Por Wens Silvestre
En el complejo entramado de las democracias
modernas, la responsabilidad de los líderes y representantes estatales no es
simplemente un principio ético o un adorno de la retórica política; es, en
esencia, la piedra angular sobre la que se construye y sostiene la confianza en
las instituciones. La evasión de responsabilidades, tan arraigada en la
práctica política global y especialmente visible en contextos como el peruano,
no solo socava la legitimidad de los gobiernos, sino que también mina las
posibilidades de desarrollo sostenible y bienestar de la población.
propias acciones, decisiones y omisiones. Este concepto, ampliamente estudiado en el campo de la psicología social, se asocia con la madurez moral y la integridad personal. Un estudio de Bandura (1977) sobre la teoría del aprendizaje social ya apuntaba que la percepción de responsabilidad individual y colectiva es clave para la regulación del comportamiento humano. En términos económicos y sociales, esta percepción influye en la cohesión y cooperación comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo de políticas efectivas y sostenibles.
El costo de la evasión de responsabilidades es
alto y se manifiesta en múltiples dimensiones. En el ámbito económico, la falta
de asunción de errores por parte de líderes y funcionarios repercute en una
gestión ineficaz de los recursos públicos y en la pérdida de oportunidades de
inversión y crecimiento. El Foro Económico Mundial ha señalado repetidamente
que los países con altos niveles de corrupción y opacidad institucional
enfrentan barreras significativas para atraer inversión extranjera y desarrollar
un entorno empresarial competitivo.
Socialmente, la evasión constante de
responsabilidades por parte de los actores políticos fomenta un ciclo de
desconfianza y desafección ciudadana. La encuesta del Latinobarómetro de los
últimos años ha mostrado que la confianza en las instituciones políticas de
América Latina, y particularmente en Perú, es una de las más bajas a nivel
mundial. Esta falta de confianza tiene un impacto directo en la estabilidad
política y en la capacidad de los gobiernos para implementar políticas que
favorezcan el bienestar social.
La democracia se fortalece o se debilita a
partir de la percepción de legitimidad y responsabilidad de sus representantes.
La teoría política de John Locke y las ideas modernas de teóricos como Daron
Acemoglu y James A. Robinson, quienes han analizado las causas de la
desigualdad y el fracaso de las naciones, refuerzan la importancia de la
rendición de cuentas. Cuando los líderes no asumen responsabilidades, se
establece un precedente peligroso que alienta la corrupción y perpetúa la
desigualdad, privando a la población de los beneficios de un gobierno
equitativo y justo.
Para restaurar la confianza en las
instituciones, no basta con reformas superficiales; es necesario un cambio
cultural y estructural que promueva la transparencia y la rendición de cuentas
como principios fundamentales. Un estudio de Transparency International
demuestra que los países que han logrado avances significativos en la lucha
contra la corrupción y en la mejora de la gobernanza son aquellos donde la
responsabilidad es un valor compartido, no solo entre líderes, sino en toda la
sociedad.
Implementar políticas que incentiven la
transparencia, fortalecer los mecanismos de supervisión y control, y educar a
la población en valores cívicos son pasos necesarios para crear un entorno en
el que la responsabilidad sea la norma, no la excepción. Este tipo de
transformaciones no solo mejoran la percepción de las instituciones, sino que
tienen un impacto directo en la eficacia de las políticas públicas y en el
bienestar general de la sociedad.
La asunción de responsabilidades debe ser vista
como una inversión a largo plazo en la estabilidad y prosperidad de una nación.
No es un simple gesto de humildad política, sino un acto de liderazgo que tiene
el potencial de restaurar la confianza pública y cimentar un camino hacia un
desarrollo inclusivo y sostenible. En un mundo que enfrenta desafíos cada vez
más complejos, desde crisis económicas hasta el cambio climático, solo una
sociedad que valore la responsabilidad como un principio rector podrá superar
estos retos y avanzar hacia un futuro más justo y próspero.
La confianza en las instituciones, una vez
quebrantada, es difícil de recuperar, pero no es imposible. La clave está en
entender que la responsabilidad no es solo una carga; es el fundamento sobre el
cual se construyen las soluciones que pueden transformar vidas y comunidades, y
en última instancia, asegurar un bienestar compartido que trascienda
generaciones.
