INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR FORESTAL

El polémico proyecto planteado por el Poder Ejecutivo que pretende modificar la ley de Promoción de la Inversión Privada en reforestación y agroforestería.

Por: Wens Silvestre

Aunque parezca paradójico, el actual régimen del gobierno del APRA, está empeñado en atraer inversiones para los diferentes sectores de la economía. Pero, de lo que carece su estrategia de fortalecimiento de las inversiones, es de un adecuado diagnóstico de qué sectores pueden ingresar las grandes inversiones y bajo qué modalidades, en qué proporción y en qué área geográfica y región, cuando se trata principalmente de la minería y el sector forestal. En ese sentido, la ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, Ley Nº 28852, vigente desde julio de 2006, da en concesión tierras sin cubierta boscosa, hasta por 60 años con el único compromiso de realizar inversiones en las mismas. El otro elemento del fomento está en el área total con la que es beneficiado el concesionario, el mismo podría obtener hasta 10 000 hectáreas por concesión. Hasta ahí, aparentemente todo bien. Sin embargo, el ejecutivo plateó el proyecto de ley Nº 840/2006-PE, con la que pretende modificar las reglas de juego. Plantea que ya no sea una concesión, sino la adjudicación en venta de las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas, y finalmente, amplia el área de las tierras vendibles hasta 40 000 hectáreas.

El punto central de estas inversiones está en ¿qué hacemos con las posesiones de tierras a la que hace referencia el proyecto e incluso la ley misma que está vigente hoy en día?. Si bien se calcula que aproximadamente 6 millones de hectáreas de bosques fueron deforestadas, de éstas 3 millones están ocupadas, y el resto de las áreas están dispersas y en algunos casos ya se dieron en concesión al amparo de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, Ley Nº 27308. Es obvio que si no hay un catastro rural actual de las tierras aptas para la reforestación y forestación y de la situación legal de los posesionarios de dichas áreas, la propuesta del ejecutivo se debilita por la falta de un sustento sólido y técnico, salvo que tenga nombre propio el proyecto planteado. En el supuesto caso de que todo las áreas que se pretende vender esté saneado, esa propuesta, sólo beneficiará a la gran inversión en desmedro como siempre de los pequeños propietarios. El proyecto beneficiará en el mejor de los casos a 30 empresas, que serán los nuevos mega propietarios de una parte del país, generando probablemente conflictos sociales en las regiones donde se pretende vender las tierras.

La alternativa práctica y viable es mantener la norma como está o en el mejor de los casos, sólo ampliar el área a 20 000 há, que sería más que suficiente para que una empresa forestal obtenga altas tasas de rentabilidad.

El otro aspecto de la inviabilidad del proyecto que plantea el ejecutivo, es la falta de un estudio de impacto ambiental, porque una empresa va con fines exclusivamente de ganar dinero, y no le importará los costos ambientales, ni los daños al ecosistema, probablemente introduzcan nuevas especies que perjudiquen la flora y la fauna, ya en peligro de extinción muchas de la especies, y el daño a la forma de vida de las comunidades nativas selváticas, sería irreversible.

Por esos motivos, es mucho más viable fomentar el sector forestal a través de los pequeños y medianos propietarios de tierras de aptitud forestal y áreas que hayan sufrido la deforestación por la irracional tala de bosques. Pero, para ello el Estado debe implementar una política de fomento objetivo dirigido al pequeño productor propietario o posesionario de tierras de aptitud forestal, y esa política de fomento real está planteado, por el Congresista Miro Ruiz, en el proyecto de Ley Nº 693/2006-CR, considerando que no sólo se trata de "fomentar por fomentar" y beneficiar a unos pocos que cuenta con los recursos económicos, si no se trata de involucrar a la mayor cantidad posible de personas que se interesen por el tema de reforestación y forestación, de tal manera que se establezca una cultura por el cuidado del medio ambiente y de la Tierra, y simultáneamente una cultura empresarial en el sector forestal para las futuras generaciones del mundo rural, que mejoraría sus ingresos familiares y por ende un mejoramiento sostenido en su calidad de vida. Ese debe ser el verdadero rol del Estado. Nadie está en contra de la inversión privada, bienvenido sea, pero el gobierno a la hora de desear apoyar a la gran inversión, debe considerar a todos los sectores involucrados y el costo social de la misma. Si el fomento fuera coherente, paralelo, recíproco y equitativo, bienvenido, y aún así, las decisiones de Estado deben dar prioridad a los más necesitados, y evitar los roces entre la sociedad y la empresa. Un mal ejemplo de ello, ocurre con las mineras, por lo simplista de nuestras políticas de Estado, sólo tenemos un sector minero extractor de recursos, y que todas las utilidades que obtienen, en el año 2006 las mineras obtuvieron US$ 10 mil millones, son transferidas como renta de factores a los distintos países de donde proceden las empresas. Entonces, la pregunta es obvia, qué hacer, por qué se dan las concesiones sin haber velado los intereses del país, y más que del país de los peruanos. ¿Es que acaso estamos en una subasta de baratijas? ¿Hasta cuando seremos siempre unos espectadores, sirviendo y viendo enriquecerse a unos pocos, y lo peor con nuestros propios recursos?. Aquí anda algo mal, no se necesita ser un político o un economista para saber deducir que las cosas no andan bien en el país.

Por último, no se trata de profesar y defender una política liberar, conservadora, nacionalista o izquierdista, se trata de ser objetivos y eficaces en las decisiones que más le conviene a la nación. Un ciudadano cualquiera se haría una pregunta elemental ¿por qué y para qué existe el Estado?. Menuda y sencilla pregunta con la que termino estas líneas.