El fuego que no podemos apagar: Incendios forestales y la inacción frente al cambio climático

 
Por Wens Silvestre

En las últimas semanas, la Amazonía peruana y otras regiones han sido devastadas por incendios forestales que avanzan sin control. A pesar de las constantes advertencias y del llamado urgente de las autoridades locales para declarar el estado de emergencia, la respuesta gubernamental ha sido tardía y, hasta cierto punto, insuficiente. Inicialmente, solo San Martín, Ucayali y Amazonas fueron declaradas en emergencia, pero ahora se han sumado tres regiones más: Lambayeque, Huánuco y Cajamarca. Sin embargo, esto deja fuera a otras regiones también afectadas por incendios, lo que refleja la desarticulación y fragmentación en la respuesta estatal frente a esta crisis ambiental.

No es la primera vez que el Perú enfrenta esta devastación por incendios forestales, pero lo que sorprende es la escala y frecuencia de los eventos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al 21 de setiembre registraron 361 incendios forestales, de los cuales, 291 fueron extinguidos, 24 controlados, y aun se registraban 46 son focos activos. Además, se perdieron 20 vidas humanas. Mientras las lluvias en algunas regiones han contribuido a sofocar las llamas, como en San Martín, la situación en otras zonas sigue siendo crítica.

El cambio climático ha intensificado estos incendios, aumentando las temperaturas, reduciendo las precipitaciones y generando condiciones propicias para que el fuego se propague. Los incendios no solo destruyen flora y fauna, sino que también emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, exacerbando aún más la crisis climática. De acuerdo con cifras preliminares recientes proporcionada por Indeci, en lo que va del año, más de 7.5 mil hectáreas de cobertura natural han sido destruidas por incendios forestales, está cifra probablemente sea ínfimo cuando se exponga el balance final.

Aun así, en el discurso del primer ministro Gustavo Adrianzén, se refleja una falta de urgencia. Mientras las regiones afectadas claman por una respuesta inmediata, el Ejecutivo se ha mostrado reticente a declarar un estado de emergencia nacional, argumentando que la situación "aún no justifica" tal medida. Esta posición ignora la magnitud del desastre, subestima el impacto en las comunidades afectadas y pone de manifiesto la desconexión entre las autoridades y la realidad sobre el terreno.

Si bien el gobierno ha presentado un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes provocan incendios forestales, proponiendo penas de hasta 10 años de cárcel, esto por sí solo no resolverá el problema. Las sanciones deben ir acompañadas de medidas preventivas efectivas, como la creación de brigadas regionales especializadas para la detección temprana y control de incendios, además de fortalecer la capacidad de las comunidades locales para responder a estas emergencias.

Las autoridades también deben prestar atención a las causas estructurales que subyacen a estos incendios, muchas veces vinculadas a prácticas agrícolas tradicionales y a la expansión ilegal de la frontera agrícola. El endurecimiento de las penas no resolverá los problemas si no se acompaña de un enfoque integral que incluya la restauración ecológica de las áreas dañadas y la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Lo que estos incendios ponen de manifiesto es algo más profundo: la vulnerabilidad del Perú frente al cambio climático y la falta de preparación adecuada para enfrentarlo. A pesar de contar con leyes como la Ley 32106, Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, su reglamento aún no ha sido aprobado y el marco legal sigue siendo inaplicable en muchos casos. Esta inacción normativa dificulta la implementación de acciones coordinadas y efectivas que podrían mitigar el impacto de desastres ambientales de esta magnitud.

Además, la falta de equipamiento adecuado y de una estrategia integral de restauración ambiental solo agrava la situación. La recuperación de las zonas afectadas debe ser una prioridad para evitar que los efectos de estos incendios se prolonguen a largo plazo, afectando la biodiversidad, la calidad del aire y el sustento de las comunidades locales.

La devastación en la Amazonía peruana no solo es un problema local, sino que tiene implicaciones globales. La Amazonía es uno de los pulmones del mundo y su destrucción impacta a todos. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en esta emergencia, no solo con asistencia técnica y financiera, sino también presionando para que se implementen políticas más robustas para enfrentar los incendios forestales y mitigar los efectos del cambio climático.

