Por: Wens Silvestre
En el complejo escenario económico peruano, el reciente anuncio del Plan Unidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca ser una respuesta a los desafíos que aquejan al país. Sin embargo, un análisis más profundo revela que, si bien estas medidas son un paso en la dirección correcta, enfrentan barreras significativas que podrían mermar su eficacia.
El avance económico registrado en las últimas dos décadas se encuentra amenazado por la persistencia de desigualdades, una estructura económica dependiente de recursos naturales y, más recientemente, por factores climáticos que han impactado sectores clave como la agricultura. La dependencia de megaproyectos vinculados a recursos naturales, como la minería, añade una dimensión de vulnerabilidad.
El Plan Unidos aborda algunos de estos problemas, como el impulso a la diversificación económica y la inversión en infraestructura, pero se enfrenta a un desafío crucial: la capacidad de ejecución del Estado. La burocracia, la complejidad administrativa y las denuncias de corrupción han frenado históricamente la implementación efectiva de proyectos de inversión.
Un aspecto particularmente preocupante es la baja ejecución de recursos destinados a proyectos, reflejada en el limitado avance del 52.2% (al 12 de noviembre) registrado en el presente año fiscal. Este bajo ritmo de ejecución no solo genera ineficiencias, sino que también tiene implicaciones directas en el crecimiento económico, estimándose una pérdida entre el 2.5% a 3% del PBI.
Para fortalecer la
efectividad del Plan Unidos y superar estos obstáculos, se requiere un enfoque
integral:
1. Reformas administrativas profundas: Simplificar los sistemas administrativos,
principalmente, una reforma del sistema de inversiones y contrataciones, y
establecer mecanismos de evaluación del rendimiento para funcionarios públicos,
incentivando la eficiencia y la responsabilidad.
2. Mejora en la calidad
de los expedientes técnicos: Implementar políticas para mejorar la calidad de
los expedientes técnicos de los proyectos, lo que podría incluir estándares más
rigurosos y revisiones periódicas por expertos independientes.
3. Fortalecimiento de
la transparencia: Implementar medidas adicionales para garantizar la
transparencia en la ejecución de proyectos, con auditorías gubernamentales e independientes
y participación ciudadana activa.
4. Incentivos a la
inversión privada: Ampliar las asociaciones público-privadas (APP) para
involucrar al sector privado en la ejecución de proyectos, aprovechando su
eficiencia y experiencia.
5. Estabilidad y
desarrollo en la gestión pública: Dada la alta rotación de personal en las
unidades cruciales de las entidades gubernamentales, es esencial abordar no
solo la capacitación continua, sino también la estabilidad laboral de los
funcionarios. Se recomienda una inversión significativa en programas de
capacitación y retención del talento, proporcionando a los empleados las
habilidades necesarias para una gestión de proyectos efectiva y, al mismo
tiempo, creando un entorno laboral que fomente la permanencia y el desarrollo
profesional a largo plazo.
6. Evaluación rigurosa
de contratistas: Establecer criterios más rigurosos para evaluar la solidez
financiera y capacidad de ejecución de las empresas contratistas, reduciendo el
riesgo de insolvencia y retrasos.
En suma, mientras que
el Plan Unidos presenta medidas positivas, su éxito dependerá en gran medida de
abordar los problemas sistémicos que han lastrado la ejecución de proyectos en
el pasado. Perú tiene el potencial de superar estos desafíos, pero la clave
reside en la implementación efectiva de reformas estructurales que impulsen la
eficiencia y la transparencia en todos los niveles del gobierno.
La necesidad de una
política fiscal y monetaria equilibrada
En el contexto de la
reciente decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de reducir la
tasa de referencia de 7.25% a 7.00%, es evidente que la entidad busca hacer frente a un
marcado descenso de la inflación y apoyar la actividad económica en un entorno
desafiante.
La tasa de referencia
real, ajustada a la inflación, se sitúa en 3.67%, reflejando un terreno
restrictivo que busca mantener cierto control sobre la inflación. Sin embargo,
el BCRP ha destacado la tendencia decreciente de la inflación, atribuyéndola a
la disipación de efectos transitorios vinculados a restricciones en la oferta
de alimentos.
Es crucial notar que, a
pesar de la posición actual de política monetaria restrictiva, el BCRP ha dejado
abierta la posibilidad de implementar nuevos recortes en la tasa de política en
el futuro, especialmente dado el contexto de la debilidad en la actividad
económica. Este enfoque sugiere una postura pragmática, donde la entidad está
dispuesta a ajustar sus políticas según evolucione la situación económica.
La expectativa del BCRP
de que la inflación se ubique cerca del rango meta (2% +/- 1%) al finalizar el
año y que lo alcance a inicios del próximo refleja la confianza en su capacidad
para gestionar la estabilidad de precios. Sin embargo, las expectativas de
inflación a doce meses disminuyeron ligeramente de 3.4% a 3.3%, indicando
cierta cautela y vigilancia por parte del banco central.
En el marco de la
discusión sobre las medidas económicas anunciadas y su posible impacto, la
coordinación entre la política fiscal y monetaria se vuelve crucial. La
flexibilidad del BCRP para ajustar las tasas de interés según sea necesario
proporciona un instrumento adicional para respaldar la economía en momentos de retos
significativos.
En este panorama, la
clave reside en una gestión equilibrada de las políticas fiscales y monetarias,
trabajando de la mano para estimular la actividad económica mientras se
mantiene un control prudente sobre la inflación. La complementariedad de estas
medidas puede ser esencial para brindar estabilidad y fomentar el crecimiento
sostenible en el Perú.
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