Perú: La coca y el narcotráfico

Por: Wens Silvestre

En el Perú durante el año 2006, aproximadamente 50 mil hectáreas se destinaron al cultivo de hoja de coca, un aumento de 32% respecto al 2005, según informaron fuentes del Gobierno Peruano. Para la ONU, está cifra es de 51,4 mil hectáreas. Sin embargo, aún no se conoce el Reporte sobre Estrategia Internacional para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, que prefiere mantener en “TBD” las cifras. El cultivo de la coca en el Perú ha crecido y en consecuencia a fracasado el objetivo general de disminuir la producción del principal insumo para la elaboración de la PBC y la Cocaína. En ese sentido, se necesita de medidas inmediatas para revertir tal situación en los 5 ejes fundamentales en el marco de la Política de Estado de lucha contra el narcotráfico y dejar de lanzar propuestas que sólo generaría más problemas:

Ø Fortalecer la labor de Interdicción y el Poder Judicial (por aire, tierra, fluvial y mar)[1].
Ø Mejorar el sistema de articulación del Control de Insumos. Debe ir a la par con interdicción.
Ø Dotar de mayores mecanismos para la efectiva labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (Detectar y combatir lavado de activos).
Ø Reestructurar la política de sustitución y erradicación de cultivo de la coca, con el objetivo de restablecer la presencia del Estado en las zonas cocaleras, insertar al productor agrario al mercado, dotar de créditos preferenciales, recuperar los valores humanos; en ese sentido se plantea:
Ø Desarrollo Integral Sostenido: Presencia del Estado

• Infraestructura Económica Productiva
• Infraestructura Social básica
• Capacitación y restitución de valores
• Proyectos productivos
• Inserción en el mercado
• Como de parte del proceso de descentralización, el Estado dotará de mayor poder de decisión a los gobiernos locales de las zonas cocaleras[2], en apoyo a la política de sustitución de cultivos de la coca, y serán éstos los encargados de ejecutar los proyectos de sustitución de cultivos de la coca, atribuyéndoles la responsabilidad de las metas de la política de sustitución y del manejo de los fondos de recursos económicos que para tal efecto el Estado obtiene de organismos internacionales públicos y privados para proyectos de desarrollo económico y social. En ese sentido, los ONGs tendrán que coordinar directamente con los Municipios locales los proyectos a ejecutarse con tal fin.

Ø Garantizar a partir de 2008 US$ 100 millones anuales[3], como parte de éste proceso de descentralización en apoyo a la política de sustitución, manejadas por las propias municipalidades del VRAE. Sin embargo, el monto consignado en el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2008, es irrisorio, sólo se ha considerado S/. 146,7 millones, de los cuales S/. 78,2 millones (53%) destinado para el Ministerio de Defensa (para atender la implementación y el equipamiento de bases contraterroistas); S/. 37,4 millones para la rehabilitación de la carretera Quinua – San Francisco; así podemos observar en el cuadro.

Actividades Especiales: Valle del Río Apurimac y Ene

Fuente: MEF - Sustentación Presupuesto 2008

Sin embargo, con esos limitados recursos asignados para el año 2008, continuamos en la misma senda equivocada, disminuyendo la irrisoria presencia del Estado en el VRAE, y más aún cuando el Estado cuenta con los recursos económicos disponibles. La miopía del Ejecutivo, destina más recursos a regiones que menos lo necesitan, es decir, regiones que no tienen tanta urgencia como las zonas cocaleras del Huallaga y el VRAE. Se requiere de una efectiva voluntad política para erradicar el narcotráfico y el terrorismo del país y todas las actividades ilícitas conexas a la misma.
La presente semana será clave para redistribuir los recursos presupuestales de las regiones involucradas con el narcotráfico y el terrorismo. El pleno del Congreso de la República, tiene la obligación de hacerlo reasignando mayores recursos para el desarrollo integral de esas zonas en conflicto.


[1][1]. Para así cerrar el camino por donde los narcotraficantes llevan el dinero para efectuar la compra de la PBC y la cocaína en las zonas cocaleras. Una vez efectuado una labor efectiva en este eje, se habrá eliminado la principal razón por la cual los campesinos siembran coca. En esa circunstancia el productor cocalero tendrá problemas de sobre stock de coca que traerá abajo los precios de éstos y no tendrá más alternativa que cambiar de cultivo, forzado por la falta de demanda de la coca. Esta estrategia tuvo éxito relativo en 1993 y 1994 cuando se redujo considerablemente la producción de coca por la efectiva labor de interdicción y no de erradicación directa que enfrentan al campesino con el Estado, cuando podemos concentrar nuestros recursos logísticos en el control de avionetas, lanchas, vehículos y cualquier otro medio de transporte, y enfrentarnos directamente con los narcotraficantes sin tocar al campesino que es muy sensible a éste tema.
[2] La experiencia exitosa de AMRESAM (Asociación de Municipalidades de la San Martín) en la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo, principalmente, en infraestructura productiva, durante los años 1998 y 1999, en la región San Martín, se podría rescatar y multiplicar en las zonas cocaleras
[3] Según fuentes oficiales de CEDRO, Estados Unidos invierte anualmente en el Perú como parte de la lucha contra las Drogas US$ 200 millones y al interior de Estados Unidos US$ 15,000 millones para la misma lucha.