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lunes, 8 de febrero de 2010

A propósito del proyecto de ley que crea el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de Salud

Objeto de la propuesta

Otorgar el derecho a los ciudadanos usuarios de los servicios de salud, a recibir una indemnización cuando sean víctimas de lesiones, invalidez o muerte por impericia, error, omisión, imprudencia o negligencia de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud.

ANÁLISIS

Adicionalmente a un seguro por negligencia médica, se debería incluir en la Ley General de Salud, un artículo referido al procedimiento protocolar médica, indicándose su forzoso cumplimiento antes, durante y después de un tratamiento, operación o cirugía médica.

Con respecto a la propuesta de crear el seguro obligatorio de responsabilidad civil por servicios de salud, ésta alternativa podría cubrir sólo parte de la indemnización y las víctimas, de todas maneras, acudirán al Poder Judicial, razón por la cual es pertinente que la parte contratante debe ser beneficiario del seguro adquirido que le permita por lo menos cubrir los gastos judiciales que podrían incurrir.

Lo que se tiene que propender es mejorar las condiciones laborales del personal de salud (médicos, enfermeras, técnicos, etc.) tanto en el sector público como el sector privado. Estas mejoras deben incluir elevar los niveles salariales y una adecuada implementación de los establecimientos de salud.

El proyecto propuesto por el Ejecutivo, tendería a favorecer directamente el negocio de las aseguradoras a costa de los trabajadores de la salud, que no cuentan con salarios elevados, ni tampoco con recursos para cubrir un seguro como la que se plantea para ejercer su profesión. En ese sentido, sería pertinente crear un fondo público-privado para indemnizar los daños causados a los pacientes. Por ejemplo, en el caso de las entidades prestadoras de salud privadas, podrían aportar un porcentaje de sus utilidades obtenidas para cubrir éste fondo. Y las entidades públicas, parte de sus fondos de contingencias podrían destinarse a éste fin.

El punto crítico de la propuesta del ejecutivo, es que tendería a encarecer los servicios de salud que brindan las entidades de salud privadas y los profesionales de la salud que ejercen independientemente su profesión, y éste a su vez trasladaría el costo a los usuarios. Además, tendería a favorecer la informalidad en el servicio de salud. En todo caso podría redactarse un texto más específico, para ver exactamente áreas del servicio de atención médica requiere contar con un seguro médico, para no generalizar el seguro a profesionales que sólo dan atención ambulatoria.
Otro punto observable es lo concerniente a la carencia de información estadística y económica en los fundamentos del proyecto de ley planteado por el ejecutivo, que debe ser subsado por las comisiones de salud y presupuesto a las que derivado para su estudio.

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