Por Wens Silvestre
La reciente ola de protestas en Huanta y sus distritos vecinos, Luricocha, Iguain y Huamanguilla, pone de manifiesto un problema que ha estado latente durante demasiado tiempo: la devastadora actividad de la minería informal e ilegal en las cabeceras de cuenca. Estas protestas no solo son una respuesta desesperada ante la contaminación y destrucción de recursos hídricos vitales, sino también un grito de auxilio de comunidades que ven amenazada su subsistencia diaria.
Las lagunas de
Razuhuillca, ubicadas en las cabeceras de la microcuenca de Huanta, son la
principal fuente de agua para más de 60 mil personas que dependen de ella para
consumo humano y agrícola. La provincia de Huanta, con una población estimada
de 113,291 habitantes en 2021, donde el 65% reside en áreas rurales, depende
mayoritariamente de la agricultura y ganadería. La minería ilegal, sin embargo,
viene contaminando estas fuentes de agua probablemente con metales pesados como
el mercurio y el cianuro, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de toda la
comunidad.
La minería en cabeceras
de cuenca altera significativamente los ciclos hidrológicos, desviando ríos y
causando erosión y sedimentación que destruyen hábitats naturales y reducen la
calidad del agua. Estos efectos son especialmente devastadores en ecosistemas
tan frágiles como los andinos, donde la pérdida de biodiversidad es una
consecuencia inevitable.
Además, el cambio
climático añade otra capa de vulnerabilidad. El retroceso de glaciares, como el
del nevado Razuhuillca, exacerbado por la minería y el calentamiento global,
reduce las reservas de agua dulce, fundamentales para el valle. En épocas de lluvias,
la limitada infraestructura para almacenar agua resulta en una pérdida
significativa de este recurso, mientras que, en temporadas secas, la escasez se
siente aún más agudamente.
El Estado peruano ha
intentado, sin éxito, formalizar la minería informal e ilegal a través de
mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin
embargo, las sucesivas extensiones de plazo han permitido que la minería
informal e ilegal continúe operando sin cumplir con los requisitos de
formalización. Esto no solo perpetúa la destrucción ambiental, sino que también
evidencia una debilidad en la gobernanza y aplicación de la ley.
Las protestas en Huanta
no son simplemente una queja; son una declaración de derechos. Las comunidades
tienen el derecho a ser consultadas y a participar en la toma de decisiones que
afectan su entorno y su calidad de vida. La falta de consulta y la imposición
de actividades mineras en sus territorios sin su consentimiento son una
violación de sus derechos fundamentales.
Para abordar esta
crisis, es esencial que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas
concretas. Esto incluye establecer y hacer cumplir leyes ambientales más
estrictas, mejorar las capacidades de monitoreo y control, promover
alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y garantizar
la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La huelga de las
organizaciones sociales de Huanta refleja una demanda legítima y urgente por la
protección de sus recursos hídricos y la defensa de sus derechos frente a las
actividades mineras ilegales e informales. Es fundamental que las autoridades actúen
con determinación para resolver este conflicto, promoviendo un desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.
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