si la IA entra ahí sin diseño institucional, puede:

·         automatizar sesgos (la corrupción también deja huellas en los datos),

·         legitimar decisiones opacas (“lo dijo el algoritmo”),

·         crear un nuevo mercado de captura: vender “soluciones” como antes se vendían consultorías.

El chakra ausente que debió estar: integridad pública y anticorrupción

Un “octavo chakra” debió llamarse, sin rodeos: integridad pública, transparencia y anticorrupción. Su agenda mínima habría incluido:

·         IA para detectar colusión en compras públicas (patrones de precios, rotación de ganadores, vínculos societarios),

·         IA para trazabilidad de decisiones (por qué se prioriza un distrito, un hospital, una obra),

·         IA para auditoría continua de subsidios y transferencias,

·         y, fundamentalmente, derecho ciudadano de explicación y apelación en decisiones automatizadas.

Sin ese chakra, la cumbre habló mucho de empoderamiento social y poco de empoderamiento cívico: el derecho a mirar dentro del Estado.

De lo voluntario a lo exigible: cómo convertir el “impacto” en deber público

La Declaración repite el carácter voluntario y no vinculante de varias iniciativas. Si India —y los firmantes— quieren que “impacto” no sea solo una consigna, la hoja de ruta debería traducirse en cuatro palancas de política pública:

1.    Ley para sistemas de alto impacto. Obligatoria, con definiciones claras: evaluación previa de impacto, monitoreo, reporte de incidentes, sanciones y prohibiciones específicas.

2.    Contratación pública como mecanismo de cumplimiento. Si el Estado compra IA, debe exigir por contrato: auditorías externas, acceso a registros, pruebas de sesgo y robustez, trazabilidad de datos, cláusulas de apagado y responsabilidad del proveedor.

3.    Registro público y auditoría democrática. Todo sistema usado para asignar recursos, vigilar, puntuar o priorizar personas debe estar registrado, con documentación pública proporcional al riesgo.

4.    Unidad anticorrupción preparada para la era de la IA. No como laboratorio, sino como institución: análisis de redes de contratistas, detección de anomalías, verificación cruzada, cooperación interagencial, y salvaguardas de privacidad y debido proceso.

La cumbre ya tiene plataformas y guías; lo que falta es deber jurídico y control ciudadano. Porque el futuro sostenible de la IA no depende solo de cómputo y talento: depende de si la IA entra al Estado para servir al público… o para modernizar la impunidad.

La Declaración de Nueva Delhi fue un buen inicio. Pero una cumbre de “impacto” será juzgada por su capacidad de nombrar el poder y ponerle límites. Y en 2026, el poder que más urge auditar no es el de la IA: es el de quien la usa para decidir por todos.

Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.

Davos 2026: cuando el mundo deja de fingir y el país debe elegir su autonomía

 Por Wens Silvestre

Davos 2026 no fue una feria de optimismo. Fue, más bien, una confesión colectiva: el orden global que durante décadas funcionó como telón de fondo —ese “orden basado en reglas” al que se apelaba con la fe de quien cree invocar un seguro— ya no opera como se anuncia. La reunión del Foro Económico Mundial (19–23 de enero) lo dejó claro con cuatro conclusiones que, leídas en conjunto, suenan menos a agenda y más a diagnóstico: nuevos acuerdos en un tablero fracturado, un ajuste de cuentas para la humanidad, el diálogo como infraestructura de supervivencia y una política definida por preguntas, no por certezas.

En ese escenario, Perú no puede seguir actuando como si bastara con “portarse bien” para estar a salvo. Eso es, precisamente, lo que Mark Carney —primer ministro canadiense— denunció en su discurso en Davos: el hábito de vivir dentro de una mentira, de repetir rituales y eslóganes sobre reglas y previsibilidad mientras la realidad se convierte en coerción. La frase de Carney es un dardo para los países intermedios, pero también un espejo para economías abiertas como la nuestra: cuando la integración se convierte en vulnerabilidad, la soberanía deja de ser un discurso y se vuelve capacidad.

Davos 2026: cuatro conclusiones, una sola advertencia

La primera conclusión de Davos es incómoda: los acuerdos ya no se tejen sobre confianza estructural sino sobre coaliciones parciales y pragmáticas. La relación transatlántica, la seguridad del Ártico, el comercio y la energía aparecen como capítulos negociables, no como compromisos incondicionales. El multilateralismo no desaparece, pero se transforma: menos instituciones universales, más “geometría variable” —coaliciones por temas, por intereses, por riesgos compartidos.

La segunda conclusión fue un ajuste de cuentas: el mundo entra en una era donde las crisis no son episodios sino régimen. Polarización, fragmentación geoeconómica, deuda, seguridad energética, crisis climática, salud y disrupción tecnológica compiten por prioridad. La pregunta ya no es cuál crisis es “la principal”, sino cómo se gobierna cuando todas ocurren a la vez y, peor aún, cuando la respuesta a una crisis agrava otra.

La tercera conclusión fue casi una súplica: el diálogo no es un lujo, es una necesidad. Davos funcionó como un espacio para desescalar y abrir canales, pero sin la ilusión de que conversar equivale a resolver. Es el tipo de diplomacia que no promete paz; promete, al menos, reducir el margen de error.