Los incendios forestales en Perú han desatado una crisis ambiental que requiere una respuesta inmediata y efectiva. Es hora de que el gobierno actúe con la urgencia que la situación demanda, adoptando un enfoque preventivo, restaurador y coordinado. El cambio climático está aquí, y no podemos darnos el lujo de seguir postergando las soluciones. Cada hectárea quemada es una llamada de atención para cambiar nuestro enfoque y priorizar la protección de nuestros recursos naturales.

91 años de historia y compromiso: El legado del Colegio Nacional González Vigil

 Por Wens Silvestre

El 13 de septiembre de 2024 marca un hito especial para el Colegio Nacional “González Vigil” de Huanta, una de las instituciones educativas más emblemáticas del departamento de Ayacucho. En este día conmemoramos 91 años de funcionamiento ininterrumpido, una ocasión que nos invita a reflexionar sobre la profunda huella que ha dejado en la formación de generaciones de huantinos y su valiosa contribución al desarrollo del país, tal como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política del Perú: la educación debe tener como objetivo el desarrollo integral de la persona humana.

Fundado oficialmente en 1918 mediante la Ley 4023, el colegio lleva con orgullo el nombre de Francisco de Paula González Vigil, insigne clérigo, político y defensor incansable de los valores republicanos. Sus palabras pronunciadas en 1832 en el Congreso: “¡Yo debo acusar y yo acuso!”, siguen resonando en nuestra memoria. Esas palabras, que lo inmortalizaron como defensor de la Constitución y enemigo de la tiranía, simbolizan los valores que nuestro colegio ha inculcado en sus estudiantes: valentía, ética y compromiso con la justicia.

Es bajo este espíritu que el Colegio Nacional “González Vigil” ha forjado su legado. Desde su inauguración en 1933, no solo ha impartido conocimientos, sino que ha formado ciudadanos comprometidos con el bienestar de la sociedad. A lo largo de estos 91 años, ha ofrecido una educación de carácter humanístico y científico, complementada con formación técnica en áreas como mecánica de producción, carpintería, electricidad y automotores. Esto no solo ha permitido a sus egresados contribuir de manera significativa a la sociedad, sino que ha fomentado una cultura de trabajo y responsabilidad, claves para el desarrollo integral de la persona.

Este año, en que celebramos nuestro día jubilar el 13 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Francisco de Paula González Vigil, es el momento ideal para reconocer el papel tan importante que ha tenido el colegio en la historia de Huanta y del Perú. En sus aulas, generaciones de estudiantes, con esfuerzo y dedicación, han encontrado en la educación el camino hacia un futuro mejor. En una región marcada por la historia y los desafíos sociales, nuestro colegio ha sido un faro de esperanza y progreso.

Pero no podemos olvidar que, más allá de sus logros académicos, el “González Vigil” ha sido un símbolo de resistencia y fortaleza. Ubicado en una región que sufrió el impacto del conflicto interno que azotó al país en las últimas décadas del siglo pasado, nuestra comunidad educativa no se rindió. Siguió adelante, reforzando su compromiso con la formación de ciudadanos íntegros, conscientes de la realidad social y política de su entorno, y dispuestos a luchar por un Perú más justo y democrático, tal como lo hizo el hombre que da nombre a nuestra institución.

Hoy, en un país que enfrenta grandes retos, tanto en lo económico como en lo social, es importante destacar la labor de instituciones como el Colegio Nacional “González Vigil”. La educación sigue siendo, más que nunca, la herramienta fundamental para construir un futuro mejor. En este contexto, el colegio ha demostrado a lo largo de sus 91 años que una educación integral, que combine el conocimiento técnico y humanístico, es el camino para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Este aniversario no es solo una celebración de la trayectoria de nuestra institución, sino también un llamado a seguir fortaleciendo el sistema educativo nacional. El Colegio Nacional “González Vigil” nos recuerda que, en una sociedad democrática, la educación no puede ser vista solo como un medio para obtener un empleo, sino como un fin en sí mismo: la formación de personas capaces de pensar críticamente, de actuar con ética y de contribuir al bienestar de la sociedad.

En un contexto global en el que los desafíos educativos son cada vez más complejos, es fundamental seguir apoyando a instituciones como el Colegio Nacional “González Vigil”, que han demostrado que la educación puede ser un motor de cambio social. Al celebrar este 91 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con la formación de nuevas generaciones que, inspiradas por el ejemplo de Francisco de Paula González Vigil, continúen defendiendo los valores de la justicia, la democracia y la libertad.

