lunes, 14 de octubre de 2024

Las instituciones son la clave para la prosperidad de las naciones

 Por Wens Silvestre, economista

La reciente entrega del Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson marca un hito en la comprensión de la prosperidad y el desarrollo económico de las naciones. Su investigación exhaustiva sobre el papel de las instituciones políticas y económicas ha cambiado la forma en que entendemos las raíces de la desigualdad global, demostrando que el éxito económico sostenible no es una cuestión de geografía o cultura, sino de la calidad de las instituciones que configuran nuestras sociedades (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001).

Los galardonados destacan la distinción entre instituciones “inclusivas” y “extractivas”. Las instituciones inclusivas, que respetan el estado de derecho y protegen los derechos de propiedad y la libertad económica, impulsan la innovación y el crecimiento. En contraste, las instituciones extractivas, aquellas diseñadas para concentrar el poder y la riqueza en manos de unos pocos, condenan a las sociedades al estancamiento y la pobreza. Esta diferencia es esencial para comprender el abismo de prosperidad entre países, ya que las instituciones inclusivas tienden a fomentar la participación y el progreso a largo plazo, mientras que las extractivas perpetúan la desigualdad y la dependencia (Acemoglu & Robinson, 2012).

 Acemoglu y sus colegas han utilizado la historia como “laboratorio” para estudiar cómo diferentes trayectorias institucionales han afectado el desarrollo de las naciones. Uno de sus estudios más influyentes demostró que las antiguas colonias europeas con climas favorables y recursos ricos —donde los colonizadores establecieron instituciones extractivas— hoy en día sufren de economías rezagadas, mientras que las regiones menos atractivas para la explotación colonial, como América del Norte, desarrollaron estructuras inclusivas que fomentaron la prosperidad (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2002).

Este análisis tiene profundas implicaciones. Nos demuestra que el subdesarrollo y la pobreza no son accidentes de la historia ni fatalidades geográficas, sino el resultado de decisiones políticas e institucionales que, en muchos casos, datan de siglos atrás. Según el presidente del Comité Nobel, Jakob Svensson, esta investigación “nos brinda una comprensión mucho más profunda de por qué algunos países fracasan mientras otros prosperan” (Dizikes, 2024).

La contribución de Acemoglu y sus colegas también resalta que la innovación es un motor esencial del crecimiento económico, pero solo florece en sociedades que promueven derechos inclusivos y un marco seguro de derechos de propiedad. Esto permite que los individuos tomen riesgos y se dediquen a actividades creativas sin temor a la expropiación. Las élites extractivas, sin embargo, suelen resistirse al cambio y a la innovación para mantener el control, lo que limita el desarrollo a largo plazo (Acemoglu & Johnson, 2023). Este hallazgo tiene resonancia en las economías modernas, en las que el avance tecnológico y la innovación son la base de la competitividad global.

Hoy en día, la relevancia de esta investigación es incuestionable. En varios países, tanto desarrollados como en desarrollo, vemos una creciente tendencia a cuestionar el estado de derecho y a permitir que líderes demagógicos erosionen las instituciones democráticas. Tal como señalaron Acemoglu y Robinson en su libro The Narrow Corridor, el avance de la libertad política no es un proceso automático ni uniforme; es el resultado de la movilización social y la defensa constante de los derechos individuales (Acemoglu & Robinson, 2019).

En economías avanzadas, como Estados Unidos y algunas democracias europeas, las instituciones inclusivas están siendo desafiadas. El riesgo es que la creciente apatía hacia la democracia y el debilitamiento del estado de derecho socaven la prosperidad económica, replicando los efectos devastadores de las instituciones extractivas. Acemoglu y sus colegas han advertido sobre este círculo vicioso: cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones, disminuyen los incentivos para la innovación y la inversión, lo que lleva al estancamiento y, en última instancia, al empoderamiento de líderes autoritarios (Dizikes, 2024).

La lección fundamental que deja la obra de Acemoglu, Johnson y Robinson es que el desarrollo económico no depende solo de políticas aisladas ni de reformas económicas específicas, sino de una infraestructura institucional sólida y confiable. Sin instituciones inclusivas, el crecimiento económico es vulnerable a la corrupción, la concentración del poder y el estancamiento. La historia ha demostrado que la prosperidad a largo plazo requiere algo más que estabilidad económica: requiere libertad política, justicia, y una sociedad comprometida con la preservación de sus instituciones democráticas.

