El populismo previsional amenaza el futuro del país

Por Wens Silvestre

A pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó la Ley 32123, que prohíbe nuevos retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y establece una reforma integral del sistema previsional, el Congreso de la República ha optado nuevamente por ignorar la evidencia técnica y ceder a la presión populista. Al 26 de mayo de 2025, ya se han presentado 25 proyectos de ley que buscan permitir un octavo retiro de fondos previsionales, siendo 16 de ellos idénticos en el pedido: autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas administradas por las AFP.

Uno de los más recientes incluso propone que ese retiro se efectúe en tiempo récord -en apenas 30 días- y amplía el alcance al retiro total del 100% de fondos para personas diagnosticadas con enfermedades graves o condiciones patológicas avanzadas.

En un país con baja cultura previsional y alta informalidad laboral, seguir debilitando el sistema de pensiones no es solo irresponsable: es una amenaza directa al bienestar de millones de peruanos que necesitarán ingresos en la vejez. La justificación política -acceder a recursos inmediatos para aliviar situaciones personales- es comprensible, pero el costo estructural de estas decisiones es gigantesco y, peor aún, nadie lo está calculando seriamente.

Las propuestas actuales carecen de estudios actuariales, análisis costo-beneficio, y ni siquiera proyectan el impacto fiscal de mediano plazo. Se trata de decisiones improvisadas, hechas al calor del oportunismo político, con fines de popularidad y reelección encubierta.

El daño ya está hecho... y empeora, basta con observar el desempeño de la cartera administrada por las AFP para dimensionar el deterioro. Un reciente informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que entre 1999 y 2019, el fondo de pensiones creció sostenidamente, alcanzando cerca de S/ 130 mil millones, lo que representaba aproximadamente el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). Era una cifra saludable que reflejaba el rol clave de las AFP como inversionistas institucionales, canalizando recursos hacia infraestructura, bonos soberanos, empresas, y otros activos productivos. Sin embargo, tras los múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso entre 2020 y 2023, la situación cambió radicalmente. Al cierre de marzo de 2025, la cartera cayó a menos de S/ 107.6 mil millones, representando apenas 9,9% del PBI. Esta es una pérdida de más de la mitad en su participación en la economía nacional en solo seis años. Más allá de los números, esto implica que el Perú ha dejado de tener un motor importante de inversión interna, de estabilización financiera y, sobre todo, de garantía de ingresos para sus adultos mayores. 

La función del sistema previsional es clara: proporcionar una pensión digna a quienes dejan de trabajar. Transformarlo en una cuenta de ahorros para uso libre y sin restricciones lo desnaturaliza completamente. ¿Qué ocurrirá con los millones de afiliados que ya han retirado gran parte o la totalidad de sus fondos? ¿Qué pensión recibirán en 10, 15 o 20 años? ¿Quién asumirá esa carga? La respuesta es clara: el Estado. Es decir, usted, yo, todos los contribuyentes.

La Ley 32123 fue un intento serio, aunque perfectible, de modernizar el sistema. Estableció un esquema multipilar, con aportes obligatorios, componentes solidarios y mecanismos innovadores como la pensión por consumo. También prohibió nuevos retiros no previsionales, precisamente para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta ley ha sido saboteada políticamente antes de consolidarse, y lo más grave es que no hay consecuencias políticas por este saboteo institucional.

Es urgente recuperar la sensatez. La ciudadanía necesita saber que el sistema previsional no puede sobrevivir si cada año el Congreso decide desmantelarlo un poco más. Si de verdad se quiere ayudar a las personas en situaciones de emergencia, existen otras vías más técnicas y focalizadas: autopréstamos previsionales con devolución, fondos solidarios por enfermedad grave, o incluso programas de asistencia directa desde el Tesoro Público. Seguir utilizando los fondos previsionales como un paliativo social solo agrava el problema estructural y profundiza la precariedad del sistema.

Este artículo no es una defensa de las AFP ni del statu quo. El sistema debe mejorar, ser más transparente, más competitivo, y ofrecer mejores pensiones. Pero la solución no es vaciar las cuentas. La solución es construir, no destruir. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones basadas en evidencia y no en encuestas. Necesita legisladores que piensen en el largo plazo, y no en la próxima elección. Necesita ciudadanía que entienda que la vejez también requiere planificación y esfuerzo, no solo promesas. Porque destruir un sistema de pensiones puede tomar una ley. Pero reconstruir la confianza y la sostenibilidad puede tomar una generación entera.

