La reciente decisión del Congreso de la República de aprobar el texto sustitutorio del Proyecto de Ley sobre la pequeña minería y minería artesanal, ampliando nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), representa un claro retroceso en la lucha contra la informalidad y la ilegalidad en el sector minero. En un país donde la informalidad laboral alcanza el 70% de la población económicamente activa (INEI, 2023) y el sector minero informal genera ingresos estimados en más de 10,400 millones de dólares en los últimos 12 años (Unidad de Inteligencia Financiera, 2024), esta decisión no solo perpetúa la informalidad y un sistema ineficaz, sino que también socava los principios del Estado de derecho y el desarrollo sostenible.
El
REINFO, creado en 2016 como una herramienta para formalizar la minería
artesanal e informal, ha sido un fracaso rotundo. Al 1 de diciembre de 2024,
según el portal oficial del REINFO, se registran 84,423 inscritos, de los
cuales 66,642 (79%) están suspendidos debido al incumplimiento de los
requisitos establecidos para la formalización. En contraste, solo 17,781
inscritos mantienen su registro vigente. Cabe destacar que, según fuentes
oficiales, únicamente el 2.4% del total de inscritos ha logrado completar el
proceso de formalización. Estos números no solo evidencian la ineficacia del
programa, sino que también reflejan una cultura de informalidad profundamente
arraigada, donde las prórrogas constantes alimentan la expectativa de que la
formalización no es un compromiso real, sino una meta que puede posponerse
indefinidamente.
En
lugar de cerrar un capítulo fallido, el Congreso decidió extender el plazo del
REINFO hasta junio de 2025, con posibilidad de seis meses adicionales. Esta
decisión es sintomática de un sistema político que prioriza intereses
inmediatos y particulares sobre soluciones estructurales y sostenibles.
La
aprobación de este texto sustitutorio se dio en un clima de intensa presión
social, marcado por dos semanas de protestas de mineros informales y, posiblemente,
ilegales que se manifestaron frente al Parlamento. En un contexto donde el
Congreso tiene una aprobación inferior al 6% y el Poder Ejecutivo no supera ese
umbral, las decisiones políticas se ven constantemente influenciadas por grupos
de presión. Estas concesiones no solo deterioran aún más la legitimidad
institucional, sino que también envían un mensaje peligroso: que los intereses
particulares pueden prevalecer sobre el bienestar general.
La
minería informal e ilegal en el Perú no es solo un problema de evasión fiscal o
desorden administrativo. Este sector está profundamente vinculado a actividades
ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el trabajo infantil.
Además, genera impactos ambientales devastadores, como la deforestación y la
contaminación por mercurio y cianuro, afectando tanto los ecosistemas como la
salud de las comunidades locales.
El
costo social de perpetuar la informalidad minera es altísimo. Por cada prórroga
que otorga el Estado, se amplía el margen para la extracción irresponsable de
recursos y el debilitamiento de las comunidades afectadas. Los incentivos para
formalizarse desaparecen y los beneficios de la minería sostenible se ven cada
vez más lejanos, perpetuando un sistema de impunidad.
El
fracaso del REINFO y la cultura de prórrogas indefinidas son síntomas de
problemas estructurales más profundos. Resolverlos requiere un enfoque integral
que combine incentivos claros, sanciones severas y un marco normativo
definitivo que elimine la incertidumbre. Las siguientes acciones son
fundamentales:
1.
Cierre definitivo del REINFO. El Estado debe establecer un plazo improrrogable
para la formalización, eliminando cualquier expectativa de nuevas extensiones.
2.
Fortalecimiento institucional. El Ministerio de Energía y Minas y las Direcciones
Regionales de Energía y Minas, deben recibir recursos suficientes para supervisar,
fiscalizar y coordinar el proceso de formalización.
3.
Educación y sensibilización. Cambiar la percepción de que la informalidad es
aceptable requiere un esfuerzo sostenido en educación y sensibilización.
4.
Participación ciudadana. Incorporar a las comunidades locales en el monitoreo
de las actividades mineras puede garantizar mayor transparencia y legitimidad.
5.
Incentivos para la formalización. Los mineros que cumplan con estándares
legales y ambientales deben recibir beneficios concretos, como acceso
preferencial a mercados formales y financiamiento para mejoras tecnológicas.
Reflexión
final
El
filósofo alemán Immanuel Kant afirmó que “la libertad de uno termina donde
comienza la del otro”. En el Perú, la minería informal e ilegal ha traspasado
todos los límites, dañando no solo el medio ambiente, sino afectando los
derechos de las comunidades locales y los principios básicos de justicia,
equidad y sostenibilidad.
La
decisión de una mayoría del Congreso de perpetuar un sistema ineficaz como el
REINFO no solo pone en riesgo los recursos naturales y la estabilidad social del
país, sino que también compromete su desarrollo como una nación moderna y
sostenible.
Es
urgente que las decisiones políticas reflejen un compromiso con el bien común,
priorizando soluciones integrales y sostenibles sobre los intereses
particulares. Solo así será posible construir un futuro donde la minería sea un
motor de progreso y no de destrucción.
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