Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.

Davos 2026: cuando el mundo deja de fingir y el país debe elegir su autonomía

 Por Wens Silvestre

Davos 2026 no fue una feria de optimismo. Fue, más bien, una confesión colectiva: el orden global que durante décadas funcionó como telón de fondo —ese “orden basado en reglas” al que se apelaba con la fe de quien cree invocar un seguro— ya no opera como se anuncia. La reunión del Foro Económico Mundial (19–23 de enero) lo dejó claro con cuatro conclusiones que, leídas en conjunto, suenan menos a agenda y más a diagnóstico: nuevos acuerdos en un tablero fracturado, un ajuste de cuentas para la humanidad, el diálogo como infraestructura de supervivencia y una política definida por preguntas, no por certezas.

En ese escenario, Perú no puede seguir actuando como si bastara con “portarse bien” para estar a salvo. Eso es, precisamente, lo que Mark Carney —primer ministro canadiense— denunció en su discurso en Davos: el hábito de vivir dentro de una mentira, de repetir rituales y eslóganes sobre reglas y previsibilidad mientras la realidad se convierte en coerción. La frase de Carney es un dardo para los países intermedios, pero también un espejo para economías abiertas como la nuestra: cuando la integración se convierte en vulnerabilidad, la soberanía deja de ser un discurso y se vuelve capacidad.

Davos 2026: cuatro conclusiones, una sola advertencia

La primera conclusión de Davos es incómoda: los acuerdos ya no se tejen sobre confianza estructural sino sobre coaliciones parciales y pragmáticas. La relación transatlántica, la seguridad del Ártico, el comercio y la energía aparecen como capítulos negociables, no como compromisos incondicionales. El multilateralismo no desaparece, pero se transforma: menos instituciones universales, más “geometría variable” —coaliciones por temas, por intereses, por riesgos compartidos.

La segunda conclusión fue un ajuste de cuentas: el mundo entra en una era donde las crisis no son episodios sino régimen. Polarización, fragmentación geoeconómica, deuda, seguridad energética, crisis climática, salud y disrupción tecnológica compiten por prioridad. La pregunta ya no es cuál crisis es “la principal”, sino cómo se gobierna cuando todas ocurren a la vez y, peor aún, cuando la respuesta a una crisis agrava otra.

La tercera conclusión fue casi una súplica: el diálogo no es un lujo, es una necesidad. Davos funcionó como un espacio para desescalar y abrir canales, pero sin la ilusión de que conversar equivale a resolver. Es el tipo de diplomacia que no promete paz; promete, al menos, reducir el margen de error.

La cuarta conclusión fue la más honesta: Davos dejó más preguntas que respuestas. No por evasión, sino porque el mundo vive un cambio de contornos difusos: multipolaridad, militarización del comercio, cadenas de suministro como campo de batalla, inteligencia artificial como infraestructura y como riesgo cultural. En este contexto, gobernar es decidir sin mapa definitivo.

Y ahí aparece el punto decisivo para Perú: en un mundo de “fortalezas”, la neutralidad retórica se vuelve subordinación práctica.

Perú y la tentación del cartel en la ventana

Perú tiene dos socios fundamentales: China y Estados Unidos. Uno domina buena parte de la demanda de minerales y la inversión en infraestructura; el otro es clave en acceso tecnológico, finanzas, cooperación y mercados relevantes para agroexportación. Esto, que en el pasado era una ventaja —ser puente, ser proveedor confiable— en el mundo pos-Davos 2026 puede convertirse en una vulnerabilidad: cuando la integración es arma, la dependencia es un flanco.

Por eso resulta sintomático que el presidente del Consejo de Ministros, Álvarez, haya sugerido que la compra de aviones para la FAP se decidirá en función del “nuevo rol de liderazgo” de Estados Unidos. En una frase se condensa un riesgo estratégico: convertir decisiones de defensa —que deberían seguir criterios operativos, financieros y de soberanía tecnológica— en un gesto de alineamiento geopolítico. No se trata de demonizar a EE. UU. ni de romantizar a China. Se trata de entender lo que Carney advirtió: negociar bilateralmente, desde la necesidad, con una potencia hegemónica, suele ser negociar desde la debilidad. 

