Por: Wens Silvestre
Sin duda, un Gobierno
responsable, en principio, debe velar por conservar y mejorar la estabilidad
política y macroeconómica (económico y financiero). Esta condición es
importante porque genera confianza para que los agentes económicos tomen
decisiones a largo plazo. Además, es importante porque ayuda en la estrategia
para atraer inversión privada y generar mayores recursos fiscales, necesarios
para financiar el presupuesto del sector público. En efecto, una economía sana
propenderá a contar con unidades económicas rentables, el mismo permitirá una
mayor recaudación tributaria, elevando la presión tributaria. Asimismo,
garantizará tener una buena calificación riesgo país que permite acceder a
créditos a tasas muy bajas.
En otro escenario, un
Gobierno irresponsable hará todo lo contrario y afectará de manera distinta a
todos los peruanos, a corto, mediano y largo plazo.
La pandemia impactó a nuestra economía, registrando una caída de 12,9% durante el 2020 y, en consecuencia, también se ha visto afectado las cuentas fiscales, el nivel de empleo, entre otras variables.
En relación al impacto fiscal, por ejemplo, el
presupuesto del sector público ha sido financiado en parte con endeudamiento público,
debido a una caída en la recaudación tributaria. Así, durante el 2020 el
déficit fiscal llegó a 10,7% del PBI y para el presente año se pretende reducir
a 6,2%, teniendo como resultado un incremento del saldo de deuda pública como
porcentaje del PBI, pasando de 26,8% a 37,5% (2020). En este proceso de
reactivación económica, el gobierno ha
venido implementando una política fiscal expansiva. Sin embargo, esa política
no puede ser permanente en la medida que es financiado en parte con
endeudamiento. Recordemos que tenemos una Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, aunque se relajó durante el 2020 para atender esta
emergencia, es necesario retornar paulatinamente a los niveles pre-pandemia,
con la finalidad de recuperar la confianza en los mercados internacionales y
nos permita tener financiamiento a bajas tasas de interés, y no afectar la
estabilidad de precios interés.
Por otro lado, en
relación al empleo, durante el 2020, según el INEI, 2.2 millones de peruanos perdieron su empleo. En
ese sentido, el objetivo social fundamental a corto plazo, es recuperar los
niveles de empleo pre-Covid-19, y reducir el nivel de pobreza que pasó de 20,2%
(2019) a 30,1% (2020). Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la
economía peruana crecerá 10,3% durante el 2021. Empero, lograr alcanzar
dicha estimación dependerá del control de la pandemia, de la sostenibilidad fiscal y de las medidas
que adopta el Gobierno entrante que recupere la confianza en la viabilidad del
país. De allí, la importancia de contar con estabilidad política-social y
macroeconómica.
Además, es necesario
no perder de vista los elementos de un creciente riesgo sobre la estabilidad política-social y el crecimiento
económico. La disipación de estos riesgos, dependerá de quién asuma la
conducción del Poder Ejecutivo y de la política general de Gobierno que anuncie
y ejecute durante su gestión.