El cultivo de la coca en el Perú había crecido y en consecuencia, fracasado el objetivo general de disminuir la producción del principal insumo para la elaboración de la PBC y la cocaína. En ese sentido, propuse medidas inmediatas para revertir tal situación en los 5 ejes fundamentales en el marco de la Política de Estado de lucha contra el narcotráfico y ahora agravado por el terrorismo y sugerí dejar a un lado propuestas que sólo generaría más problemas, estas fueron:
- Fortalecer la labor de Interdicción (por aire, tierra, fluvial y mar)[1] (Se avanzó poco, no hay apoyo aéreo y el restos de las vías el contro es ineficiente).
- Mejorar el sistema de articulación del Control de Insumos. Debe ir a la par con interdicción (parece que este es otro punto crítico que no da resultados)
- Fortalecer el Poder Judicial y dotar de mayores mecanismos para la efectiva labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (Detectar y combatir lavado de activos – Se avanzó poco).
- Reestructurar la política de sustitución y erradicación de cultivo de la coca, con el objetivo de restablecer la presencia del Estado en las zonas cocaleras, insertar al productor agrario al mercado, dotar de créditos preferenciales, recuperar los valores humanos (no hay cambio sustancial con respecto a la política de años pasados de ahí el fracaso reflejado en la violencia en la zona del VRAE)
- Desarrollo Integral Sostenido: Presencia del Estado Descentralizado.
• Infraestructura Económica Productiva (Vial productiva (poco), energía (regular))
• Infraestructura Social básica (Salud (deficiente), educación(deficiente))
• Capacitación y restitución de valores (Escaso recurso humano capacitado y déficit en valores humanos)
• Proyectos productivos (Sector agrario, agroindustrial, etc -Incipiente)
• Inserción en el mercado (Poco acceso al mercado por deficiente infraestructura)
• Como de parte del proceso de descentralización, el Estado debe dotar de mayor poder de decisión a los gobiernos locales de las zonas cocaleras [2], en apoyo a la política de sustitución de cultivos de la coca, y serán éstos los encargados de ejecutar los proyectos de sustitución de cultivos de la coca, atribuyéndoles la responsabilidad de las metas de la política de sustitución y del manejo de los fondos de recursos económicos que para tal efecto el Estado obtiene de organismos internacionales públicos y privados para proyectos de desarrollo económico y social. En ese sentido, los ONGs tendrán que coordinar directamente con los Municipios locales los proyectos a ejecutarse con tal fin. El Ejecutivo debe Garantizar a partir de 2009 US$ 100 millones anuales [3], como parte de éste proceso de descentralización en apoyo a la política de sustitución, manejadas por las propias municipalidades del VRAE.
Sin embargo, poco o nada se avanzó en los dos últimos ejes fundamentales que empuja a la gente a continuar produciendo la hoja de coca destinada al narcotráfico que mantiene al terrorismo.
Durante el año 2007 y 2008 la Policía Nacional, sólo concentró su esfuerzo en la incautación de la PBC y cocaína, que tuvo buenos resultados, pero no se redujo la producción en términos absolutos.
El presupuesto para el año fiscal 2008, destinado al PLAN VRAE sólo consideró un exiguo S/. 146,7 millones, de los cuales S/. 78,2 millones (53%) destinado para el Ministerio de Defensa (para atender la implementación y el equipamiento de bases contraterroristas); S/. 37,4 millones para la rehabilitación de la carretera Quinua – San Francisco (hasta la fecha no avanzó ni un KM); sin embargo, con esos limitados recursos asignados para el año 2008, continuamos en la misma senda equivocada, disminuyendo la irrisoria presencia del Estado en el VRAE, y más aún cuando el Estado cuenta con los recursos económicos disponibles. La miopía del Ejecutivo, destina más recursos a regiones que menos lo necesitan, es decir, regiones que no tienen tanta urgencia como las zonas cocaleras del Huallaga y el VRAE. Se requiere de una efectiva voluntad política para erradicar el narcotráfico y el terrorismo del país y todas las actividades ilícitas conexas a la misma.