El Nobel de Economía 2024 no solo celebra un gran avance académico, sino también un llamado a la acción. Como señaló Simon Johnson, “la historia importa”. Y mientras no defendamos nuestras instituciones, estamos en riesgo de perder las bases mismas de nuestra prosperidad (Dizikes, 2024).

Referencias

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American Economic Review, 91(5), 1369-1401.

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1231-1294.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress: Our 1,000-Year Struggle over Technology and Prosperity. Crown Publishing.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Penguin Press.

- Dizikes, P. (2024). MIT economists Daron Acemoglu and Simon Johnson share Nobel Prize. MIT News.

domingo, 13 de octubre de 2024

Crisis de gobernabilidad y el clamor de la ciudadanía

 Por Wens Silvestre

La última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por ser escuchado.

Esta movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional –aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros, panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.

Popularidad de presidenta de la República

Los reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos, que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de llevar a cabo un paro aún más masivo.

En este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores autoritarios o radicales.

Escenarios posibles

1. Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48 o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

2. En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización para futuras movilizaciones.

3. Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la institucionalidad.

Nuestro país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.

Fuente gráfico: Datum 


sábado, 5 de octubre de 2024

¿Es urgente modernizar el Sistema de Defensa Nacional para la Fuerza Aérea del Perú?

 Por Wens Silvestre

La reciente confirmación del gobierno peruano sobre la compra de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares ha reavivado el debate sobre la necesidad y pertinencia de modernizar el sistema de defensa nacional, particularmente la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A pesar de las críticas iniciales por el elevado costo de esta adquisición, es imperativo entender que esta decisión no solo responde a una necesidad estratégica interna, sino también a las cambiantes dinámicas geopolíticas y de seguridad globales que afectan directamente a Perú.

El escenario global ha evolucionado de manera rápida y desafiante en los últimos años. La competencia entre las grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia— ha escalado, aumentando las tensiones en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina. Además, la proliferación de tecnologías militares avanzadas, como los drones armados y las armas hipersónicas, está redefiniendo la forma en que los países proyectan poder y aseguran su defensa. 

KF 21, F16, Rafale
En este contexto, los países que no modernicen sus fuerzas armadas corren el riesgo de quedarse atrás y quedar vulnerables frente a amenazas emergentes. Para Perú, la necesidad de una modernización de su Fuerza Aérea no es solo un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus vastos recursos naturales, especialmente en áreas críticas como la Amazonía y las zonas marítimas del Pacífico.

La Fuerza Aérea del Perú ha operado, desde la década de 1990, con una flota de aviones de combate que, si bien en su momento fueron avanzados, hoy han quedado obsoletos frente a las demandas actuales. Aviones como los MiG-29 y los SU-25 adquiridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, o los Mirage 2000 que datan de los años 80, ya no ofrecen las capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar amenazas modernas. La antigüedad de estos equipos y las dificultades en el acceso a repuestos y mantenimiento adecuado han reducido significativamente la capacidad operativa de la FAP.

La adquisición de nuevos aviones de combate es, por lo tanto, una medida urgente y estratégica. Entre las opciones que el gobierno peruano está considerando se encuentran modelos avanzados como el Rafale francés, el F-16 Block 70 de Estados Unidos, y el KF-21 Boramae surcoreano. Estos aviones no solo representan una mejora significativa en términos de capacidad de combate, sino que también son multirrol, es decir, pueden realizar una variedad de misiones, desde defensa aérea hasta ataques aire-tierra y vigilancia estratégica.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, subrayó durante el anuncio de la compra que “la seguridad y el desarrollo son variables interdependientes”. Esta afirmación es clave para entender por qué la modernización de las Fuerzas Armadas, y en particular de la FAP, es esencial para el desarrollo de Perú. En un país como el nuestro, donde las amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía son persistentes, la capacidad de control aéreo y vigilancia es fundamental.

