El desempeño económico y del mercado laboral en Perú (2023)

Por Wens Silvestre

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el desempeño económico y el nivel de empleo en Perú (2023) proporciona una visión detallada que, merece un análisis cuidadoso. La economía peruana, si bien enfrenta desafíos, presenta oportunidades para la implementación de políticas que fomenten el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.

Desempeño económico: La reducción del 0,55% en la producción nacional es motivo de preocupación, destacando la necesidad de abordar las contracciones en sectores clave como manufactura, construcción, financiero, telecomunicaciones, agropecuario y pesca. Desde mi perspectiva, propongo incentivar la competitividad y eficiencia en estos sectores mediante la promoción de la inversión privada y la eliminación de barreras regulatorias. 

En sectores como el agropecuario y pesca, se sugiere gestionar riesgos climáticos y promover prácticas sostenibles para garantizar la resiliencia ante condiciones adversas. El crecimiento en minería e hidrocarburos es positivo, pero es esencial garantizar una explotación responsable de los recursos naturales, considerando aspectos ambientales y sociales.

En la manufactura, la reducción del 6,65% destaca la importancia de políticas que impulsen la competitividad e innovación, alentando la inversión en tecnología y mejorando la capacidad productiva. En el sector construcción, la contracción del 7,86% subraya la necesidad de abordar barreras que afectan la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

El crecimiento del 2,36% en el sector comercio indica un buen desempeño y respalda la idea de promover un entorno empresarial favorable, reduciendo trámites burocráticos y facilitando la actividad comercial.

El sector electricidad, gas y agua muestra un crecimiento del 3,68%, señalando la salud de la infraestructura básica. Desde mi perspectiva, se podría respaldar la participación del sector privado en la expansión y modernización de la infraestructura, promoviendo la eficiencia y la inversión.

Desempeño del mercado laboral: En cuanto al mercado laboral, la disminución del 0,9% en la población ocupada y el aumento de la tasa de desempleo al 5,4% plantean desafíos económicos. Desde mi perspectiva, recomiendo la implementación de políticas que fomenten la creación de empleo formal y brinden oportunidades de trabajo digno.

La reducción del 8,4% en la población ocupada menor de 25 años subraya la necesidad de abordar las dificultades de entrada al mercado laboral para los jóvenes. El aumento del 5,6% en la población ocupada con educación superior indica la importancia de promover la formación académica, mientras que la reducción del 4,8% en aquellos con educación secundaria señala la necesidad de mejorar la formación para esta población.

La disminución en empresas de 1 a 10 trabajadores y el aumento en empresas de 11 a 50 trabajadores indican la necesidad de políticas que impulsen la inversión y el desarrollo empresarial. La contracción en el empleo en el sector de construcción destaca la importancia de abordar barreras para la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

En resumen, abogo por políticas que fomenten la competitividad, la inversión privada y la eficiencia en diversos sectores económicos para estimular el crecimiento y la estabilidad a largo plazo en la economía peruana. Además, la diversificación económica y la descentralización de políticas laborales podrías ser claves para abordar las disparidades regionales. La implementación de reformas basadas en estos principios puede allanar el camino para un futuro económico próspero y sostenible en el país.

Perú: Crisis política y cuestionamientos al liderazgo de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

En el transcurso de los últimos catorce meses, la presidencia de Dina Boluarte ha enfrentado una serie de desafíos que han dejado una huella indeleble en la percepción pública. La más reciente encuesta de Ipsos revela una aprobación del 8%, marcando el nivel más bajo desde su asunción al cargo, planteando preguntas inquietantes sobre la eficacia de su liderazgo y la capacidad del gobierno para abordar los problemas clave del país.

La actual situación se inserta en un contexto más amplio de transformaciones históricas y desafíos estructurales. La complejidad para entender y resolver la crisis política se ve exacerbada al considerar eventos importantes como el fallido golpe de Estado de  Pedro Castillo, la renuncia de Manuel Merino, la vacancia de Martín Vizcarra y la forzada dimisión de  Pedro Pablo Kuczynski. Estos eventos,  que resultaron en la sucesión de presidentes en tan solo cuatro  años (de julio de 2016 a septiembre de 2020), indican la profundidad de la crisis cuyas raíces pueden remontarse aún más atrás en el tiempo.  La complejidad y la falta de un punto de inicio claro para la crisis reflejan las transformaciones sustanciales en el marco político peruano.

Uno de los aspectos críticos es la aparente falta de liderazgo directo por parte de Boluarte.    La decisión de delegar la comunicación gubernamental a su primer ministro puede interpretarse como una estrategia eficiente para dividir responsabilidades, pero también como una percepción de falta de liderazgo directo que ha contribuido a la disminución de su nivel de aprobación.

