Por: Wens Silvestre
La distribución del presupuesto público 2021, continúa
siendo centralista. En efecto, el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
ascenderá a 183.03 mil millones de soles, es decir, 5.66 mil millones de soles
más que el presente año, sin embargo, en la distribución de la torta presupuestal,
el Gobierno Nacional pasará de administrar 124.58 mil millones de soles (2020)
a 129.04 mil millones (2021), es decir, 70,2% a 70,5%, respectivamente; en
tanto, los Gobiernos Regionales pasará de 31.9 a 33.1 mil millones de soles, es
decir, les corresponderá el 18,08%, similar al presente año (18%), en tanto,
los Gobiernos Locales, prácticamente, les corresponderá una cifra similar, 20.9
mil millones, empero en términos absolutos representa una ligera disminución
durante el 2021, pasando de 11.77% a 11,42%.
En los últimos años, el Poder Ejecutivo ha expuesto
sus planteamientos, referidos a la lucha contra la corrupción, la inseguridad,
fortalecimiento de gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar
de la población (salud, educación, saneamiento). Sin embargo, los resultados de
la administración de los recursos no muestran avances objetivos. ¿A dónde va a parar ingentes recursos
públicos? En el año 2015, el presupuesto público era 130.6 mil millones de
soles para el 2020 se empezó con un PIA de 177.4 mil millones de soles, es
decir, un crecimiento de 40.1% de recursos para cumplir con los objetivos de
mejora de la calidad de los ciudadanos y reducción de la pobreza. Sin embargo,
según el INEI, la tasa de pobreza en el país se estancó en los últimos tres
años en alrededor de 20%, y el 2020 se incrementará sustancialmente estos
niveles de pobreza, por efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19, cuyas medidas impuestas
por este gobierno para contenerlo (sin éxito), acabaron destruyendo nuestra
economía, generando una recesión económica, sin precedentes, y una pérdida de
más 6.7 millones de empleos, solo durante el segundo trimestre del presente
año.
¿Qué se hizo con ingentes recursos
públicos? ¿Qué pasó con los programas sociales? ¿Será acaso efectos de una
pésima gestión de la crisis sanitaria y mal manejo de política económica?
¿Tenemos acaso un gobierno indolente ante la población más necesitada? Tal vez
anda más preocupado por su
agenda personal y de mantener su popularidad a costa de los recursos públicos
que ha venido despilfarrando, con el argumento de atención a la población más
necesitada, agudizada por la crisis sanitaria.
En efecto, pese a que el “Nuevo Parlamento” le dio todas las
facilidades al Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y económica, hasta
se delegó facultades para legislar principalmente en materia de salud y economía, los resultados le fueron esquivos, porque es un gobierno que no supo administrar la crisis y no aprendió a conducir la organización del Estado, salvo su liderazgo para sistemáticamente debilitar la
gobernabilidad e institucionalidad democrática del país, so pretexto de
legitimar sus ambiguas y parciales propuestas de reforma del sistema de
administración de justicia y del sistema político. Ese constante ataque se
concentró en la representación nacional y tiene una explicación: la debilidad
de quien lidera el Poder Ejecutivo.
El gobierno tiene un deficiente manejo de la
política económica. En efecto, el crecimiento mediocre registrado hasta el
2019, fue solo gracias a una economía que viene funcionamiento en piloto
automático, desde hace cuatro quinquenios, y en el presente año, se viene
demostrando que no tenemos un ministerio de Economía, sino un ministerio de Hacienda,
que se ha dedicado a la distribución de recursos públicos, financiados
sustancialmente con operaciones de crédito interno y externo, como consecuencia
de la caída de la recaudación fiscal, a raíz de la parálisis de la economía.
Este pésimo escenario para nuestra economía, seguirá registrando cifras por
debajo de las proyecciones optimistas del MEF. Así, por ejemplo, durante el
2019, el MEF tenía proyectado un crecimiento de 4,5%, y solo crecimos 2,2%. Para
el 2020, el MEF estimó crecer 4,0%, sin embargo, debido a la crisis, proyecta una caída del
12%( probablemente la caída será mayor al 15%), es decir, las proyecciones del
MEF, no se cumplen, porque maneja un escenario demasiado optimista, como para sorprender
a la población. La realidad le ha demostrado sistemáticamente que el MEF está
haciendo mal su trabajo. El MEF ha perdido la credibilidad como ente técnico,
pasando a convertirse en entidad más política.
