Por: Wens Silvestre
La
gestión de Dina Boluarte, estrechamente ligada al Congreso —representado por
bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y otras—ha sido
un terreno fértil para desaciertos que han impactado no solo en la estabilidad
política del país, sino también en la confianza de la ciudadanía hacia las
instituciones democráticas. Este artículo busca ofrecer un balance crítico de
su administración, destacando los efectos nocivos de la demagogia y el
populismo que predominan en el Ejecutivo y el Legislativo, y que ponen en
peligro el futuro del país.
Desde
su llegada al poder en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha acumulado un largo
historial de cuestionamientos. Las investigaciones judiciales relacionadas con
su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023
y casos emblemáticos como el “Rolexgate” han debilitado su ya frágil
credibilidad. A esto se suma una preocupante inacción en 2024: Boluarte no
registró actividades oficiales en 106 días, casi un tercio del año, lo que
evidencia una desconexión preocupante con las necesidades urgentes del
país.
El
Congreso, por su parte, ha demostrado ser un aliado estratégico en esta
dinámica. Con su respaldo, Boluarte ha sobrevivido a múltiples intentos de
vacancia. Sin embargo, este blindaje político no está exento de costos:
perpetúa un Ejecutivo carente de visión y refuerza la percepción de un
Parlamento más preocupado por intereses partidarios que por el bienestar
colectivo. Los efectos de estas decisiones populistas—como leyes que aumentan
el gasto sin sustento técnico—se sienten en la economía y en la confianza
ciudadana.
La
crisis fiscal del Perú es uno de los puntos más preocupantes de la actual
gestión. El déficit fiscal superó el 3% del PBI en 2024, encendiendo alarmas
sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este desequilibrio no es
casualidad: la administración ha priorizado medidas populistas, como bonos
masivos y subsidios, en lugar de focalizar el gasto en inversiones estratégicas
en infraestructura, salud o educación.
En
este contexto, resuena la advertencia de Milton Friedman: "Concéntrese
en una sola cosa: ¿Cuánto gasta el gobierno? Porque ese es el verdadero
impuesto... El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el
gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos."
Cuando
el gobierno gasta más de lo que recauda, los ciudadanos terminan pagando el
precio, ya sea mediante inflación, deuda o recortes en servicios esenciales.
Perú está hipotecando su futuro con decisiones que no solo desestabilizan la
economía, sino que también siembran incertidumbre entre inversionistas y
actores internacionales.
El
Congreso no ha sido un contrapeso adecuado frente a los errores del Ejecutivo;
por el contrario, ha fomentado la crisis. Desde la aprobación de leyes que
limitan el rol de los organismos fiscalizadores hasta propuestas que
desincentivan la inversión privada, el Parlamento parece haber abandonado su
rol fiscalizador para convertirse en un bastión de medidas populistas que
erosionan la democracia.
La
falta de un liderazgo responsable en el Legislativo agrava la percepción de un
sistema político fallido. Esta complicidad entre Ejecutivo y Congreso no solo
daña la imagen institucional, sino que alimenta un círculo vicioso de
desconfianza ciudadana y apatía hacia la política.
Nuestro
país necesita abandonar el ciclo de demagogia y populismo que domina tanto en
el Ejecutivo como en el Legislativo. La crisis actual no se resolverá con
parches ni discursos grandilocuentes, sino con reformas profundas que prioricen
la transparencia, la eficiencia y el interés público.
El
control del gasto público debe ser una prioridad. Sin una gestión responsable,
cualquier medida será insuficiente para garantizar el crecimiento económico
sostenible que el país necesita. Además, es imperativo reconstruir la
institucionalidad para que las decisiones políticas reflejen los intereses de
los ciudadanos y no de grupos de poder.
Milton
Friedman tenía razón: lo que importa no es la deuda per se, sino cómo y en qué
se gasta el dinero público. El Perú está en un punto de inflexión, y sus
líderes tienen la oportunidad de corregir el rumbo o condenar al país a un
estancamiento perpetuo.
El
balance de la gestión de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso no deja
lugar a dudas: el populismo y la demagogia han debilitado las bases de nuestra
democracia. Sin embargo, también es un llamado a la reflexión y a la acción. El
Perú no puede permitirse más demoras ni excusas.
Es
hora de que los líderes políticos miren más allá de sus intereses particulares
y trabajen en reformas estructurales que fortalezcan la democracia, recuperen
la confianza ciudadana y garanticen un futuro más justo y próspero para todos.
Porque
al final del día, la política no debería ser un juego de poder, sino un
instrumento para construir un país mejor.
