Por: Wens Silvestre
En los últimos años, el Perú ha experimentado una constante crisis política que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La caída del presidente Pedro Castillo y las subsiguientes acciones del Congreso han evidenciado desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, responsabilidad y respeto por los principios democráticos fundamentales.
La baja aprobación del
Congreso peruano, como reflejo de la falta de confianza ciudadana en sus
representantes, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en el
país. La serie de escándalos y la impunidad de los miembros del Congreso han
alimentado un clima de descontento y frustración entre la población. La vulneración
de procesos legislativos, como el intento de adelanto de elecciones revertido
mediante estrategias legales, ha socavado la confianza en la capacidad del
sistema político para responder a las demandas y expectativas del pueblo.
En este escenario, la
reciente aprobación en segunda votación de la ley que propone la reintroducción
de la bicameralidad en el Congreso merece un análisis detenido. Esta reforma
constitucional, que pretende establecer la bicameralidad, se presenta como una
respuesta a la necesidad de mejorar la representatividad y la participación
política en el país.
El objeto de la ley es
claro: reformar la Constitución Política del Perú para instaurar la
bicameralidad en el Congreso de la República. Se argumenta que esta medida
busca propiciar una mejor representación regional. Sin embargo, la forma en que
se ha llevado a cabo este proceso plantea preguntas sobre la legitimidad y
transparencia de la decisión, especialmente en lo que respecta a las
restricciones sobre quiénes pueden acceder a cargos de senador, condicionando
la elegibilidad a experiencia previa como congresistas o diputados, generando
interrogantes sobre la renovación y diversidad en la representación política.
La propuesta detalla la
composición de la Cámara de Diputados y Senadores, estableciendo que la Cámara
de Diputados contará con 130 representantes, mientras que la Cámara de
Senadores tendrá 60 miembros. La inclusión de la garantía de elegir al menos un
senador por cada circunscripción electoral y por cada una de las regiones busca
asegurar una representación más equitativa y descentralizada en el Senado y la
duración de los mandatos de cinco años. La garantía de que la implementación de
la bicameralidad no aumentará el gasto público, es clave, financiándose con el
mismo presupuesto de la institución, es una medida tranquilizadora. Sin
embargo, la clave está en la efectividad de estas disposiciones y su capacidad
para lograr los objetivos declarados.
El proceso de
aprobación, al superar más de dos tercios del número legal de congresistas
requeridos en segunda votación se excepcionó del referéndum constitucional,
destaca la importancia de la aceptación en el Congreso. No obstante, la
ciudadanía debe estar alerta y participar activamente para asegurar que estas
decisiones reflejen verdaderamente los intereses del pueblo.
En síntesis, la
reintroducción de la bicameralidad en el Parlamento peruano se presenta como
una medida para fortalecer la representatividad y participación política. Sin
embargo, la implementación de esta reforma debe ser vigilada de cerca para
evitar abusos y asegurar que realmente contribuya a la consolidación de una democracia
más fuerte y representativa en el Perú. La participación ciudadana, la
transparencia y el escrutinio constante serán fundamentales para el éxito y la
legitimidad de este proceso.
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