Por Wens Silvestre
El
Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2025, ascendente a 251.8 mil millones de soles, lo que
representa un incremento del 4.6% en relación al Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) 2024, que fue de 240.8 mil millones de soles. Este presupuesto
refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico en medio de un
panorama marcado por la incertidumbre global, la crisis política interna, y los
problemas persistentes de corrupción e ineficiencia en la gestión pública.
Las entidades del Gobierno Nacional concentran el 63,5% del presupuesto para el 2025, una proporción similar a la de 2024 (63,7%). Los Gobiernos Regionales recibirán el 21,6%, ligeramente inferior a 2024 (21,9%), y los Gobiernos Locales manejarán el 14,9%, un aumento en comparación con el 14,4% de 2024. Además, el gasto corriente asciende a S/ 157,364 millones, representando un aumento del 6.2% respecto al 2024. Este incremento sugiere una priorización en el mantenimiento de la burocracia estatal y en la prestación de servicios, a costa de una expansión limitada del gasto de capital, que solo crece un 4.1%. Aunque el gasto de capital aumenta hasta S/ 66,874 millones, este crecimiento es modesto, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo económico a largo plazo.
Comparado
con 2024, el gasto corriente aumenta en términos absolutos, pero esta expansión
no se traduce en un cambio significativo en la estructura del presupuesto, lo
que indica que no se están tomando medidas sustanciales para reducir la
ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el ligero incremento
en el gasto de capital no es suficiente para compensar las necesidades de
inversión en un país que aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura.
En
el Gobierno Nacional, se observa un incremento del gasto corriente del 10.5%,
mientras que el gasto de capital disminuye en un 6.3%. Este aumento del gasto
corriente está alineado con la tendencia de priorizar la prestación de
servicios y el cumplimiento de metas institucionales, lo que refleja una
necesidad de fortalecer la capacidad operativa del gobierno central. Sin
embargo, la reducción en el gasto de capital podría limitar la ejecución de
proyectos de infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento proyectado
del 3.1% del PBI en 2025. Este enfoque podría generar tensiones en la
sostenibilidad a largo plazo si no se logra un balance adecuado entre gasto
corriente y de capital.
La
asignación presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales muestra una
tendencia positiva, con un incremento general en los recursos. El aumento
significativo en el gasto de capital para los Gobiernos Locales (24.2%) sugiere
un impulso hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local, lo cual es
crucial para cerrar brechas regionales y contribuir al crecimiento económico.
Sin embargo, el ligero aumento en el gasto corriente para los Gobiernos
Regionales (1.0%) podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos
operativos y de prestación de servicios en estas regiones.
La
reducción en el pago del servicio de la deuda tanto para el Gobierno Nacional
(-2,9%) como para los Gobiernos Locales (-13,9%) podría reflejar un proceso de
refinanciamiento de la deuda pública. Esto podría liberar recursos para otros
fines prioritarios a corto plazo, pero también podría generar mayores
obligaciones futuras, lo que debe considerarse cuidadosamente en términos de
sostenibilidad fiscal.
Financiamiento
del Presupuesto 2025
El
MMM 2025-2028 establece que el déficit fiscal alcanzará el 2.8% del PBI en 2024
y proyecta un crecimiento del PBI de 3.2% para ese mismo año. Sin embargo, la
opinión del Consejo Fiscal (CF) expresa preocupación, señalando que es muy
probable que esta meta de déficit no se cumpla, dado que a junio de 2024 ya se
había alcanzado un déficit del 4% del PBI. Para alcanzar la meta proyectada,
los ingresos deberían aumentar en un 13%, lo cual, según el CF, resulta poco
probable en el escenario actual.
Esto
plantea un desafío significativo para el financiamiento del presupuesto 2025.
Si el déficit fiscal de 2024 supera el 2.8%, será necesario ajustar las
proyecciones para 2025 y considerar posibles medidas correctivas, como la
ampliación de la base tributaria y el control más estricto del gasto público.
El
MMM proyecta un crecimiento del PBI del 3.1% para 2025, con sectores como la
pesca, que se espera crezca un 7.0%, y la construcción, que muestra un aumento
del 4.0%. Sin embargo, el CF advierte que el crecimiento del 3.1% podría ser
inconsistente con un escenario internacional menos favorable. Si el crecimiento
económico es más débil de lo proyectado, esto afectará directamente los
ingresos fiscales, complicando aún más el cumplimiento de las metas de déficit.
El
análisis del CF resalta la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para
evitar el incumplimiento de las reglas fiscales. La SUNAT estimó un
incumplimiento en el pago del IGV en 2023 de S/ 34,669 millones, equivalente al
3.5% del PBI. Esto indica un área de mejora significativa en la gestión
tributaria. El aumento de la eficiencia en la recaudación es esencial para
financiar el presupuesto sin aumentar la carga impositiva, lo cual podría
desalentar la inversión privada y el consumo.
El
gasto tributario estimado para 2025 ascenderá a S/ 17,624 millones (1.58% del
PBI), con un potencial de aumentar a S/ 24,010 millones (2.15% del PBI). Estos
gastos tributarios representan recursos significativos que podrían ser
utilizados para reducir el déficit fiscal o para financiar programas críticos
de inversión. La reducción de estos gastos, junto con la lucha contra la
evasión fiscal, debería ser una prioridad en la política fiscal para mejorar la
sostenibilidad del financiamiento público.
El
contexto político y la ineficiencia del Sector Público
La
crisis política y la corrupción endémica siguen siendo factores críticos que
erosionan la eficacia del gasto público. El aumento del gasto corriente
refleja, en parte, una estructura estatal que ha sido resistente a la reforma y
a la racionalización de sus operaciones. En lugar de redirigir recursos hacia
inversiones productivas, el Estado continúa financiando una burocracia costosa
que no necesariamente mejora la calidad de los servicios públicos.
Este
contexto se agrava por la ineficiencia en la gestión pública, donde los
recursos se ven frecuentemente malgastados o desviados debido a la corrupción.
Esta situación no solo afecta la percepción pública y la confianza en las
instituciones, sino que también limita la capacidad del gobierno para
implementar políticas efectivas que promuevan el desarrollo económico y social.
En
síntesis, el presupuesto público para 2025 refleja un equilibrio frágil entre
las necesidades de financiamiento y la sostenibilidad fiscal. Si bien el
incremento en el gasto corriente puede ser necesario para mantener ciertos
servicios públicos, la falta de un incremento significativo en el gasto de
capital podría limitar las oportunidades de crecimiento económico a largo
plazo. Además, sin reformas fiscales profundas y un enfoque decidido en la
lucha contra la corrupción, el gobierno peruano corre el riesgo de perpetuar un
ciclo de ineficiencia y endeudamiento que podría obstaculizar sus aspiraciones
de desarrollo.
El
camino hacia la estabilidad económica y fiscal requiere no solo una gestión
prudente de los recursos, sino también una voluntad política para enfrentar los
desafíos estructurales que han frenado el progreso del país. Sin un compromiso
real para mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base tributaria, las
metas presupuestarias y de crecimiento económico para 2025 podrían resultar
inalcanzables.
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