Hoy, más que nunca, debemos recordar que, al igual que el célebre diputado que da nombre a nuestro colegio, la educación debe ser valiente, visionaria y, sobre todo, humanista. ¡Feliz aniversario, Colegio Nacional “González Vigil”! Que sigas siendo, por muchos años más, el pilar sobre el cual se erige el futuro de Huanta y del Perú.

Re-globalización: Comercio en un mundo geopolitizado

 Por Wens Silvestre

En los últimos años, el comercio global ha entrado en una nueva fase que, a falta de un mejor término, podemos llamar "re-globalización". Esta etapa no es simplemente un retorno a la expansión comercial de décadas pasadas, sino una evolución del comercio internacional en respuesta a un contexto geopolítico mucho más complejo y volátil. Las tensiones entre grandes potencias, los avances tecnológicos y la necesidad de asegurar la resiliencia de las cadenas de suministro han forjado un nuevo paradigma de comercio, uno que equilibra las demandas de seguridad nacional con los beneficios económicos de la integración global.

El comercio internacional ha sido, históricamente, una fuente de prosperidad y paz, conectando economías, aumentando la eficiencia y elevando los niveles de vida en todo el mundo. Sin embargo, la narrativa reciente que vincula el comercio con la seguridad nacional ha cobrado fuerza, especialmente en las economías avanzadas. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han comenzado a reconsiderar sus relaciones comerciales, particularmente con actores estratégicos como China y Rusia, en un esfuerzo por proteger industrias clave y evitar dependencias económicas que podrían convertirse en riesgos geopolíticos.

El argumento es simple: las naciones no pueden permitirse depender de actores que, en un momento dado, podrían utilizar su control sobre bienes esenciales o tecnologías estratégicas como una herramienta de influencia política o militar. Esto se ha visto, por ejemplo, en la carrera por el dominio de las tecnologías de semiconductores o en la lucha por asegurar fuentes de energía en medio de la guerra en Ucrania. Así, el comercio, que solía verse como una herramienta para el crecimiento y la integración pacífica, se ha convertido en un campo de batalla geopolítico.

En este nuevo contexto, la re-globalización se caracteriza por un giro hacia el friendshoring y el reshoring. Los países buscan acercar sus cadenas de suministro a socios confiables o, directamente, relocalizarlas para evitar depender de países avanzados potencialmente adversarias. El ejemplo más claro de esta tendencia es la creciente inversión de Estados Unidos en la producción local de semiconductores, así como su restricción de la exportación de tecnología avanzada a China. A su vez, China ha redoblado sus esfuerzos para volverse autosuficiente en sectores clave, con políticas agresivas de innovación y expansión industrial.

Este enfoque no implica una desglobalización total, sino una adaptación del comercio global a las realidades geopolíticas contemporáneas. Se busca mitigar los riesgos de interrupciones globales como las que vimos durante la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania, y garantizar que las naciones puedan mantener el acceso a bienes y servicios críticos, incluso en tiempos de crisis.

Sin embargo, este enfoque también trae consigo riesgos. La diversificación de las cadenas de suministro y la construcción de nuevas capacidades industriales a nivel local pueden implicar costos más altos, lo que podría traducirse en una disminución de la eficiencia económica global y en un aumento de los precios para los consumidores. En un mundo donde la inflación ya es una preocupación creciente, esto podría generar tensiones económicas internas.

El otro gran componente de la re-globalización es la necesidad de hacer del comercio una herramienta más inclusiva y sostenible. Para miles de millones de personas en países en desarrollo, el comercio sigue siendo una fuente esencial de oportunidades económicas, empleo y desarrollo pacífico. A pesar de los debates sobre seguridad nacional en las economías avanzadas, el acceso a mercados globales ha sido un motor clave para la reducción de la pobreza en los últimos 40 años.

Los datos muestran claramente que la apertura comercial ha contribuido a sacar a millones de personas de la pobreza, particularmente en Asia. China es el ejemplo más claro de cómo la integración en la economía global, a través de la exportación de manufacturas y bienes de bajo valor agregado, permitió un crecimiento económico sin precedentes, reduciendo la pobreza de manera masiva. Sin embargo, este modelo también debe evolucionar. El cambio climático y la creciente demanda de sostenibilidad exigen que el comercio global se reconfigure para promover prácticas más responsables y resilientes.

