Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.