Crecer en 2026 no será cuestión de “toda máquina”, sino de “toda credibilidad”

Por Wens Silvestre

Hay un problema con los eslóganes cuando la economía entra en fase de sobriedad: prometen velocidad justo cuando el mundo, y el Perú dentro de él, se mueven por prudencia. En 2026, el crecimiento global estará lejos de una épica expansiva, y el crecimiento peruano —aunque razonable— no se parece a un motor al límite. Por eso el lema “Perú a toda máquina” no solo desentona en un gobierno de transición: corre el riesgo de convertirse en propaganda engañosa si no viene acompañado de reformas mínimas, medibles y urgentes.

En primer lugar, las instituciones internacionales convergen en una idea simple: el mundo crecerá, pero poco. El FMI proyecta que el crecimiento global desacelerará a 3,1% en 2026. A la vez, la OCDE es más cauta: ve al mundo bajando a 2,9% en 2026, y subraya fragilidades asociadas a incertidumbre de políticas y tensiones comerciales. Por su parte, el Banco Mundial insiste en la mediocridad estructural: tras un 2025 flojo, anticipa un repunte modesto hacia ~2,5% en 2026–2027 (promedio). Finalmente, el Foro Económico Mundial no ofrece un número único, pero sí un termómetro inquietante: 72% de economistas jefe espera que la economía global se debilite “en el próximo año”, precisamente por disrupción comercial y alta incertidumbre de política. De ahí que el panorama base sea de resiliencia, sí, pero con un sesgo evidente a enfriarse cuando las reglas del comercio y la geopolítica vuelven más costosa la coordinación. 

Ahora bien, ese cuadro importa por una razón adicional: el crecimiento global bajo suele ser tolerable… hasta que se combina con fricciones comerciales y reglas impredecibles. En consecuencia, aparece el sesgo a la baja: menos comercio efectivo, cadenas de valor más caras, inversión más tímida y productividad más lenta. Y cuando eso ocurre, los países que dependen de inversión y de exportaciones —como el Perú— no solo enfrentan menor demanda, sino también mayor volatilidad y más prima de riesgo.

Dicho esto, para el Perú el consenso real no está en un “milagro”, sino en un rango. El FMI ubica el crecimiento en 2,7% para 2026. En contraste, el Banco Mundial es más conservador con 2,5% y advierte riesgos por incertidumbre política preelectoral y condiciones externas. En el frente interno, el BCRP, en su actualización de diciembre de 2025, ajusta al alza y proyecta 3,0% para 2026. Asimismo, la OCDE lo sitúa en 2,8%. En el sector privado, BBVA Research proyecta 3,1%, aunque reconoce el freno típico del año electoral por mayor incertidumbre. Y, del lado del gobierno, el MEF ha defendido un escenario más optimista cercano a 3,2% para 2026. Por lo tanto, el rango 2,5%–3,2% describe una economía estable, pero no “a toda máquina”: es crecimiento condicionado, no aceleración plena.

A continuación, la propia dispersión de números revela que el crecimiento de 2026 se decidirá más por política que por macro. El Perú entra al año con inflación controlada y fundamentos que, en términos regionales, son una ventaja. Sin embargo, el país enfrenta un escenario base de inercia (≈ 2,6%–2,9%), un escenario optimista si se destraba inversión (≈ 3,0%–3,4%) y un escenario estresado si se combinan fricción global y pausa electoral (≈ 1,8%–2,4%). En otras palabras, Perú no necesita un lema que prometa potencia: necesita certeza para que la inversión no se paralice y para que el crecimiento no se quede en un techo modesto.

En ese marco, el problema del eslogan en un gobierno de transición es doble. Por un lado, hay una soberbia comunicacional: proclamar velocidad cuando el margen de maniobra real es limitado. Por otro, hay un riesgo de expectativas mal calibradas: sugerir un despegue que no aparece ni en los números oficiales ni en la lectura global. Así, la frase “Perú a toda máquina” termina siendo contraproducente, porque la confianza se construye con señales creíbles y resultados verificables, no con grandilocuencia.

Por eso, si el país quiere moverse del escenario base al optimista, el nuevo gobierno debe atacar lo único que hoy realmente mueve la aguja: la incertidumbre. En consecuencia, necesita un pacto mínimo de gobernabilidad, señales macro no negociables (autonomía del BCRP y disciplina fiscal), un destrabe de inversiones con cronograma público, gestión territorial preventiva del conflicto y, fundamentalmente, una reforma del Estado orientada a un tamaño óptimo y eficiente: menos duplicidad, más meritocracia, plazos vinculantes, ventanillas únicas reales y compras públicas que ejecuten sin abrir puertas a la corrupción. En suma, si algo ha demostrado la última década es que la crisis política no solo cambia presidentes: encarece el capital, ralentiza proyectos y condena al país a crecer “más o menos”. En 2026, la diferencia entre “crecer” y “despegar” no estará en un eslogan: estará en si el Estado deja de ser el principal factor de incertidumbre.

