lunes, 26 de agosto de 2024

El rostro oscuro de la tecnología y la política

 Por Wens Silvestre

Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo donde la tecnología, más que una herramienta para mejorar nuestras vidas, se ha convertido en un medio para despojarnos de lo que nos hace humanos. Esto es precisamente lo que temía el filósofo alemán Günther Anders, cuya obra, aunque menos conocida que la de otros pensadores, ofrece una crítica profunda y vigente sobre cómo la tecnología y la política moderna deshumanizan y alienan a las personas.

Günther Anders, en su obra “La obsolescencia del hombre” (1956), argumentaba que la tecnología, lejos de ser neutral, moldea y transforma nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos del todo. No solo cambia la forma en que hacemos las cosas, sino que también altera quiénes somos. Según Anders, la tecnología moderna tiene el poder de hacer obsoleta la esencia humana, convirtiéndonos en engranajes de una maquinaria que controla todos los aspectos de nuestras vidas.

Este control, que en el pasado podría haberse logrado mediante la fuerza bruta o la manipulación abierta, ahora se ejerce de maneras mucho más sutiles. La tecnología, junto con los medios de comunicación y el entretenimiento, nos inunda con trivialidades, distracciones y una falsa sensación de libertad, mientras en realidad nos aliena y nos convierte en sujetos fácilmente manipulables.

Anders también tenía una opinión muy crítica sobre los políticos, a quienes veía como cómplices en este proceso de deshumanización. En lugar de proteger los derechos y la dignidad de las personas, los políticos modernos, según él, se han convertido en gestores de un sistema que prioriza el poder y el control por encima de cualquier consideración moral o humana. Para Anders, la política en la era tecnológica no se trata de mejorar la vida de las personas, sino de mantener un orden que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

Al observar la realidad política peruana, no puedo evitar sentir que Anders tenía razón en muchos aspectos. Sin embargo, hay una matización importante que debemos hacer: mientras Anders hablaba de la eficiencia del sistema tecnológico y político para controlar a las masas, en Perú nos enfrentamos a un panorama donde la ineficiencia y la burocracia dominan la escena.

En Perú, parece que la lucha por el poder no se basa en quién puede construir más, sino en quién puede destruir más. Los políticos, en lugar de enfocarse en mejorar el país, parecen estar enfrascados en una competencia tanto destructiva y autodestructiva, donde el objetivo es deslegitimar al adversario a cualquier costo, aunque eso signifique sacrificar el bienestar del país y de su gente.

Este constante conflicto no solo paraliza al Estado, sino que también destruye la dignidad humana, la moralidad y convierte la libertad en un mero cliché, en un discurso vacío que carece de sustancia real. La burocracia e ineficiencia del Estado no solo impiden el progreso, sino que también perpetúan un ciclo de desesperanza y desilusión entre los ciudadanos, quienes ven cómo las promesas de desarrollo se disuelven en la realidad de un sistema que no funciona.

Al reflexionar sobre las ideas de Anders y la realidad política peruana, vemos que su crítica sigue siendo relevante, aunque con adaptaciones a nuestro contexto. La tecnología y los medios, en manos de una esfera política enfocada más en el poder que en el bienestar de las personas, se convierten en herramientas de control y alienación. Pero, en el caso peruano, esta alienación es doblemente dolorosa, porque no solo es controlada y manipulada, sino que, además, es gestionada por un Estado que es incapaz de brindar los servicios básicos de manera eficiente.

Este escenario es particularmente preocupante porque la ineficiencia del Estado no solo crea frustración y desesperanza, sino que también alimenta una cultura de destrucción y conflicto. Los valores fundamentales, como la dignidad, la moralidad y la libertad, son sacrificados en el altar de una política que prioriza el poder y la rivalidad sobre el bienestar común.

En este contexto, la obra de Günther Anders no solo nos ofrece una crítica filosófica, sino también una advertencia: si permitimos que la tecnología y la política sigan por este camino, corremos el riesgo de perder lo que nos hace humanos. Es fundamental que empecemos a reflexionar sobre cómo queremos que se desarrolle nuestra sociedad y qué tipo de liderazgo necesitamos para guiar ese desarrollo.

La política en Perú necesita un cambio radical, uno que coloque la dignidad humana y el bienestar general en el centro de la agenda. De lo contrario, continuaremos en un ciclo destructivo que no solo nos deshumaniza, sino que también amenaza con hacer obsoleta nuestra capacidad de construir un futuro mejor.