La defensa nacional no puede ser un referéndum de “a quién seguimos”. Mucho menos en un país cuya estabilidad interna, gobernanza y legitimidad están bajo presión. En un mundo de incertidumbre, el poder no está en declamar alianzas; está en sostenerlas sin quedar atrapado.

El rol posible de Perú: autonomía activa, no ambigüedad

La pregunta no es si Perú debe elegir entre Washington y Pekín. La pregunta es más dura: ¿Perú quiere capacidad de elección o se resigna a ser elegido por otros?

La postura inteligente —y realista— es la autonomía activa, que exige cuatro movimientos simultáneos:

Diversificación real, no discursiva. Reducir concentración comercial y financiera no implica romper con China o EE. UU., sino ampliar margen: UE, Japón, Corea, India, ASEAN, Medio Oriente. Un país que depende de un solo gran comprador o un solo gran financista no tiene política exterior; tiene administración de dependencia.

Gobernanza de infraestructura crítica como asunto de soberanía. Puertos, energía, telecomunicaciones y data centers deben diseñarse con lógica “multi-proveedor” y reglas robustas: competencia, transparencia, continuidad operativa, cláusulas anticorrupción, capacidades nacionales de mantenimiento. La infraestructura es el nuevo territorio: quien la controla, condiciona.

Minerales críticos con poder estatal y valor agregado. El Perú no puede limitarse a exportar riqueza bruta y esperar respeto. La transición energética global vuelve estratégicos al cobre y otros minerales; pero el recurso no es poder si se acompaña de conflictividad social, baja capacidad regulatoria y nulo escalamiento industrial. La soberanía es cadena de valor, licencia social y Estado competente.

“Geometría variable” en alianzas. Cooperación por temas: seguridad digital con quien ofrezca estándares verificables; transición energética con quien invierta con trazabilidad; defensa con quien garantice interoperabilidad sin dependencia irrestricta; Amazonía con coaliciones regionales y globales. Lo contrario —alineamiento total— es una apuesta que nuestro país no puede pagar.

Esta autonomía activa requiere algo más importante que la diplomacia: construcción de fuerza en casa. Carney lo dijo sin rodeos: ya no basta “la fuerza de los valores”, también cuenta “el valor de la fuerza”. Para Perú eso significa Estado que ejecuta, regula y fiscaliza; instituciones que sostienen contratos; seguridad jurídica no arbitraria; y un pacto social mínimo que reduzca el ciclo de crisis.

Conclusión: el mundo dejó de fingir, Perú debe dejar de improvisar

Davos 2026 dejó una moraleja que los peruanos no podemos ignorar: el viejo orden ya no garantiza estabilidad, y el mundo se reorganiza con una mezcla de miedo, pragmatismo y competencia. En ese contexto, seguir repitiendo mantras sobre reglas mientras se toman decisiones estratégicas por impulso geopolítico es poner el cartel en la ventana.

Perú no está condenado a ser satélite. Tiene activos reales: ubicación, recursos, biodiversidad, mercado exportador dinámico y potencial logístico. Pero esos activos solo se convierten en poder si se transforman en capacidad de negociación, en instituciones confiables y en una estrategia que entienda la nueva realidad: no se trata de vivir esperando el mundo que deseamos, sino de actuar en el mundo que existe.

Y en el mundo que existe —como quedó claro en Davos— la soberanía no se declama: se diseña.

Presidente de la República José Jerí, perdido en su laberinto

 Por Wens Silvestre

La actual crisis política no es el resultado de una conspiración externa ni de una oposición desestabilizadora; es, ante todo, una crisis autogenerada por quien ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional. José Jerí llegó a Palacio con un mandato estrictamente funcional: evitar el vacío de poder, garantizar la neutralidad del Estado y conducir una transición ordenada hacia las elecciones. Sin embargo, en pocas semanas, ese encargo excepcional se ha visto desnaturalizado por decisiones, gestos y omisiones que han erosionado la confianza pública y colocado al país en un nuevo punto de inestabilidad. 

