Por Wens Silvestre
La
crisis climática constituye uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo.
Sin embargo, un obstáculo crítico, aunque a menudo ignorado, es la corrupción.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency
International (TI, 2025), la corrupción no solo socava el desarrollo
sostenible, sino que también profundiza la crisis climática, desviando recursos
y debilitando políticas fundamentales.
A nivel global, la corrupción afecta particularmente los fondos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático. Se estima que entre 82 y 238 mil millones de dólares anuales se pierden debido a prácticas corruptas en proyectos ambientales (TI, 2025). La falta de transparencia facilita la malversación y el cabildeo indebido, especialmente en países con instituciones débiles o capturadas por intereses privados.
En
este contexto global, Perú enfrenta desafíos aún más complejos. Según el CPI
2024, Perú obtuvo un puntaje de 31 sobre 100, situándose entre los países con
una percepción elevada de corrupción. Esta situación tiene consecuencias
directas y devastadoras en las políticas climáticas nacionales.
La
corrupción en Perú se manifiesta de manera crítica en cuatro dimensiones:
1. Influencia indebida en la toma de
decisiones ambientales: Las industrias extractivas, especialmente mineras y
petroleras, ejercen una fuerte presión política y económica que obstaculiza la
implementación de regulaciones ambientales y climáticas efectivas. Este tipo de
captura regulatoria ha llevado a la aprobación de proyectos con altos costos
ambientales, como ha sucedido recurrentemente en la Amazonía peruana.
2. Malversación de fondos climáticos: Perú
muestra serios antecedentes de corrupción en la administración de fondos
públicos. Esto representa un riesgo significativo en la gestión de los fondos
internacionales destinados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio
climático. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha facilitado la
desviación de recursos críticos, afectando directamente a las comunidades más
vulnerables.
3. Débil protección ambiental: La
corrupción también ha debilitado notablemente la capacidad de fiscalización
ambiental. Casos recurrentes de sobornos y colusión entre empresas y
autoridades locales han facilitado actividades ilegales como la minería
informal y la tala ilegal, agravando los efectos del cambio climático y
generando conflictos sociales que erosionan aún más la gobernabilidad.
4. Amenazas contra activistas ambientales: En
Perú, como en otros países con altos niveles de corrupción, los defensores
ambientales enfrentan amenazas constantes y violencia física. Esta violencia se
ve facilitada por la impunidad generada por un sistema judicial debilitado por
la corrupción, que desprotege a los activistas ambientales e indígenas que
defienden sus territorios.
Para
enfrentar estos desafíos, nuestro país necesita urgentemente priorizar la lucha
contra la corrupción como eje central de sus políticas climáticas. Se requieren
medidas concretas que incluyan la creación de mecanismos transparentes para el
manejo de fondos ambientales, la implementación efectiva de registros de
cabildeo, fortalecimiento de sistemas anticorrupción independientes y
mecanismos de rendición de cuentas claros que involucren activamente a las
comunidades locales.
En
síntesis, mientras el mundo lidia con la crisis climática, Perú debe entender
que combatir la corrupción es esencial no solo para su desarrollo económico y
social, sino también para su supervivencia ambiental. La lucha contra la
corrupción debe ser integral y decidida si se busca proteger efectivamente a
las generaciones futuras de los devastadores efectos del cambio climático.
Referencias:
Transparency
International (2025). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.
Disponible
en:
https://images.transparencycdn.org/images/Report-CPI-2024-English.pdf
