domingo, 13 de octubre de 2024

Crisis de gobernabilidad y el clamor de la ciudadanía

 Por Wens Silvestre

La última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por ser escuchado.

Esta movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional –aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros, panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.

Popularidad de presidenta de la República

Los reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos, que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de llevar a cabo un paro aún más masivo.

En este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores autoritarios o radicales.

Escenarios posibles

1. Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48 o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

2. En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización para futuras movilizaciones.

3. Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la institucionalidad.

Nuestro país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.

Fuente gráfico: Datum 


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