El uso político del servicio civil y el aumento salarial de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió aprobar, a través del Decreto Supremo Nº 136-2025-EF, un aumento de más del 128% en su propia compensación económica, pasando de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, en medio de una de las etapas más críticas del Perú en términos fiscales, políticos y sociales. Este acto, revestido de tecnocracia pero fundado en intereses políticos, expone un fenómeno recurrente en los regímenes latinoamericanos: la captura del aparato institucional para beneficio propio. Esta vez, la herramienta ha sido el sistema de servicio civil, representado por SERVIR.

La Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) fue concebida para profesionalizar al Estado, garantizar meritocracia, equidad y eficiencia en el aparato público. No obstante, lo ocurrido en este caso demuestra una instrumentalización perversa del marco legal para validar un aumento salarial injustificable desde la óptica de los principios que rigen dicha ley: mérito, transparencia, equidad, austeridad, legalidad y responsabilidad fiscal. 

Según el propio texto de la norma, el artículo 52 permite la aprobación de escalas de compensación para cargos dentro del régimen del servicio civil, siempre que estos estén debidamente registrados en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por SERVIR. Ni la presidenta ni los ministros están comprendidos en ese régimen. Por tanto, el uso del artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2025 para justificar el aumento no solo es legalmente forzado, sino también políticamente irresponsable.

Un gobierno sin respaldo, pero con privilegios

A julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte se mantiene en el poder con menos del 4% de aprobación ciudadana, según las últimas encuestas nacionales. Es considerada una de las presidentas más impopulares de América del Sur, incluso por medios internacionales como BBC Mundo y Reuters, que reflejan el sentimiento ciudadano de indignación y rechazo.

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana, un déficit fiscal que supera el 3.2% del PBI, y regiones con niveles alarmantes de pobreza e informalidad, el gobierno decide duplicar el sueldo de la mandataria sin evaluación pública, sin transparencia y sin legitimidad social. Este es un acto que revela la profunda desconexión entre el poder y la realidad del país.

SERVIR como escudo tecnocrático

Lo más preocupante es que este aumento ha sido justificado por informes técnicos del MEF y SERVIR que no han sido publicados ni debatidos públicamente. Esto debilita la confianza ciudadana en instituciones que, como SERVIR, fueron creadas para promover la transparencia y la profesionalización del Estado, y no para validar decisiones autocomplacientes.

La credibilidad institucional no solo se erosiona cuando los políticos abusan del poder, sino también cuando los órganos técnicos se pliegan a intereses de coyuntura. En este caso, SERVIR ha perdido la oportunidad de ejercer su rol de garante del principio de austeridad y legalidad en el servicio público.

El impacto político y económico del privilegio

El costo fiscal de esta medida es mínimo comparado con el impacto en la moral pública y la credibilidad del Estado. Lo que está en juego no es solo una planilla, sino el principio de que nadie debe legislar o ejecutar en beneficio propio, mucho menos cuando se es percibido como una autoridad ilegítima. Este tipo de decisiones afianzan la cultura del privilegio, profundizan la brecha entre ciudadanos y autoridades y deterioran la calidad de la democracia.

Como bien advirtió Milton Friedman:

“Lo que realmente importa es controlar cómo y en qué gasta el gobierno. El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos.”

Cuando un gobierno que no representa ni el 5% de la voluntad popular aumenta sus propias remuneraciones en medio de un clima de pobreza y crisis fiscal, no solo está violando el principio de austeridad, sino enterrando cualquier legitimidad para exigir sacrificios al resto del país.

En síntesis, este aumento, más allá de su legalidad discutible, es éticamente inaceptable y políticamente corrosivo. En un país que necesita reconstruir su institucionalidad y restablecer la confianza ciudadana, utilizar al sistema de servicio civil como coartada para otorgarse beneficios personales es una traición al espíritu republicano. Corresponde al Congreso derogar este decreto supremo, restablecer el principio de legalidad y asegurar que el servicio civil no se convierta en un instrumento al servicio del poder, sino en la columna vertebral de un Estado justo y eficiente.