La re-globalización debe incorporar criterios de sostenibilidad ambiental. Esto significa no solo reducir las emisiones de carbono en las cadenas de suministro, sino también promover prácticas comerciales que no perpetúen la degradación del medio ambiente o exacerben las desigualdades. Las economías emergentes, muchas de las cuales dependen del comercio de materias primas, deben estar equipadas para adaptarse a esta nueva realidad y diversificar sus economías hacia sectores más sostenibles y resilientes.

La re-globalización plantea un desafío existencial para el sistema multilateral de comercio, especialmente para la Organización Mundial del Comercio (OMC). Si la OMC quiere seguir siendo relevante en este nuevo entorno, necesitará reformarse. Las reglas del comercio mundial deben adaptarse para lidiar con las tensiones entre seguridad nacional y libre comercio, pero sin caer en el proteccionismo descontrolado que podría deshacer décadas de progreso.

Esto implica fortalecer los mecanismos de resolución de disputas y encontrar un equilibrio entre la soberanía de los Estados para proteger sus intereses estratégicos y la necesidad de mantener un sistema de comercio abierto. Además, la OMC debe dar un papel más destacado a las economías en desarrollo, asegurando que sus voces sean escuchadas y que se beneficien equitativamente del comercio global.

La re-globalización es inevitable, pero también presenta una oportunidad. En lugar de revertir décadas de progreso en la integración económica, los países deben adaptar sus políticas comerciales para enfrentar los desafíos geopolíticos, al tiempo que garantizan que el comercio siga siendo una herramienta poderosa para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Los líderes deben ser conscientes de los riesgos de un enfoque demasiado centrado en la seguridad nacional, ya que podría aumentar los costos económicos y erosionar los beneficios del comercio global. Sin embargo, si se maneja de manera inteligente, la re-globalización podría crear un mundo más resiliente, inclusivo y sostenible, donde el comercio continúe siendo un pilar del desarrollo global.

El comercio no solo puede, sino que debe, ser una fuerza para el bien en este nuevo mundo geopolitizado.

Presupuesto 2025: Entre la sostenibilidad fiscal y los desafíos estructurales

 Por Wens Silvestre

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ascendente a 251.8 mil millones de soles, lo que representa un incremento del 4.6% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, que fue de 240.8 mil millones de soles. Este presupuesto refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico en medio de un panorama marcado por la incertidumbre global, la crisis política interna, y los problemas persistentes de corrupción e ineficiencia en la gestión pública.

Las entidades del Gobierno Nacional concentran el 63,5% del presupuesto para el 2025, una proporción similar a la de 2024 (63,7%). Los Gobiernos Regionales recibirán el 21,6%, ligeramente inferior a 2024 (21,9%), y los Gobiernos Locales manejarán el 14,9%, un aumento en comparación con el 14,4% de 2024. Además, el gasto corriente asciende a S/ 157,364 millones, representando un aumento del 6.2% respecto al 2024. Este incremento sugiere una priorización en el mantenimiento de la burocracia estatal y en la prestación de servicios, a costa de una expansión limitada del gasto de capital, que solo crece un 4.1%. Aunque el gasto de capital aumenta hasta S/ 66,874 millones, este crecimiento es modesto, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo económico a largo plazo.

Comparado con 2024, el gasto corriente aumenta en términos absolutos, pero esta expansión no se traduce en un cambio significativo en la estructura del presupuesto, lo que indica que no se están tomando medidas sustanciales para reducir la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el ligero incremento en el gasto de capital no es suficiente para compensar las necesidades de inversión en un país que aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura.

En el Gobierno Nacional, se observa un incremento del gasto corriente del 10.5%, mientras que el gasto de capital disminuye en un 6.3%. Este aumento del gasto corriente está alineado con la tendencia de priorizar la prestación de servicios y el cumplimiento de metas institucionales, lo que refleja una necesidad de fortalecer la capacidad operativa del gobierno central. Sin embargo, la reducción en el gasto de capital podría limitar la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento proyectado del 3.1% del PBI en 2025. Este enfoque podría generar tensiones en la sostenibilidad a largo plazo si no se logra un balance adecuado entre gasto corriente y de capital.

La asignación presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales muestra una tendencia positiva, con un incremento general en los recursos. El aumento significativo en el gasto de capital para los Gobiernos Locales (24.2%) sugiere un impulso hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local, lo cual es crucial para cerrar brechas regionales y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, el ligero aumento en el gasto corriente para los Gobiernos Regionales (1.0%) podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos operativos y de prestación de servicios en estas regiones.