Este gobierno, cuya responsabilidad es dirigir la
política general del Gobierno, viene desatendiendo lo fundamental para mejorar
los ingresos familiares de la población: promover el crecimiento de la
economía. De ahí su pobre resultado en la lucha contra la pobreza. Empero, se
alimenta de su gaseosa popularidad, aprovechando la vulnerabilidad del
Parlamento.
¿Qué podemos
esperar de un gobierno que ni siquiera ha podido sostener el crecimiento de la
inversión pública? ¿Cómo es posible que a falta de menos de cuatro meses para culminar el
año, solo ejecutó el 21,0% de su presupuesto? El aparato burocrático ha crecido
para enredar los procedimientos de los sistemas administrativos, que hace mucho
más complicado gestionar los recursos públicos. Si no se destrabas y se hace
más sencillo los procedimientos, más complicado será ejecutar un sol del
presupuesto. Lo único eficiente del Estado es gastar en planilla, pero no en la
razón de ser del Estado, mejorar la prestación de los servicios básicos para la
población.
¿Puede un gobierno
garantizar un crecimiento de la economía de 10,0% durante el 2021? La respuesta es
sencilla, NO, porque no está concentrado en implementar políticas que enciendan
los motores de la economía. El gobierno aspira que la inversión privada crezca
en 22%. Sin embargo, este año tenía proyectado un crecimiento de 4,8%, pero su
proyección actual, es de -34,2%, es decir, una estrepitosa caída, en tanto, la
inversión pública, estima que crecerá por arte de magia en 21,7% frente a una
caída de 15,5% durante el presente año; el consumo privado y público sólo
estima un crecimiento de 6,5% y 7,1%, respectivamente.
En ese escenario optimista, el Gobierno proyecta un
incremento del presupuesto 2021 en 3%. Sin embargo, este crecimiento será
financiado a costa de un déficit fiscal de 6,2% del PBI (menor al déficit de
10,7% del PBI 2020) que implica mayor endeudamiento interno y externo, que
ascenderá a 47.65 mil millones de soles (26,03% del presupuesto público) para
poder financiar un presupuesto centralista, que pese a las promesas públicas del
gobierno de subir a 40% de la torta presupuestal para las instancias
descentralizadas.
En resumen, las instancias descentralizadas,
tendrán una participación de la torta presupuestal solo de 29,5% ligeramente
inferior al 29,8% destinado para el presente año.
Es la muestra de una política de una promesa
incumplida, y volveremos a tener alcaldes tocando la puerta de los ministerios
para mendigar recursos financieros para la ejecución de proyectos, restándole
predictibilidad en la planificación y gestión de los gobiernos regionales y
locales.
Recordemos que el proceso de descentralización, busca
promover el desarrollo económico y social en igualdad de condiciones en todos
los departamentos[1].
Ese proceso sistemático de concentración de
recursos a nivel de Gobierno Central en los últimos tres quinquenios, no se
condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución
ordena y le sugiero al actual régimen evaluar esa forma de distribuir los
recursos públicos.
En este contexto, es necesario exhortar al Poder
Ejecutivo, con la finalidad que presente una propuesta distinta en la
distribución presupuestal. Asimismo, es necesario que cumpla con lo dispuesto
en la Ley 30804, Ley que modifica la Ley de Mancomunidades Regionales, que
establece claramente que se les debe incluir, a las Mancomunidades Regionales,
en la ley de presupuesto los recursos que les corresponde para garantizar su
funcionamiento. Así, por ejemplo, la Mancomunidad Regional Los Andes, en su
oportunidad, le solicitó al MEF, cumplir con la Ley de Mancomunidades
Regionales, pero, esta entidad viene incumplimiento con el mandato de una ley.
[1]
En ese contexto, se hicieron grandes reformas a nivel constitucional;
asimismo, se dio la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), Ley Orgánica
de Municipalidades (2003), Ley Marco de la Promoción de la Inversión
Descentralizada (2003), el Decreto Legislativo 955 Descentralización Fiscal
(2004), entre otros
