Por: Wens Silvestre
La
reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones
Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de
los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y
corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas
instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los
peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud
del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es
fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo
un paliativo temporal.
Además,
el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión
financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS
preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el
presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público
(2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.
El
financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la
comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva
fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos
obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un
uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento
público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido,
un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.
El
punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos
en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto
podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre
la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de
corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan
investigaciones penales.
La
reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas
estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17
países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil
institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos
políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos
de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.
Además,
los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la
Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de
intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito.
Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma
detenga la perpetuación de estas prácticas.
Recomendaciones
para un cambio efectivo
El
fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir
mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo
financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes
sospechosos.
Para
mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser
obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades
con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.
Mejorar
los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los
partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de
financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño
institucional.
Promover
reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante
umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin
representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.
En
síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un
paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza
ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de
corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento
institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la
legitimidad de las organizaciones políticas.
La
prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que
queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones
profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde
los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de
cambio en la consolidación democrática.
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