Por Wens Silvestre
En
las últimas semanas, la Amazonía peruana y otras regiones han sido devastadas
por incendios forestales que avanzan sin control. A pesar de las constantes
advertencias y del llamado urgente de las autoridades locales para declarar el
estado de emergencia, la respuesta gubernamental ha sido tardía y, hasta cierto
punto, insuficiente. Inicialmente, solo San Martín, Ucayali y Amazonas fueron
declaradas en emergencia, pero ahora se han sumado tres regiones más:
Lambayeque, Huánuco y Cajamarca. Sin embargo, esto deja fuera a otras regiones
también afectadas por incendios, lo que refleja la desarticulación y
fragmentación en la respuesta estatal frente a esta crisis ambiental.
No
es la primera vez que el Perú enfrenta esta devastación por incendios
forestales, pero lo que sorprende es la escala y frecuencia de los eventos.
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al 21 de setiembre registraron
361 incendios forestales, de los cuales, 291 fueron extinguidos, 24 controlados,
y aun se registraban 46 son focos activos. Además, se perdieron 20 vidas humanas.
Mientras las lluvias en algunas regiones han contribuido a sofocar las llamas,
como en San Martín, la situación en otras zonas sigue siendo crítica.
El
cambio climático ha intensificado estos incendios, aumentando las temperaturas,
reduciendo las precipitaciones y generando condiciones propicias para que el
fuego se propague. Los incendios no solo destruyen flora y fauna, sino que
también emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, exacerbando aún más la
crisis climática. De acuerdo con cifras preliminares recientes proporcionada
por Indeci, en lo que va del año, más de 7.5 mil hectáreas de cobertura natural
han sido destruidas por incendios forestales, está cifra probablemente sea
ínfimo cuando se exponga el balance final.
Aun
así, en el discurso del primer ministro Gustavo Adrianzén, se refleja una falta
de urgencia. Mientras las regiones afectadas claman por una respuesta
inmediata, el Ejecutivo se ha mostrado reticente a declarar un estado de
emergencia nacional, argumentando que la situación "aún no justifica"
tal medida. Esta posición ignora la magnitud del desastre, subestima el impacto
en las comunidades afectadas y pone de manifiesto la desconexión entre las
autoridades y la realidad sobre el terreno.
Si
bien el gobierno ha presentado un proyecto de ley que endurece las sanciones
para quienes provocan incendios forestales, proponiendo penas de hasta 10 años
de cárcel, esto por sí solo no resolverá el problema. Las sanciones deben ir
acompañadas de medidas preventivas efectivas, como la creación de brigadas
regionales especializadas para la detección temprana y control de incendios,
además de fortalecer la capacidad de las comunidades locales para responder a
estas emergencias.
Las
autoridades también deben prestar atención a las causas estructurales que
subyacen a estos incendios, muchas veces vinculadas a prácticas agrícolas
tradicionales y a la expansión ilegal de la frontera agrícola. El
endurecimiento de las penas no resolverá los problemas si no se acompaña de un
enfoque integral que incluya la restauración ecológica de las áreas dañadas y
la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible
y respetuoso con el medio ambiente.
Lo
que estos incendios ponen de manifiesto es algo más profundo: la vulnerabilidad
del Perú frente al cambio climático y la falta de preparación adecuada para
enfrentarlo. A pesar de contar con leyes como la Ley 32106, Ley de Declaratoria
de Emergencia Ambiental, su reglamento aún no ha sido aprobado y el marco legal
sigue siendo inaplicable en muchos casos. Esta inacción normativa dificulta la
implementación de acciones coordinadas y efectivas que podrían mitigar el
impacto de desastres ambientales de esta magnitud.
Además,
la falta de equipamiento adecuado y de una estrategia integral de restauración
ambiental solo agrava la situación. La recuperación de las zonas afectadas debe
ser una prioridad para evitar que los efectos de estos incendios se prolonguen
a largo plazo, afectando la biodiversidad, la calidad del aire y el sustento de
las comunidades locales.
La devastación en la Amazonía peruana no solo es un problema local, sino que tiene implicaciones globales. La Amazonía es uno de los pulmones del mundo y su destrucción impacta a todos. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en esta emergencia, no solo con asistencia técnica y financiera, sino también presionando para que se implementen políticas más robustas para enfrentar los incendios forestales y mitigar los efectos del cambio climático.
Los incendios forestales en Perú han desatado una crisis ambiental que requiere una respuesta inmediata y efectiva. Es hora de que el gobierno actúe con la urgencia que la situación demanda, adoptando un enfoque preventivo, restaurador y coordinado. El cambio climático está aquí, y no podemos darnos el lujo de seguir postergando las soluciones. Cada hectárea quemada es una llamada de atención para cambiar nuestro enfoque y priorizar la protección de nuestros recursos naturales.
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