Desde una perspectiva constitucional, el problema central no es penal ni ideológico, sino funcional. Un presidente por sucesión no gobierna con legitimidad de origen popular, sino con legitimidad condicionada al respeto de límites. Esa condición exige prudencia extrema, autocontención y claridad de rol. Cuando el Jefe del Estado aparece en reuniones no transparentes, ofrece versiones cambiantes, avala o se pliega a medidas de fuerza sectoriales, y recurre reiteradamente a estados de excepción sin rendición de cuentas ni resultados verificables, el problema deja de ser comunicacional y se convierte en institucional.

Un elemento particularmente corrosivo de esta crisis —y quizá el que más ha deteriorado la viabilidad política de la permanencia de José Jerí en el cargo— son las reuniones no oficiales sostenidas con empresarios chinos, fuera de agenda, sin registro institucional y seguidas de explicaciones fragmentarias o contradictorias. En un país marcado por escándalos reiterados de captura del Estado, la sola opacidad de estos encuentros basta para activar todas las alarmas democráticas. No se trata únicamente de determinar si existió o no un ilícito penal; se trata de comprender que un presidente por sucesión constitucional no puede permitirse zonas grises. Cuando el Jefe del Estado se reúne sin transparencia con actores económicos con intereses en el país, la confianza pública se quiebra, aun antes de cualquier pronunciamiento judicial. Para buena parte de la clase política —incluidos sectores que inicialmente respaldaron la transición— este episodio simboliza la pérdida de brújula institucional: un gobierno que debía ser transitorio y aséptico aparece expuesto a sospechas de influencia privada, debilitando su autoridad moral y comprometiendo la neutralidad que la Constitución exige en este tramo excepcional.

En materia de seguridad ciudadana, el contraste es aún más severo. La lucha frontal contra la inseguridad fue presentada como eje central de la transición. No obstante, los datos disponibles muestran un incremento sostenido de la violencia letal, mientras que la respuesta del Ejecutivo ha sido insistir en decretos de emergencia que, lejos de revertir la tendencia, parecen haberse convertido en un recurso reflejo. Gobernar mediante la excepción, sin metas claras ni evaluación pública, no fortalece la autoridad del Estado: la debilita. La autoridad legítima se construye con resultados, reglas claras y responsabilidad política, no con la reiteración de medidas extraordinarias.

A ello se suma una confusión peligrosa entre el rol institucional y la posición personal. Un presidente —y más aún uno que ejerce el cargo por sucesión— no puede actuar como actor de protesta ni alinearse con paros sectoriales. Su deber es mediar, proteger derechos de todos y preservar el orden constitucional. Cuando el árbitro baja a la cancha, el sistema pierde equilibrio. Esta incapacidad para distinguir funciones no es un detalle menor; revela una carencia de sentido de Estado incompatible con la conducción de una transición democrática.

La ética pública añade otra capa al problema. No se trata de afirmar culpabilidades, sino de reconocer que la política democrática se sostiene también en la apariencia de corrección. En contextos frágiles, la sola acumulación de dudas —reuniones opacas, nombramientos cuestionados, decisiones incoherentes— basta para minar la credibilidad del gobierno. Persistir en el cargo sin recomponer esa confianza no es un acto de fortaleza, sino de obstinación.

¿Qué debería decidir José Jerí por el bien del país? Primero, comprender que la transición no es un espacio para ensayar poder, sino para preservar la República. Ello implica optar entre dos caminos: o rectificar de manera inmediata, profunda y verificable —con transparencia total, rendición de cuentas en seguridad, corrección de nombramientos y renuncia expresa a cualquier rol político-partidario—, o dar un paso al costado desde la Presidencia del Congreso, permitiendo que el orden constitucional se recomponga sin más desgaste.

