Por Wens Silvestre
Durante
décadas, Estados Unidos fue algo más que la principal potencia militar y
económica del planeta. Fue, sobre todo, el arquitecto de un orden internacional
que —con todas sus imperfecciones— se sostenía en reglas, alianzas estables y
cierta previsibilidad. Hoy, a la luz del patrón de decisiones adoptadas por el
presidente Donald Trump, esa condición aparece seriamente erosionada.
El problema no es un episodio aislado ni una política dura en sí misma. El problema es el patrón. Presión transaccional sobre aliados, condicionalidad del apoyo estratégico, uso de la coerción económica y militar como herramienta habitual de negociación y una creciente personalización del poder. Bajo esta lógica, la política exterior deja de ser una arquitectura compartida y se convierte en una sucesión de hechos consumados, donde la fuerza y la amenaza sustituyen a las normas.
La
intervención en Venezuela y el intento de convertir el petróleo en instrumento
de tutela política no solo vulneran la soberanía de un país débil. Envían,
además, un mensaje inquietante al resto del mundo. La soberanía deja de ser un
principio y pasa a convertirse en una variable negociable. Las presiones a
países de América Latina, las amenazas explícitas o implícitas a quienes se
resisten a alinearse y la extensión de esta lógica a escenarios tan sensibles
como Groenlandia refuerzan la idea de que el poder estadounidense se ejerce
cada vez menos con legitimidad y cada vez más con intimidación.
En
Europa, el daño es más silencioso, pero igualmente profundo. Condicionar la
defensa colectiva de la OTAN a cálculos de gasto, introducir dudas sobre
compromisos históricos y tratar la seguridad como un contrato renegociable
debilita la credibilidad del principal sistema de disuasión del mundo. No se
trata únicamente de exigir mayor responsabilidad a los aliados, sino de poner
precio a la protección, con el consiguiente incentivo para que rivales prueben
los límites y aliados busquen salidas autónomas.
El
caso de Ucrania resume la contradicción central del momento. Por un lado, apoyo
estratégico. Por otro, un respaldo condicionado y colateralizado por intereses
económicos. Cuando la seguridad de un país agredido se vincula a concesiones
sobre activos estratégicos, la solidaridad deja de ser un principio y pasa a
ser una transacción. Esa ambigüedad no fortalece la paz, la debilita.
Así,
Estados Unidos no aparece hoy como un país en declive material. Sigue siendo
una potencia formidable. Sin embargo, emerge cada vez más como una fuente de
incertidumbre global. Ha comenzado a perder su ventaja estratégica más
importante, la confianza. Los aliados dudan, los mercados incorporan primas
de riesgo y los Estados más pequeños actúan defensivamente ante la posibilidad
de coerción. El liderazgo por consenso se transforma en dominio por imposición
y el orden por reglas cede frente a una geopolítica de fuerza.
La
paradoja es evidente. Un Estado que parece más fuerte en la decisión inmediata
se vuelve más frágil en el largo plazo. El poder que no se legitima genera
resistencia, fragmenta alianzas y multiplica los riesgos de errores de cálculo.
Y cuando la principal potencia del sistema internacional opera bajo esta
lógica, el resultado no es mayor seguridad, sino un mundo más inestable, más
desconfiado y más peligroso.
Estados
Unidos no deja de ser poderoso. Lo que pierde es su condición de referente. Y
esa transformación, más que cualquier adversario externo, se ha convertido en
uno de los mayores riesgos contemporáneos para la paz global.