El desafío está en nuestras manos: ¿seguiremos permitiendo que el poder y la ineficiencia destruyan nuestro país, o nos erguiremos para exigir un cambio que realmente valore y promueva la humanidad en todas sus formas?

domingo, 25 de agosto de 2024

Proyecciones económicas del Perú para 2025

 Por Wens Silvestre

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado las proyecciones macroeconómicas multianual para el periodo 2025-2028, contando con la opinión previa del Consejo Fiscal. Estas proyecciones sirven como base para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el cual debe ser presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento en el transcurso de esta semana para su posterior debate y aprobación, con fecha límite el 30 de noviembre del presente año.

El año 2025 se perfila como un año crítico en vísperas de un nuevo proceso electoral. Nuestra economía marca el inicio de un período en el que el país intentará consolidar un crecimiento económico sostenido en medio de desafíos estructurales persistentes. Las proyecciones económicas para 2025 presentan una mezcla de optimismo y alerta, lo que obliga a un análisis detallado de las fortalezas y debilidades que podrían definir el rumbo de la economía en los próximos años.

En 2025, se proyecta que la economía peruana crecerá un 3.1%, un ligero descenso desde la proyección del 3.2% en 2024, pero aun reflejando un desempeño optimista en comparación con la contracción de -0.6% en 2023. Este crecimiento será impulsado principalmente por la recuperación en sectores clave como la agricultura, la pesca y la construcción.

El sector agropecuario, que en 2023 sufrió una contracción del -2.4%, se espera que crezca un 3.0% en 2025, impulsado por un aumento en la producción agrícola. Del mismo modo, el sector pesquero, que experimentó una dramática caída del -19.7% en 2023, muestra signos de recuperación con un crecimiento proyectado del 7.0% en 2025. Estos sectores representan las bases tradicionales de nuestra economía, aunque su peso sea relativamente pequeño.

El sector de minería e hidrocarburos, que ha sido históricamente un motor clave del crecimiento económico en Perú, muestra una proyección moderada de crecimiento del 2.7% en 2025, después de un sólido 8.0% en 2023. Dentro de este sector, la minería metálica, un pilar clave, también está proyectada a crecer un 2.7% en 2025. Sin embargo, estas tasas de crecimiento, aunque positivas, reflejan una desaceleración en comparación con años anteriores, lo que podría ser un indicador de los desafíos que enfrenta el sector, tales como fluctuaciones en los precios internacionales de los minerales, posibles conflictos socioambientales y tensiones políticas internas que podrían afectar la inversión.

Por otro lado, el subsector de hidrocarburos muestra una proyección más robusta, con un crecimiento del 3.4% en 2025, lo que contribuye a mantener el dinamismo del sector en general. Esta diferencia en el desempeño sugiere la necesidad de una estrategia más diversificada para asegurar un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

El año 2025, también verá un esfuerzo significativo por parte del gobierno para impulsar la economía a través de la inversión pública. Sin embargo, el éxito de estas inversiones dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ejecutar el presupuesto de manera eficiente. La historia reciente ha mostrado deficiencias en la capacidad del gobierno para llevar a cabo proyectos de infraestructura a tiempo y dentro del presupuesto, lo que pone en riesgo las proyecciones de crecimiento.

El gasto público no financiero está proyectado a crecer un 4.0% en 2025, impulsado principalmente por la inversión en infraestructura. Sin embargo, si estas inversiones no se ejecutan de manera efectiva, podrían generar un aumento en el gasto sin el correspondiente impacto positivo en el crecimiento económico.

Desde una perspectiva fiscal, 2025 será un año en el que Perú intentará reducir su déficit fiscal, proyectado en -2.2% del PIB. Esta reducción depende de la capacidad del gobierno para mejorar la recaudación tributaria y controlar el gasto corriente, que sigue siendo una preocupación debido a su rigidez. El resultado primario también se espera que mejore, con un déficit reducido a -0.5% del PIB en 2025, frente al -1.0% en 2023. Sin embargo, estas mejoras son frágiles y dependen de un entorno económico estable y de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales.

Por otro lado, es importante no perder de vista las proyecciones más amplias hacia 2028, que ofrecen un panorama relevante sobre la dirección a largo plazo de la economía peruana.

El sector de minería e hidrocarburos, aunque clave, muestra una tendencia preocupante hacia la desaceleración más allá de 2025. Para 2028, la minería metálica se proyecta que crecerá solo un 1.7%, lo que subraya la urgencia de diversificar la economía y reducir la dependencia de este sector. Este sector, tradicionalmente robusto, enfrenta el riesgo de una demanda global incierta y presiones internas que podrían afectar su productividad.

