Riesgos globales 2025 y su impacto en el Perú

Por Wens Silvestre

El Global Risks Report 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, dibuja un panorama inquietante para el presente año: conflictos armados, tensiones geoeconómicas, desinformación, polarización social y desastres climáticos dominan las preocupaciones globales. Estas tendencias, lejos de ser abstractas, tienen repercusiones concretas en economías emergentes como Perú, donde los riesgos globales se interconectan con vulnerabilidades estructurales, exacerbando los desafíos económicos, sociales y ambientales.

Top 10 - Riesgos Globales 2025

El informe destaca tres grandes bloques de riesgos. En primer lugar, el 23% de los expertos identifica los conflictos armados estatales como el principal riesgo inmediato. La persistencia de tensiones en Ucrania, Oriente Medio, Asia y África crea un entorno de inestabilidad geopolítica que impacta en el comercio global y las cadenas de suministro. En segundo lugar, los eventos climáticos extremos ocupan el segundo lugar en la lista de preocupaciones, con el 14% de los expertos identificándolos como amenazas críticas para 2025. Además, la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los ecosistemas se proyectan como los mayores riesgos para 2035. Finalmente, la desinformación, alimentada por la inteligencia artificial, es el riesgo más crítico a corto plazo. La manipulación informativa afecta decisiones políticas, fomenta la desconfianza en las instituciones y amplifica las divisiones sociales. 

Estos riesgos, además de amenazar la estabilidad global, tienen efectos sistémicos que influyen directamente en países en desarrollo como Perú, donde las capacidades estatales para mitigar los impactos de estas amenazas son limitadas. En el plano económico, el comercio exterior peruano está profundamente ligado a China, principal destino del 36% de las exportaciones, y Estados Unidos, con el 14%. Las tensiones geoeconómicas globales podrían reducir la demanda de cobre y productos agrícolas, sectores que representan más del 60% de las exportaciones nacionales. Aunque la inflación global está disminuyendo, Perú sigue vulnerable a aumentos en los precios de alimentos y combustibles debido a su alta dependencia de importaciones. Este efecto amplifica la desigualdad económica en un país donde el 1% más rico concentra casi el 30% de los ingresos. Además, con un 70% de informalidad, la economía peruana carece de los amortiguadores necesarios para resistir choques globales, mientras que las pequeñas empresas no pueden adaptarse rápidamente a las disrupciones tecnológicas o a la volatilidad comercial. 

En el ámbito social, la desinformación exacerba los conflictos socioambientales, especialmente en torno a proyectos mineros y energéticos. Regiones como Loreto y Puno enfrentan altos niveles de conflictividad social, sumando un total de 196 conflictos a nivel nacional, reportados por la Defensoría del Pueblo a diciembre de 2024. Además, los 1.5 millones de migrantes venezolanos y desplazados internos está saturando servicios públicos en ciudades como Lima y Trujillo, generando tensiones entre locales y migrantes e intensificando las divisiones sociales. 

En cuanto a los riesgos ambientales, aunque el último reporte de Enfen descartó El Niño Costero y La Niña hasta agosto de 2025, el país no está exento de fenómenos meteorológicos que pueden generar riesgos asociados. Esto se traduce en pérdidas económicas debido a inundaciones, deslizamientos y sequías focalizadas que impactan la agricultura, la infraestructura y la salud pública. Por otro lado, la Amazonía peruana pierde alrededor de 150,000 hectáreas anuales debido a la minería ilegal y la agricultura extensiva, poniendo en riesgo ecosistemas clave y generando conflictos con comunidades indígenas. Al mismo tiempo, las principales ciudades enfrentan una creciente crisis de residuos sólidos. En Lima, menos del 50% de los desechos son gestionados adecuadamente, lo que contribuye a problemas de salud y degradación ambiental. 

El impacto de los riesgos globales en Perú subraya la necesidad de una respuesta estratégica. Es imperativo reducir la dependencia del sector minero y fomentar industrias como la agroindustria sostenible y el turismo ecológico, lo cual fortalecería la resiliencia económica y generaría empleos en áreas rurales. A la par, se deben implementar políticas participativas y transparentes para resolver conflictos sociales, especialmente en zonas extractivas, y combatir la desinformación mediante campañas de alfabetización digital. Perú también debe priorizar proyectos resilientes al clima, como sistemas de riego eficientes y defensas contra inundaciones, para proteger a las comunidades más vulnerables, además de invertir en tecnologías de ciberseguridad y fomentar la adopción tecnológica en pequeñas y medianas empresas para integrarlas en las cadenas de valor globales. 

El 2025 será un año determinante para Perú. Los riesgos globales, amplificados por las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la polarización social, representan desafíos que trascienden las fronteras. Sin embargo, también ofrecen una oportunidad para transformar las vulnerabilidades estructurales en resiliencia, siempre que el país adopte una estrategia inclusiva, sostenible e innovadora. En este mundo interconectado, la capacidad de anticipar y adaptarse a los riesgos será el verdadero indicador del progreso.

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.