La economía de la reconciliación en un mundo al borde del colapso

Por: Wens Silvestre

Vivimos en un mundo que, pese a su desarrollo tecnológico sin precedentes, parece olvidar los fundamentos más simples y poderosos de la vida: amor, libertad, paz y bien. Estas cuatro palabras, que algunos desdeñan por considerarlas ingenuas, son en realidad las claves perdidas para restaurar un orden mundial justo, sostenible y verdaderamente humano. Hoy, más que nunca, urge recordar que la economía sin ética, la política sin verdad y la libertad sin amor son caminos seguros hacia la destrucción.

En este contexto, la reciente elección del Papa León XIV —Robert Francis Prevost, teólogo austero y pastor de periferias (nacionalizado peruano)— no solo simboliza un cambio de rostro en la Iglesia, sino también una señal del tiempo. Su mensaje inaugural, lleno de humildad y llamado a la unidad, ha sido una ráfaga de aire limpio en un clima geopolítico intoxicado por la guerra, el odio y el cinismo institucional. Mientras los políticos de las naciones se blindan en trincheras ideológicas, este nuevo líder espiritual llama a "construir puentes" con una voz que no busca imponerse, sino sanar.

No obstante, a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han confundido poder con control y libertad con dominio. En nombre de la seguridad o el progreso, se han construido muros, se han endurecido fronteras, se han promovido guerras. Hoy, según el Institute for Economics and Peace (2025), hay más de 50 conflictos armados activos y 114 millones de personas desplazadas por la violencia o el clima. ¿Es este el precio de la modernidad?

Asimismo, la economía —que debería estar al servicio del interés general— ha sido capturada por la lógica del beneficio inmediato. La inversión global en armas superó los 2,2 billones de dólares en 2024 (SIPRI, 2025), mientras más de 820 millones de personas pasan hambre. En este absurdo moral, ¿qué tipo de humanidad estamos modelando? ¿Dónde quedó la economía del bien?

A ello se suma la dimensión ineludible de la crisis climática, que no es una amenaza futura, sino una realidad presente que actúa como multiplicador de pobreza, migraciones forzadas y conflictos sociales. Sequías prolongadas, fenómenos extremos, pérdida de cosechas y desplazamientos masivos están alterando las bases materiales de la vida y restringiendo el horizonte del desarrollo humano. El Banco Mundial estima que más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050 por razones climáticas y podría sumir en la pobreza a 132 millones de personas para 2030. Si no respondemos con visión y justicia ambiental, la sostenibilidad será una quimera.

Por tanto, no habrá paz verdadera ni prosperidad duradera sin un perdón sincero. No me refiero únicamente al perdón individual o confesional, sino un perdón político, estructural, que reconozca errores históricos, pida perdón a los pueblos olvidados, y apuesta por la reconciliación como política pública. En ese sentido, los políticos, especialmente quienes conducen naciones en guerra o sumidas en la desigualdad, deben reconciliarse entre ellos antes de exigir sacrificios a sus pueblos. La rivalidad entre bloques, la lógica de "amigo-enemigo", ha llevado al mundo al borde del abismo. La paz debe dejar de ser un discurso de protocolo para convertirse en un proyecto económico y político viable, basado en la confianza mutua, el diálogo valiente y la reconstrucción de la dignidad general.

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible pensar en una economía sustentada en valores trascendentes: amor por el prójimo, libertad interior, paz social, y bien integral. No se trata de romanticismo, sino de realismo radical. Estudios del Banco Mundial han demostrado que las sociedades con mayor cohesión social y menor desigualdad tienden a tener mayor crecimiento económico sostenible. Y es que donde hay paz sincera, hay inversión; donde hay amor social, hay innovación; donde hay libertad auténtica, florece la creatividad.

Además, amar, en términos políticos, significa poner al ser humano al centro. Liberar, en términos económicos, significa romper con el yugo del miedo, del hambre, de la exclusión. La paz no es la ausencia de balas, sino la presencia de justicia. Y el bien no es un ideal lejano, sino un horizonte que da sentido a cada política pública.

En consecuencia, el Papa León XIV, aunque no sea un actor político tradicional, representa una de las pocas voces globales con autoridad moral suficiente para despertar conciencias. Precisamente por no estar vinculado al poder terrenal, su mensaje tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. Él ha recordado que la historia no está escrita, que aún hay tiempo para la conversión social, y que los liderazgos futuros no se medirán por el PIB ni por el poderío militar, sino por su capacidad para sanar, unir y cuidar. Su mensaje no es solo para católicos, sino para todo ser humano que aún crea en la posibilidad de un mundo reconciliado.

En definitiva, el mundo no necesita más tratados comerciales sin alma ni más pactos militares sin razón. Lo que necesita con urgencia son hombres y mujeres capaces de amar con inteligencia, de liberar sin destruir, de pacificar sin someter y de hacer el bien sin esperar aplausos. Tal vez todo empiece por asumir que las cuatro palabras que cambiaron la historia —amor, libertad, paz y bien— no son solo un ideal, sino la única economía viable para que la humanidad tenga futuro.