La baja legitimidad de Boluarte, surgida de su posición como vicepresidenta en la lista electoral y posiblemente por su condición de mujer en un entorno social marcado por complejidades, se destaca como un desafío adicional. Además, la falta de reconocimiento de las inquietudes del público, especialmente en relación a las trágicas muertes ocurridas en las movilizaciones posteriores a la caída de Castillo, ha tenido un impacto negativo en el inicio de su mandato.

La crisis política en Perú se remonta a cambios fundamentales en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La desaparición de marcos ideológicos y fuerzas políticas tradicionales ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Nuevos actores, representando a profesionales de origen popular, empresarios exitosos surgidos desde abajo, provincianos en altos cargos públicos y mujeres líderes, han surgido en un escenario político que carece de la pureza ideológica de partidos pasados. En ese contexto, el populismo emerge y se fortalece ofreciendo soluciones inmediatas a las demandas populares, cuyo impacto económico generalmente es perjudicial.

La dificultad para representar políticamente a la sociedad peruana es un tema clave. La presión por definir ideológicamente y mantener la pureza en la conducta ha debilitado a los nuevos partidos políticos, mientras que las expectativas de diversos sectores plantean un dilema sobre cómo abordar estas realidades heterogéneas de manera efectiva.

La polaridad política mundial y su reflejo en Perú, manifestada en empates electorales, plantea la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del país, con la elección presidencial del 2026 como una oportunidad para reflexionar y discutir las demandas y aspiraciones de los diversos sectores emergentes.

La gestión de Boluarte se enfrenta no solo a problemas inmediatos, sino también a raíces históricas y estructurales que requieren soluciones profundas y una visión de largo plazo. El país se encuentra en una encrucijada donde la capacidad de reconocer, entender y abordar estas complejidades determinará su futuro político y social. La ciudadanía, ávida de respuestas y acciones concretas, exige un liderazgo que comprenda la magnitud de la crisis y que ofrezca soluciones innovadoras y efectivas. La creciente inestabilidad política y la debilidad institucional reflejan tensiones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la consolidación democrática y fomentar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. La necesidad de políticas económicas basadas en fundamentos sólidos y una gestión institucional fortalecida se vuelve imperativa para mitigar los riesgos económicos asociados con el auge del populismo en el Perú.

Desafiando la sombra de la corrupción global

Por: Wens Silvestre

El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, revela un sombrío panorama en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Este índice, que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países y territorios, pone de manifiesto la estrecha conexión entre la injusticia y la propagación de prácticas corruptas en todo el mundo.

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, subraya la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia como un paso esencial para frenar la corrupción. Sin embargo, los resultados del IPC 2023 indican que la mayoría de los países han experimentado mínimos avances en esta batalla fundamental, con un promedio global estancado en 43 puntos durante los últimos doce años.

Entre los destacados globales, Dinamarca lidera el IPC, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda. Estos países evidencian la correlación positiva entre eficientes sistemas de justicia y bajos niveles de corrupción. En el otro extremo, naciones como Somalia, Venezuela y Siria ocupan las posiciones más bajas, víctimas de prolongadas crisis y conflictos armados que han socavado sus estructuras institucionales.

En las tendencias regionales, Europa Occidental y la Unión Europea, a pesar de tener el mayor puntaje, experimentan una preocupante caída debido al debilitamiento de controles y equilibrios. África subsahariana mantiene el promedio más bajo, enfrentando desafíos en democracia y estado de derecho. Europa del Este y Asia Central luchan contra un estado de derecho disfuncional y corrupción sistémica. Oriente Medio, África del Norte y Asia Pacífico muestran escasas mejoras, mientras que las Américas enfrentan impunidad debido a la falta de independencia judicial.

Perú, al descender tres niveles con 33 puntos, revela un ligero incremento en prácticas corruptas, indicando nulos avances en su lucha anticorrupción en el sector público. Esta situación se agrava al considerar que, en la última década, Perú ha disminuido su índice de corrupción de 38 a 33 puntos, señalando un fracaso en su combate anticorrupción.

La influencia de la corrupción en la justicia es evidente en casos como la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea desafíos a la gobernanza e infraestructura. Sin embargo, Ucrania mejora en el IPC al enfocarse en reformas judiciales. Por otro lado, Guatemala sufre un declive debido a gobiernos corruptos que han debilitado las instituciones judiciales.

Ante este panorama desolador, Transparencia Internacional emite un llamado urgente a los gobiernos para garantizar la independencia, recursos y transparencia en los sistemas de justicia. Daniel Eriksson destaca la necesidad de eliminar barreras para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia, enfatizando que la corrupción, la injusticia y el debilitamiento de la justicia forman un círculo vicioso que afecta desproporcionadamente a los vulnerables.

Como ciudadanos globales, debemos exigir a nuestros líderes un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la justicia son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro más equitativo y transparente para todos. Es hora de desafiar la sombra de la corrupción global y trabajar juntos para garantizar que la luz de la verdad y la integridad prevalezca.