La presencia insuficiente e ineficiente del Estado es notorio. Todo lo que se dice se queda en versos y buenos deseos, y poco se concretiza en algo objetivo para la gente del VRAE. Emitimos normas y más normas, pero que no son efectivos, menos eficientes ni eficaces. Tenemos el Decreto Supremo Nº 003-2007-DE que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el esquema de intervención estratégica integral denominado “Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurimac y Ene – PLAN VRAE”, sin embargo, muy poco se avanzó a la fecha. Los pobladores reclaman, sus autoridades reclaman, pero sólo se escucha en el momento, y parece que el tiempo los hace olvidar a nuestras autoridades. Los resultados son casi nulos. Mediante este Decreto Supremo, se compuso el Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE, presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, secundado por el Ministro de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Interior, Educación, Salud, Agricultura, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Mujer y Desarrollo Social y DEVIDA. Sin embargo, si medimos los resultados a la fecha, lamentablemente, están desaprobados, porque los grandes proyectos de interés para la zona del VRAE no caminan, salvo excepciones como el proyecto de electrificación.
Las autoridades regionales, locales y organizaciones de la sociedad han sostenido reuniones con el Grupo de Trabajo Multisectorial, con el objetivo de articular las acciones y proyectos a ejecutar en el marco del Plan, pero sin embargo, se avanzó muy poco y en algunos casos nada porque no hay avances en la formulación, contratación y ejecución de proyectos que exigen la población del VRAE.
El VRAE, requiere una labor más eficaz y eficiente, que le permita celeridad en la atención de sus requerimientos. No se puede dar el lujo de crear un organismo que burocrático que entramparía más las decisiones a tomar. Ya tenemos los pésimos ejemplos como el FORSUR, por lo engorroso de su organización, se postergaron la ejecución de los proyectos de reconstrucción.
En ese sentido, considero innecesario crear por Ley, una Entidad burocrática que integre y articule a los diversos grupos de trabajo, cuando de por medio ya existe una norma vigente que requiere más bien complementarla con normas que le permitan “saltar” las trabas “burocráticas” generadas por el SNIP, el OSCE (antes CONSUCODE) con la que se agilizaría la atención al VRAE. Eso es más eficiente, que estar creando organismos burocráticos, que como está planteado, será casi imposible llegar a un acuerdo para ejecutar proyectos de infraestructura económica y social.
[1]. Para así cerrar el camino por donde los narcotraficantes llevan el dinero para efectuar la compra de la PBC y la cocaína en las zonas cocaleras. Una vez efectuado una labor efectiva en este eje, se habrá eliminado la principal razón por la cual los campesinos siembran coca. En esa circunstancia el productor cocalero tendrá problemas de sobre stock de coca que traerá abajo los precios de éstos y no tendrá más alternativa que cambiar de cultivo, forzado por la falta de demanda de la coca. Esta estrategia tuvo éxito relativo en 1993 y 1994 cuando se redujo considerablemente la producción de coca por la efectiva labor de interdicción y no de erradicación directa que enfrentan al campesino con el Estado, cuando podemos concentrar nuestros recursos logísticos en el control de avionetas, lanchas, vehículos y cualquier otro medio de transporte, y enfrentarnos directamente con los narcotraficantes sin tocar al campesino que es muy sensible a éste tema.
[2] La experiencia exitosa de AMRESAM (Asociación de Municipalidades de la San Martín) en la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo, principalmente, en infraestructura productiva, durante los años 1998 y 1999, en la región San Martín, se podría rescatar y multiplicar en las zonas cocaleras.
[3] Según fuentes oficiales de CEDRO, Estados Unidos invierte anualmente en el Perú como parte de la lucha contra las Drogas US$ 200 millones y al interior de Estados Unidos US$ 15,000 millones para la misma lucha.
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