La reducción en el pago del servicio de la deuda tanto para el Gobierno Nacional (-2,9%) como para los Gobiernos Locales (-13,9%) podría reflejar un proceso de refinanciamiento de la deuda pública. Esto podría liberar recursos para otros fines prioritarios a corto plazo, pero también podría generar mayores obligaciones futuras, lo que debe considerarse cuidadosamente en términos de sostenibilidad fiscal.

Financiamiento del Presupuesto 2025

El MMM 2025-2028 establece que el déficit fiscal alcanzará el 2.8% del PBI en 2024 y proyecta un crecimiento del PBI de 3.2% para ese mismo año. Sin embargo, la opinión del Consejo Fiscal (CF) expresa preocupación, señalando que es muy probable que esta meta de déficit no se cumpla, dado que a junio de 2024 ya se había alcanzado un déficit del 4% del PBI. Para alcanzar la meta proyectada, los ingresos deberían aumentar en un 13%, lo cual, según el CF, resulta poco probable en el escenario actual.

Esto plantea un desafío significativo para el financiamiento del presupuesto 2025. Si el déficit fiscal de 2024 supera el 2.8%, será necesario ajustar las proyecciones para 2025 y considerar posibles medidas correctivas, como la ampliación de la base tributaria y el control más estricto del gasto público.

El MMM proyecta un crecimiento del PBI del 3.1% para 2025, con sectores como la pesca, que se espera crezca un 7.0%, y la construcción, que muestra un aumento del 4.0%. Sin embargo, el CF advierte que el crecimiento del 3.1% podría ser inconsistente con un escenario internacional menos favorable. Si el crecimiento económico es más débil de lo proyectado, esto afectará directamente los ingresos fiscales, complicando aún más el cumplimiento de las metas de déficit.

El análisis del CF resalta la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales. La SUNAT estimó un incumplimiento en el pago del IGV en 2023 de S/ 34,669 millones, equivalente al 3.5% del PBI. Esto indica un área de mejora significativa en la gestión tributaria. El aumento de la eficiencia en la recaudación es esencial para financiar el presupuesto sin aumentar la carga impositiva, lo cual podría desalentar la inversión privada y el consumo.

El gasto tributario estimado para 2025 ascenderá a S/ 17,624 millones (1.58% del PBI), con un potencial de aumentar a S/ 24,010 millones (2.15% del PBI). Estos gastos tributarios representan recursos significativos que podrían ser utilizados para reducir el déficit fiscal o para financiar programas críticos de inversión. La reducción de estos gastos, junto con la lucha contra la evasión fiscal, debería ser una prioridad en la política fiscal para mejorar la sostenibilidad del financiamiento público.

El contexto político y la ineficiencia del Sector Público

La crisis política y la corrupción endémica siguen siendo factores críticos que erosionan la eficacia del gasto público. El aumento del gasto corriente refleja, en parte, una estructura estatal que ha sido resistente a la reforma y a la racionalización de sus operaciones. En lugar de redirigir recursos hacia inversiones productivas, el Estado continúa financiando una burocracia costosa que no necesariamente mejora la calidad de los servicios públicos.

Este contexto se agrava por la ineficiencia en la gestión pública, donde los recursos se ven frecuentemente malgastados o desviados debido a la corrupción. Esta situación no solo afecta la percepción pública y la confianza en las instituciones, sino que también limita la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que promuevan el desarrollo económico y social.

En síntesis, el presupuesto público para 2025 refleja un equilibrio frágil entre las necesidades de financiamiento y la sostenibilidad fiscal. Si bien el incremento en el gasto corriente puede ser necesario para mantener ciertos servicios públicos, la falta de un incremento significativo en el gasto de capital podría limitar las oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Además, sin reformas fiscales profundas y un enfoque decidido en la lucha contra la corrupción, el gobierno peruano corre el riesgo de perpetuar un ciclo de ineficiencia y endeudamiento que podría obstaculizar sus aspiraciones de desarrollo.

El camino hacia la estabilidad económica y fiscal requiere no solo una gestión prudente de los recursos, sino también una voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales que han frenado el progreso del país. Sin un compromiso real para mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base tributaria, las metas presupuestarias y de crecimiento económico para 2025 podrían resultar inalcanzables.