Nuestra historia política reciente demuestra que prolongar crisis por cálculo personal siempre tiene un costo mayor que asumir responsabilidades a tiempo. La salida no pasa por resistir, sino por restablecer límites. En una democracia exhausta, el mayor acto de responsabilidad no es aferrarse al poder, sino reconocer cuándo su ejercicio deja de servir al interés general. Ese es el dilema en el que hoy se encuentra José Jerí, atrapado en su propio laberinto, con la obligación —ética y constitucional— de encontrar una salida que le haga bien al país, no a su permanencia.

Estados Unidos entre el liderazgo perdido y el poder por imposición

Por Wens Silvestre

Durante décadas, Estados Unidos fue algo más que la principal potencia militar y económica del planeta. Fue, sobre todo, el arquitecto de un orden internacional que —con todas sus imperfecciones— se sostenía en reglas, alianzas estables y cierta previsibilidad. Hoy, a la luz del patrón de decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump, esa condición aparece seriamente erosionada.

El problema no es un episodio aislado ni una política dura en sí misma. El problema es el patrón. Presión transaccional sobre aliados, condicionalidad del apoyo estratégico, uso de la coerción económica y militar como herramienta habitual de negociación y una creciente personalización del poder. Bajo esta lógica, la política exterior deja de ser una arquitectura compartida y se convierte en una sucesión de hechos consumados, donde la fuerza y la amenaza sustituyen a las normas.

La intervención en Venezuela y el intento de convertir el petróleo en instrumento de tutela política no solo vulneran la soberanía de un país débil. Envían, además, un mensaje inquietante al resto del mundo. La soberanía deja de ser un principio y pasa a convertirse en una variable negociable. Las presiones a países de América Latina, las amenazas explícitas o implícitas a quienes se resisten a alinearse y la extensión de esta lógica a escenarios tan sensibles como Groenlandia refuerzan la idea de que el poder estadounidense se ejerce cada vez menos con legitimidad y cada vez más con intimidación.

En Europa, el daño es más silencioso, pero igualmente profundo. Condicionar la defensa colectiva de la OTAN a cálculos de gasto, introducir dudas sobre compromisos históricos y tratar la seguridad como un contrato renegociable debilita la credibilidad del principal sistema de disuasión del mundo. No se trata únicamente de exigir mayor responsabilidad a los aliados, sino de poner precio a la protección, con el consiguiente incentivo para que rivales prueben los límites y aliados busquen salidas autónomas.

El caso de Ucrania resume la contradicción central del momento. Por un lado, apoyo estratégico. Por otro, un respaldo condicionado y colateralizado por intereses económicos. Cuando la seguridad de un país agredido se vincula a concesiones sobre activos estratégicos, la solidaridad deja de ser un principio y pasa a ser una transacción. Esa ambigüedad no fortalece la paz, la debilita.

Así, Estados Unidos no aparece hoy como un país en declive material. Sigue siendo una potencia formidable. Sin embargo, emerge cada vez más como una fuente de incertidumbre global. Ha comenzado a perder su ventaja estratégica más importante, la confianza. Los aliados dudan, los mercados incorporan primas de riesgo y los Estados más pequeños actúan defensivamente ante la posibilidad de coerción. El liderazgo por consenso se transforma en dominio por imposición y el orden por reglas cede frente a una geopolítica de fuerza.

La paradoja es evidente. Un Estado que parece más fuerte en la decisión inmediata se vuelve más frágil en el largo plazo. El poder que no se legitima genera resistencia, fragmenta alianzas y multiplica los riesgos de errores de cálculo. Y cuando la principal potencia del sistema internacional opera bajo esta lógica, el resultado no es mayor seguridad, sino un mundo más inestable, más desconfiado y más peligroso.

Estados Unidos no deja de ser poderoso. Lo que pierde es su condición de referente. Y esa transformación, más que cualquier adversario externo, se ha convertido en uno de los mayores riesgos contemporáneos para la paz global.