Desgobierno y cinismo: la república que se desangra en silencio

Por Wens Silvestre

Nuestro país atraviesa un momento crítico. No es una crisis más en la larga sucesión de inestabilidades que nos han marcado como país. Es una fractura profunda, un desgobierno estructural, una violencia que se ha vuelto sistemática, normalizada, aceptada por omisión. Una nación que se desangra en silencio mientras los políticos -los del Ejecutivo y una mayoría del Congreso- observan desde su burbuja de privilegios, más preocupados por blindar su poder que por defender la vida, la justicia o la esperanza de los peruanos.

La muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz no es una anécdota. Es el síntoma más desgarrador de un Estado que ha cedido su autoridad a las mafias. Secuestrados, asesinados, enterrados en el silencio oficial. El premier Gustavo Adrianzén, lejos de liderar una respuesta decidida, deslizó inicialmente que “no tenía noticia de que el suceso fuera veraz”. ¿Qué mayor prueba de la bancarrota de nuestro sistema de inteligencia? ¿Cómo puede un jefe de gabinete que ignora una masacre nacional seguir en su cargo?

Y mientras tanto, el crimen organizado se fortalece. Las bandas vinculadas a la minería ilegal controlan territorios, financian sicariato, corrompen autoridades locales y extienden sus redes con absoluta impunidad. El REINFO -un registro creado para formalizar la pequeña minería- se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de actividades ilícitas. Una mayoría del Parlamento, lejos de enmendar este desastre, aprobaron en diciembre de 2024 una nueva ampliación del proceso, cediendo una vez más al chantaje de los intereses ilegales disfrazados de “formalización”.

Desde marzo, el gobierno de Dina Boluarte ha acumulado una cadena de escándalos, mentiras y fracasos. El premier Adrianzén mintió descaradamente al Congreso al afirmar que Petroperú se encontraba en vías de recuperación, cuando ya se conocían -aunque no públicamente- las pérdidas por más de US$111 millones en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Qué valor tiene la palabra de un funcionario que falsea cifras frente al Parlamento?

Tampoco es menor la propuesta de obligar a los medios a transmitir propaganda oficial durante estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sugirió modificar la Ley de Radio y Televisión para que los canales cumplan con “una franja informativa” del Ejecutivo. ¿Esto en un país donde la libertad de prensa ha sido clave para destapar escándalos de corrupción e ineficiencia? Esta pretensión es, sin duda, un atentado contra la democracia liberal.

 El Congreso: un reflejo deformado de la ciudadanía

Por su parte, el Parlamento no es menos culpable. Con 2% de aprobación, ha alcanzado mínimos históricos, y no por azar. La desconexión con la ciudadanía es total. Los discursos incendiarios, las alianzas hipócritas con el gobierno, el encubrimiento sistemático de ministros incompetentes o cuestionados, revelan una institución vaciada de propósito. No representan a nadie más que a sí mismos.

Mientras tanto, el país sangra. La inseguridad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Extorsiones, homicidios, toques de queda, zonas enteras controladas por mafias. En vez de presentar reformas estructurales, los poderes del Estado responden con medidas efectistas, declaraciones vacías y una inercia que ofende.

El pueblo, cansado, observa. Marcha. Grita. Pide cambios. Pero nadie escucha. Los gobernantes han optado por la indiferencia, una forma de violencia simbólica que es aún más dolorosa: la de saberse ignorado por quienes juraron defender la patria. Este desgobierno es más que una mala gestión. Es la negación del contrato social. Es el triunfo del cinismo sobre la ética. Es la política reducida al cálculo de la supervivencia en el poder.

Una salida

Desde una perspectiva republicana, el país necesita recuperar el Estado. No uno burocrático e ineficiente, sino uno meritocrático, transparente, con límites al poder y con capacidad de proteger derechos y vidas. Se requiere una reforma política profunda, que elimine el caudillismo y la informalidad partidaria; una reforma del Estado, que recupere la eficiencia sin ceder a la captura corporativa; y un nuevo pacto social, que devuelva a la ciudadanía su voz.

Hoy el Perú no se descompone por falta de leyes, sino por la ausencia de virtudes cívicas. No es la pobreza lo que nos destruye, sino el oportunismo, la cobardía y la mentira institucionalizada.

Censurar al premier es solo un primer paso. Lo que se necesita es un verdadero acto de reparación: rescatar la política del fango en el que ha sido arrojada y devolverla a su noble propósito de servir al bien común. Porque si no se actúa ahora, el Perú no será solo un país fallido: será una promesa traicionada.