El ruido político que amenaza el debate democrático

Por Wens Silvestre

Cuando observamos nuestro panorama político a puertas de las elecciones generales de abril de 2026, no podemos separar la profunda crisis de representatividad que atraviesa el país del tipo de lenguaje que se ha vuelto dominante en la comunicación política, especialmente en plataformas digitales. Esta crisis no empezó ayer, ni se limita a un solo actor; pero la forma en que las ideas se expresan —cada vez más a través de consignas polarizantes y apelaciones emocionales extremas— ha transformado el debate público en una arena de gritos y antagonismos más que de propuestas y deliberación racional. Investigaciones sobre la polarización política en el Perú muestran que esta tendencia de “nosotros contra ellos” ha sido un proceso creciente durante décadas, expandiéndose en todas las dimensiones de la vida pública y erosionando la posibilidad de acuerdos o consensos básicos en la sociedad (Mejía Navarrete, 2024).

Este fenómeno de polarización no es inocuo; opera afectivamente y tiene consecuencias para la salud democrática del país. Expertos en ciencias políticas han señalado que, cuando se construye al oponente como enemigo que “debe ser vencido”, se debilita la noción de adversario legítimo y se abre la puerta a la percepción de que el otro no es solo distinto, sino peligroso para la comunidad misma. En condiciones saludables, la política democrática reconoce al adversario como un competidor a ser vencido en las urnas, no como un enemigo moral que hay que erradicar (McCoy, 2019).

En ese sentido, algunos discursos de figuras emblemáticas de la política peruana reciente —y que han sido ampliamente documentados— no solo apelan al descontento ciudadano, sino que lo hacen con un lenguaje que activa miedo, desconfianza y hostilidad hacia diversos colectivos y hacia instituciones mediadoras como la prensa. Un análisis en profundidad de medios investigativos encontró que ciertos líderes recurren sistemáticamente a teorías de la conspiración, desinformación y expresiones que no solo exageran amenazas, sino que describen a oponentes y sectores sociales como parte de un complot global contra la “gente honesta” (Castilla, Cabral, & Cucho, 2021).

Este tipo de recurso discursivo funciona así: en lugar de explicar por qué una política propuesta será efectiva, se enfatiza que quienes se oponen son parte de una fuerza oscura y destructiva que va contra la nación. La repetición de marcos donde se enfrentan facciones existenciales —“el bien” contra “el mal”— no solo simplifica en exceso la realidad, sino que explota las emociones más básicas de los públicos, amplificando la indignación y reduciendo la capacidad de análisis crítico. Esto es particularmente pernicioso en un contexto de profundas desigualdades sociales, fragilidad institucional y desconfianza estructural en el sistema político que ha caracterizado a nuestro país en años recientes.

Más allá de la polarización ideológica, hay estudios que han documentado cómo ciertos mensajes en redes, especialmente en Twitter —un espacio donde muchos políticos peruanos han viralizado su discurso— contienen componentes de odio, estigmatización y terruqueo, es decir, acusaciones que remiten a asociaciones con terrorismo o traición sin sustentos verificables (Morocho Alvia, 2023). Los recursos lingüísticos empleados, como la burla, la ironía o la acusación sin pruebas, no solo degradan a sus destinatarios, sino que exhiben una clara intención de hacer que ciertas personas o grupos se perciban como ilegítimos o peligrosos para la supervivencia de la nación.

Esto tiene un efecto acumulativo: cuando un número significativo de actores políticos normaliza esta retórica agresiva, el discurso público empieza a parecerse más a un campo de combate que a un foro de discusión. El resultado es que el debate colectivo deja de centrarse en cómo resolver los problemas estructurales del país —como la desigualdad, la inseguridad o la precariedad institucional— y se desplaza hacia una lógica de confrontación identitaria y emocional. En lugar de explicar cómo abordar un problema complejo, se recurre a frases diseñadas para provocar reacciones viscerales.

La pregunta que debemos hacernos como sociedad es profunda: ¿queremos líderes que prioricen la indignación por encima de la argumentación? ¿Queremos una política donde se gana visibilidad por la fuerza del grito más que por la claridad de una propuesta? ¿Qué tipo de democracia se construye cuando las apelaciones a la emoción sustituyen el análisis racional? Estas preguntas no son retóricas; son esenciales para evaluar el rumbo que está tomando el país.

Así pues, no se trata simplemente de criticar el tono de ciertos discursos ni de condenar la emoción en política. Las emociones siempre forman parte de la conversación política; sin embargo, cuando se utilizan omnipresentemente como herramienta para polarizar, deslegitimar y estrechar el campo de lo pensable, se produce una degradación del debate que mina la confianza pública en las instituciones democráticas y obstaculiza la cooperación social. El peligro no solo está en lo que se dice, sino en cómo y con qué efectos se disemina.

Si aspiramos a una democracia más sólida, es imperativo exigir un discurso que reconozca la pluralidad de opiniones como una fortaleza, no como una amenaza. Debemos reclamar a los políticos que articulen sus propuestas con claridad, responsabilidad y conexión con la realidad del país, en lugar de recurrir a consignas simplificadoras que alimentan la confrontación social. Porque si lo que prevalece es la exaltación emocional sobre el razonamiento crítico, la crisis no se resolverá: simplemente se profundizará, dejando a la deliberación pública en ruinas y a la ciudadanía cada vez más desconectada de la política real que el país necesita.