Para 2028, el gasto público no financiero del gobierno general se proyecta en S/. 251,836 millones, representando un 19,2% del PBI. Este gasto creciente, si no se maneja con prudencia, podría llevar a un aumento insostenible de la deuda pública, que se estima alcanzará el 32.4% del PBI para 2028. Aunque esta cifra es manejable a corto plazo, un aumento en las tasas de interés globales o una caída en la calificación crediticia podría hacer que el servicio de esta deuda se vuelva más costoso, limitando la capacidad del gobierno para financiar el desarrollo a largo plazo.

La dependencia de Perú en el sector extractivo y las políticas populistas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo representan desafíos continuos. Las medidas a corto plazo para satisfacer demandas populares pueden comprometer la estabilidad fiscal y económica a largo plazo. La debilidad institucional, marcada por la corrupción y la falta de eficiencia, continúa siendo una barrera significativa para el progreso. Estas políticas no solo amenazan con aumentar el déficit fiscal, sino que también podrían desincentivar la inversión privada, fundamental para el crecimiento económico sostenido.

El año 2025 representa un punto de inflexión para nuestra economía, estableciendo el tono para los años venideros. Si bien las proyecciones para 2025 son relativamente optimistas, las tendencias más allá de este año muestran desafíos significativos que podrían amenazar la sostenibilidad del crecimiento económico.

El enfoque del gobierno en 2025 debe estar en fortalecer la base institucional y económica para asegurar que este crecimiento no solo sea sostenido, sino también inclusivo y resiliente a las fluctuaciones globales y a los riesgos internos. Al abordar los problemas estructurales ahora, podemos posicionarnos mejor para aprovechar las oportunidades de crecimiento en los próximos años y mitigar los riesgos que podrían descarrilar su progreso. El camino hacia 2028 está lleno de retos, y las decisiones tomadas en 2025 serán esenciales para determinar si el país puede superar estos obstáculos y garantizar un futuro próspero y estable.

jueves, 15 de agosto de 2024

Crecimiento económico se desinfla en junio de 2024

 Por Wens Silvestre

En el transcurso de 2024, la economía peruana ha experimentado un viaje lleno de altibajos, marcado por fluctuaciones sectoriales y proyecciones optimistas que no siempre se alinean con la realidad. Es fundamental abordar el panorama económico con un enfoque cauteloso y realista, reconociendo tanto los logros como los desafíos persistentes. El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la producción nacional en junio de 2024, junto con las declaraciones previas del Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, destacan la necesidad de ajustar las expectativas y enfocar las políticas públicas en fortalecer las bases de un crecimiento sostenible. 


El ministro Arista, en julio de 2024, proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 3,1% para este año, impulsado por un crecimiento notable del 5,04% en mayo. Este optimismo, aunque comprensible dado el desempeño positivo de ciertos sectores, ha sido puesto en duda por los resultados de junio, donde el crecimiento se desaceleró a un modesto 0,21%. Esta diferencia sugiere que las condiciones favorables observadas en mayo no se mantuvieron, y que la economía peruana sigue siendo vulnerable a fluctuaciones sectoriales y factores externos.

El análisis del INEI revela que, aunque sectores como el transporte y la pesca experimentaron crecimientos significativos, otros pilares de la economía peruana, como la minería y los hidrocarburos, mostraron una preocupante contracción del 7,47%. Este sector, históricamente uno de los motores de la economía, enfrenta desafíos que incluyen conflictos sociales, factores técnicos y la volatilidad de los precios internacionales de los metales. Asimismo, la construcción, otro sector clave, también registró una disminución del 2,40%, reflejando un debilitamiento de la inversión privada y una dependencia excesiva en la inversión pública para sostener el crecimiento.

El gobierno debe adoptar un enfoque más cauteloso y realista en sus proyecciones y políticas económicas. Las cifras de crecimiento de mayo fueron excepcionales, pero no deben ser tomadas como la norma. La economía sigue enfrentando desafíos estructurales que requieren atención inmediata. La dependencia excesiva en sectores volátiles como la minería, y la falta de diversificación económica, hacen que Perú esté en una posición vulnerable frente a cambios en las condiciones globales.

El optimismo del ministro Arista sobre un ciclo expansivo de crecimiento del 6% al 7% anual es, en el mejor de los casos, prematuro. Para alcanzar estas tasas de crecimiento, nuestro país necesitará más que buenos deseos y proyectos de infraestructura. Se requieren reformas profundas que faciliten la inversión privada, reduzcan la burocracia y fomenten la competitividad en todos los sectores.

¿Qué hacer?

