Por: Wens Silvestre
En medio de un panorama oscuro marcado por la desconfianza generalizada en el gobierno y las instituciones del Estado, nuestro país enfrenta una crisis multidimensional que va más allá de los índices de seguridad ciudadana. Según los últimos datos revelados por Ipsos, la aprobación de la gestión presidencial de Dina Boluarte ha alcanzado un preocupante 9%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta el 88%. Paralelamente, el ministro del Interior, Víctor Torres, enfrenta una situación similar, con apenas un 10% de aprobación y un 75% de desaprobación.
Estos
números no son solo indicativos de un descontento generalizado, sino que
reflejan una profunda falta de credibilidad en las autoridades y el sistema
político en su conjunto. La gestión del Congreso de la República y del Poder
Judicial tampoco escapa a esta desaprobación, con índices del 85% y 73%
respectivamente.
Este
panorama de desconfianza y descontento generalizado mina la legitimidad de las
instituciones del Estado y erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema
democrático. La correlación entre la desconfianza en el gobierno y la
corrupción es innegable. La falta de transparencia y la impunidad que
caracterizan los escándalos de corrupción socavan la capacidad del Estado para
garantizar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley.
Los
ciudadanos perciben que los recursos destinados a combatir la delincuencia son
desviados hacia intereses particulares, mientras que los responsables de
garantizar la justicia actúan con negligencia o complicidad. Esta situación de
desconfianza y corrupción tiene consecuencias devastadoras para la seguridad de
la población. La falta de legitimidad de las instituciones estatales socava la
eficacia de las políticas de seguridad ciudadana y debilita la capacidad del
Estado para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia urbana.
La
percepción de impunidad y la falta de confianza en la justicia alimentan un
clima de inseguridad y desesperanza en el que la población se siente vulnerable
y desprotegida. Además, el deterioro de la democracia como resultado de la
corrupción y la falta de transparencia amenaza con socavar los pilares
fundamentales de la convivencia democrática.
La
erosión de la confianza en las instituciones democráticas alimenta la
polarización política, el descontento social y la desafección ciudadana,
creando un caldo de cultivo para la radicalización y el autoritarismo. En este
contexto, es imperativo que el gobierno y las instituciones del Estado asuman
su responsabilidad de restaurar la confianza y reconstruir la legitimidad
perdida.
Esto
requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es necesario combatir la
corrupción en todas sus formas y garantizar que los responsables rindan cuentas
ante la justicia. Asimismo, es fundamental promover la participación ciudadana
y la sociedad civil en la toma de decisiones y la supervisión de las políticas
públicas.
La
construcción de una cultura de integridad y ética en el servicio público es
esencial para restaurar la confianza en las instituciones del Estado y
fortalecer la democracia. En última instancia, solo a través de un esfuerzo
conjunto y decidido para combatir la corrupción, reconstruir la confianza y
fortalecer las instituciones democráticas, nuestro país podrá superar los
desafíos que enfrenta y construir un futuro más seguro y justo para todos sus
ciudadanos.
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