En nota de prensa emitida por la Defensoría del Pueblo, advierte que las debilidades en transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales podrían afectar la calidad de servicios a la población.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señala en su informe que el 39% de las funciones sectoriales se transfirió a Gobiernos Regionales que no acreditaron requisitos mínimos para acreditar su capacidad de gestión. Son 24 los Gobiernos Regionales declarados “por potenciar” a los que se transfirió el 100% de las funciones en materia de ‘población y desarrollo social’ e ‘igualdad de oportunidades’, así como en ‘vivienda y saneamiento’.
El Informe Defensorial “Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales”, señala entre otros aspectos, que no se ha cumplido con los objetivos del sistema de acreditación para asegurar una mínima capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales para asumir las funciones transferidas. Tal situación podría afectar, especialmente, el acceso a los servicios que se brinda a la población.
El Informe Defensorial “Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales”, señala entre otros aspectos, que no se ha cumplido con los objetivos del sistema de acreditación para asegurar una mínima capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales para asumir las funciones transferidas. Tal situación podría afectar, especialmente, el acceso a los servicios que se brinda a la población.
En el documento, elaborado por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, se señala que, debido a la flexibilización del proceso de acreditación dispuesta en el año 2007, el 39% de funciones sectoriales se transfirió a Gobiernos Regionales declarados “por potenciar” –es decir, que no cumplieron con los requisitos mínimos para acreditar su capacidad de gestión para la transferencia de funciones.
Además se señala que los Gobiernos Regionales que no cumplieron con los requisitos mínimos fueron acreditados para la transferencia de funciones con la sola suscripción de convenios–marco intergubernamentales (CMI) con cada ministerio. Bajo esta modalidad, 24 Gobiernos Regionales declarados “por potenciar” fueron acreditados para la transferencia del 100% de las funciones en materia de ‘población y desarrollo social’ e igualdad de oportunidades, así como en ‘vivienda y saneamiento’.
Los Gobiernos Regionales que, al ser declarados “por potenciar”, obtuvieron el mayor número de funciones fueron Madre de Dios (95), Apurímac y Tumbes (90), Lima (86) y Moquegua (83). Por el contrario, los Gobiernos Regionales del Callao y La Libertad fueron declarados ‘aptos’ respecto al mayor número de funciones transferidas.
“En razón de ello, me encuentro en la obligación de levantar mi voz como Defensora del Pueblo y exhortar a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros –que es la encargada de conducir este proceso–, así como a todos los ministerios del Gobierno Nacional, a asumir un compromiso real y objetivo, y a movilizar sus instrumentos y recursos para apoyar la nueva gestión de los Gobiernos Regionales”, dijo la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino en un pasaje de su intervención.
“No puedo esconder mi preocupación: para la Defensoría del Pueblo, la descentralización de una función no termina con su transferencia formal y presupuestal. Culmina cuando el Gobierno Regional ejerce la función a entera satisfacción del ciudadano. Ésta, señoras y señores, es nuestra visión del proceso de transferencia de funciones y es el objeto de nuestra supervisión”, agregó la doctora Merino.
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