El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en crear un ambiente más favorable para la inversión privada, que ha demostrado ser una herramienta efectiva para el crecimiento sostenido. Esto incluye la simplificación de procesos regulatorios, la protección de los derechos de propiedad, y la mejora de la infraestructura básica, no solo en áreas urbanas, sino también en regiones del interior, que a menudo se quedan atrás.

Asimismo, es vital promover la diversificación económica. Perú no puede depender indefinidamente de la minería y la pesca como sus principales motores de crecimiento. El desarrollo de sectores como la agricultura sostenible, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos debe ser una prioridad. Estos sectores pueden ofrecer estabilidad económica y reducir la exposición del país a las fluctuaciones en los mercados globales de materias primas.

Finalmente, la estabilidad macroeconómica debe ser mantenida a través de una política fiscal responsable. El gobierno debe resistir la tentación de aumentar el gasto público de manera insostenible, especialmente en proyectos de infraestructura que, aunque necesarios, deben ser ejecutados con eficiencia y transparencia para evitar sobrecostos y corrupción.

Recapitulando, el crecimiento económico en lo que va del 2024 es una advertencia de las complejidades y desafíos que enfrenta la economía del país. Aunque existen oportunidades claras para el desarrollo sostenible, es esencial que el gobierno adopte un enfoque prudente y realista, que priorice las reformas estructurales y la diversificación económica. Solo a través de un compromiso decidido con estas prioridades, nuestro país podrá alcanzar un crecimiento sostenido y resiliente, capaz de soportar las inevitablemente cambiantes mareas de la economía global.

martes, 6 de agosto de 2024

Minería informal e ilegal en Huanta: una amenaza oculta

Por Wens Silvestre

La reciente ola de protestas en Huanta y sus distritos vecinos, Luricocha, Iguain y Huamanguilla, pone de manifiesto un problema que ha estado latente durante demasiado tiempo: la devastadora actividad de la minería informal e ilegal en las cabeceras de cuenca. Estas protestas no solo son una respuesta desesperada ante la contaminación y destrucción de recursos hídricos vitales, sino también un grito de auxilio de comunidades que ven amenazada su subsistencia diaria. 

Las lagunas de Razuhuillca, ubicadas en las cabeceras de la microcuenca de Huanta, son la principal fuente de agua para más de 60 mil personas que dependen de ella para consumo humano y agrícola. La provincia de Huanta, con una población estimada de 113,291 habitantes en 2021, donde el 65% reside en áreas rurales, depende mayoritariamente de la agricultura y ganadería. La minería ilegal, sin embargo, viene contaminando estas fuentes de agua probablemente con metales pesados como el mercurio y el cianuro, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad.

La minería en cabeceras de cuenca altera significativamente los ciclos hidrológicos, desviando ríos y causando erosión y sedimentación que destruyen hábitats naturales y reducen la calidad del agua. Estos efectos son especialmente devastadores en ecosistemas tan frágiles como los andinos, donde la pérdida de biodiversidad es una consecuencia inevitable.

Además, el cambio climático añade otra capa de vulnerabilidad. El retroceso de glaciares, como el del nevado Razuhuillca, exacerbado por la minería y el calentamiento global, reduce las reservas de agua dulce, fundamentales para el valle. En épocas de lluvias, la limitada infraestructura para almacenar agua resulta en una pérdida significativa de este recurso, mientras que, en temporadas secas, la escasez se siente aún más agudamente.

El Estado peruano ha intentado, sin éxito, formalizar la minería informal e ilegal a través de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, las sucesivas extensiones de plazo han permitido que la minería informal e ilegal continúe operando sin cumplir con los requisitos de formalización. Esto no solo perpetúa la destrucción ambiental, sino que también evidencia una debilidad en la gobernanza y aplicación de la ley.

Las protestas en Huanta no son simplemente una queja; son una declaración de derechos. Las comunidades tienen el derecho a ser consultadas y a participar en la toma de decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida. La falta de consulta y la imposición de actividades mineras en sus territorios sin su consentimiento son una violación de sus derechos fundamentales.