La adquisición de estos nuevos aviones permitirá a la FAP monitorear vastas áreas del territorio, desde las fronteras en los Andes hasta el control del VRAEM y la Amazonía, áreas donde operan grupos armados y redes criminales. Además, la incorporación de tecnología de punta en los sistemas de combate aéreo permitirá al país responder rápidamente a amenazas externas o internas y, en última instancia, proteger la seguridad de los ciudadanos.

El debate sobre los costos

Uno de los principales puntos de crítica hacia la compra de los aviones es el costo significativo que representa: 3.500 millones de dólares, con un financiamiento escalonado de 2.000 millones en 2025 y 1.500 millones en 2026. Sin embargo, es fundamental entender que este gasto no es un despilfarro, sino una inversión en la seguridad y estabilidad a largo plazo del país. Las críticas que cuestionan esta compra a menudo pasan por alto que, sin una defensa adecuada, el desarrollo económico y social se ve constantemente amenazado.

Algunos sectores políticos sostienen que Perú enfrenta necesidades más urgentes, como la seguridad interna, la pobreza y la mejora de los servicios públicos que deberían priorizarse sobre la compra de aviones. Si bien estas preocupaciones son legítimas, reducir el debate a una elección binaria entre defensa nacional y necesidades sociales es un error. La defensa aérea no es un gasto aislado o lujoso, sino una parte fundamental para garantizar la seguridad integral del país, proteger la soberanía y facilitar la vigilancia y control territorial en regiones donde el Estado enfrenta desafíos, como el VRAEM. Además, una fuerza aérea modernizada también es clave para responder eficazmente a desastres naturales, interdicción contra el narcotráfico y otras emergencias. Descartar la inversión en defensa podría dejar al Perú vulnerable frente a actores externos e internos que podrían aprovechar la debilidad estratégica, lo que a largo plazo resultaría en costos más altos para el Estado en términos de seguridad, estabilidad y desarrollo económico.

El costo de no modernizar nuestras Fuerzas Armadas es, en última instancia, mucho mayor que el precio de estos aviones. El riesgo de una vulnerabilidad prolongada frente a las amenazas internas y externas puede tener consecuencias devastadoras para el país. Además, el esquema de financiamiento a través de endeudamiento interno ha sido diseñado para minimizar el impacto fiscal inmediato, permitiendo que la compra se realice sin comprometer otros sectores prioritarios como la salud y la educación.

¿Qué avión deberíamos elegir?

La selección del tipo de avión a adquirir es un tema fundamental que debe basarse en varios factores, entre ellos la capacidad multirrol, el costo operativo a largo plazo y la transferencia de tecnología. Entre los candidatos, el F-16 Block 70 se presenta como una opción robusta, con un historial probado y costos operativos relativamente bajos. Además, este modelo tiene una sólida cadena de suministro y un amplio soporte logístico en la región, lo que garantizaría su sostenibilidad a largo plazo.

El Rafale francés, aunque avanzado, presenta un costo operativo más alto y una cadena de suministro más limitada en América Latina, lo que podría dificultar su mantenimiento en el futuro. Por otro lado, el KF-21 Boramae de Corea del Sur es una opción prometedora, pero aún en desarrollo, lo que implica ciertos riesgos tecnológicos y logísticos.

Finalmente, la decisión no debe tomarse únicamente en términos técnicos, sino también en función de las relaciones diplomáticas y geopolíticas. Un acuerdo con Estados Unidos o Francia podría fortalecer los lazos con Occidente, mientras que un acuerdo con Corea del Sur ofrecería oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto, lo que podría ser beneficioso para la industria nacional de defensa.

En síntesis, la modernización de la Fuerza Aérea del Perú es una necesidad estratégica urgente que no puede postergarse. En un mundo donde las amenazas se vuelven más complejas y el entorno geopolítico cambia rápidamente, contar con una fuerza aérea moderna y eficiente es esencial para garantizar la seguridad nacional y promover el desarrollo interno. Si bien el costo de la adquisición es alto, los beneficios en términos de estabilidad, seguridad y soberanía son incalculables. Perú debe mirar al futuro con determinación, asegurándose de que sus Fuerzas Armadas estén preparadas para los desafíos que vendrán, tanto internos como externos.