¿A dónde va la economía peruana?

Por: Wens Silvestre

En los últimos años se ha acentuado diversos problemas sociales, que van desde la mayor escalada en inseguridad ciudadana, pasando por el incremento de la corrupción en diversas entidades públicas del Estado, y el estallido de diversos conflictos sociales, dispersos a nivel nacional. En medio de un gobierno cada vez más debilitado, incapaz de responder a las expectativas de la población, la sociedad pregona el peligroso inicio de un  proceso de búsqueda de la justicia bajo sus propias reglas. No es una sorpresa escuchar repetidamente, a través de las redes sociales, la frase: “Chapa tu choro… ”. Un gobierno distraído en un creciente pantanal de denuncias de actos de corrupción, no le permite concentrarse en los temas importantes que exige la sociedad.

La realidad peruana se mueve en un escenario complejo y la economía también es perturbada, y hace sentir sus efectos en el nivel de ingresos, empleo, precios, gastos e indudablemente es un freno para la reducción de la pobreza en el país.

La economía peruana pareciera sin rumbo, y anda a la deriva. Los decisores de política económica andan implementando medidas para disimular los efectos de la caída en el ritmo de crecimiento. Dicha debilidad se fortaleció debido a factores internos, personificado en la ambivalencia de un gobierno carente de liderazgo y coherencia en sus discursos y decisiones, favoreciendo, además, al debilitamiento de la institucionalidad democrática.

LA CIFRAS DE LA PREOCUPACIÓN

La economía marcó el inicio de una escalada de descenso en su tasa de crecimiento cuando pasó de 5,8% (2013) a 2,37% (2014).

Durante el primer semestre de 2015, la economía sólo se expandió en 2,42%, tasa lejos del objetivo planteado por el MEF a inicios de año. Las justificaciones son múltiples, desde el deterioro del desempeño económico de China, disminución de los índices de los términos de intercambio de las materias primas, pasando por la incompetencia de los hacedores de la política económica, que tardaron en reaccionar, y para complicarlo implementaron medidas incompletas y carentes de eficacia. Lo concreto, es que la economía se ha enrarecido y anda sin un horizonte claro y bajo la sombra del factor político.

Los ingresos tributarios del gobierno central pasará de 17% (2014) al 15.2% (2015). En esa perspectiva, la recaudación tributaria de enero a agosto de 2015, cayó en 8.5%. En tanto, la recaudación de agosto se contrajo en 11.3% respecto al similar mes de 2014.

La deuda pública como porcentaje del PBI pasará de 20.1% (2014) a 24.8% (2016), siendo el objetivo a inicios de este gobierno, dejarlo en alrededor de 15% del PBI. En ese contexto, el déficit fiscal pasará de 0.3% del PBI (2014) a 3% del PBI (2016). Asimismo, el saldo de la deuda pública se habrá incrementado en 38.3% entre el 2014 y el 2016, según cifras del MEF, el saldo al 2014 ascendía a 115.39 mil millones de nuevos soles y para el 2016 este monto llegaría a 159,61 mil millones de nuevos soles. El mayor endeudamiento implica que los recursos ordinarios se destinarán a mayores gastos corrientes, es así que para el presupuesto público de 2016, se prevé un crecimiento de 7% en este tipo de gastos, respecto al 2015. Claro indicio de una cierta irresponsabilidad fiscal, dada que las políticas fiscales expansivas (anti-cíclicas) debe enfocarse prioritariamente en mayores gastos de capital, es decir, intervenciones que consigan retornos sociales y económicos, y no en simples gastos corrientes que a la larga sólo buscaría réditos políticos ad portas de un proceso electoral.

INEPTITUD DEL MEF Y FALTA DE COORDINACIÓN CON EL BCRP AGRAVARÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS.

El pesimismo del MEF (expuesto ante el pleno del Congreso el pasado 03 de setiembre), decisiones incoherentes en materia de racionalización de las gastos tributarios (más beneficios y exoneraciones tributarias para ciertos sectores como a favor del mercado de valores) y sus medidas irresponsables al incrementar el gasto corriente por encima del promedio de la década pasada, son algunos elementos a tener en consideración de las falencias en materia de política fiscal. Es necesario recordar, que el gasto corriente representaba el 13.0% del PBI (2011), pasó a 15.6% del PBI (2014), ritmo que rompió la regla de responsabilidad fiscal, trazado en la década pasada, y hoy bajo un nuevo marco legal (aprobado a fines de 2013), diseñado para hacer crecer el gasto corriente por encima del 4% anual (en términos reales), se hace notar la voracidad creciente del referido gasto, principalmente de remuneraciones que pasó de 4.7% del PBI (2011) a 6.2% del PBI (2015). En esa perspectiva, según el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, el gasto  corriente durante el 2016, continuará elevándose y se situará en 15.9%.

La inversión pública como porcentaje del PBI continuará en el rango de 5-6% del PBI, es así que, en el 2011 el gasto de capital representó el 5,0% del PBI, en tanto, el 2015, representará el 5.8%. Ese magro crecimiento contrasta con el de gasto corriente.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva, ha tratado de mantener la estabilidad monetaria con intervenciones frecuentes en el mercado cambiario con la finalidad de reducir la volatilidad cambiaria, principalmente del dólar americano frente al nuevo sol. Aun así, la moneda local se ha depreciado en  aproximadamente 16% durante los últimos doce meses.

El MEF y el BCRP tiene escasa o nula coordinación en materia de política económica, cada quien daría la impresión de que va por su lado. 

¿QUÉ HACER?

Corresponde a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, promover medidas eficaces para atraer inversión privada en otras industrias crecientes como la textil, agroindustria, turismo y la gran industria de la transformación de materia prima; destinar más recursos públicos para proyectos de infraestructura básica y el fortalecimiento de programas sociales productivos. 

El Perú debe seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, incluyente, sostenible, mejorando los niveles de ingreso de las familias y reduciendo las brechas sociales en educación, salud y vivienda, prioritariamente.