Para abordar esta crisis, es esencial que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas concretas. Esto incluye establecer y hacer cumplir leyes ambientales más estrictas, mejorar las capacidades de monitoreo y control, promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La huelga de las organizaciones sociales de Huanta refleja una demanda legítima y urgente por la protección de sus recursos hídricos y la defensa de sus derechos frente a las actividades mineras ilegales e informales. Es fundamental que las autoridades actúen con determinación para resolver este conflicto, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.

viernes, 2 de agosto de 2024

Venezuela en manos de una tiranía

Por: Wens Silvestre

La tragedia de Venezuela no es simplemente una historia de mala gestión. Es el resultado de un proceso  sistemático de infiltración y manipulación sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Desde hace 25 años, una organización autoritaria ha logrado ingresar al poder con engaños, tomando control de todas las  entidades del Estado y sometiendo al pueblo bajo un régimen autoritario y destructivo.
Crisis en Venezuela

Hugo Chávez, el arquitecto inicial de este régimen, usó su carisma y retórica populista para ganarse la confianza del pueblo venezolano. Prometió un futuro más justo y equitativo, pero lo que entregó fue un sistema basado en mentiras, autoritarismo y corrupción. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha llevado estas tácticas a niveles aún más extremos, transformándose en un tirano que no duda en anunciar y ejecutar crímenes contra aquellos que se atreven a protestar o pensar de manera diferente.

Para mantener su poder, Maduro ha sometido todo el aparato del Estado. El poder judicial, el legislativo, el Ministerio Público y, principalmente, las Fuerzas Armadas han sido infiltrados y controlados por el régimen. La justicia, lejos de ser un baluarte de imparcialidad, se ha convertido en un instrumento de persecución política. Cualquier intento de oposición es sofocado con fuerza o tácticas legales manipuladas.

Bajo la administración de estos líderes autoritarios, la economía venezolana ha sido destruida sistemáticamente. Políticas económicas irresponsables, expropiación de empresas y una corrupción desenfrenada han llevado a la hiperinflación, al desabastecimiento de alimentos y medicinas, y al colapso de los servicios públicos. Venezuela, un país que alguna vez fue uno de los más prósperos de la región, ahora enfrenta una crisis humanitaria de proporciones épicas.

La devastación económica y la represión política han forzado a millones de venezolanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Esta migración masiva ha generado serios problemas sociales en los países vecinos, incluido Perú, que han tenido que enfrentar desafíos económicos y sociales adicionales para acoger a los refugiados venezolanos. La solidaridad y el esfuerzo de estos países son encomiables, pero la raíz del problema sigue siendo el régimen de Maduro. En un eventual escenario de permanencia del régimen de Maduro, a pesar de todas las evidencias del fraude, más ciudadanos venezolanos migrarían a países como Perú.

En el último proceso electoral, María Corina Machado jugó un rol protagónico. Esta valiente líder opositora ha sido una voz incansable en la lucha por la democracia en Venezuela. Las huestes de Maduro, temerosas de una competencia justa, utilizaron artimañas legales para impedir su candidatura a la presidencia. A pesar de estos obstáculos, Machado ha continuado su lucha, inspirando a millones de venezolanos a no rendirse.

El clímax de este proceso de destrucción y represión llegó el pasado 28 de julio, con unas elecciones presidenciales marcadas por un fraude descarado. El Consejo Nacional Electoral, liderado por el servil de Maduro conocido como Amoroso, declaró sin fundamento que Maduro había ganado las elecciones. Este acto de total descaro colmó la paciencia de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, gracias a la labor de los testigos del proceso electoral, que lograron rescatar las actas reales que el régimen de Maduro pensó que la oposición no podría obtener, la verdad salió a la luz. Las actas reales escaneadas demostraron que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González.

Ante este hecho, la OEA convocó a una sesión extraordinaria para aprobar un proyecto de resolución que exigía al régimen de Maduro exhibir las actas del proceso electoral. Sin embargo, la vergonzosa abstención de Brasil y Colombia, y la ausencia de México, los convierte en cómplices de la crisis venezolana. Han antepuesto sus afinidades políticas sobre los principios democráticos.

Las medidas preventivas de la oposición venezolana para asegurar la integridad de las actas del proceso electoral han demostrado, sin lugar a dudas, que Maduro no era el ganador, sino el candidato opositor. Países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá ya han reconocido a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer su derrota y, por el contrario, se declara vencedor de la contienda, generando una nueva ola de violencia estatal para desmoralizar a los ciudadanos que se manifiestan en defensa de su voto y del cambio de régimen.

En síntesis, Venezuela ha sido secuestrada por una tiranía que ha destruido su economía y sometido a su pueblo a través de la represión y el fraude. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia y poner fin a este régimen autoritario. La historia juzgará severamente a aquellos que, por afinidades políticas, decidieron mirar hacia otro lado mientras un pueblo entero sufría. La lucha de líderes como María Corina Machado y la valentía del pueblo venezolano son una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y es deber de todos los defensores de la democracia apoyar esta causa justa.