MÁS DEL 2% DEL PBI REPRESENTAN LAS EXONERACIONES Y OTROS GASTOS TRIBUTARIOS

Por: Wens Silvestre



La baja presión tributaria en el país, no sólo se debe a evasión tributaria y a la elusión tributaria, sino, principalmente, a los beneficios tributarios que gozan ciertos sectores económicos que hace imposible subir la presión tributaria. Para la Jefa de la Sunat, Nahil Hirsh -"lo que impide avanzar más en la búsqueda de ampliar la base tributaria es la política de exoneraciones que representan dos puntos porcentuales del PBI, así como los bajos niveles de la mayoría de peruanos que debido a los actuales límites de inafectación, no pagan el impuesto a la renta".
Según el MMM 2011-2013, se estimó que durante el año 2010 estos Gastos Tributarios representarían 2,21% del PBI, en tanto, para el presente año 2011, se estimó en 2,04% del PBI, pero no nos olvidemos que a fines de enero del presente año, se suspendió el proceso racionalización de las exoneraciones en la Amazonia. Esto implicaría que los gastos tributarios estimados para el presente año se incrementaría hasta llegar al mismo nivel del estimado para el 2010 (ver gráfico).

¿Quienes pierden con los beneficios tributarios?

En realidad están siendo beneficiados varios agentes económicos que intervienen en sectores como el agrícola, minería, hidrocarburos, educación, pesca, construcción, manufacturas (zonas francas), transporte, cultura y deporte (incluye espectáculos no deportivos), etc. En realidad, el Estado carece de una política visionaria en materia de política tributaria. Se otorgan beneficios tributarios, sólo por conveniencia "política barata" argumentando situaciones y utilizando a los pobres como los que directamente se beneficiarían con dichas medidas. Se ha demostrado hasta la saciedad que las exoneraciones, inafecciones, devoluciones, tasas diferenciadas y otros beneficios tributarios, no sólo son discriminatorios, sino que distorsiona el funcionamiento de las bondades del mercado, generando ineficiencias en la administración de recursos, y en el fondo beneficiando a ciertos grupos empresariales.

Hemos repetido en muchas oportunidades que el otorgamiento de beneficios tributarios debe hacerse previa evaluación de costos y beneficios y sujeto al logro de los resultados esperados. La Amazonía es el mal ejemplo que beneficia a grupos empresariales -mercantilistas- que no han generado ningún beneficio en el desarrollo de las regiones amazónicas, más por el contrario ha generado e institucionalizado un mal hábito de vivir a costa del Estado, justificando "n" situaciones. En el país existen regiones en peores situaciones que tendrían derecho a tener un tratamiento especial, regiones como Apurimac, Huancavelica y Ayacucho, sin embargo, en estas las pocas unidades económicas pagan sus impuestos.

La otra enfermedad crónica está referido a la inafección de impuestos al sector educación (universidades privadas, institutos privados, colegios privados) que se han convertido en negocios "redondos" para sus promotores que hasta se dan el lujo de financiar a partidos políticos que participan en los procesos electorales. Esas instituciones formativas, debería dedicarse a implementar laboratorios y financiar proyectos de investigación de sus estudiantes. Por eso, es más importante que el Estado retire estos beneficios tributarios al sector educación y se captaría más recursos fiscales que deberían servir para financiar mediante becas a los mejores estudiantes tanto de colegios, institutos y universidades. Necesariamente, tiene que realizarse una reforma constitucional en materia tributaria, ese debe ser el reto del nuevo gobierno.

Lo más escandoloso son los beneficios que aún cuentan ciertas empresas mineras, que con los famosos contratos ley que se les otorgó beneficios tributarios que incluyen devolución de impuestos, tasas diferenciadas de Impuesto a la Renta (muchas empresas mineras no llegan a pagar el 30% del Impuesto a la Renta que les correspondería como lo hacen sus similares) estas medidas, supuestamente para promover las inversiones en ese sector, es indignante para un Estado que requiere atender necesidades básicas de la población.