La cuarta conclusión fue la más honesta: Davos dejó más preguntas que respuestas. No por evasión, sino porque el mundo vive un cambio de contornos difusos: multipolaridad, militarización del comercio, cadenas de suministro como campo de batalla, inteligencia artificial como infraestructura y como riesgo cultural. En este contexto, gobernar es decidir sin mapa definitivo.

Y ahí aparece el punto decisivo para Perú: en un mundo de “fortalezas”, la neutralidad retórica se vuelve subordinación práctica.

Perú y la tentación del cartel en la ventana

Perú tiene dos socios fundamentales: China y Estados Unidos. Uno domina buena parte de la demanda de minerales y la inversión en infraestructura; el otro es clave en acceso tecnológico, finanzas, cooperación y mercados relevantes para agroexportación. Esto, que en el pasado era una ventaja —ser puente, ser proveedor confiable— en el mundo pos-Davos 2026 puede convertirse en una vulnerabilidad: cuando la integración es arma, la dependencia es un flanco.

Por eso resulta sintomático que el presidente del Consejo de Ministros, Álvarez, haya sugerido que la compra de aviones para la FAP se decidirá en función del “nuevo rol de liderazgo” de Estados Unidos. En una frase se condensa un riesgo estratégico: convertir decisiones de defensa —que deberían seguir criterios operativos, financieros y de soberanía tecnológica— en un gesto de alineamiento geopolítico. No se trata de demonizar a EE. UU. ni de romantizar a China. Se trata de entender lo que Carney advirtió: negociar bilateralmente, desde la necesidad, con una potencia hegemónica, suele ser negociar desde la debilidad. 

La defensa nacional no puede ser un referéndum de “a quién seguimos”. Mucho menos en un país cuya estabilidad interna, gobernanza y legitimidad están bajo presión. En un mundo de incertidumbre, el poder no está en declamar alianzas; está en sostenerlas sin quedar atrapado.

El rol posible de Perú: autonomía activa, no ambigüedad

La pregunta no es si Perú debe elegir entre Washington y Pekín. La pregunta es más dura: ¿Perú quiere capacidad de elección o se resigna a ser elegido por otros?

La postura inteligente —y realista— es la autonomía activa, que exige cuatro movimientos simultáneos:

Diversificación real, no discursiva. Reducir concentración comercial y financiera no implica romper con China o EE. UU., sino ampliar margen: UE, Japón, Corea, India, ASEAN, Medio Oriente. Un país que depende de un solo gran comprador o un solo gran financista no tiene política exterior; tiene administración de dependencia.

Gobernanza de infraestructura crítica como asunto de soberanía. Puertos, energía, telecomunicaciones y data centers deben diseñarse con lógica “multi-proveedor” y reglas robustas: competencia, transparencia, continuidad operativa, cláusulas anticorrupción, capacidades nacionales de mantenimiento. La infraestructura es el nuevo territorio: quien la controla, condiciona.

Minerales críticos con poder estatal y valor agregado. El Perú no puede limitarse a exportar riqueza bruta y esperar respeto. La transición energética global vuelve estratégicos al cobre y otros minerales; pero el recurso no es poder si se acompaña de conflictividad social, baja capacidad regulatoria y nulo escalamiento industrial. La soberanía es cadena de valor, licencia social y Estado competente.

“Geometría variable” en alianzas. Cooperación por temas: seguridad digital con quien ofrezca estándares verificables; transición energética con quien invierta con trazabilidad; defensa con quien garantice interoperabilidad sin dependencia irrestricta; Amazonía con coaliciones regionales y globales. Lo contrario —alineamiento total— es una apuesta que nuestro país no puede pagar.

Esta autonomía activa requiere algo más importante que la diplomacia: construcción de fuerza en casa. Carney lo dijo sin rodeos: ya no basta “la fuerza de los valores”, también cuenta “el valor de la fuerza”. Para Perú eso significa Estado que ejecuta, regula y fiscaliza; instituciones que sostienen contratos; seguridad jurídica no arbitraria; y un pacto social mínimo que reduzca el ciclo de crisis.

Conclusión: el mundo dejó de fingir, Perú debe dejar de improvisar

Davos 2026 dejó una moraleja que los peruanos no podemos ignorar: el viejo orden ya no garantiza estabilidad, y el mundo se reorganiza con una mezcla de miedo, pragmatismo y competencia. En ese contexto, seguir repitiendo mantras sobre reglas mientras se toman decisiones estratégicas por impulso geopolítico es poner el cartel en la ventana.

Perú no está condenado a ser satélite. Tiene activos reales: ubicación, recursos, biodiversidad, mercado exportador dinámico y potencial logístico. Pero esos activos solo se convierten en poder si se transforman en capacidad de negociación, en instituciones confiables y en una estrategia que entienda la nueva realidad: no se trata de vivir esperando el mundo que deseamos, sino de actuar en el mundo que existe.

Y en el mundo que existe —como quedó claro en Davos— la soberanía no se declama: se diseña.