Por Wens Silvestre
La
última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de
la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la
presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de
una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales
como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por
ser escuchado.
Esta
movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen
Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de
la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la
Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional
–aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará
con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros,
panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es
tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el
objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.
Los
reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir
generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de
atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender
temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró
sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos,
que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban
dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de
indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de
llevar a cabo un paro aún más masivo.
En
este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en
las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como
ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta
desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a
escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores
autoritarios o radicales.
Escenarios
posibles
1.
Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y
falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar
un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros
gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48
o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento
ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y
enfrentamientos con las fuerzas del orden.
2.
En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por
realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales
o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si
estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos
políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso
real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización
para futuras movilizaciones.
3.
Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este
sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la
crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la
situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales
como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades
ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y
promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración
es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del
Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la
institucionalidad.
Nuestro
país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo
para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para
el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y
la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los
reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que
solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de
reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.
Mientras
tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus
representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no
es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y
comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece
haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.
Fuente gráfico: Datum
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