Este proyecto marca el cuarto pedido de facultades para legislar realizado por el actual régimen en casi tres años de gobierno. Con una propuesta de ley que abarca áreas tan diversas como la economía, la seguridad y la defensa nacional, surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a un enfoque integral para abordar los desafíos del país o simplemente a una repetición de patrones que no han dado los resultados esperados?
Al analizar los antecedentes de los proyectos de ley anteriores, como el proyecto 583/2021-PE y el proyecto 3941/2022-PE, podemos identificar una tendencia preocupante. Si bien cada uno de estos proyectos se centraba en áreas específicas, como la reactivación económica y la modernización del Estado, su aprobación no ha necesariamente conducido a los resultados deseados. Más bien, han surgido preocupaciones en torno al cumplimiento de reglas macrofiscales y la efectividad de las políticas implementadas.
El último proyecto de ley, el 7752/2023-PE, presenta riesgos adicionales. En particular, la propuesta de establecer un nuevo proceso de reducción gradual del déficit fiscal y la deuda pública plantea interrogantes sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias a largo plazo. Además, la autorización para abordar el proceso de formalización minera integral, si bien es loable en teoría, suscita dudas sobre su capacidad para resolver los problemas arraigados en este sector que no ha logrado resultados positivos en los veinte años de más bien simulación de formalización minera.
La falta de claridad en los objetivos y la ruta a seguir por parte del Poder Ejecutivo es evidente. La repetición de pedidos de facultades para legislar sobre temas similares sin una evaluación exhaustiva de los resultados anteriores sugiere una falta de dirección estratégica y una posible desconexión con las necesidades reales del país.
Además, la falta de seguimiento adecuado por parte del Congreso a los decretos legislativos emitidos en cumplimiento de las leyes autoritativas otorgadas al Poder Ejecutivo refleja una renuncia a su función principal de legislar en beneficio del país. En lugar de realizar un análisis riguroso y objetivo de cada propuesta, el Congreso parece haber optado por delegar su responsabilidad legislativa al Poder Ejecutivo.
En este contexto, es fundamental que el Congreso asuma su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo y realice una evaluación objetiva de este y futuros pedidos de facultades para legislar. La reforma integral del Estado requiere un enfoque colaborativo y transparente, donde se aborden los problemas estructurales de manera efectiva y sostenible.
En resumen, los desafíos y riesgos asociados con la delegación de facultades legislativas en el Perú son evidentes. Si bien existe la necesidad de abordar urgentemente problemas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana, es fundamental que cualquier propuesta legislativa se base en un análisis riguroso y en un compromiso real con el cambio. Los parches ya no son suficientes para resolver los problemas estructurales del país; es hora de adoptar un enfoque integral y orientado al futuro.
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